Con el argumento de atender alertas críticas detectadas en los territorios donde opera la entidad y de asegurar una supervisión más estricta sobre su operación, la Superintendencia Nacional de Salud activó un control reforzado de la Supersalud sobre la Nueva EPS mediante la instalación del Seguimiento Permanente. La entidad lo definió como un “mecanismo de control técnico semanal y obligatorio”, orientado a ejercer una supervisión intensiva y continua, con vigilancia periódica y evaluación semanal.
Seguimiento Permanente a Nueva EPS bajo control técnico semanal y obligatorio
La Superintendencia precisó que el Seguimiento Permanente fue instalado el 11 de febrero de 2026 y se estructuró como una instancia de revisión regular, con un estándar de control semanal que busca sostener la trazabilidad de los compromisos y correctivos derivados del seguimiento a la medida cautelar. En su formulación institucional, el mecanismo se orienta a mantener una supervisión intensiva y continua sobre la operación de la EPS, con evaluación semanal del estado de avance y cumplimiento.
De acuerdo con la entidad, el objetivo operativo del espacio es “identificar, priorizar y corregir de manera inmediata las alertas críticas” evidenciadas en los territorios donde opera la entidad. Para la autoridad de vigilancia, esta intervención técnica se concibe como un canal de corrección inmediata, que ordena la priorización de riesgos y la activación de respuestas institucionales verificables.
Asimismo, indicó que el seguimiento se apoya en “información objetiva y verificable”, lo que permite clasificar riesgos por criticidad, definir planes de choque de ejecución inmediata y realizar verificación semanal del cumplimiento. En el mismo reporte se informó que, para la fecha del comunicado, se habían realizado dos sesiones formales (11 y 18 de febrero de 2026), con resultados en evaluación y con la posibilidad de adoptar medidas adicionales según la evolución de los hallazgos.
Actores involucrados y propósito de protección a más de once millones de afiliados
La conformación del Seguimiento Permanente integra a las delegadas de la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, la contralora designada para la intervención forzosa administrativa, el agente interventor y el equipo directivo de la entidad. Esta arquitectura institucional ubica el seguimiento como un espacio de coordinación técnica en el que convergen responsabilidades de control, verificación y gestión operativa de la EPS.
En cuanto a su alcance, la Supersalud expresó que el propósito del mecanismo es “proteger de manera efectiva los derechos en salud de más de once millones de afiliados”, junto con “asegurar la estabilización de la red de prestadores” mediante un “control riguroso del flujo de recursos”. En el mismo sentido, la autoridad planteó que esta articulación se desarrolla bajo un único espacio de control técnico y decisorio, con foco en la corrección y la verificación periódica de los compromisos.
La Superintendencia también ubicó estas actuaciones dentro del contexto de la medida cautelar de cesación provisional, orientada a detener conductas que “ponen en riesgo la vida”, la integridad física de los pacientes y el adecuado uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta referencia delimita el marco de intervención y el estándar de urgencia institucional que acompaña el seguimiento.
¿Cómo se materializa el control reforzado de la Supersalud en la eliminación de barreras de acceso?
A su vez, la Supersalud reiteró a las entidades responsables del aseguramiento en salud (EPS) que deben garantizar de manera inmediata, continua y sin dilaciones el acceso efectivo a los servicios y tecnologías en salud, bajo condiciones de oportunidad, calidad, integralidad y eficacia, abarcando las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. La Entidad sustentó esta exigencia en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que consagra el derecho fundamental a la salud como autónomo, irrenunciable y de obligatorio cumplimiento.
En ese marco, la entidad instruyó que las entidades vigiladas deberán “identificar, eliminar y corregir de forma inmediata” barreras administrativas, contractuales, operativas o de red de prestadores que limiten o restrinjan el acceso y la prestación efectiva de los servicios. La Supersalud subrayó que esta obligación es especialmente exigible cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional y legal, incluyendo mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, así como usuarios con sospecha o diagnóstico confirmado de cáncer, VIH, personas trasplantadas y pacientes con enfermedades huérfanas o de alto costo.
El documento reiteró el carácter obligatorio e inmediato de las instrucciones impartidas mediante la Circular Conjunta Externa 019 de 2025, señalando que su inobservancia dará lugar a las actuaciones administrativas correspondientes. También recordó que la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha sido enfática en que las barreras administrativas y las negativas injustificadas vulneran directamente el derecho fundamental a la salud, con mayor gravedad cuando impactan poblaciones vulnerables y priorizadas.
En el componente farmacéutico y de tecnologías, la Supersalud exigió que las EPS ejerzan un “control estricto y permanente” sobre la entrega completa, continua y oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud, con seguimiento efectivo a gestores farmacéuticos y operadores logísticos. La instrucción incluye una restricción expresa: “En ningún caso podrán trasladar a los usuarios las consecuencias derivadas de fallas contractuales, administrativas, financieras o logísticas”.
Frente a medicamentos o tecnologías de alta demanda reportados como agotados o desabastecidos, la Supersalud ordenó activar planes de contingencia de manera inmediata, garantizando suministro oportuno y sin interrupciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 y demás normas aplicables.
Control focalizado, medidas administrativas y llamado al reporte de barreras
La Superintendencia anunció que ejercerá un “control reforzado y focalizado” sobre el cumplimiento de las obligaciones reiteradas y que “adoptará sin dilación” las medidas administrativas especiales y sancionatorias a que haya lugar ante cualquier incumplimiento. Esta línea institucional fija un estándar de exigibilidad inmediata frente a barreras de acceso y fallas en la continuidad de servicios, medicamentos y tecnologías.
Como complemento, la Entidad invitó a la ciudadanía a reportar de manera oportuna las barreras de acceso a servicios o medicamentos a través de los canales institucionales, indicando que esa información se utilizará para orientar acciones inmediatas de inspección, vigilancia y exigencia correctiva frente a las entidades responsables del aseguramiento.
En conjunto, las decisiones recientes de la Superintendencia consolidan un mensaje institucional de exigencia operativa inmediata. La continuidad del aseguramiento no se mide por anuncios, sino por resultados verificables en acceso, oportunidad y suministro, particularmente en los grupos priorizados. Hacia adelante, el punto decisivo será que la vigilancia y las instrucciones se reflejen en cambios concretos en la experiencia del usuario y en una relación más estable entre aseguradores y redes prestadoras, sin que las fallas administrativas, contractuales o logísticas terminen trasladándose al paciente.
