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Procuraduría lidera descongestión de más de 11.000 casos en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
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La crisis de represamiento en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que durante años ha afectado el acceso oportuno a pensiones por discapacidad en Colombia, comenzó a resolverse. En menos de siete meses, y tras una serie de intervenciones institucionales lideradas por la Procuraduría General de la Nación, se logró descongestionar más de 11.000 casos acumulados, según confirmó el Ministerio del Trabajo.
La situación había alcanzado niveles críticos: personas en condición de discapacidad esperaban hasta cinco años por una respuesta sobre su calificación de invalidez, requisito fundamental para el reconocimiento del derecho a la pensión por invalidez, uno de los pilares del sistema de seguridad social colombiano.
Medidas institucionales para acelerar las decisiones
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encargada del seguimiento a este tema, declaró que resultaba “inadmisible” que la población afectada, muchas veces en condiciones de alta vulnerabilidad, tuviera que enfrentar una espera de años para recibir una decisión administrativa que impacta directamente sus derechos a la vida digna, la salud y la seguridad económica.
En respuesta, el Ministerio Público promovió una estrategia de tres frentes:
- Mesas técnicas con las entidades responsables del proceso.
- Requerimientos formales a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
- Seguimiento continuo al cumplimiento de metas de descongestión.
Estas acciones derivaron en la designación y posesión de los miembros de cuatro nuevas salas de descongestión, que ahora operan como apoyo técnico-jurídico a la Junta Nacional, con el objetivo de evacuar el volumen de dictámenes represados.
¿Qué implica la calificación de invalidez?
La calificación de pérdida de capacidad laboral es un proceso técnico y normativo que define el grado de discapacidad de una persona y es determinante para acceder a:
- Pensión por invalidez (para trabajadores afiliados al sistema).
- Indemnización por riesgos laborales.
- Ajustes en la cotización y beneficios en salud.
- Medidas especiales de protección laboral y social.
El procedimiento debe ser realizado por las Juntas Regionales o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, según el tipo de controversia o instancia, y su demora tiene un impacto directo en la calidad de vida de los solicitantes.
Según la normatividad vigente, una persona puede acceder a la pensión por invalidez si presenta una pérdida igual o superior al 50 % de su capacidad laboral, lo cual debe ser determinado mediante dictamen oficial.
Rezago estructural
El Ministerio del Trabajo confirmó que el número de solicitudes acumuladas en la Junta Nacional superaba las 11.000 al momento de iniciar el proceso de intervención. Este represamiento obedecía a: Falta de personal especializado y miembros calificados en salas técnicas, procesos administrativos ineficientes y escaso control de tiempos, crecimiento sostenido en las solicitudes sin aumento proporcional en capacidad resolutiva.
En ese contexto, la apertura de cuatro salas adicionales representa un aumento importante en la capacidad instalada del sistema, lo que permite no solo evacuar el rezago histórico, sino garantizar que los nuevos casos puedan tramitarse con mayor celeridad.
La Procuraduría reafirmó que el seguimiento continuará y se mantendrán las mesas de articulación interinstitucional, con el fin de asegurar una respuesta sostenida y estructural, no meramente coyuntural. Se enfatizó que esta función forma parte de su mandato constitucional de proteger los derechos de los sujetos de especial protección, en este caso, personas con discapacidad o en condiciones de enfermedad grave.
