La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos de una mujer que se encontraba en embarazo mientras ejercía actividades de voluntariado en el marco del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV), administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con ejecución de actividades en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El caso reviste especial interés para el sector salud, no solo por la discusión sobre la protección reforzada de las mujeres gestantes, sino también por el impacto que tuvo la terminación del vínculo en la cobertura del seguro privado de salud que protegía a la accionante. Para la Corte, aun cuando existen inmunidades reconocidas a organismos internacionales, estas no pueden interpretarse como autorizaciones amplias para desconocer derechos fundamentales.
La accionante se había postulado al Programa de Voluntarios de Naciones Unidas como asistente de operaciones y soporte en terreno. Por esa actividad recibía mensualmente una contraprestación bajo la figura de ayuda. Tras varios meses de vinculación, en enero de 2025 conoció su estado de embarazo y lo informó a su supervisor y a la encargada de recursos humanos.
Según el caso estudiado por la Sala, ese mismo día funcionarios del programa le comunicaron verbalmente que su contrato, al igual que el de sus compañeros, terminaría anticipadamente el 1.º de marzo de 2025. Ante esa situación, la mujer solicitó la adopción de medidas de prevención y ajustes al vínculo de voluntariado, pero recibió una respuesta negativa basada en que no existía una relación laboral con ninguna de las organizaciones de Naciones Unidas.
Inmunidades internacionales no son cláusulas abiertas frente a derechos fundamentales
La Sala Cuarta de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, examinó el alcance constitucional de las inmunidades reconocidas a los organismos internacionales.
La Corte aclaró que tales inmunidades solo resultan compatibles con la Constitución cuando se orientan de manera inequívoca a permitir el cumplimiento de las actividades propias de la organización. En consecuencia, no pueden ser entendidas como cláusulas abiertas o ilimitadas que permitan vulnerar derechos fundamentales.
Este punto es central en la decisión. El Tribunal señaló que, por el régimen de inmunidades aplicable, no tenía competencia para pronunciarse sobre la naturaleza jurídica del voluntariado ni para ordenar el reintegro de la accionante como voluntaria. Sin embargo, también precisó que esa inmunidad no excluye la competencia constitucional para estudiar presuntas vulneraciones relacionadas con la cláusula antidiscriminatoria por decisiones reproductivas y la protección de la maternidad.
En otras palabras, la Corte delimitó dos planos: por una parte, reconoció los límites derivados del régimen internacional aplicable; por otra, afirmó que la protección de mujeres gestantes como sujetos de especial protección constitucional no puede quedar sin respuesta cuando se alega una afectación de derechos fundamentales.
Decisiones reproductivas y no discriminación: el núcleo constitucional del caso
La accionante promovió acción de tutela contra el UNV, administrado por el PNUD, y contra la OIM, al considerar vulnerados sus derechos a la protección de la maternidad y a la prohibición de discriminación. Su argumento central fue que el retiro del ejercicio del voluntariado ocurrió mientras se encontraba en estado de embarazo, después de haber comunicado formalmente su condición.
La Sala destacó que existe consenso en torno a que la protección de la maternidad tiene carácter intangible. Esto implica que deben adoptarse medidas que garanticen su ejercicio en condiciones mínimas de protección para las mujeres gestantes o lactantes.
Desde esa perspectiva, la Corte reiteró que las mujeres en embarazo o lactancia cuentan con una protección especial que impide la adopción de actos que afecten sus condiciones mínimas. La relevancia de esta conclusión trasciende el caso individual, pues plantea un estándar aplicable a organizaciones con regímenes especiales, incluidas aquellas que operan bajo esquemas internacionales y desarrollan programas de voluntariado en el país.
Para el sector salud, el caso también expone una zona sensible: la terminación de un vínculo no laboral puede producir efectos prácticos sobre la continuidad de mecanismos de protección social o sanitaria, como ocurrió con la cobertura del seguro privado de salud. Aunque la Corte no redefinió la naturaleza del vínculo, sí reconoció que la maternidad exige medidas efectivas de protección.
La orden: licencia de maternidad o mecanismo equivalente de mayor protección
Como resultado del análisis, la Sala amparó los derechos de la accionante a la prohibición de discriminación contra la mujer y a la protección de la maternidad. No obstante, precisó que no podía ordenar su reintegro como voluntaria, debido a que ello excedía la competencia del Tribunal frente a los organismos internacionales involucrados.
La medida principal fue ordenar al Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, administrado por el PNUD, pagar a favor de la accionante el valor correspondiente a la licencia de maternidad en los términos establecidos por el régimen jurídico colombiano. La Corte también dejó abierta la posibilidad de que el organismo establezca y aplique otro mecanismo de protección que garantice de mejor manera los derechos amparados.
Esta orden tiene implicaciones institucionales relevantes. La Corte no equiparó expresamente el voluntariado a una relación laboral, pero sí exigió que, ante una situación de embarazo, existan mecanismos mínimos y efectivos de protección. En la práctica, el estándar obliga a revisar si las previsiones internas de los programas de voluntariado contemplan respuestas suficientes frente a maternidad, lactancia y no discriminación por decisiones reproductivas.
Ajustes internos y rol de Cancillería en el cumplimiento
Además de la orden individual, la Corte dispuso que el UNV adecúe sus previsiones internas para garantizar protecciones mínimas a la maternidad y evitar que se repitan situaciones como las que dieron origen a la tutela. Esta instrucción apunta a un cambio organizacional, no limitado al caso concreto, y busca prevenir vacíos en la gestión de voluntarios cuando se presentan condiciones de especial protección constitucional.
La decisión también asignó un papel al Ministerio de Relaciones Exteriores. La Corte le ordenó actuar como interlocutor, coordinador y enlace con los organismos internacionales accionados para comunicar la decisión y acompañar su cumplimiento. Este componente reconoce la naturaleza particular de los sujetos involucrados y la necesidad de articular la ejecución de la orden dentro del marco de las relaciones con organismos internacionales.
El magistrado Vladimir Fernández Andrade aclaró su voto en la decisión, aunque el insumo conocido no detalla el alcance de dicha aclaración.
Lectura sectorial: maternidad, cobertura y responsabilidad institucional
La decisión deja un mensaje institucional para entidades, programas internacionales y organizaciones que desarrollan actividades con voluntarios: la ausencia de una relación laboral no elimina automáticamente las obligaciones mínimas de protección frente a la maternidad. Cuando una mujer gestante participa en actividades organizadas, recibe una ayuda económica y depende de ciertas coberturas asociadas al vínculo, las decisiones de terminación deben analizarse bajo el estándar constitucional de no discriminación.
Para los actores del sistema de salud, el caso también refuerza la importancia de observar la continuidad de la protección sanitaria en momentos críticos del ciclo vital. La interrupción de la cobertura de un seguro de salud en una mujer embarazada no es un asunto meramente administrativo cuando coincide con la terminación de un vínculo tras la comunicación del embarazo.
La Corte, sin desconocer las inmunidades de los organismos internacionales, estableció que estas no pueden operar como barreras absolutas frente a derechos fundamentales. El equilibrio fijado por la Sala Cuarta consiste en respetar los límites de competencia sobre la naturaleza del voluntariado y el reintegro, pero exigir medidas concretas de protección de la maternidad y prevención de discriminación.
