El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) participó en la audiencia pública organizada por la senadora Norma Hurtado de la Comisión Séptima del Senado, que se llevó a cabo en Cali, para discutir el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. Durante su intervención, el director ejecutivo del ICP, Carlos Augusto Chacón, presentó la postura de la institución sobre la reforma, advirtiendo sobre los efectos negativos que tendría sobre el empleo formal y la reactivación económica en Colombia.
En el más reciente análisis del Observatorio Económico del ICP, se destaca que las políticas intervencionistas han tenido un impacto negativo sobre el crecimiento económico y la calidad de vida, con un desempeño insatisfactorio que genera presiones sobre el poder adquisitivo, el empleo y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
“El último reporte del DANE conrma la desaceleración económica, con un crecimiento de solo 0,36% en noviembre de 2024. La tasa de desocupación desestacionalizada bajó a 9,5% en noviembre de 2024, pero el empleo formal no ha crecido de manera sostenible, y la informalidad sigue en aumento. La reforma laboral profundiza esta situación, creando nuevas barreras para la inversión y el desarrollo empresarial”, señala el ICP en un reciente comunicado.
Reforma laboral generaría un retroceso en la sostenibilidad del país
Frente al panorama económico actual, el Indicador de Anidad con la Libertad Económica (IALE) del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) evaluó la Reforma Laboral aprobada por la Cámara de Representantes, otorgándole un bajo puntaje del 22%. Este resultado, combinado con las circunstancias económicas del país, destaca varias alertas clave relacionadas con la reforma, que podrían tener un impacto negativo en diversos aspectos del mercado laboral.
Para los expertos en la materia, la propuesta gubernamental podría aumentar la informalidad laboral debido a la imposición de requisitos de formalización (descritos en el artículo 38), dificultando el acceso de pequeños negocios al mercado formal y afectando a más del 55% de la fuerza laboral informal en el país. Además, la eliminación de modalidades de empleo flexibles, como los contratos temporales, podría afectar sectores como la construcción y los servicios, que dependen de la adaptabilidad laboral para satisfacer la demanda del mercado.
El proyecto establece mayores exigencias para la contratación de aprendices del SENA, lo que incrementaría los costos para las empresas y reduciría las oportunidades de formación. En cuanto a la libertad de asociación, la reforma restringe los contratos sindicales, limitando la negociación colectiva y afectando la flexibilidad laboral. Por último, impacta negativamente en la innovación tecnológica al imponer procedimientos adicionales para la reubicación y capacitación de trabajadores en sectores digitalizados, lo que generaría costos adicionales y ralentizaría la implementación de nuevas tecnologías, afectando la competitividad de las empresas.
“Instamos al Senado a replantear los elementos estructurales de la reforma laboral para tener en cuenta los desincentivos a la formalización, los costos de transacción y la libertad de los ciudadanos para participar en el mercado laboral. En el debate se debe tener en cuenta que el tejido empresarial está conformado en más de un 93 % por Mipymes, así como la realidad económica que vive el país a causa de las decisiones políticas. La verdadera precarización del empleo es condenar a las personas a la informalidad”, agregó Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del ICP.
