Medicina privada de Argentina en crisis

La Unión Argentina de Salud, organización que reúne a prestadores de medicina privada, ha expresado que su situación financiera es insostenible
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La Unión Argentina de Salud (UAS) se ha manifestado en uno de los momentos más críticos de la pandemia, asegurando que su funcionamiento está en manos del gobierno nacional. Palabras más, palabras menos, no cuentan con los recursos financieros que se necesitan para continuar con sus operaciones y necesitan un amparo que les autorice a subir las cuotas que cobran a sus afiliados.

Por tal razón y valiéndose de la Ley de Medicina Privada -regulación que aparentemente no se ha cumplido-, el gremio de prestadores privados convocó a una rueda de prensa en la que dejaron en claro que tomarán medidas judiciales ante los incumplimientos que hoy los hacen totalmente insostenibles. En Argentina, el 70% de personas son atendidas de forma privada, modalidad que reúne distintos tipos de servicios como obras sociales, prepagas con y sin fines de lucro, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico y tratamiento, servicios de emergencia, personal en relación de dependencia y profesionales independientes, entre otros.

Según fuentes del sector que se comunicaron con medios de comunicación, desde 2011 cuando se sancionó la Ley de Medicina Privada hasta finales de 2020, el aumento en esta área fue de 1.049%. El costo de la salud, por su parte, experimentó un aumento del 1.900%. “Desde el año pasado, los prestadores y financiadores de la salud venimos advirtiendo públicamente acerca de la escasez y las distorsiones que se están dando en los precios de medicamentos analgésicos, sedantes y relajantes musculares indispensables para el tratamiento de pacientes en terapia intensiva“, señaló la UAS en oportunidades anteriores.

En sus declaraciones a la prensa, la UAS enfatizó en que se ha advertido de la gravedad de la situación en distintos momentos, incluso antes de la pandemia. Pero, “no hubo forma de generar un marco de ordenamiento entre las autoridades y el sistema privado de salud, para que éste pudiese generar una planificación que le permitiera tener mínimas certezas hacia el futuro”. Ante tales razones, se ha catalogado a la situación que afecta a la medicina privada en Argentina como un rotundo fracaso del diálogo y la política, caminos que se habían contemplado para concretar soluciones a esta problemática.

La principal queja de los prestadores privados es el interés del gobierno actual hacia la estatización. Hablado del sistema de salud, la organización que denunció públicamente la crisis financiera expresó lo siguiente:

Si alguien decidiera tomar de hecho el sistema de salud privado, primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria.

A lo anterior se añade, “Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”. Los argumentos de las prepagadas también están sustentados en la falta de confirmación oficial sobre los cambios que se quieren hacer al sistema de salud en Argentina. Al respecto, solicitaron al Gobierno que eleven la petición al Congreso en caso de optarse por la estatización.

“Aun cuando sigamos repitiendo aquel lugar común de que ‘la salud no tiene precio’; sí tiene costo y más en medio de una pandemia donde no se interrumpe la ley de la oferta y la demanda, y los insumos y medicamentos adquieren una importancia tal que sus valores se disparan y sus existencias muchas veces escasean, por el aumento y la necesidad indispensable de su uso”, expresó enfáticamente Claudio Belocopitt, presidente de la UAS durante la rueda de prensa.

Por su parte, desde la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA) se mencionó que la evolución del gasto en salud en el país autral registró su propia inflación, debido a la pandemia y al acelerado incremento en el precio de los medicamentos e insumos para terapia intensiva. “Según nuestros cálculos el desfasaje es del 36%, sin embargo, lo que propusimos es que nos permitan modificar los montos a cobrar según la variación salarial. No es lo más certero porque está debajo de la inflación pero lo que no podemos es retrasarlo más. Tenemos que ser sustentables“, expuso Ricardo Lilloy, presidente de dicha cámara.

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¿Cómo respondieron las autoridades de salud de Argentina?

Antes de conocerse la petición que realizaron los representantes de la medicina privada en Argentina, el Ministerio de Salud reconoció que se trabaja en un cambio para el sistema actual. “Estamos trabajando en conjunto, viendo que los programas de calidad, acceso y equidad se puedan trabajar cerca de la seguridad social, del sector privado. La pandemia fue una oportunidad para entender que la salud es una sola. De toda crisis se genera una oportunidad”, indicó Carla Vizzotti, ministra de salud durante una breve rueda de prensa.

Debido a la fragmentación que experimenta el sistema de salud en Argentina, el gobierno busca alcanzar un sistema de salud integrado, para que las áreas pilares: sistema de salud pública, las obras sociales y la medicina privada trabajen con mayor organización y cooperación entre sí. Para el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, “el sistema requiere mejorías y una nueva mirada sobre la situación que hemos vivido. También es cierto que la complejidad del sistema de salud en Argentina es de tal magnitud que eso merece mesas amplias de dialogo y búsquedas de un camino en común para construir un sistema de salud mas potente y mas orientado a resolver los nuevos desafíos del futuro”.

Hasta el momento no se han realizado nuevos pronunciamientos sobre la crisis de la medicina privada en Argentina.

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