En un escenario de tensiones operativas y financieras del sistema de salud, y ante las dificultades atribuidas a la NUEVA EPS en la prestación de servicios y dispensación de medicamentos, la Procuraduría General de la Nación elevó un requerimiento a la Superintendencia Nacional de Salud en relación con esa entidad.
Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de la EPS en busca de la defensa del derecho fundamental a la salud de sus afiliados, en ente de inspección control y vigilancia pidió a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos.
La actuación se enmarca en el propósito de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud a los usuarios y optimizar su sostenibilidad financiera.
¿Qué solicitó la Procuraduría a la Supersalud Ad Hoc sobre los estados financieros y el manejo de recursos?
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024. En ese mismo requerimiento, pidió información sobre lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, a proveedores de servicios y a tecnologías en salud, así como sobre la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas y su contabilización, entre otros aspectos.
De igual forma, el Ministerio Público pidió información y medidas adoptadas con soportes acerca del giro de los recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, e incluyó la ejecución del plan estratégico de modernización tecnológica, entre los puntos a reportar. En el marco de la protección de los derechos fundamentales de los más de 11 millones de afiliados a la NUEVA EPS, la Procuraduría fijó un plazo de cinco días hábiles para que se remita el informe solicitado.
SuperSalud anunció inspección y vigilancia por un caso asociado a la atención a cargo de la NUEVA EPS
En paralelo, y frente a un caso asociado a la atención a cargo de la NUEVA EPS, la Superintendencia Nacional de Salud, como entidad de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), anunció acciones de inspección y vigilancia en relación con la atención en el sistema de salud del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, fallecido el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, tras circunstancias derivadas de su condición de hemofilia A severa, complicada por inhibidores y un accidente deportivo que ocasionó un trauma craneoencefálico severo.
La entidad indicó que este hecho pone de relieve desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia, y la importancia del autocuidado requerido en estos casos. Según las denuncias públicas realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab (comercialmente Hemlibra) durante aproximadamente dos meses, y la Nueva EPS era la entidad responsable de su atención.
SuperSalud inició auditoría focalizada y advirtió posibles sanciones
En respuesta a este caso, la Superintendencia informó que inició una auditoría focalizada sobre el proceso de atención, incluidas las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS y el prestador del servicio. También indicó que analizará el cumplimiento del protocolo, las autorizaciones y el suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad.
La entidad precisó que la indagación verificará si se omitieron normas vigentes en el SGSSS sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas. Agregó que cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o medidas correctivas adicionales de ley, frente a los responsables de la prestación del servicio de salud, con el propósito de garantizar los derechos de los usuarios.
