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Lo que debemos solucionar en Salud

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 Y QUE PASA EN VERDAD CON LO SE DEBERIA SOLUCIONAR EN SALUD

Dr. William Javier Vega

A partir de la expedición de la Ley 10 de 1990, con un claro enfoque de organización y descentralización de la prestación de servicios de salud en el sistema de salud, la Ley 60 de 1993 y la definición explícitas de competencias en los niveles territoriales, y finalmente la Ley 100 de 1993, que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la prestación de los servicios de salud se sustenta en un esquema descentralizado, con la activa participación del sector privado. El mismo se basó en un sistema de aseguramiento en una ambiente de competencia regulada por el Estado, a fin de que los individuos reciban la atención en salud, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia[1]

 
La Ley 100 de 1993 introdujo cambios en la forma de financiamiento de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud. Se pasó de un sistema de transferencia de recursos a uno de financiación por medio de la venta de servicios, profundizando de esta manera, la competencia entre el sector público y el privado con el Estado como regulador.
 
El sistema como está concebido ha logrado mitigar parcialmente algunas de las fallas de mercado que dada la complejidad del mercado de salud, del bien transado y de la incertidumbre en la prestación de los servicios configuran la forma como los agentes se interrelacionan.
 
No obstante en la relación del mercado entre prestadores y aseguradores de salud, persisten vacíos estructurales que perpetúan la existencia de fallas y obstaculizan, no sólo los flujos de información y de recursos, sino también la prestación de servicios. Dichas fallas crean un entorno en el cual el mercado de servicios de salud se diferencian de los bienes privados y de la concepción de competencia perfecta, haciendo evidente la presencia de comportamientos o prácticas como el abuso de poder dominante, la información asimétrica, la inducción de la demanda, las presiones para reducir la calidad de los servicios, la existencia de barreras de entrada y de acceso, la ausencia de proveedores locales y las externalidades positivas.
 
Todo prestador de servicios de salud sabe que si hoy presta un servicio de salud, entre los 8 o 15 días siguientes hace la factura, muchas de las veces solo puede radicarla ante el pagador de los servicios de salud el mes siguiente, la cual toma 30 días hábiles, si no más por que la norma no establece nada para el evento, para estudiarla, luego de lo cual establece pagar una parte y el resto a 30, 60 o 90 días, sin contar que el trámite de las glosas puede durar otro tiempo más. Lo anterior suponiendo que el pagador de los servicios de salud no tiene problemas de solvencia y liquidez ante lo cual, el prestador de servicios de salud debe recurrir al cobro jurídico.
 
El sistema de seguridad social en salud crea unas entidades supuestamente financieras, que deberían correr con el riesgo financiero conforme a lo contemplado por el inciso 1º del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, pero las EPS en realidad están siendo subsidiadas o financiadas por los prestadores de servicios de salud porque son estos los que verdaderamente corren inicialmente con los costos de los servicios valor que solo recuperan hasta tres meses más tarde como mínimo y sin derecho al cobro de intereses moratorios.
 
Todos los hoy intermediarios EPS, Fosyga o Secretarias de Salud les interesa mantener, retener y demorar los recursos, ya que mientras tanto pueden ponerlos a “rendir” y así obtener unos ingresos complementarios, situación que pretendió ser sancionada por el Decreto Ley 1281 de 2002, y la Ley 1122 de 2007 normas en las cuales se estableció que todos los actores que incurrieran en mora en el pago oportuno de los recursos de salud deberían pagar intereses de mora a la tasa legal de las obligaciones financieras para las EPS y los entes territoriales y al menos iguales a los que se deben pagar a la DIAN por la mora en el pago de los impuestos para los demás pagadores del sistema, aún así hoy a la fecha, patrocinado por los propios mecanismos de conciliación establecidos por el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007 no se pagan intereses de mora por el retraso en los pagos, y más bien los prestadores de servicios de salud no se atreven a exigir intereses de mora por el miedo de perder la contratación de sus servicios de salud por parte del pagador, de esta manera, los prestadores de servicios de salud deben anticipar el 100% del costo y esperar tres o más meses, para su recuperación y esto si, sin recibir intereses por este evento. 
 
En realidad el sistema genera una iliquidez en cadena: el Fosyga, no paga a las EPS y a los municipios, estos tampoco pagan oportunamente a las EPS, las EPS no pagan a los prestadores de servicios de salud y finalmente los prestadores de servicios de salud, en especial las Empresas Sociales del Estado, no le pagan a tiempo a los profesionales y a los proveedores.
 
Uno de los grandes problemas identificados se presenta en la última etapa de la cadena de prestación de servicios con las demoras en el reconocimiento y pago al prestador de servicios, lo cual afecta tanto a los profesionales, aseguradores y por último a los pacientes, restringiendo por tanto el acceso a los servicios de salud. La venta de servicios genera una cadena de flujo de recursos que, en ocasiones, se ve obstaculizada por la debilidad en el sistema de vigilancia y control de reconocimientos, giros, pagos de facturas o resolución de conflictos entre el prestador de servicios y el responsable de los pagos, incidiendo en la situación financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS, y por tanto en la prestación del servicio a los individuos y sus familias.
 
En este sentido, y como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: “4.1.6. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio público esencial. Es además un “servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo del Estado” (art. 4°, Ley 100 de 1993). En tal sentido el Estado tiene la obligación de crear las reglas necesarias para que las diferentes entidades e instituciones del sector de la salud puedan garantizar efectivamente la prestación de servicios que sean requeridos por las personas dentro del Sistema de Salud. El Estado desprotege el derecho a la salud cuando permite que existan vacíos o lagunas en la regulación, que se constituyan en barreras de acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, la Corte consideró que se viola el derecho a la salud de una persona cuando existe una “laguna” normativa en la regulación, por no definir los mecanismos de solución de controversias para los eventos en los que se presenten conflictos entre los actores que deciden autorizar la prestación del servicio […] Ahora bien, no se desprotege el derecho a la salud, sino que se irrespeta, cuando sí existe una regulación aplicable, pero ésta se constituye en un obstáculo al acceso a los servicios de salud…”, (negrilla nuestra), el Estado tiene el deber de ejercer la regulación con el fin de facilitar no sólo la adecuada prestación de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores de servicios. 
 
Una de las respuestas a lo anterior citado por la Corte Constitucional, y a lo ordenado por esta, sería lo contemplado en el Documento Conpes 3447 de 2006 y la Ley 1231 de 2008 o Ley del Factoring así:
 
1. El Documento Conpes 3447 de 2006[2].
 
Cabe anotar que en el Conpes 3447 de 2006, se diagnosticaron las principales falencias del Sistema en términos de la política de prestación de servicios desde el enfoque de cartera.
 
En dicho documento se recomendó al Ministerio de Hacienda Crédito Público -MHCP, al Ministerio de la Protección Social -MPS y al Departamento Nacional de Planeación- DNP: “la elaboración de una propuesta que permita la solución estructural en el flujo de recursos”, basada en la figura del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, cuya “función fundamental es la de ser el agente neutral encargado de administrar (con base en un manual de operación) la asignación y remuneración de recursos para honrar las cuentas que tienen lugar al interior de un mercado” y con el objetivo de facilitar la operación de flujos financieros en un mercado con múltiples demandantes y oferentes. Así mismo, el Conpes mencionado señala los servicios que tal figura podría prestar: “Por mandato de los integrantes del mercado está en capacidad de liquidar valores adeudados a los oferentes de servicios y de entregar la remuneración por tales servicios en nombre de los demandantes, garantizando la neutralidad y agilidad en el flujo de recursos. Los servicios que dicho administrador podría prestar son:
 
Þ    Administrador de Cuentas: tiene como finalidad determinar a quien corresponde cubrir obligaciones predeterminadas en el mercado y liquidarlas y cancelarlas en su nombre, sujeto a un reglamento de operación.
 
Þ    Administrador de garantías: tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones que surjan a cargo de los agentes de mercado.
 
Þ    Sanciones comerciales: en cumplimiento de la regulación determinada, el Administrador coordinaría sanciones para los agentes que presentan obligaciones incumplidas”.
 
Así mismo, el documento Conpes recomendó: i) estudiar e implementar, en coordinación con el MHCP y el DNP, los mecanismos necesarios para la agilización del pago de recursos de las entidades territoriales y aseguradoras a las IPS Públicas, de manera que el Gobierno Nacional pueda hacer los giros directos a las IPS Públicas por concepto del pago de sus servicios; y ii) Diseñar, en coordinación con el MPS, un mecanismo para la suscripción de acuerdos de pago de la cartera vieja de las entidades territoriales, entre la entidad territorial y la Superintendencia Nacional de Salud, como condición para la no sanción.
 
Perro, una vez analizados los Decretos de Emergencia Social, que buscan mejorar el incontrolable perjuicio causado a las instituciones y personas participantes en el sistema de salud por el no flujo de los recursos de salud, y a través de los cuales se modifican aspectos de manejo de los recursos por parte de las entidades territoriales en el régimen subsidiado para ser manejados por un patrimonio autónomo centralizado, para evitar la demora en los pagos y la pérdida de loo recursos del régimen subsidiado, la creación del fondo de prestaciones excepcionales que en forma centralizada se hará cargo del reconocimiento y pago de lo no cubierto por el POS del régimen contributivo para evitar los conflictos con el administrador fiduciario del fosyga, la evaluación de las ESE en el manejo de los bienes y recursos que permitan la adecuada atención de la población a su cargo, nos permiten ver, que se legisló para los prestadores públicos, los entes territoriales y el propio fosyga, pero se observa, con preocupación, la falta de regulación sobre uno de los actores, que si bien no es el único causante, hace parte de la cadena que ha generado la demora y la traba de los recursos del sistema de salud colombiano, los pagadores de los servicios de salud, ya que vemos con extrañeza la regulación de los demás sectores involucrados pero la falta de regulación sobre uno de estos, diría los más importantes, como son los pagadores que en mucho tienen que ver en la problemática del no oportuno pago, de la iliquidez de prestadores y del sistema y del grave peligro por este evento de la situación de salud de los colombianos.
 
En qué queda entonces la recomendación hecha por el Conpes 3447 de 2006 al Ministerio de Hacienda Crédito Público -MHCP, al Ministerio de la Protección Social -MPS y al Departamento Nacional de Planeación- DNP de “la elaboración de una propuesta que permita la solución estructural en el flujo de recursos”, basada en la figura del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, cuya “función fundamental es la de ser el agente neutral encargado de administrar (con base en un manual de operación) la asignación y remuneración de recursos para honrar las cuentas que tienen lugar al interior de un mercado” y con el objetivo de facilitar la operación de flujos financieros en un mercado con múltiples demandantes y oferentes. Figura  que mediante el mecanismo de Mandato de los integrantes del mercado está en capacidad de liquidar valores adeudados a los oferentes de servicios y de entregar la remuneración por tales servicios en nombre de los demandantes, garantizando la neutralidad y agilidad en el flujo de recursos. Permitiendo así que entidades como las EPS, los regímenes excepcionales, las aseguradoras de planes de beneficios adicionales de salud, las aseguradoras del SOAT y las ARP, se dediquen a lo suyo, esto es a realizar el verdadero proceso de aseguramiento y la gestión del riesgo en salud, asumiendo el riesgo transferido por el usuario, esto es, su vida y salud, y cumpliendo cabalmente con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud, concentrándose así, en lo que verdaderamente ha pretendido la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, camino que han perdido por convertirse en bancos administradores de recursos y pagadores de servicios de salud.
 
No existen criterios de equidad en la regulación de la Emergencia Social en salud, o será que los prestadores, lo usuarios y algunos pagadores son los únicos culpables del deterioro del sistema? Los demás pagadores no? Pasan en limpio el examen? Habrá que verlo y esperar el sustento del Gobierno para ello.
 
2. La Ley del Factoring.[3]
 
La búsqueda del mejoramiento de la calidad y reducción de costos han sido un desafío inquebrantable para la creación de empresa. El crecimiento, rentabilidad e incluso supervivencia de la empresa se hayan íntimamente relacionados con la efectividad con la que se logran crear y capitalizar las oportunidades en el mercado, lo que abre espacios para mecanismos de financiación diferentes al sistema financiero tradicional, que pueda lograr liquidez inmediato, posibilitando el aumento de productividad y ventas, al poder financiar el capital de trabajo con mínimas garantías.
 
Cuando llega el fin de mes y el escritorio no tiene más que facturas, las cuentas no tienen fondos, los bancos no prestan un peso más y los proveedores no están dispuestos a seguir esperando, que bueno sería que alguna de esas cuentas por cobrar se convirtiera en un fajo de dinero. El modelo existe y se llama factoring. Una alternativa financiera para convertir las facturas en títulos negociables, por medio de la venta de la cartera. Es decir, dejando en manos de terceros la labor de cobrar la cuenta, de tal forma que se recibe efectivo sin tener que esperar.
 
El factoring se considera como una alternativa de financiación, ya que a través de la venta de facturas a un tercero, llamado factor, la empresa puede obtener liquidez, teniendo como costo, el descuento financiero que pueda otorgar al factor. El factor (inversionista) cobra la factura en el momento de su vencimiento, por lo cual, su utilidad será la diferencia entre el valor comercial de la factura y el descuento que da el proveedor por pronto pago, algunos autores llegan hasta afirmar que el origen del factoring se encuentra en las practicas comerciales que existían en Babilonia en la época de Hammurabi (1792-1750 a.de. c.)
 
El factoring se convierte en una alternativa interesante de recursos debido a que crece el financiamiento de las empresas apalancado en sus proveedores.
 
Algunos beneficios del factoring están representados por la venta de las facturas al descuento, la protección contra el riesgo de crédito, la certeza en las cuentas por pagar y el incremento de la utilidad marginal y en descuento de contratos permite la obtención del flujo de caja sin necesidad de anticipo, a través de la cesión de los derechos económicos.
 
Se destaca que hoy el factoring representa el 1,81% del PIB mundial y el 2,56% del PIB de los países desarrollados en los que se destaca Irlanda con 18,9%, Reino Unido con 14,5%, Portugal con 12,1%, Chile con 10,9% e Italia con 9,1% de su PIB; y buena parte del éxito del factoring en el mundo se debe a que entre el 50% y 70% de las Pymes en el planeta entero, tienen acceso limitado a recursos de la banca tradicional, de ahí que este se convierta en un refugio para las empresas.
 
El Factoring, es un sistema de financiación muy importante aunque de poca implementación en el área de la salud, sin embargo es de gran interés para el crecimiento de país, tanto que el mes de Julio de 2008, el Estado Colombiano emite la LEY DE FACTORING, esto es, la Ley 1231 de 2008.
 
Desde el año pasado, luego de la reglamentación de la Ley 1231 de 2008, el factoring ha venido tomando fuerza en Colombia.
 
La existencia de competencias de más oferta que demanda, las crisis económicas mundiales, todas las tendencias negativas afectan la prestación de servicios de salud, abriéndole campo al factoring y solucionando así un factor importante en la economía, como son las carteras pendientes por pagar de una institución.
 
El factoring busca que las empresas se aprovechen del imperio financiero de un grupo de inversionistas para dinamizar su proceso de cartera, obteniendo el dinero generado por su trabajo de forma inmediata para así iniciar nuevamente su ciclo productivo, claro, que pagando un costo administrativo relativamente bajo por tan alto beneficio. Con esta integración se pretende dar a conocer mas el factoring en salud, planteando la posibilidad del uso no solo en las grandes entidades en salud, sino también en los PSS, de mediano y pequeño tamaño.
 
En el área de la salud es innegable el gran desarrollo tecnológico que se ha dado, como es de esperarse, en el ámbito administrativo y financiero, ha logrado entrar en la economía global, agregándole un interesante matiz de simultaneidad, eliminando barreras geográficas y físicas, poniendo en el mismo plano y con las mismas posibilidades para todo tipo de empresa, relacionado con el tamaño de la misma. Estos avances en la globalización económica han propiciado el ambiente para una valiosa herramienta surja, el factoring, dando mayor dinamismo y transparencia al proceso de negociación de las facturas.
 
En la globalización mundial y en constante evolución, existen instrumentos de financiación que se utilizan alrededor del mundo. Entre ellos se encuentra el factoring, siendo una valiosa herramienta de financiación, a tono con muchas otras actividades financieras. En el campo de la salud el factoring, rompe con paradigmas antiguos, haciéndose un campo vanguardista positivo.
 
El factoring en primera instancia es un esquema coherente y articulado de objetivos, estrategias y procesos que permite asegurar el cumplimiento de propósitos institucionales, definidos a partir de la correspondencia entre las entidades financieras y las empresas en el área de la salud.
 
La figura del factoring se acomoda a las necesidades del cliente o del sector para este caso garantizando flujo de caja, liberación de capital de trabajo y aumentando la posibilidad de atención oportuna a pacientes, lo que varia facilitando el aumento de ingresos, siendo así el factoring una formula comercial y financiera para anticipar el cobro de los servicios; se impone en el sector como una novedosa y muy útil operación.
 
La expedición de la ley 1231 que convierte las facturas en títulos valor y facilita las operaciones de “factoring” o venta de facturas, además sustituye las reglas de pago de la ley 1122 de salud y crea un contexto legal favorable para la realización de las operaciones financieras con base en la compra de facturas o crédito sobre facturas en el sector salud.
 
La liquidez disponible por este método le puede permitir a los actores y especialmente a los prestadores de servicios de salud pagar en forma oportuna y con descuento a los proveedores, recuperando por así cualquier costo del factoring.
 
Se constituye a la vez en una forma a través de la cual, los prestadores de servicios de salud y los proveedores se pueden quitar de encima el costo de cobro de cartera y el desgaste administrativo que esto genera. Adicionalmente se le entrega al “factor” (así llamado el comprador de la cartera) el cobro de intereses de mora y posiblemente los costos de los cobros jurídicos.
 
Dicho intermediario (factor o factoring), consigue un porcentaje por hacer válida la cobranza de la factura y así le daría mayor flujo de dinero a la compañía que presta el servicio.
 
 Es claro que si el “factor” es un banco la discusión con las EPS, Fosyga y Secretarias de Salud es entre entidades de gran tamaño y alto calibre, no entre una entidad de gran tamaño y una de pequeña o mediana estatura como es hoy la relación entre pagadores y prestadores de servicios de salud, y entre prestadores de servicios de salud y los profesionales.
 
Con la Ley 1231 de 2008, se abre la opción de que el sector salud consiga otros mecanismos para llegar a procesos de cobro efectivos por vía jurídica y podrá negociar facturas en el mercado financiero, ya que antes no se tenía el beneficio de título valor para las facturas de prestadores de servicios por tratarse de la prestación de servicios de salud; ahora un prestador de servicios de salud, puede convertir las facturas en recursos con un simple endoso.
 
La obtención oportuna de liquidez, vía factoring, permite a los prestadores de servicios de salud o al profesional pagar oportunamente el suministro de medicamentos o pago de otras deudas obteniendo del acreedor descuentos que sean superiores a los intereses pagados al “factor”. En ese caso se gana doblemente porque obtiene liquidez y se obtiene una utilidad en el diferencial entre los intereses pagados y los descuentos obtenidos.
 
En la medida que se conoce el negocio del factoring, obtiene mayor acogida entre los productores y compradores. Es una operación atractiva para las dos partes y las perspectivas financieras y económicas del país ayudaran a su futuro desarrollo. Se reconoce, que en Colombia ha tenido dificultades, en parte por la falta apropiada de divulgación, pero ahora cuando son escasas y costosas las fuentes tradicionales de financiación, surge como una efectiva respuesta para dinamizar las ventas y a su vez, facilitar la compra de bienes y servicios.
 
En Colombia, el potencial de este mecanismo de financiación empresarial es tan grande, que los promotores de la Ley 1231 de 2008 han señalado que en un término de 5 años el volumen del factoring llegará a representar alrededor del 6% del PIB (todavía la mitad de lo alcanzado en Chile).
 
Sin embargo, para lograr este objetivo será necesario eliminar los cuellos de botella que continúan frenando la masificación del factoring.
 
Pese al auge del negocio de factoring en el país, algunas de las empresas que quieren acudir a este modelo se encuentran con barreras para acceder a éste, impuestas por sus mismos clientes y por el propio gobierno en la normatividad especial del sector salud, se trata de mecanismos que no permiten la liberación de las facturas, se destaca la retención de los originales, la imposición de sellos que impiden la negociación de las facturas y las amenazas de decodificación a los proveedores que endosen sus cuentas de cobro a terceros; de otra parte, algunas grandes empresas vienen haciendo uso de su posición dominante y “retienen” dichas facturas a las Pymes, lo cual va en contra de lo estipulado en la nueva Ley de Factoring.
 
No obstante lo anterior, como posible solución y salvación a la problemática del flujo de recursos en el sector salud, de manera desconcertante, y protectora con los acreedores del sistema, en su caso las EPS con los prestadores de servicios y éstos con sus proveedores, especialmente el servicio médico, para solo mencionar una parte de la cadena económica, el Ministerio de Protección Social ha considerado lo siguiente:

"… se reitera que, en virtud de la falta de claridad ya mencionada, se deben continuar aplicando las normas específicas para el sector salud en el caso de la factura.”

Lo cual se ratifica con asombro en la emisión por parte del Gobierno del Decreto 133 de 2010 de Emergencia Social en Salud.
 
En este orden de ideas y de conformidad con lo expresado por el Viceministerio de Salud y Bienestar del Ministerio de la Protección Social y el Decreto 133 de 2010, la facturación de los servicios de salud no está sujeta a la aplicación de lo indicado en la Ley 1231 de 2008, por tal razón, los prestadores de servicios de salud deben aplicar lo indicado en el Decreto 133 de 2010.

En conclusión, para el sector salud no habrían facturas como títulos valores, se aplicarán las normas especiales, Ley 1122 de 2007, Decreto 4747 de 2007, Decreto 133 de 2010, y no habrá posibilidad de transferirlas mediante endoso a terceros.
 
Sin embargo, se recomienda al Gobierno y más en la declaratoria de la Emergencia Social en Salud tener, en cuenta, que no se puede perder de vista que cuando existe una relación contractual previa entre la entidad prestadora de servicios y la ERP o la aseguradora, la ley de facturas tiene plena aplicación, toda vez que se trata de un contrato de prestación de servicios.
 
La Ley 1231 es conveniente para el sector salud, porque desde hace tiempo se pedía que el sector prestador de servicios tuviera esa ventaja que tenían otros sectores, de una factura como título valor, y plazos y condiciones de pago más estrictas;
 
Se busca mayor flujo de recursos, específicamente para los Prestadores de Servicios de Salud, los cuales tiene carteras muy altas y los pagadores no permiten un flujo suficiente de recursos para que estos puedan mantener en funcionamiento las instituciones y sus servicios.
 
Si se logra un equilibrio, donde los pagadores de servicios de salud paguen a los prestadores más oportunamente basándose en el fundamento de la ley, y los prestadores de servicios tienen a tiempo los recursos para cancelar a proveedores de bienes y servicios, habría un flujo mayor de recursos y todos se beneficiarían.

[1]“La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección, y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de la salud y la de su comunidad.” Artículo 49 de la Constitución.

[2] Tanto el documento CONPES 3447 como el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 señalan la necesidad para el gobierno nacional de estudiar la figura del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales en Salud a fin de solucionar demoras en el flujo de recursos entre prestadores de servicios de salud y pagadores, causadas por las fallas en las relaciones entre los agentes, que repercuten claramente en el funcionamiento del eslabón final de la cadena de prestación de servicios, la atención al paciente.

[3]Ley 1231 de 2008.

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Manual de criterios para la autorización, permanencia y habilitación de EPS – Res. 497 de 2021

El Ministerio de Salud publicó el Manual de Criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia para las EPS.

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Estos serán los criterios para la autorización, habilitación y permanencia de EPS - Res. 497 de 2021

El Ministerio de Salud reglamentó los criterios y estándares para el cumplimiento de las condiciones de autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de operar el aseguramiento en salud. Adicionalmente, a través de esta se adopta además el Manual de Criterios y estándares para la autorización, habilitación y permanencia de estas entidades.

Según el documento las entidades que se encuentren  con medida impuesta por la Superintendencia  Nacional de Salud deben cumplir las condiciones de habilitación en los términos y plazos establecidos en el Decreto 780 de 2016. No obstante, el plazo para el cumplimiento de las condiciones  de habilitación  para estas entidades nunca podrá ser superior al definido para las entidades que no se encuentren incursas en medidas.

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Criterios de autorización y habilitación de EPS

Las EPS deberán demostrar su capacidad técnico-administrativa, tecnológica  y científica, a través del cumplimiento permanente de los criterios y estándares definidos en el Manual que se establece también en esta resolución los cuales se encuentran organizados en los siguientes grupos:

  • Gobierno  organizacional
  • Sistema de gestión de riesgos
  • Afiliación novedades y libre elección en el SGSSS
  • Reconocimiento de prestaciones económicas
  • Atención  al usuario
  • Sistema de peticiones,  quejas,  reclamos,  sugerencias,  denuncias  y tutelas
  • Fortalecimiento de la cultura de la seguridad social Garantía de la prestación  de los servicios de salud Gestión de la salud pública
  • Contratación y pago de tecnologías en salud
  • Gestión del talento  humano Tecnologías de información

Sistema de gestión de riesgo

El Sistema de Gestión de Riesgos centrado en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, debe permitir a las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud, la identificación, evaluación,  medición,  seguimiento y monitoreo de los riesgos que pueden afectar la salud de la población afiliada y la operación de la entidad.  La implementación del Sistema de Gestión de Riesgos corresponde:

  • Fortalecer el proceso de gestión  integral del riesgo en salud de la entidad, con el fin de garantizar el acceso equitativo, oportuno, continuo y eficiente a los servicios  de salud de la población afiliada,  integrando las perspectivas diferenciales de atención, para el mejoramiento de la experiencia de los usuarios con la atención y la obtención de mejores  resultados en salud con la mejor utilización de los recursos  disponibles.
  • Fortalecer la capacidad de la entidad para abordar  los riesgos y  oportunidades asociados  con  su  contexto, funciones y objetivos, generando condiciones de estabilidad operativa y financiera a través de la definición de políticas, procesos y procedimientos de gestión,  que incluyan metodologías de identificación, evaluación, medición, seguimiento y monitoreo de diferentes categorías de riesgos.
  • Promover  una cultura institucional de autoevaluación, mejora continua, innovación y desarrollo de capacidades, orientadas al fortalecimiento de la gestión del aseguramiento en salud por parte de las entidades responsables de la operación  del aseguramiento en salud.
  • Estimular una cultura organizacional de servicio centrada en el usuario, con transparencia,  autorregulación, calidad,  uso adecuado de la información  y mejoramiento continúo en todos  los procesos  propios  de la entidad.

Es preciso mencionar que las EPS deberán diseñar e implementar un modelo de atención en salud para la población  afiliada, soportada en los procesos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros que den cuenta del cumplimiento de los criterios y estándares establecidos en el manual  técnico, entendiendo que los lineamientos para la Gestión  de Riesgos  en Salud corresponden al cumplimiento de todos los grupos de criterios  y estándares dispuestos.

Así mismo, las EPS deben organizar un modelo de atención y prestación de servicios de  salud en  las entidades territoriales donde se encuentren autorizadas, el cual debe atender y reconocer las prioridades de salud en el ámbito territorial específico, garantizar el acceso, la oportunidad, la calidad, la eficiencia, la suficiencia y la continuidad de los servicios de salud.

Estas entidades dispondrán para los afiliados, el recurso humano y los procesos administrativos de  soporte  y  comunicación apropiados al  contexto socio – cultural integrando los enfoques diferenciales y  poblacionales,  de forma que facilite y agilice las solicitudes de demanda y autorización de servicios y tecnologías, la comunicación  entre la entidad y los afiliados, el  reporte y solución  dé las  peticiones,  quejas,  reclamos, solicitudes y denuncias recibidas, logrando la trazabilidad de cada proceso.

Progresividad del cumplimiento para habilitación

El cumplimiento progresivo de los criterios y estándares de habilitación será el siguiente, según los criterios:

Hasta el 30 de junio de 2021:

  • Gobierno Organizacional
    • Estatutos y organización de la entidad
    • Código de conducta de Gobierno Organizacional
    • Rendición de cuentas
  • Sistema de Gestión de Riesgos
    • Sistema de Gestión de riesgos de la entidad
    • Gestión Integral del Riesgo en salud (OT)
  • Afiliación novedades y libre elección en el SGSSS
    • Afiliación y reporte de novedades (OT)
    • Estrategias para evitar la selección de riesgo
    • Garantía de la libre elección de los afiliados
  • Reconocimiento de prestaciones económicas
    • Reconocimiento de prestaciones económicas OT
  • Atención al usuario
    • Atención al usuario a través de diferentes canales de comunicación (OT)
    • Red de oficinas y puntos de atención al usuario (OT)
  • Sistema de peticiones, quejas, reclamos sugerencias denuncias y tutelas
    • Sistema estandarizado de gestión de PQRS (OT)
    • Sistema estandarizado para gestión de requerimientos judiciales (OT)
  • Fortalecimiento de la cultura de la seguridad de social
    • Mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas
    • Impulso a la cultura de la seguridad social en salud
  • Contratación y pago de tecnologías en salud
    • Política de contratación y pagos
    • Organización y estructura de auditoría (OT)
    • Gestión del talento humano

Hasta el 31 de diciembre de 2021:

  • Garantía de la prestación de los servicios de salud
    • Prestación efectiva de servicios y tecnologías en salud (OT)
    • Red de Prestadores de Servicios de Salud (OT)
    • Referencia y contrarreferencia (OT)
  • Gestión de la salud pública
    • Planeación integral para la salud (OT)
    • Ejecución de las intervenciones individuales de mantenimiento de la salud
    • Vigilancia en Salud pública
  • Tecnologías de información
    • Plan estratégico de tecnologías de información
    • Sistemas de información (OT)
    • Seguridad, privacidad y trazabilidad de la información de la entidad (OT)
    • Contingencia, continuidad y respaldo de los sistemas de información de la entidad.

También puede leer: ¿Cómo garantizar el acceso a las vacunas cuando hay tantos sistemas de salud débiles?

Verificación y evaluación de los criterios

La Superintendencia de Salud establecerá e implementará un cronograma de verificación y evaluación de las condiciones de habilitación y permanencia, a partir de abril de 2021, de acuerdo con la progresividad establecida en el manual de verificación.

Del mismo modo, el seguimiento y verificación  a las condiciones financieras  y de solvencia  de  las  entidades  autorizadas  para  operar  el aseguramiento en salud, se realizará dando cumplimiento  a a Sección 1   del Capítulo 2 del Titulo 2 de la  Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016,  Único Reglamentario  del Sector Salud.

Finalmente, la Supersalud consolidará la información  obtenida sobre la autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud y elaborará un repositorio que identifique:

  • las entidades con autorización nueva o actualizada y la vigencia de esta
  • las condiciones y alcance de las autorizaciones concedidas,
  • las  entidades  en medida  administrativa  especial  autorizadas  y la  vigencia  de  la autorización,
  • las entidades autorizadas que cumplen las condiciones de habilitación.
  • Documento adjunto

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Plataforma PISIS abierta al registro de información del THS

Hasta el próximo 23 de abril se podrá registrar al talento humano en salud que no haya sido vacunado en la plataforma PISIS dispuesta por el Ministerio de Salud

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habilitan plataforma PISIS informacion THS

Si usted hace parte del talento humano en salud que no ha recibido la vacuna, preste mucha atención y tenga presente la siguiente información: el Ministerio de Salud habilitó una vez má- la plataforma PISIS hasta el viernes 23 de abril. La reapertura se da para que el personal sanitario, el personal de apoyo logístico o los estudiantes de pregrado o posgrado en práctica clínica que todavía no haya recibido su vacuna contra covid-19, sea inmunizado.

De acuerdo con el Dr. Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Colombia cuenta con el 88% del personal de salud vacunado contra el coronavirus, correspondientes a 801.776 personas con formación en salud. Al momento de sus declaraciones, se habían aplicado 708.350 dosis.

“Somos conscientes de que algunos profesionales no se inscribieron de forma oportuna y por eso se abrió la plataforma PISIS, desde este viernes hasta el próximo viernes, por única vez, para que los profesionales puedan inscribirse, tengamos coberturas importantes y sigamos protegiendo a este grupo tan importante que nos protege y nos cuida a todos”, resaltó Moscoso.

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¿Quiénes pueden registrarse en la plataforma PISIS?

Según lo estipulado en la resolución 493 del 15 de abril de 2021, se habilita el cargue de información de los registros que identifican al THS, personal de apoyo logístico y administrativo, estudiantes de pregrado y posgrado de programas técnicos, tecnológicos y universitarios que se encuentren en práctica clínica en IPS.

A su vez, los prestadores de salud inscritos como profesionales independientes en el Registro Especial de Prestadores de Salud – REPS son los encargados de reportar la información del THS y demás personal para el que aplique dicho registro en la plataforma PISIS. Cabe aclarar que este proceso únicamente podrá realizarse entre el viernes 16 de abril y el viernes 23 de abril. Además, si las entidades responsables todavía tienen personal de primera línea (correspondiente a la etapa 1 del Plan de Vacunación contra Covid-19) , se pueden reportar pero su información quedará cargada en la etapa 2.

En cuanto a los responsables de la veracidad de la información, la resolución 493 reitera que ésta recae sobre los gerentes o directores de IPS, profesionales, prestadores con objeto social diferente y transporte especial de pacientes, bien sea del Sistema General de Seguridad Social en Salud o de los regímenes especiales y de excepción vigentes. También aplican gerentes y directores de otras instituciones como el INS, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud.

Para garantizar la idoneidad de la información, cada entidad que haga su reporte en la plataforma PISIS deberá adjuntar los archivos firmados digitalmente. De esta manera, se les protege bajo las condiciones más estrictas de confidencialidad. La firma digital solo será válida con certificado digital emitido por autoridades competentes.

Conozca detalles adicionales sobre estos registros en la plataforma PISIS haciendo clic en el botón “Descargar”.

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Gobierno anuncia nuevas medidas para mitigar nuevo pico de contagios Covid-19

A través de la circular conjunta 10189 de 2021 emitida por el Minsalud y el MinInterior se establecen las nuevas medidas que deberán acatadas en el país

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Gobierno anuncia nuevas medidas para mitigar nuevo pico de contagios Covid-19

Ante el nuevo pico de contagios el Gobierno nacional anunció las nuevas medidas que regirán en todo el territorio nacional a partir de hoy. A través de la circular conjunta 10189 de 2021 emitida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud se dieron las directrices que deberán ser acatadas por los mandatarios locales y la ciudadanía.

Este documento mantiene las directrices diferenciales para los grupos de ciudades con diferentes porcentajes de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo. Por ejemplo las ciudades y regiones con ocupación de UCI entre el 50% y el 69% deberán:

  • Instaurar medidas de pico y cédula durante las  próximas dos semanas, esto es, entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021  hasta las 00:00 horas del lunes 03 de mayo de 2021.  Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.
  • Establecer restricciones  nocturnas a la  movilidad,  entre las  10:00 p.m.  del próximo lunes 19 de abril de 2021 hasta las 05:00 a.m. del lunes 03 de mayo de 2021. Se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas.  Bajo  ninguna  circunstancia  se  puede  prohibir  el  acceso presencial  para  la  adquisición  de  bienes  de  primera  necesidad  durante  la  restricción nocturna de movilidad.

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Por otro lado las ciudades y regiones con ocupación de UCI entre el 80% y el 84% deberán adoptar las siguientes medidas:

  • Instaurar medidas de pico y cédula durante las  próximas dos semanas, esto es, entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021  hasta las 00:00 horas del lunes 03 de mayo de 2021.  Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.
  • Establecer restricciones  nocturnas a la  movilidad,  entre las  08:00 p.m.  del próximo lunes 19 de abril de 2021 hasta las 05:00 a.m. del lunes 03 de mayo de 2021. Se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas.  Bajo  ninguna  circunstancia  se  puede  prohibir  el  acceso presencial  para  la  adquisición  de  bienes  de  primera  necesidad  durante  la  restricción nocturna de movilidad.
  • Bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el acceso  presencial para la adquisición  de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar esta actividad.

Las regiones cuya ocupación UCI sea de más del 85% deben acatar estas directrices:

  • Instaurar medidas de pico y cédula durante las  próximas dos semanas, esto es, entre las 00:00 horas del próximo lunes 19 de abril de 2021  hasta las 00:00 horas del lunes 03 de mayo de 2021.  Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.
  • Establecer restricciones  nocturnas a la  movilidad,  entre las  06:00 p.m.  del próximo lunes 19 de abril de 2021 hasta las 05:00 a.m. del lunes 03 de mayo de 2021. Se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que para su retorno se movilicen en las fechas señaladas.  

Cabe resaltar, que cuando  la velocidad de ocupación  de camas en un territorio, en un término de tres días, presente un ascenso en un porcentaje igual o mayor al 20%, se podrá solicitar al Ministerio de Salud,  la evaluación de medidas  especiales.  Dichas medidas  se analizarán  en el Comité Asesor  de  Expertos y se enviará  un  informe epidemiológico  al Ministerio del Interior para que las mismas sean autorizadas.

Nuevas medidas que deben adoptar alcaldes y gobernadores

Adicionalmente los alcaldes y gobernadores deben acatar las siguientes ordenes del Gobierno:

  • No autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración  de personas.
  • No  habilitar   la  apertura  de  discotecas   y   lugares  de  baile,  el  consumo  de  bebidas embriagantes en espacios  públicos  y establecimientos  de comercio,  de acuerdo  con lo establecido en el Decreto 206 de 2021. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes,  ni el consumo en restaurantes,  como tampoco  su comercialización  a través de plataformas digitales o domicilios.
  • Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general.
  • Prohibir la realización  presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional.
  • Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70% o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como playas, malecones y  plazoletas,  en  las  que  se  identifique  violación  a  los  protocolos  de  bioseguridad.  La regulación  deberá  limitarse a las zonas  o sectores  donde  se presenten  las condiciones expuestas.
  • Generar  mensajes  pedagógicos   a  través  de  los  diferentes  canales  locales,  donde  se refuercen las  medidas de prevención y control ante nuevos casos de COVID-19.
  • Monitorear el comportamiento  de la ocupación de las  Unidades de Cuidados Intensivos.
  • Reforzar los mensajes de riesgo ante sus comunidades  con la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad.
  • Fortalecer el control de protocolos de bioseguridad y tomar las medidas correspondientes de acuerdo al decreto 309
  • Fortalecer la estrategia  PRASS por parte de todos los actores del sistema  para garantizar la búsqueda activa, el aislamiento  y la toma de pruebas en el territorio.
  • Motivar el teletrabajo  en  las  instituciones  públicas  y privadas que  permita  disminuir  la movilidad en las ciudades.
  • Establecer compromisos  con los empresarios para determinar turnos de trabajo que eviten las aglomeraciones en las instalaciones y en los medios de transporte.

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De igual forma, se recuerda a todos los alcaldes del país que, de acuerdo con lo establecido en el Decreto  539 de 2020 y el Decreto 206 de 2021,  es de su competencia la vigilancia del cumplimiento de los  protocolos  de bioseguridad  y la  toma de las  medidas sancionatorias por su incumplimiento.

Finalmente, la circular aclara que cualquier medida debe tener la debida autorización del Ministerio del Interior,  a donde  de manera previa deberán enviarse  los  proyectos de decreto en los que se adopten  las  mismas,  en el  marco de  la  pandemia   a  través  del  correo electrónico [email protected]

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