En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, la que trata los temas relacionados con hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones y los asuntos relativos a Planeación Nacional, entre otros temas, se adelantó el debate de control político al cual estaba citado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y tenía como invitados a, la ministra de Vivienda, Marta Catalina Velasco Campuzano, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad y al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Durante el debate, los congresistas solicitaron a los jefes de las diferentes carteras del gobierno, presentar informe sobre la ejecución de los recursos públicos asignados y las proyecciones que se requieren de cara a los planes y programas del gobierno actual. El primer invitado en intervenir fue el Ministro de Salud que durante más de dos horas habló y respondió a los cuestionamientos de los legisladores.
La intervención del doctor Jaramillo mostró cifras positivas de ejecución la cual a la fecha alcanza un 63% del presupuesto de la entidad, lo cual fue reconocido por los congresistas, sin embargo, todos insistieron en la necesidad de plasmar al detalle las necesidades presupuestales que sean coherentes entre el discurso del Gobierno Nacional y las necesidades propias que presenta el proyecto de reforma, que, según la discusión nacional, se requieren para avanzar en las necesidades propias del sistema de salud.
El objetivo de la sesión convocada, según afirmó el presidente de la comisión era lograr escuchar al jefe de la cartera de salud desde una óptica pedagógica que permitan al país avanzar en torno al sistema entendiendo cómo va la ejecución, qué recursos está solicitando el Ministerio, dadas las mismas declaraciones de ministro de Salud cuando reitera que es insuficiente el valor de la UPC, entre otros temas.
¿Qué dijo el ministro de Salud?
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo inició presentando la conformación organizacional de la entidad, la cual es encabezada por el despacho del ministro, del cual dependen el Viceministerio de la Salud Pública y Prestación de Servicios, el Viceministerio de Protección Social y la Secretaría General y resaltó las 11 entidades adscritas a la entidad.
- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.
- Superintendencia Nacional de Salud.
- Instituto Nacional de Cancerología, INC.
- Sanatorio de Contratación E.S.E.
- Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta.
- Instituto Nacional de Salud, INS.
- Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.
- Fondo de Previsión Social de Congreso de la República.
- E.S.E. Sanatorio de Agua de Dios.
- Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS.
Advirtió que, aunque es un ministerio aparentemente robusto, el grueso de los recursos de la entidad se va hacia el ADRES. Presentó las cifras destinadas a los rubros de: funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. Desde la apropiación vigente, el compromiso y obligación con los rubros desagregados y los pagos realizados frente a estos.
Insistió en que el gobierno ha dado muestras claras al entregar recursos a la salud y que en ningún caso busca “marchitar las EPS” al aumentar el presupuesto del Ministerio en un 25,4%, ni tampoco hubieran aumentado el valor de la UPC en un 16,23% superior al valor del IPC anual. Continuó con la descripción detallada con las cifras del sistema general de participaciones
Afirmó que gracias a la reforma tributaria el aporte del Sistema General de Participaciones que actualmente se encuentra en una cifra de $12.821.599.952.544, la cual progresivamente irá aumentando hasta llegar al doble en 2027. Aseguró que el gobierno busca revertir el acto legislativo 1 del 2001, el cual limitó el porcentaje que reciben las entidades territoriales para la atención en salud.
Mencionó que las deudas que se tienen pendientes del gobierno nacional, con respecto a la carga económica por COVID y la atención a migrantes, se encuentran contempladas en los artículos 153 y 154 los cuales permiten cubrir esos recursos.
Frente al sistema de salud actual, el ministro afirmó que sigue siendo muy discriminatoria la distribución de los recursos públicos los cuales en los lugares más apartados no llegan. “Entre más servicios se piden, más dinero se les da con respecto a la UPC, por tener mayor frecuencia en la atención” el Dr. Jaramillo asegura que se desconoce que mucha gente no usa los servicios en dichos lugares, porque muchas veces no existe como acceder a solicitarlos. Entonces los que están en lugares alejados no llegan, no acceden al servicio, no tienen frecuencia y no se les da el recurso porque no lo solicitan.
“Lo de este año se ha ido pagando a tiempo y lo del 2022 se pagará con deuda pública” afirmó el jefe de la cartera de salud, a lo que se escucharon los cuestionamientos de algunos congresistas que aseguraban que la verdadera complicación del sistema se deriva también de la cantidad de EPS que han cerrado y que han cargado a aquellas que han hecho las cosas bien, y en esa medida, no se observa cómo se busca equilibrar la balanza.
Se resaltó que, pese a que desde el congreso se han aprobado el pago de esas deudas, la realidad es que el retraso en los pagos perjudica la calidad y la prestación del servicio y que no se trata de culpar al actual gobierno, sino de exponer la situación real y actual del sistema para lograr los verdaderos cambios y no continuar con respuestas reactivas, dada la coyuntura del cambio que tanto requiere el sistema de salud en Colombia.
El ministro negó que la reforma buscara acabar el sistema actual, reconoció que el “75% de la atención hospitalaria es privada, es imposible creer que queremos estatizar algo que tienen un peso privado tan importante. Lo que queremos es que les paguen al día para que puedan funcionar directamente, lo que queremos es darle los recursos”.
Afirmó que “el problema de que las EPS, sean supuestamente las aseguradoras, implica que cuando se quiebran (y se han quebrado ya de 130 que comenzaron ya solo quedan 29), todas se han ido sin pagar las deudas y el gobierno tampoco lo hace” a lo que más adelante uno de los congresistas respondió que “esas eran EPS de garaje para no decir que detrás de ellas estaban políticos”.
Aunque el ministro viene insistiendo en que a las EPS se les paga por anticipado, se resaltó desde la comisión que “así debe ser, porque el sistema se basa en el riesgo en salud en cuanto al aseguramiento” y que es justamente, el riesgo en salud el que está en peligro con los cambios que se pretenden y se agregó, que la importancia está en saber “quienes son los que lo hacen bien, que están constituidas conforme a la ley, y responden a los entes de control”.
Todos estuvieron de acuerdo en que el sistema requiere de vigilancia y control, porque esas entidades que obraron de mala fe hoy día son las culpables de cargar el sistema. Por lo que se escuchó una voz que afirmó que en este sentido “el sistema no requiere de una ley, sino que lo necesita es plata”.
El ministro mencionó que “el sistema es tan generoso que si sigue en la tendencia que si un médico decide que deben mandarle (a un paciente) y un juez ordena que se lo den, no va a alcanzar nunca el dinero”. Enfatizó en que por más buenas que sean la EPS, todas están fallando en cuanto a la prevención, promoción y atención primaria.
Pese a la insistencia del jefe de la cartera de salud sobre la necesidad de mejorar la atención en los lugares apartados, como objetivo principal de la reforma, fueron varios los cuestionamientos que le hicieron los miembros de la corporación, frente a que no veían como se estaba proyectando las soluciones frente a la infraestructura y el talento humano que se requiere para atender a la población colombiana en todo el país. Aspectos que aunque reconoció el ministro, no encuentran aún un plan claro que permita superar los verdaderos desafíos del sistema.
