Por: Daniel Garavito – Economista, con Maestría en Business Analytics and Data Strategy. Fundador de EducALL, startup social dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para los sectores de salud y educación.
“Todos los problemas en economía se resuelven con más PIB.”
La frase funciona para el presupuesto de un hogar, para la caja de una empresa y para la cuenta de un ministerio. Por eso es la tentación política más difícil de resistir: cuando algo no alcanza, pedir más. Es la default solution de cualquier debate de política pública.
En salud la receta se repite en automático: si el sistema cruje, súbase la UPC. Y es aquí donde empieza la paradoja.
La paradoja es esta: la solución más obvia es también la que con más facilidad nos desvía de las cuestiones de fondo. Pedir más recursos no es malo. Es insuficiente. Y cuando se vuelve la única conversación, deja intactos los tres problemas estructurales que explican por qué el sistema está donde está.
Primero, ignora el dilema de elección pública.
El Estado no tiene más PIB a voluntad. Tiene una restricción presupuestal dura y un dilema clásico: cada peso que va a salud es un peso que no va a educación, infraestructura, pensiones o seguridad. Esa decisión —qué porción del presupuesto nacional va a cada apuesta— no se agota en una mesa técnica ni en un cálculo actuarial. Se da en el marco fiscal de mediano plazo y define el modelo de desarrollo del país.
Segundo, ignora el desperdicio existente.
La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 20 % y el 40 % del gasto global en salud se pierde en fraude, desperdicio e ineficiencia [WHO, 2010]. Shrank, Rogstad y Parekh cuantificaron para Estados Unidos cerca de una cuarta parte del gasto como waste evitable, equivalente a cientos de miles de millones de dólares anuales [JAMA, 2019]. Berwick y Hackbarth ya habían documentado el fenómeno con precisión una década antes [JAMA, 2012]. Colombia tiene su propia curva, y vale la pena medirla con la misma seriedad. Financiar al alza un sistema sin tocar el desperdicio es tratar de llenar un balde lleno de huecos.
Tercero, ignora los fallos de mercado no corregidos.
La Ley 100 hizo una apuesta acorde al momento histórico: importar las ventajas del mercado —competencia, elección, eficiencia— para maximizar resultados sociales, muchas de ellas no materializadas en la práctica. Pero los fallos constitutivos de los mercados de salud no se corrigen solos: asimetría de información [Arrow, 1963], riesgo moral [Pauly, 1968], demanda inducida por el prestador [Evans, 1974] y selección adversa [Rothschild & Stiglitz, 1976]. Sin instrumental regulatorio para corregirlos, el mercado no disciplina a los agentes: los premia por comportamientos que los manuales de economía de la salud llevan sesenta años describiendo.
La parte que conviene no olvidar.
Colombia logró cobertura de aseguramiento cercana al 99 % y uno de los menores gastos de bolsillo de la región. Son logros reales. Pero eficiencia, resultados clínicos, equidad territorial y sostenibilidad intergeneracional siguen abiertos. Los logros del pasado no resuelven las preguntas del futuro.
Pedir más plata es legítimo. Pedir solo más plata es facilista. Y el facilismo en política pública no es neutral: captura el debate en un pulso anual por recursos y posterga, una vez más, las conversaciones grandes que este país necesita tener.
Las dos palancas —ingresos y costos— se mueven juntas. Ninguna, sola, mueve el país.
El sistema de salud colombiano tiene logros que defender y retos que enfrentar. Los defensores de la UPC tienen razón en señalar que el instrumento de financiación necesita revisión rigurosa. Los defensores de la eficiencia tienen razón en señalar que hay desperdicio que no puede seguir siendo ignorado. Los críticos del modelo de mercado tienen razón en señalar que los fallos regulatorios siguen vigentes. Ninguna de esas posiciones es excluyente. Todas son parciales.
La pregunta que este país debería estar haciendo no es ¿cuánto más le ponemos a la UPC este año?, sino ¿qué modelo de sistema queremos, qué porción del presupuesto le corresponde a salud frente a los demás sectores, y cómo cerramos el hueco del balde antes de seguirlo llenando?
Esas son preguntas grandes. Merecen rigor. Merecen datos. Merecen tiempo.
Lo que no merecen es facilismo.
—
Referencias:
- Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review, 53(5), 941-973.
- Berwick, D. M., & Hackbarth, A. D. (2012). Eliminating Waste in US Health Care. JAMA, 307(14), 1513-1516.
- Evans, R. G. (1974). Supplier-induced demand: Some empirical evidence and implications.
- Pauly, M. V. (1968). The Economics of Moral Hazard. American Economic Review, 58(3), 531-537.
- Rothschild, M., & Stiglitz, J. (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets. Quarterly Journal of Economics, 90(4), 629-649.
- Shrank, W. H., Rogstad, T. L., & Parekh, N. (2019). Waste in the US Health Care System: Estimated Costs and Potential for Savings. JAMA, 322(15), 1501-1509.
- World Health Organization (2010). World Health Report: Health Systems Financing.
—
Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.
