El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, compareció este 13 de abril ante la Corte Constitucional en el marco de la audiencia técnica convocada para evaluar el presunto desacato a las órdenes impartidas por el alto tribunal sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce anualmente los recursos para la atención de cada afiliado al sistema de salud.
Durante su intervención, el jefe de la cartera presentó la posición oficial del Gobierno frente a la suficiencia de este componente financiero, en un escenario judicial en el que distintos actores del sistema expusieron sus posturas sobre el estado actual de la financiación y la prestación de los servicios de salud en Colombia.
El Ministerio defendió la suficiencia de la UPC y cuestionó el modelo de intermediación
El Minsalud afirmó que la UPC “NO es insuficiente” y que el sistema cuenta con una financiación fortalecida. La entidad indicó que entre 2022 y 2026 este rubro pasó de $75,4 billones a $96,4 billones, lo que representa un crecimiento real del 28%, equivalente a más de $21 billones adicionales en cuatro años. Este comportamiento se complementa con un aumento del 51,4% en el presupuesto del sector salud, cercano a $25 billones adicionales, presentado como el mayor esfuerzo fiscal del Estado colombiano en materia de salud en las últimas décadas.
A partir de estos datos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sostuvo que el sistema no enfrenta una crisis por falta de recursos, sino por “problemas estructurales en el uso del dinero y la pésima administración del modelo de intermediación actual”. En esa línea, reiteró: “No es cierto que exista una insuficiencia de la UPC. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro”.
El Minsalud advirtió que, pese al incremento histórico de la financiación, los problemas del sistema persisten debido a fallas en el modelo de aseguramiento. Entre ellas, destacó el crecimiento de las deudas de las EPS con clínicas, hospitales, trabajadores de la salud y proveedores, así como la identificación de más de $15 billones de pesos sin trazabilidad clara dentro del sistema por parte de organismos de control. En ese contexto, la cartera cuestionó que el debate público se concentre exclusivamente en la suficiencia de la UPC sin examinar lo que ocurre con los recursos una vez ingresan al sistema.
Durante la audiencia, el ministro también abordó el uso de indicadores financieros en la discusión. Señaló que la siniestralidad financiera no mide la suficiencia de la UPC, sino la eficiencia de las EPS, y que las pérdidas de estas entidades deben analizarse en función de su gestión del riesgo, sus costos y sus decisiones administrativas, y no atribuirse automáticamente a un déficit en la prima.
En su intervención, Jaramillo insistió en que continuar aumentando los recursos sin corregir las fallas estructurales sería ineficiente desde el punto de vista fiscal, al advertir que hacerlo “sería como llenar un saco roto”. Asimismo, solicitó a la Corte Constitucional ampliar el análisis más allá del valor de la UPC y examinar el papel de la intermediación, donde según indicó se concentran distorsiones como la asimetría de la información, la integración vertical, la ineficiencia en la gestión del riesgo y desviaciones de recursos.
A su vez reiteró su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos y la transformación estructural del sistema, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen de manera oportuna a los pacientes, a los territorios y al fortalecimiento de la red pública y privada.
¿Qué expuso Pacientes Colombia ante la Corte Constitucional?
En la misma audiencia, Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 203 organizaciones, participó en la Mesa Técnica convocada por la Corte en el marco del incidente de desacato al Auto 2049 de 2025. En su intervención, la organización expuso la situación de acceso a servicios de salud y planteó la necesidad de una respuesta estructural frente a lo que calificó como una crisis humanitaria.
El movimiento sostuvo que la crisis del sistema no es un fenómeno reciente ni accidental, sino el resultado de decisiones que han “inducido, sostenido y administrado el deterioro del sistema”, el cual, según su seguimiento, completa 1.343 días de agudización. En ese periodo, señaló que se han incrementado las barreras de acceso, las filas para reclamar medicamentos y los cierres de servicios en distintas regiones del país.
Como sustento, Pacientes Colombia presentó el seguimiento a 1.387 casos de pacientes que llevan más de 200 días esperando medicamentos, citas especializadas o procedimientos, todos con quejas radicadas ante autoridades sin respuesta efectiva. Entre estos casos, se incluyen personas con enfermedades crónicas, cardiovasculares y huérfanas, con tiempos de espera que oscilan entre 300 y casi 600 días sin recibir tratamientos ordenados por sus médicos tratantes.
Durante la audiencia, Denis Silva afirmó: “La crisis del sistema de salud se ha convertido en un drama humanitario para miles de familias que esperan medicamentos, citas y procedimientos que nunca llegan”, y reiteró que la situación no responde a un accidente, sino a decisiones estructurales dentro del sistema.
La organización también denunció la exclusión sistemática de pacientes, sociedades médicas, prestadores y aseguradores de los espacios formales de decisión, en contravía del artículo 12 de la Ley Estatutaria de Salud. Asimismo, afirmó que el proceso de revisión de la suficiencia de la UPC se desarrolló como una “imposición sin diálogo real”, sin información suficiente y con ausencia de datos entregados a la Corte por parte de entidades involucradas.
En ese contexto, Pacientes Colombia solicitó a la Corte Constitucional declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema de salud, al considerar que la vulneración del derecho a la salud es masiva, sistemática y estructural. Adicionalmente, pidió reconocer el incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 007 de 2025, ordenar un ajuste provisional de la UPC mientras se realiza un cálculo independiente, y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
La Corte Constitucional continuará con el análisis sobre el cumplimiento de sus órdenes en materia de la UPC, en un proceso que integra visiones institucionales y de la sociedad civil sobre la financiación y operación del sistema de salud. Las intervenciones presentadas en la audiencia quedan ahora bajo consideración del alto tribunal, que deberá determinar el alcance de las medidas necesarias frente a los elementos expuestos durante la sesión.
