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Opinión

La salud pública en riesgo en el Plan Nacional de Desarrollo

El pasado 22 de Marzo se dio la aprobación en el primer debate de comisiones económicas conjuntas de Cámara de Representantes y Senado del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno había presentado un documento inicial con 183 artículos, y la noche anterior a la votación introdujo 126 nuevos, más las modificaciones a los previos.

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LA SALUD PÚBLICA EN RIESGO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El pasado 22 de Marzo se dio la aprobación en el primer debate de comisiones económicas conjuntas de Cámara de Representantes y Senado del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno había presentado un documento inicial con 183 artículos, y la noche anterior a la votación introdujo 126 nuevos, más las modificaciones a los previos. La votación se dio mediante un pupitrazo en la tarde de ese viernes, el quórum del pupitrazo fue completado por los senadores Luis Eduardo Diaz Granados, Arturo Char de Cambio Radical y Mauricio Gómez del Partido liberal, que contrariando la decisión de sus bancadas decidieron aparecer a última hora a dar su aprobación del Plan, incluso sin haberlo leído como lo manifestó públicamente uno de los senadores.

En ese sentido se manifestó el Jefe de la colectividad de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras en su columna del Tiempo, quien dijo que la noche anterior había hablado con uno de los dos senadores de su partido y no le había comentado de su intención de apoyar el Plan de Desarrollo. Este caso pareciera asimilarse al de la Yidis Política y tendrá que ser objeto de investigación si hubo dádivas a los senadores para el logro de este intempestivo apoyo.

En materia de salud el Plan de Desarrollo pupitreado presentó enormes retrocesos. Es evidente que el Gobierno Nacional no acogió las propuestas y recomendaciones que se elaboraron juiciosamente desde organizaciones de la sociedad civil, gremios médicos, pacientes y trabajadores de la salud. El articulado persiste en la ilegalidad de contrariar la ley estatutaria en salud y es notable la presencia de las EPS y los gremios del sector financiero en las medidas que finalmente adoptó el gobierno.

En el artículo 55 se pretendía supeditar las transacciones de las EPS que superen el 10% a un visto bueno del Superintendente de Salud, se había propuesto incluir allí a la Super sociedades, Super de Industria y Comercio, y los conceptos de la Procuraduría y la Contraloría General de la República, contrapesos para blindar el flujo de recursos públicos de la salud. El articulado aprobado no adopta estas medidas básicas anticorrupción y deja estas decisiones al Superintendente de Salud, ni siquiera a la Supersalud como institución, sino que deja estos controles al dedazo de un funcionario. Esto da cuenta con un pobre compromiso del gobierno con la trasparencia del sistema, la falta de controles ahondará la corrupción que ha campeado en el sistema de salud colombiano y dicen combatir.

Pero existen asuntos tan graves como que el articulado aprobado, en la práctica acaba con la red de hospitales públicos, esto implica los hospitales regionales, los hospitales universitarios y los centros de salud que responden por la atención de los colombianos en las zonas dispersas, rurales que corresponden a 22 millones de ciudadanos. En el artículo 56 obliga a los Hospitales Públicos a someterse a planes de saneamiento fiscal y financiero a cargo del Ministerio de Hacienda so pena de ser liquidados. Desconoce abiertamente el principio de rentabilidad social que debe regir a estas instituciones conforme lo expresa la ley estatutaria en salud. Los Hospitales públicos deben ser manejados con trasparencia y rigor administrativo, pero no pueden responder a los principios de rentabilidad financiera, en tanto su objeto misional es la garantía de la atención en salud para la población más vulnerable en el sistema de salud colombiano.

A esto se suma el artículo 129 en el cual se destinan recursos para subsidio a la oferta de los hospitales públicos, es decir, en zonas como el Guainía o el Chocó el hospital debe permanecer abierto las 24 horas del día independiente si haya demanda o no, pero el hospital debe estar disponible y accesible ante una eventual necesidad de la población, por eso su financiación no debe estar dada por la demanda, porque sería inviable, sino que se deben financiar la oferta, lo que se denomina subsidio a la oferta. Este artículo entrega un subsidio a la oferta del 2% de los recursos del sistema general de participación, esta es una cifra pírrica y demagógica de respaldo financiero del Estado a su red pública hospitalaria, pero además legaliza que privados que explotan la infraestructura pública en modalidades de tercerización reciban estos recursos. Para terminar de acabar con los Hospitales Públicos, en el artículo 135 del PND que pupitrearon en el Congreso, el gobierno deja opcional la medida del giro directo, que tenía un carácter obligatorio para el régimen subsidiado y para las EPS que tiene  medidas de vigilancia especial por parte de la Supersalud, es decir, el giro directo era una medida que facilitaba el flujo de recursos desde el fondo público ADRES a las clínicas y hospitales, surgió como una medida de trasparencia por los manejos irregulares de los recursos de la salud de las EPS. Con la eliminación del carácter obligatorio de esta medida se afecta la llegada de recursos de los hospitales aumentando su inviabilidad.

Es notable la influencia de las EPS en revertir esta medida, pues les permite continuar como intermediarios de los recursos de la salud que manejan de manera especulativa en el sector financiero y retrasan todo el flujo de recursos en el sistema. Las EPS reciben el 10% de todos los recursos de la salud solo por existir, es decir, si el sistema moviliza 40 billones de pesos anuales, 4 billones van para el funcionamiento de las EPS en lo que ellos denominan costos administrativos, a esto se suma las ganancias que obtienen por los rendimientos financieros de manejar billonarias sumas en los bancos, y lo que ganan en la integración vertical con los prestadores de salud de su propiedad a quienes le privilegian los giros y tarifas. Es un negocio redondo, en donde no tienen mayor necesidad de aportar capitales propios, porque obtienen casi la totalidad de los recursos del Estado.

El gobierno conoce muy bien esta realidad, no obstante ante la opinión pública manifiestan que el sistema necesita más recursos para su financiación, y la decisión que adoptan en el artículo 113 del PND es la creación de un piso mínimo de protección social, para obligar a la población de más bajos recursos a hacer aportes al sistema además de los impuestos que tributan, la pretensión es que 2,5 millones de colombianos del régimen subsidiado comiencen a hacer más aportes al sistema so pena de no ser atendidos , con esto dicen que recaudarán 1 billón de pesos. Este dato se debe analizar a la luz del artículo 137 en el que crean un sistema de incentivos monetarios para los distintos agentes particulares del sistema, aseguradores EPS, prestadores IPS, en donde se les daría más recursos por cumplir lo que tienen que hacer y dar cuenta de resultados en salud. Es decir, a las EPS se les entrega el 10% de todos los recursos de la salud, pero se les daría más aportes por cumplir con sus obligaciones, mientras se obliga a la población ingresos bajos del país a hacer más aportes al sistema. Esto es Robin Hood, pero al revés, quitarles a los pobres para financiar a los poderosos.

A eso se le debe sumar que el Plan de Desarrollo en contra de la ley estatutaria mantiene la figura del POS y No POS, esto se hace para mantener la rentabilidad económica de las EPS, veamos: El Pos es el conjunto de tecnologías y tratamientos que deben pagarse con la UPC que es el monto per cápita que gira el Estado a la EPS por cada uno de sus afiliados, luego el No Pos debe ser prestado por las EPS pero pueden recobrarlo al Estado, lo que más conviene a las EPS  es que la mayoría de tratamientos estén en el No Pos (Sin cargo a la UPC), para recobrar y además ahorrarse la UPC. La ley estatutaria acabó el Pos y el No Pos, la consecuencia es que el sistema tendría que dar todos los tratamientos y tecnologías dentro de la misma UPC, y lo único que se tendría que pagar con recursos de la nación distintos a los de la UPC son unas exclusiones que define el artículo 15 de la ley estatutaria. Desde el gobierno anterior en cabeza del Ex Ministro Alejandro Gaviria, se generaron artificios mediante actos administrativos para burlar la ley estatutaria y mantener el POS y No POS (Con cargo a la UPC y sin cargo a la UPC) que favorece plenamente la extracción de renta de las EPS. Estas medidas se mantienen en este Plan de Desarrollo, pero además en los artículos correspondientes al acuerdo de punto final, 133 y otros, se carga las deudas del sistema de salud que tiene un déficit promedio de 10 billones de pesos, a todos los colombianos, quienes pagaremos la quiebra del sistema con nuestros impuestos mediante el presupuesto general de la nación. En el acuerdo de punto final que busca saldar las deudas con el sector salud contenido en el articulado del PND se privilegia el pago de deudas del No Pos, sin ningún miramiento ni claridad sobre las zonas grises que siempre han existido entre Pos y No Pos. Se faculta al ADRES para firmar acuerdos de pago con las EPS con cargo a estas tecnologías y tratamientos.

Se descartó la solicitud de priorizar el pago a trabajadores de la salud por las acreencias laborales en el marco de estos acuerdos de pago, dentro de los flujos de recursos de la salud los trabajadores no existen, están invisibilizados en los sistemas de información. No se aceptó que se aumentaran los salarios en medida proporcional al aumento de la UPC, como se le aumentan los pagos a las IPS y a los proveedores, los trabajadores de la salud deberían recibir aumentos progresivos de sus salarios. Esto no ocurre desde hace casi dos décadas, y se lanzan argumentos falaces desde el gobierno para eludir esta discusión. Como expresar que no se puede desde el gobierno dar garantías para privilegiar el pago a trabajadores, porque el Estado no puede girar recursos públicos a particulares, han dicho. Si el estado no puede girar recursos a particulares, no podría girar recursos a las EPS e IPS privadas que constituyen el 90% del sistema de salud en Colombia, que es fundamentalmente un sistema privado.

El Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado el 7 de mayo por las plenarias del Congreso de la República, el Gobierno tiene unas mayorías exiguas, recientemente se reunieron 40 senadores de los partidos liberal, la U y Cambio Radical, para declarar la necesidad de asumir una agenda propia en el parlamento, al margen del gobierno. Del comportamiento político de estas colectividades sumado a los congresistas de la oposición depende la viabilidad del Plan de Desarrollo. Para la salud de los colombianos, la aprobación de ese plan de Desarrollo representa uno de los más profundos retrocesos en materia del derecho fundamental  a la salud de los colombianos, una ruptura con los avances jurisprudenciales y legales logrados por el Congreso de la Republica, la Corte Constitucional y un abierto desconocimiento del bloque de constitucionalidad y los pactos establecidos por el estado colombiano en materia de derechos humanos. Es esto una profundización de un negocio rentista y extractivista que ha cobrado la vida de millones de colombianos. Estaremos atentos a las decisiones que tome el Congreso de la República y sus mayorías que tendrán que definir si legislan de cara al interés público.

Carolina Corcho Mejía, Médica psiquiatra, Corporación Latinoamericana Sur.

Opinión

Microeconomía de la Profesión Médica

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En nuestra hipermoderna y líquida sociedad, es difícil encontrar justificaciones más allá de las humanísticas para que alguien quiera convertirse en médico. Pero para explicar esta idea desde la óptica económica me referenciaré en los siguientes cálculos para el escenario colombiano. Para los mismos me he basado en la reciente encuesta salarial del Colegio Médico Colombiano (CMC) así como en los costos promedio de las universidades privadas del país publicados en sus páginas web. Este es un cálculo que tiene muchos sesgos y por tanto no pretende ser un elemento de decisión para escoger o no ser médico, es una reflexión para aportar en el sueño de mejores condiciones laborales para el ejercicio profesional en Colombia.

Hecho No 1: ¿Quién decide ser médico en Colombia?

En general, el 95% de los estudiantes de medicina han elegido serlo por decisión propia. En la mayoría de estos casos los futuros médicos han tomado la opción con un enfoque humanístico y de servicio social, lo que explica que a pesar de todo las tasas de deserción son relativamente bajas ( 5 a 7%) durante la carrera. 

El perfil usual del futuro médico es el de un estudiante de bachillerato destacado académicamente, con un bajo porcentaje de ellos motivados por una tradición familiar (12%). Este perfil permitirá hacer una posterior comparación con los estudiantes destacados que eligen una profesión diferente. Este perfil también invita a pensar que algunos de estos estudiantes podrán acceder a una beca o ingresar a la universidad pública en donde los costos educativos son menores, sin embargo, este escenario es minoritario y no lo tendré en cuenta para el análisis económico.

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Hecho No 2: ¿Cuánto cuesta la carrera de medicina en Colombia?

Tomaré los datos del escenario más costoso para el país que es la facultad de medicina de la universidad de los Andes para el año 2018 cuya matrícula semestral corresponde a $ 23.254.000.

En general la carrera tiene una duración de 12 semestres (algunas facultades aún mantienen 14 semestres) con lo cual para el año 2018 en costos exclusivos de matrícula para el escenario más costoso correspondería a $ 279.048.000 (362 millones aproximados para la carrera si sumamos los incrementos proyectados según variación promedio IPC por 6 años, es decir 30%).

Vale la pena mencionar que hay universidades privadas cuyo costo de matrícula es 50% menor que este referente y que en la universidad pública mencionados costos pueden ser de solo un 10% el estimado, sin embargo, para efectos de simulación se tomará este escenario extremo.

No se tienen en cuenta aquí los costos de sostenimiento, material educativo y demás por ser de una variabilidad muy alta en el país, pero consideremos que estos serían en promedio un 5% del costo total de la matrícula semestral.

Hecho No 3: El Costo de Oportunidad

Recordando el perfil de los bachilleres que ingresan a medicina versus sus pares que eligen otra carrera, el costo de oportunidad es al menos de un año, dado porque dicho tiempo es el que el médico general deja de recibir como ingreso durante el año adicional de internado en el que continúa siendo estudiante.

Dicho año de costo de oportunidad corresponde de acuerdo a la encuesta salarial 2018 para el país a $ 30.000.000 anuales, con base en un salario mensual promedio para un profesional recién graduado de áreas diversas de 2,5 millones de pesos. 

Vale la pena mencionar sin embargo que en nuestro país la empleabilidad de medicina es de 94% y supera a la mayoría de áreas del conocimiento lo que brinda una pequeña ventaja competitiva, sin embargo, se parte del hecho real que habrá un año menos de ingreso laboral comparativo.

Hecho No 4: El primer sueldo

El médico graduado después de 326 millones de pesos, tendrá su primer empleo con una probabilidad de 94%. De acuerdo a la encuesta del CMC, su primer sueldo será del orden de 4 millones (médico rural) a 5 millones de pesos (médico general) dependiendo de la actividad que realice. Esto da un ingreso anual sin descuentos promedio de 50 millones de pesos. 

Si supusiéramos (con fantasía) que el médico ahorra todo ese salario en su primer año y además no tiene deudas, estaría teniendo un retorno a su inversión en el primer año correspondiente al 7,24%. Es decir, tendría que trabajar y ahorrar su salario anual completo durante 13,8 años para cubrir la totalidad de la inversión. 

Obviamente, si el médico ha estudiado en una universidad más económica dicho “equilibrio” se lograría en menos tiempo, pero solamente estaríamos contemplando la inversión correspondiente a matrícula. 

Hecho No 5: El médico decide especializarse

El sueño de la mayoría de médicos recién graduados es avanzar a una especialidad médicoquirúrgica tradicional en los primeros 2 años de su ejercicio profesional. El argumento de algunos es que esos 2 años permitirían disminuir un poco el impacto económico del pregrado, lo cual como vimos previamente es iluso.

Supongamos que el médico ejerce 2 años, ahorrando todo su salario (nuevamente una fantasía) con lo cual ha logrado un ROI de 14,48% e ingresa a una especialidad médica tradicional como pediatría o medicina interna y lo hace en una universidad privada (nuevamente el peor escenario).

Para el año 2018 la matrícula más costosa en una universidad privada fue de $ 35.253.000 anuales. La especialidad elegida por nuestro costoso profesional tiene una duración de 3 años con lo cual tendrá que pagar una suma total de 137 millones de pesos (sumando nuevamente el IPC proyectado por 3 años que correspondería a un 15% aproximadamente). 

Pero seamos sensatos y descontemos del valor inicial de 362 millones para el pregrado el 14,28% que ya se hizo de ROI, esto nos deja con que el profesional ya disminuyó dicha inversión a

309.582.400, pero ahora debemos sumarle 287 millones que salen de los 137 millones de matrículas más el lucro cesante de 3 años sin ingreso como médico general ($ 150.000.000) ya que en nuestro país los médicos en entrenamiento aún no reciben un salario formal, es decir $ 596.582.400.

Para tener una especialidad tradicional básica se ha requerido una inversión mensual promedio de $ 5.523.911 por los 9 años de estudios (solo costos de matrícula más el lucro cesante de 3 años). 

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Hecho No 6: El ROI del especialista

Acorde con la encuesta del CMC, este nuevo especialista tendrá un trabajo con asignación salarial que se sitúa entre 7,4 a 12,4 millones de pesos mensuales (60% de los especialistas) con lo cual nuevamente volvemos al cálculo del año 1 de ejercicio, suponiendo que este médico es tan afortunado que puede ahorrar todo su salario de dicho lapso.

El médico tendría un ingreso anual idealizado de $118.800.000 con lo cual estaría teniendo un ROI de 19% en el primer año. Es decir, tendría que ahorrar el salario de 5 años para equilibrar su inversión total. Esto obviamente es irreal. Si consideramos que este profesional podría ahorrar un 20% de sus ganancias para este ROI, lo estaría equilibrando en 25 años.

El ejercicio podría complementarse con quienes deciden (y logran) hacer una segunda especialidad lo cual seguiría incrementando costos de inversión con aumentos que pueden ser desde marginales hasta muy altos en el ROI, dependiendo de la especialidad elegida, pero para no generar mayor complejidad he decidido no hacerlo.

Conclusiones

  1. Desde el punto de vista económico el ROI para un médico puede lograrse solamente desde la óptica de los costos directos, pero es un proceso largo y desgastante (25 años para un especialista en este ejemplo).
  2. El costo de oportunidad es elevado al compararse con otras profesiones, sin embargo, la alta tasa de empleabilidad y la posibilidad de desarrollar otros perfiles con mejores ingresos como la industria farmacéutica y la investigación pueden compensar las “pérdidas” iniciales del pregrado y el primer postgrado.
  3. Hay una enorme desigualdad para los distintos perfiles médicos en cuanto al ingreso mensual tanto del médico general como del especialista y ni hablar de las segundas especialidades. Es increíble que un país que quiere apostarle a la atención primaria tenga unos rangos de valoración económica muy bajos para las especialidades básicas sobre las cuales debe cimentarse dicho modelo. Los internistas, pediatras, ginecólogos, familiaristas y cirujanos generales deberían ganar mucho más.
  4. En este escenario de desequilibrio, la migración a pagos por desempeño u otros tipos de contratación ligadas a la calidad y mejores desenlaces de salud son irreales. 
  5. Ser médico no conlleva una óptica económica ya que en Colombia se tendrá una buena empleabilidad y un ingreso promedio comparativo aceptable pero jamás unos niveles económicos similares a países como Estados Unidos.
  6. El ejercicio de la medicina lleva además del ROI económico un ROI no salarial que debe medirse e incentivarse. Dentro de ellos deberían estar los tiempos protegidos para la investigación, la educación médica continuada y el equilibrio vida/trabajo entre otros. Un profesional médico o no médico, busca además del reconocimiento social y económico unas dosis suficientes de felicidad para poder brindar lo mejor a quienes de ellos necesitan.

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Opinión

Colombia: referente en la atención integral de la osteoporosis

Osteoporosis, los retos de Colombia, cifras, avances y estrategias para el manejo integral de la enfermedad.

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Para nadie es un secreto que Colombia se destaca por concebir la salud como un derecho fundamental, y, además, por tener una constitución que se basa en la garantía de este precepto. El país ha dado importantes pasos para consolidar un buen sistema de salud que, entre otras cosas, cuenta con una amplia cobertura, no solo en número de personas, sino también en ayudas diagnósticas y tratamientos. Como resultado, los tratamientos para enfermedades crónicas como la osteoporosis hoy en día tienen un manejo adecuado e integral, que dentro de sus opciones pueden incluir medicamentos de alto costo. 

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De acuerdo con el Último Consenso para el Manejo de la Osteoporosis, realizado por la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOMM, se estima que, en Colombia, más de 2.5 millones de mujeres tienen osteoporosis y se proyecta que, para el 2050, esta cifra aumentará a 4 millones. Este año, a través del compromiso y trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil, se dio un gran paso para mejorar estos indicadores y marcar la diferencia en el tratamiento de esta enfermedad. 

tratamientos disponibles para el manejo de la osteoporosis

Hoy, Colombia es el primer país de América Latina que cuenta con el 100% de los tratamientos disponibles para el manejo de la osteoporosis incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esto incluye ayudas diagnósticas, todas las tecnologías para el tratamiento y rutas de atención integral al paciente. Este hito tiene dos grandes impactos: uno en los pacientes y otro en el sistema de salud.

Para los pacientes con la enfermedad, el contar con diferentes tipos de tratamientos osteoformadores y antiresortivos, permite que la atención y tratamiento sean cada vez más personalizados y respondan a sus necesidades individuales, generando manejos más razonables y adecuados para disminuir el riesgo de fracturas. Por otro lado, la amplia disponibilidad de tecnologías está relacionada con una mejor adherencia al tratamiento, mejorando significativamente la calidad de vida del paciente.  Para el sistema de salud, brindar un tratamiento integral y oportuno para la osteoporosis, representa la oportunidad de reducir la carga económica de esta enfermedad, la cual, según el documento citado anteriormente, asciende a 280 mil millones de pesos anuales, de los cuales, 39% corresponden a costos de hospitalización y costos quirúrgicos, y 37% a la perdida en la productividad de las personas que la padecen.

retos de Colombia

Considerando que la población más afectada por la osteoporosis son los adultos mayores, es fundamental seguir avanzando en estrategias para el manejo integral de la enfermedad. Dentro de los retos que aún enfrenta el país se encuentran abordar oportunamente los factores de riesgo asociados a la osteoporosis, adelantar labores de diagnóstico ante la presencia de una fractura por fragilidad o baja energía y, finalmente, brindar un manejo integral a la patología, que no solo incluya el suministro de medicamentos, sino también el cambio hacia hábitos de vida más saludables como realizar actividad física, aumentar la ingesta de alimentos con calcio, tener una mayor exposición al sol con las medidas adecuadas, entre otros. 

Hoy en día y, gracias a los múltiples esfuerzos de diversos actores, celebramos estos primeros meses en los que el país ha tenido la oportunidad de disponer de la totalidad de alternativas de tratamiento disponibles para la osteoporosis. Este paso hacia el manejo integral de enfermedades crónicas es, sin duda, digno de ser reconocido como un referente en la región y es una puerta sólida que brindará una mejor calidad de vida para los pacientes y contribuirá a un sistema de salud más sostenible. 

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Liquidación y crisis de las EPS

Análisis plantea discusión sobre el estado financiero de las EPS, las recientes liquidaciones y las acciones de la Supersalud.

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En el último mes, la Superintendencia Nacional de Salud ha liquidado y revocado servicios de siete EPS. Entre las liquidadas se encuentran Comfacor, Cruz Blanca, Salud Vida y Emdisalud; y otras tres, Comparta, Medimás y Coomeva perdieron su licencia para operar en ocho departamentos. Estas siete EPS corresponden a la cobertura de 2.7 millones de ciudadanos. Las razones de las liquidaciones y la revocatoria de operación, corresponde a deficiencias en la prestación de servicios de salud, incumplimiento de márgenes de solvencia financiera para su funcionamiento, deudas con las entidades prestadoras de servicios de salud, entre otras.

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¿qué dice el informe de la Supersalud?

Lo cierto del caso, es que de acuerdo al Informe financiero de la Superintendencia Nacional de Salud con corte al 2018, de 37 EPS evaluadas, solo 9 cumplen con condiciones financieras y de solvencia para asumir la atención en salud de millones de colombianos. Esto no es nuevo, desde el año 2012 la Contraloría General de la República había advertido que las condiciones financieras de las EPS eran peor de lo que se mostraba a la opinión pública.

Indicadores de calidad y CONDICIONES financieras

Se debe tener en cuenta que, las 9 que cumplen con los indicadores, lo hacen frente a unas exigencias pírricas que hace el Estado para su funcionamiento, en los términos del decreto 2702 de 2014, modificado por el decreto 780 de 2016 que establecieron las condiciones financieras que deben cumplir las EPS. En estos actos administrativos a las EPS se les exige un capital mínimo de 10.708 mil millones (diez mil millones aproximadamente) para poder participar en la prestación de servicios de salud. Esta es una cifra “ridícula” para entidades que manejan cifras de recursos públicos de la salud hasta de tres billones de pesos anuales, en donde por ley, pueden quedarse con el 10% de estos recursos para costos administrativos. Diez mil millones es un capital que puede consumirse en diez pacientes de alto costo, y no generan ninguna garantía para que una entidad particular maneje las billonarias sumas de recursos públicos de los colombianos. De otro lado, debe tenerse en cuenta que posteriormente el Decreto 2117 de 2017 les permitió a las EPS adelantar procesos de reorganización institucional, acotando que cada que se reorganicen vuelve y empieza el plazo para cumplir con estos requisitos financieros hasta el infinito.

¿Qué dicen las cifras?

Estas cifras dan cuenta de que el sistema de salud colombiano se sostiene con capital público, el aporte privado es mínimo o casi inexistente, los recursos que fluyen en el sistema provienen fundamentalmente de los recursos del presupuesto general de la nación vía sistema general de participaciones, y de las contribuciones de los trabajadores que se entregan a las EPS bajo la forma de la Unidad de Pago por Capitación UPC (Monto por afiliado que gira el estado a la EPS, que en el régimen contributivo corresponde a 807.180/año, y en el régimen subsidiado a 787.327/año).

En ese sentido, en la práctica, las denominadas Empresas Promotoras de Salud (EPS), no son empresas, sino administradoras particulares de recursos públicos de la salud, es decir, trabajan con el capital de todos los colombianos. Y estos mismos recursos públicos son los que fluyen y con los que trabajan clínicas y hospitales sean públicos o privados. Con la diferencia de que un sistema de salud puede funcionar sin estas intermediarias financieras, captadoras de recursos públicos, como ocurre en la mayoría de países del mundo, pero jamás podrá funcionar sin la presencia de las clínicas y hospitales que ejercen la labor misional de la prestación de servicios de salud.

sITUACIÓN DE LAS EPS SEGÚN rANKING de Minsalud

De otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social ha publicado el ranking de las EPS, de acuerdo a unos indicadores que miden oportunidad en la atención médica general, especializada, entrega de medicamentos, trato del paciente, trámite de autorizaciones, desarrollado mediante una metodología de encuestas, llama la atención que se excluye del ranking a las EPS indígenas que han mostrado indicadores superiores en este tipo de evaluaciones. En ese ranking, se destacan dentro de las 10 primeras las EPS, Sura, Sanitas, Salud Total, Nueva EPS, Compensar, y Coomeva, paradójicamente esta última fue revocada por la Supersalud para funcionar en varios departamentos por su incumplimiento. El estudio no diferencia en el análisis estadístico el tipo de EPS, es decir, existen EPS que son sólo departamentales, otras que operan en diversos departamentos, de igual manera el número de afiliados que puede variar desde 500 mil ciudadanos a 4 millones.

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Comportamiento financiero de las eps

Esto es importante situarlo, debido a que existen estudios que muestran que seis de las 13 EPS del régimen contributivo que tienen un comportamiento financiero estable cumplen cuatro características :Tienen 1,5 y 3 millones de afiliados ubicados en zonas urbanas (Medellín y Bogotá), en donde existen adecuada oferta de prestadores de servicios de salud; tienen integración vertical con prestadores de alta o baja complejidad (lo cual resulta ilegal cuando esta integración supera el 30%); tienen ingresos adicionales producto de planes complementarios y tienen mayor aversión a la captura política, aunque no a la captura corporativa.

Una debilidad central del ranking es que no mide la red de prestación de servicios de la EPS, es decir, el conjunto de la clínicas y hospitales que contratan las EPS para atender a la población, es allí en donde terminan de fraguarse gran parte de la negación de servicios a los ciudadanos, por las inconsistencias contractuales entre las EPS y los prestadores. Tampoco se incluyen indicadores relativos a la Autonomía profesional, dado que el constreñimiento a la prescripción médica constituye uno de los poderosos mecanismos encubiertos de negación de servicios.

Ranking vs tutelas

En ese sentido, vale la pena contrastar este ranking con los resultados mostrados por la Defensoría del Pueblo, en el informe del año de 2018 de tutelas instauradas en salud. Esta entidad, enuncia que en ese año se presentaron 207.734 tutelas en esta materia, siendo Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Vida, Salud Total, las EPS con mayor número de tuteladas, algunas de estas EPS se encuentran entre las mejores rankeadas en la medición del Ministerio de Salud y Protección Social. La mayor frecuencia de tutelas, se presentan por la negación de citas médicas, tratamientos, medicamentos, procedimientos quirúrgicos. Este mismo informe señala que la Superintendencia de salud reportó para el año 2018 casi un millón de quejas y peticiones por parte de ciudadanos frente al servicio de salud (999.294). Las cusas principales de estas quejas y peticiones se presentan por falta de oportunidad en asignación de citas, restricción en libre escogencia de las EPS y no oportunidad de entrega de medicamentos No POS.

En suma, en este momento 19 EPS se encuentran con medidas de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud, aun así, continúan manejando recursos públicos de la salud y respondiendo por la atención de la salud de la población desde hace varios años, sin que esto haya implicado un cambio por parte de los gobiernos de la orientación de la política pública de salud. Lo que es peor, el Gobierno Nacional, en el recientemente aprobado Plan de Desarrollo les devuelve el manejo de los recursos de la salud, a estas entidades que están cuestionadas por fraude, esto lo hace, reservando la obligatoriedad de que, en el caso de estas intervenciones, opere el giro directo por parte del fondo público ADRES para el pago de deudas a los prestadores de servicios de salud.

¿qué opina el Gobierno?

La apuesta del gobierno del Presidente Duque es liquidar el mayor número de EPS “las que no sirven”, para ello aprobaron la ley 1949 de 2019, cuyo objeto es el fortalecimiento de la superintendencia de salud, para otorgarle dientes para adelantar esta tarea. Esta medida va en el sentido correcto, aunque existan dudas en los adecuados procesos de transición que deben llevarse a cabo para adelantar estas liquidaciones, lo cual no vulnere los derechos de los pacientes, trabajadores, y la cobertura de las deudas de estas entidades con los prestadores de servicios de salud. Esta medida, que insisto, va en el sentido correcto, no tiene un punto de llegada claro, dado que buscan llegar a un oligopolio de  EPS, que, conforme a los cálculos del gobierno, tendría la capacidad de operar todo el sistema de salud.

modelo administrativo

Toda la evidencia demuestra que esto no será así, porque aún, este oligopolio, adolece de las mínimas exigencias de una economía de mercado para operar billonarias sumas y garantizar la prestación de servicios. Ha sido claro que estos oligopolios no se ocuparán de la salud de 23 millones de colombianos que habitan en zonas dispersas y rurales del territorio nacional. Está demostrado empíricamente que las EPS que superan tres millones de afiliados incursionan en mal funcionamiento. Toda esta contraevidente apuesta del gobierno, corresponde al mantenimiento del modelo de las EPS contra viento y marea.

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En el fondo, salvaguardan los intereses del capital financiero que requieren la existencia de estas entidades, como vehículo para capturar recursos públicos de la salud en sus bancos y usufructuar los rendimientos financieros que rinden estas billonarias sumas a costa de la salud de los colombianos.

Estos poderosos intereses son los que se han opuesto en la última década a que se realice en Colombia una reforma a la salud que resuelva el problema de fondo con un modelo de administración alternativo, que garanticen el goce efectivo al derecho a la salud y la destinación específica de los recursos de la salud para los fines constitucionalmente definidos, lo que supone la eliminación de intermediarios extractores de renta, que han demostrado una absoluta ineficacia en la tarea encomendada por la ley 100 de 1993.

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Editorial – Me parece

COLUMNISTAS

CEO CONSULTORSALUD: Carlos Felipe MuñozCEO CONSULTORSALUD: Carlos Felipe Muñoz

Carlos Felipe Muñoz (25)

CEO & Fundador CONSULTORSALUD
Carolina CorchoCarolina Corcho

Carolina Corcho (4)

Vicepresidente Federación Médica Colombiana
personaje11

Cesar Augusto Sanchez (1)

Gerente Viva1A
Claudia Sterling Posada - Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz VerdeClaudia Sterling

Claudia Sterling (1)

Vicepresidente Legal y de Asuntos Jurídicos de Cruz Verde
Denis Honorio SilvaDenis Honorio Silva

Denis Honorio Silva (1)

Director Asociación Colombia Saludable, Vocero de Pacientes Colombia
Elisa Carolina TorrenegraElisa Carolina Torrenegra

Elisa Carolina Torrenegra (1)

Directora Ejecutiva Gestarsalud
Gustavo Morales CoboGustavo Morales Cobo

Gustavo Morales Cobo (3)

Presidente Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
Héctor CastroHéctor Castro

Héctor E. Castro (1)

Director Técnico Senior de Economía Farmacéutica y Financiamiento
Jaime Calderón HerreraJaime Calderón Herrera

Jaime Calderón Herrera (1)

Presidente de la fundación del corazón
Jaime González MontañoJaime González Montaño

Jaime González Montaño (1)

Presidente de Coosalud
José Elías Cabrejo ParedesJosé Elías Cabrejo Paredes

José Elías Cabrejo Paredes (1)

Director Técnico Senior de Economía Farmacéutica y Financiamiento
Jose

José Octaviano Barrera (2)

Director Medico en Javesalud
Luis Eduardo Pino Villareal Medico Internista, Hematólogo y Oncólogo ClínicoLuis Eduardo Pino Villareal

Luis Eduardo Pino (18)

Médico especialista en Medicina Interna y en Hematología y Oncología Clínica

Mauricio Jaramillo Restrepo (1)

Medico Internista & Hematólogo
Miguel Ángel González_ presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM) (1)

Miguel Ángel González (1)

Presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM)
Olga Lucia ZuluagaOlga lucia Zuluaga

Olga lucia Zuluaga (2)

Directora Ejecutiva de ACESI
Sergio Camilo Lizarazo Riaño

Sergio Camilo Lizarazo Riaño (1)

Periodista, especialista en comunicaciones estratégicas
William Javier Vega VargasWilliam Javier Vega Vargas

William Javier Vega Vargas (1)

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

 

 

 

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