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Entrevista

Jaime Arias – Presidente Acemi

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El Dr. Jaime Arias, Presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – Acemi en entrevista con ConsultorSalud habló sobre el estado actual de las EPS, de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para solventar la situación financiera de estas entidades, y de lo que viene para el Sistema de Salud en Colombia.

El Decreto 2702 que le dio un plazo de 7 años a las EPS para pagar sus deudas con los Hospitales, generó polémica entre el gremio de los hospitales porque consideran primero que el plazo es muy amplio, y segundo porque afecta el saneamiento fiscal de las entidades ¿Qué opina al respecto?

Este decreto tiene una historia larga, ya había habido un decreto anterior que buscaba que las EPS pasaran a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, pero eso nunca se pudo lograr, entonces el Gobierno durante los últimos tres años estuvo estudiando un Decreto alternativo que fuera más realista.

¿Por qué no se puedo lograr? Porque las exigencias de la Superintendencia Financiera son demasiado altas, pondría a las EPS en una condición similar a los Bancos o a la industria aseguradora, y la misma Superintendencia Financiera analizando el tema llegó a la conclusión de que a las EPS no se les puede exigir como se le exige a un banco con las condiciones que tienen específicamente en los últimos años, y por las dificultades mismas del sector de la salud y de las EPS.

Finalmente se expidió este decreto que aumenta significativamente las exigencias a las EPS, porque las coloca realmente como unas aseguradoras casi puras, que tienen que constituir unas reservas sólidas, que tienen un capital mínimo, un patrimonio, etc; y que tienen que limpiar la contabilidad.

Y es que en la contabilidad de las EPS se podía incluir deudas por cobrar al Fosyga, como parte de esas reservas, pero ahora dice no más; no cuenten más con eso, limpien la contabilidad y arranquen con un nuevo estado financiero, pero además, las exigencias para las reservas son fuertes.

Todo esto termina en que las EPS, que están en una situación muy difícil desde hace unos años, tienen que aportar nuevo capital, y para eso se hizo lo mismo que hace 20 años con los bancos. Sin embargo, a las EPS se les dice: No tienen que aportarlo hoy.

Porque si se le hubiera exigido hacer ese aporte a capital hoy, todas se hubieran ido y estaríamos en un verdadero caos, porque ninguna puede hacerlo. Por eso, se les dice que arranquen ahora y cada año van teniendo que hacer un aporte a capital.

Cosa que es muy dura para las entidades que están detrás de las EPS por varias razones: primero porque el aporte es grande y segundo porque el futuro es muy incierto; digamos si un propietario de una EPS generalmente de las Cajas de Compensación, quiere hacer un aporte de capital, no sabe cuál es el futuro de las EPS – en este momento nadie lo sabe- así se les diga que pueden seguir funcionando, pero la situación financiera del sistema de salud es muy difícil.

Esa es la razón por la cual se les dio 7 años.

Entonces por qué se dice que este decreto lo que hace es beneficiar a las EPS y perjudica a los Hospitales y ESE

El tema de la deuda hospitalaria no tiene nada que ver con esto, la deuda hospitalaria se fue creciendo a raíz de algo que se llama el no POS, porque el dinero del POS que llegaban muy bien a las EPS comenzó a ser utilizado -con autorización del gobierno- para pagar los recobros que también se le pagaba a los Hospitales, y se fue corriendo la deuda del POS.

Esto del Decreto realmente no tiene que ver con el pago, yo espero que sí haya capitalización, que el sistema realmente se equilibre entre ingresos y egresos, para ir pagando la deuda hospitalaria, pero no se va a pagar de la noche a la mañana tampoco.

En cuanto a los beneficios no hay ningún beneficio, lo que les dice es ponganplata. Yo no le veo ningún beneficio al decreto.

El único beneficio es que puede terminar limpiando, mejorando mucho el ambiente del aseguramiento.

Yo no entiendo porque los Hospitales metieron este tema que no tiene nada que ver con el Decreto realmente.

A pesar de que el decreto lo que busca es beneficiar a las EPS dando este plazo para tener un capital mínimo de 9 mil millones de pesos para construir reservas,  ustedes tiene ciertos desacuerdos con el decreto porque consideran que el plazo debió ser de 10 años y porque algunas EPS no pueden cumplir con los requerimientos establecidos y pueden llegar a liquidarse

Claro. En este momento hay 50 EPS funcionando en el país, entre las del contributivo y las del subsidiado, hace unos años habían 70 y muchas se han ido liquidando o las ha liquidado el Estado.

Con estas exigencias y con esta incertidumbre, es muy probable que EPS que no son sólidas, tengan que o fusionarse unas con otras o salir, eso no hay la menor duda.

Además, debo decir que el Presidente Santos desde que comenzó su primero gobierno dijo que él prefería tener muchas menos EPS pero mejores; en esa época había 70 y se especulaba que la idea era que hubiese unas 20 o 30 EPS pero muy sólidas.

Pues esto va en esa dirección, yo creo que cuando este Decreto ya entre en plena vigencia ahora en junio, ya las 50 EPS grandes y pequeñas van a tener que mirar qué capacidad realmente tienen para someterse a estas nuevas exigencias.

Y faltan otras exigencias, estas son las financieras, el gobierno anunció que después vendrán exigencias de tipo organizativo, administrativo, de calidad que hará que esta actividad sea cada vez más compleja, pero si es para bien del país perfecto.

El decreto estableció que en diciembre las EPS deben presentar los planes para alcanzar el 10% del capital mínimo. En Junio la Superintendencia de Salud hará un primer corte para revisar el proceso ¿Cómo va ese proceso de implementación dentro de las EPS?

En este momento las asambleas y las juntas de las EPS están estudiando de dónde va salir el capital que ellos tienen que aportar, porque el Decreto establece que un porcentaje de ese capital fresco se tiene que aportar año por año.

Las EPS que están en Acemi cada una está haciendo estudio, y yo diría que van a hacer el esfuerzo -aunque es un esfuerzo muy  grande para algunas-, porque representa capitalizaciones el año entrante mayores de 100 mil millones de pesos. Pero, yo creo que las de acá están preparadas y muchas del Régimen Subsidiado también están preparadas.

Sin embargo, no sé si todas las 50  que hay lo van hacer. Creo que las indígenas son las únicas que están exceptuadas de esto.

Una de las EPS con más afiliados del Régimen Contributivo como lo es Saludcoop se encuentra en este momento en liquidación, sin embargo en el Plan de Desarrollo se establece que la Supersalud puede agilizar trámites para convertirlas en sociedades anónimas ¿Qué opina de esté decisión y cómo beneficia a Saludcoop y a otras EPS que se encuentran en liquidación?

Saludcoop como es una cooperativa, con el actual régimen de cooperativas hace muy difícil llegar a una solución.Lo que está pensando el gobierno es hacer algo parecido a lo que se hizo hace un par de décadas con los bancos.

Hay otra cooperativa muy importante como Coomeva, pero Coomeva es una sociedad anónima en el tema de salud, aquí sería lo mismo.

Todo esto es buscando una salida a Saludcoop, porque el gobierno la tiene intervenida ya hace tres años y ahora fijó el último plazo de ocho meses más, entonces, tendrá que “venderla”, pero no sé si el gobierno, porque tampoco es del gobierno, sino de unos propietarios que son precisamente los cooperados.

Pero, lo que parece que se está buscando el gobierno es tomar la población actual de Saludcoop, ponerla en manos de una EPS que se llama Cafesalud, ampliarla y ya sería mucho más fácil vender a Cafesalud y hacer algo con el cascaron que queda del viejo Saludcoop.

Eso, sin embargo, es muy complejo porque por el otro lado están las IPS y el patrimonio de Saludcoop, y esas IPS que son las 30 o 40 clínicas es muy difícil venderlas porque están embargadas por la Contraloría y por SuperSalud, entonces hay que trabajar en una cantidad de frentes al tiempo para darle una salida.

En el Plan Nacional de Desarrollo también se creó el Modelo Integral en salud ¿Qué beneficios trae este plan al sistema y especialmente a las EPS?

Todos los actores del sistema, no solamente el gobierno, han coincidido en que el modelo de prestación médica de Colombia se quedó rezagado, es un modelo del siglo XIX y XX centrado solamente en los médicos, en la atención hospitalaria y en la curación.

Nos tenemos que mover hacia un modelo más integral que no responda solamente a la demanda inmediata, sino que busque adoptar lo que se llama gestión de riesgo en salud, es decir, que inclusive la gente sana sea controlada por el sistema; que adopte la estrategia de atención primaria de la salud y que coordine la salud pública con la atención médica. Este modelo integral aprobado en la Ley del Plan puede llevarnos a eso si el gobierno lo hace bien.

El modelo tiene un aspecto inicial y es dividir el país en tres niveles: zonas dispersas, en el cual ya hay un plan y está en marcha; faltaría el de la mitad que es el de los municipios intermedios que son 600 más o menos, donde la calidad, el acceso, etc no es bueno o no hay servicio de salud, o hay 3 0 4 EPS en un municipio de 4 mil habitantes, ese falta por desarrollar. Y estaría el de las grandes ciudades que es como el 70%, que también tiene que moverse hacia una atención primaria mucho más enfocada en la familia.

Nos parece estupendo ese plan, ojala Colombia lo haga, porque se ha demorado mucho en hacer ese cambio que no se hizo en la Ley 100 realmente.

Qué opina de la ampliación que hizo el Gobierno sobre el POS y porque se convierte en un reto para la implementación de la Ley Estatutaria.

La ampliación de los Planes de Beneficios para no llamarlas POS, porque el POS se va acabar, con la Ley Estatutaria da un plazo corto de un año para que cambie completamente la estructura del POS.

El nuevo plan parte de los que se excluye que es un pedacito, y lo demás automáticamente queda incorporado, esa incorporación del resto puede significar la entrada de 10 mil tecnologías adicionales y puede doblar el actual POS.

Qué puede pasar: no sabemos.

Lo que uno piensa es que cuando se lee la Ley Estatutaria hay varios artículos que confluyen en que el gasto en salud se va a aumentar significativamente, va haber más oferta de medicamentos, libertad a los médicos para que ellos decidan – pone la chequera en manos de los médicos- y otra serie de principios.

Además de las consideraciones de la Corte en el que el tema fiscal o financiero no puede ser un argumento para no darle a los pacientes todo lo que necesitan.

Cuando uno pone todo eso junto y lo mete en la misma olla, el resultado es que posiblemente el sector va a tener que gastar mucho más, y lo que no se sabe es de dónde va a salir esa plata para ese gasto adicional.

Va a ser tan grande la cantidad de tecnología que entra a los planes que habría que esperar a que esto ocurra, para comenzar  a estudiar el impacto.

Si en este momento cuando el POS apenas se amplía con unas pocas tecnologías, según el estudio que hacemos cada año para mirar cómo impactan esas nuevas tecnología,  se ha impactado muchísimo el gasto, no queremos imaginar lo que va a significar cuando entren 10 mil tecnologías.

Pero para eso se crearon los Comité Técnico Científicos, que existen actualmente en las EPS

Actualmente existen pero desaparecerían, igual no han servido para nada.

La Corte Constitucional los que busco era que se disminuyeran las tutelas que tanto afectan al sistema judicial porque le quitan tiempo, entonces decidió hacerlo todo a través de unos comités que están situados en las EPS.

Yo creo que eso no sirvió para nada, porque la mayor parte de lo que solicitaban los médicos se aprobaba automáticamente.

Ahora, lo que se establece en la Ley Estatutaria son unas juntas médicas de revisión que estarían en las redes o en las instituciones, y cuando la opinión del médico es cuestionada, entonces es la junta la que resuelve si el médico tiene o no la razón.

Pero eso tiene que ser reglamentado por una ley según la misma Ley Estatutaria, entonces hay que esperar cómo van a estar constituidas esas juntas, quiénes las constituyen y qué autonomía van a tener para “juzgar” las decisiones de los médicos.

Hablando precisamente de la Ley Estatutaria ¿Qué beneficios trajo esta ley al sistema y a las EPS?

Hasta ahora ninguno, pero puede que en el largo plazo si hay recursos sería muy buena, porque todo el mundo tendría todo, además, incluiría aspectos sociales de la medicina, todo lo que llaman determinantes de las enfermedades que la ley los amplía.

La Ley Estatutaria en sí no es mala, tiene cosas interesantes pero, es una ley que requiere un sustento financiero muy fuerte y si no lo hay puede terminar en una frustración para la gente.

Una de las mayores quejas de los usuarios es la calidad y el acceso a las EPS. La ley lo que buscaba era beneficiar a los usuarios. Entonces ¿cómo mejorar la calidad en las EPS?

La calidad no es solamente de las EPS es del sistema en general, pero claro las EPS tiene ahí su cuota.

La calidad en la EPS consistiría en que el acceso de los pacientes fuera más fácil, más amigable sin tantos requisitos que se vuelven en una traba para acceder. El gobierno ha hecho unos esfuerzos, ha expedido unos decretos buscando por ejemplo que el número de días para asignar la cita con el médico general o con el especialista sea razonable. Esto implica usar más tecnología de comunicación como call center  para hacerle más fácil el tránsito a los pacientes hacia el sistema y eso se está haciendo.

Ya vienen otros aspectos de la calidad como garantizar la continuidad de la atención, la integralidad para que al paciente se le dé absolutamente todo lo que necesita, porque la atención debe ser total y no ha pedacitos; el otro es evitar la segmentación, para que un paciente no salte de un lado a otro, sino tratar de acomodarle todo en un solo lugar sin complicaciones.

Colombia está avanzando hacia la calidad, el país tuvo 20 años para avanzar en cantidad y lo logró, y ahora los próximos 20 años es para mejorar la calidad.

Uno no puede esperar que la calidad de un sistema de salud se mejore de un año a otro, esto es un esfuerzo que implica entre otras cosas cambiar la mentalidad de quienes trabajan en el sector.

Hay que hacer el esfuerzo, porque la gente se queja de que el sistema adolece de muchas fallas de calidad y tienen razón en eso, pero llegar a una calidad óptima nos va a tomar un camino de por lo menos 20 años, y también implica unos esfuerzos financieros.

Ante las constantes quejas hacia las  EPS, algunos han planteado como una solución que se acaben. ¿Para usted cuál debe ser la solución a la crisis que están viviendo las EPS?

Eso sería absolutamente descabellado y no lo digo por estar en el gremio de las EPS, sino porque no hay como reemplazarlas fácilmente. La idea de reemplazarlas por una entidad pública única gigante tipo Caprecom me parece que es una idea peligrosa y disparatada, que no llevaría a nada, sino a agravar las cosas.

Volver las EPS simples administradoras o gestoras, ahí sí intermediarias administrativas sin responsabilidades mayores, no tiene sentido.

Por eso yo creo que el sistema debe continuar funcionando, desde el punto de vista estructural, pero con unas EPS muy serias, que hagan una tarea con responsabilidad, que asuman el aseguramiento. No veo una salida distinta y nadie la ha propuesto.

No creo que el gobierno se meta en la idea de liquidar y acabar con lo que hay, ni el Congreso, porque lo que hay tiene defectos pero ha funcionado.

Y las crisis del sistema

El tema de la crisis del sistema es muy complicado, porque no solamente es una crisis financiera; hubo una crisis de legitimidad en el sistema que se ha venido recuperando, hubo unos escándalos de corrupción que últimamente ha mejorado, sin embargo, hay mucha pugnacidad y enfrentamiento entre los actores del sistema.

Pero hay un tema que está allá detrás y es que el sistema a partir del momento en que la Corte -y el gobierno lo acepto en el año 2004 o 2005-, decidió que además de lo que ofrecía el POS también iba a pagar otra cosas que se llamaron no POS, en ese momento el sistema entró en una crisis financiera muy fuerte, porque no hay con qué pagarlo todo.

De hecho esa crisis financiera derivó en lo que el Fosyga aparentemente debe unos 2 billones de pesos a las EPS del Contributivo, y estas deben lo mismo a los hospitales, y los hospitales andan en problemas.

Entonces como el sistema es una cadena todo el sistema entró en crisis, y mientras no se resuelva la situación financiera de largo plazo, mientras no haya un equilibrio entre los ingresos y egresos va ser muy difícil darle una verdadera solución.

¿Es necesario hacer una reforma general al sistema de salud?

La reforma del 2012 no avanzó porque era muy mala, porque era demagógica, y en su momento se decía que iban a desaparecer las EPS, y se acababan los intermediarios. Eso no tenía mucho sentido, era una reforma equivocada y el Congreso se dio cuenta de que estaba dando un salto al vacío que hubiera sido peligroso.

El ministro actual tomo todo lo que se necesitaba y lo comenzó a hacer a través de una gran cantidad de medidas.

Lo primero que ha hecho es unificar el Régimen Contributivo y Subsidiado, unificar las unidad de capitación, el POS.

En segundo lugar ha buscado recurso económicos, que no son suficientes –son un paliativo-  pero lo ha hecho; el giro directo a los prestadores es otra medida, la movilidad y la portabilidad entre los sistemas, el modelo integral de salud, la habilitación de las EPS, entre otras medidas.

Cuando uno empieza a mirar esa cantidad de decretos y resoluciones, y medidas tomadas por el gobierno, lo que se llamó un plan B. Ahí está la reforma a la salud.

Actualidad

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y su impacto con los hospitales públicos

“para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo”.

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La Dra. Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), conversó con CONSULTORSALUD de manera exclusiva para dar su opinión frente al Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 (PND) y su impacto con los hospitales públicos.

Además, enfatizó en qué para lograr los objetivos propuestos en el sistema de salud, es necesario generar cambios de fondo en varios aspectos que hoy impiden que existan hospitales públicos fortalecidos al servicio de la comunidad a lo largo del tiempo.

También puede leer: pronunciamiento de los gremios de salud sobre el PND


CS: 
¿Qué opina del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 aprobado recientemente en el congreso?

El Plan Nacional de Desarrollo nos deja bastante lesionados, debido a que en él se quitaron recursos importantes para los hospitales públicos. En estos momentos de crisis y de dificultades, esto genera mayores problemas para  las instituciones prestadoras de salud porque las contribuciones parafiscales que eran para pago de EPS, les va a tocar asumirlas a cada Empresa Social del Estado a partir del año entrante, quitando una financiación importante para la república hospitalaria.


PND y el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud

Por otra parte, se acaba con el Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet) que era el fondo donde hospitales que entraban en riesgo fiscal y financiero, a través de este mecanismo, precisamente podían acceder a recursos para generar saneamiento. quedamos con bastante preocupación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”

CS: ¿Qué impacto tiene el Plan Nacional de Desarrollo con los Hospitales públicos?

En lo que tiene que ver con el acuerdo de punto final, nosotros no podemos desconocer que van a llegar recursos importantes al sector salud, en lo correspondiente a todas las deudas que tiene el estado con las EPS por concepto de NO POS.

Estamos hablando que van a llegar recursos al sector, por alrededor de los 5.5 billones  de pesos, estos son recursos importantes para la red pública hospitalaria, sin embargo, consideramos que es un acuerdo de punto parcial, porque no hace referencia a las deudas de lo POS, es decir, lo que las EPS adeudan a la red tanto pública como privada.

En este sentido, si hacemos una sumatoria general de estas deudas, estaríamos hablando de alrededor de los 15 billones de pesos. Esto quiere decir, que quedaría una suma bastante importante de 10 billones de pesos sin financiación, sin acuerdo de punto final.

CS: ¿Qué opinión le merece lo sucedido con la situación que están afrontando los usuarios de Medimás frente a las actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

“No podemos desconocer en estos momentos que el sistema de salud está en jaque”. En lo concerniente con Medimás, de acuerdo al fallo, tiene que entrarse a quitar la habilitación y en este orden de ideas quedarían sin financiación, la deuda hoy de Medimás EPS, Cafesalud EPS y Saludcoop, es preocupante para los prestadores quienes en ultimas siguen atendiendo el usuario, pero sin garantías del pago de esos servicios. 

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Entrevista

Gustavo Morales – Presidente de Afidro

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En entrevista con CONSULTORSALUD el Dr. Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo- Afidro, habló sobre el papel de la  asociación en la regulación del precio de los medicamentos en Colombia y sus reservas frente a la declaratoria de interés público, además, de las nuevas tecnologías que entrarán al país, los avances que se han dado en la prescripción de medicamentos, y los planes que a futuro tiene Afidro en busca de mejorar la estabilidad del sistema de salud colombiano.

Que es Afidro? ¿Cuántos años tiene? y ¿Cuál es el objetivo principal de Afidro?

Afidro es la asociación de empresas farmacéuticas de investigación y desarrollo, existe desde hace 60 años y su objetivo principal, como el de todos los gremios, es representar con transparencia los intereses comunes de nuestros afiliados.

¿Quiénes son los asociados actuales de Afidro?

Hoy en día tenemos 23 empresas afiliadas. Las compañías miembros de Afidro se distinguen de otras empresas importantes del sector farmacéutico porque cumplen los parámetros internacionales para ser consideradas laboratorios de investigación y desarrollo.

¿Existen asociados a Afidro que aún no tengan presencia en Colombia?

Para poder estar afiliado a Afidro la empresa tiene que estar constituida en Colombia, sea como sucursal, como filial o como empresa nacional; no existe un requisito de nacionalidad para pertenecer a Afidro, el requisito es que la empresa técnicamente pueda ser considerada como un laboratorio farmacéutico de investigación y desarrollo.

¿Qué tipo de tecnologías comercializan los asociados a Afidro dentro del país?

Básicamente productos farmacéuticos de síntesis química y, en los últimos años, también comercializan productos farmacéuticos biotecnológicos.

¿Qué porcentaje de la UPC en los regímenes Contributivo y Subsidiado se destinan actualmente en el país para comprar medicamentos que SI están incluidos en el plan de beneficios?

Nuestros estudios recientes revelan que del total de gasto público en salud, probablemente no más del 12% se destina a medicamentos. Esos datos están en proceso final de verificación, pero seguramente, no vamos a salirnos de ese rango.

¿Cuántos recursos se necesitan en el país para el año 2017 para pagar los medicamentos NO PBS (ahora denominados prestaciones individuales), y cuánto dinero tiene efectivamente disponible el Ministerio de salud para este propósito?

Si bien no contamos con cifras oficiales al respecto, es importante señalar que los recursos a partir del año 2017 deben contemplar el Plan Implícito que se defina posterior a las primeras exclusiones que realice el Sistema, sólo hasta ese momento podrá evaluarse la necesidad de más recursos para cubrir los medicamentos no PBS.

 

¿Y en el régimen subsidiado como es este cálculo de usos y recursos disponibles, para atender los medicamentos NO PBS?

Los recursos de financiamiento del régimen subsidiado provienen de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y de las entidades territoriales (Sistema General de Participaciones y rentas territoriales destinadas a la salud). El cálculo per se de usos y recursos le corresponde efectuarlo al Gobierno

¿Qué opinión le merece el aplicativo MIPRES?

Es un paso necesario e inevitable después del desmonte de los CTC que ocurrió como consecuencia de la Ley Estatutaria. Acaba de empezar a implementarse en forma y, en este momento, estamos en proceso de ayudarle al gobierno a evaluar su funcionamiento y los problemas derivados a su implementación.

¿Cree Ud. que el aplicativo MIPRES favorece el acceso a los medicamentos NO incluidos PBS o se ha convertido en una barrera de acceso?

Todo dependerá de la funcionalidad del aplicativo y de la posibilidad de que los médicos puedan operarlo adecuadamente. En estas primeras semanas estamos percibiendo que puede constituirse en una barrera de acceso, especialmente en cuanto a la entrega de los productos más que a la prescripción, pero esperamos que con los ajustes que seguramente se harán eso se supere rápidamente. Hemos apoyado a organizaciones de pacientes que han montado infraestructuras de asesoría a médicos y pacientes, y la información agregada recaudada se ha transmitido a las autoridades para que tomen los correctivos necesarios.

¿Las juntas de profesionales, se están convirtiendo en una barrera de acceso para aprobar medicamentos del listado UNIRS y nutrición ambulatoria?. Los médicos no quieren conformar o participar de estas juntas ¿Por qué? 

En general todos estamos en un proceso de aprendizaje y ajuste a un nuevo modelo, siempre que hay cambios hay traumas, lo importante es tomar nota de los problemas y solucionarlos de manera sistemática. 

¿Qué opina del uso futuro del aplicativo MIPRES en el régimen subsidiado?

Es un paso necesario, lo importante es que se aplique bien tanto en lo contributivo como en lo subsidiado. Seguramente terminará también extendiéndose al PBS. 

¿Qué propuestas está haciendo Afidro para lograr que exista un solo pagador para las tecnologías NO PBS, sabiendo que en el régimen subsidiado son los entes territoriales y que el fondeo no está completo?

Nosotros no hemos trabajado ningún proyecto específico que apunte hacia un solo pagador, ese es un objetivo a largo plazo muy saludable. Entre tanto, creemos que lo que hay que hacer es mejorar las normas vigentes y que todos los agentes que deban pagar, paguen a tiempo. El Ministro ha dicho reiteradamente que buena parte de los problemas del sistema de salud, no son propios de su arquitectura, sino de la arquitectura descentralizada del estado colombiano.

¿Qué opina del Plan Implícito de Salud? ¿Conoce sus avances?

Se ventiló un proyecto de resolución hace unos meses, no se ha vuelto a conocer de ese tema. Sin embargo, en principio mi opinión es que de la Ley Estatutaria no se deriva como tal de un Plan Implícito de Salud, lo que hay, según la Ley Estatutaria, es un universo de productos explícitamente excluidos y un universo de productos y procedimientos que deben ser pagados por el sistema. La existencia de un plan implícito supone la existencia de un plan explícito y esa figura no está contemplada en la Ley.

¿Qué opinión le merece la creación del Valor Máximo de Reconocimiento VMR que acompaña los nueve agrupamientos actuales, y que han incluido las dos últimas resoluciones de actualización del plan de beneficios? ¿Cree usted que es una norma que establece una autoregulación por parte de las EPS? y que puede convertirse en un modelo futuro de regulación general al interior del sistema de salud colombiano?

No estamos de acuerdo con la definición de los subgrupos de referencia. Si bien estos se establecen con base en los códigos ATC definidos por la OMS, esta agrupación no implica necesariamente sustituibilidad entre los productos que componen cada subgrupo pues en la práctica intervienen otras variables que determinarán la elección que el médico realice.

¿Considera Afidro que el agrupamiento de medicamentos que se inició en el año 2015, se extenderá y cobijará por ejemplo a medicamentos oncológicos?

Consideramos que no se debe continuar con esta metodología, y de hecho el Ministerio mismo estableció que no va a hacer más ejercicios de agrupamiento por los requerimientos técnicos que exigen estos ejercicios.

¿Qué impacto real tendrán estos agrupamientos en el acceso y en el financiamiento de estos medicamentos?

La preocupación con estos agrupamientos es que se espera que con el mismo dinero (la UPC) las EPS estén en capacidad de cubrir un grupo amplio de tecnologías que en algunos casos aún no están disponibles en Colombia y por ende no están incluidas en el cálculo de la UPC. Esto podría poner en riesgo la autonomía médica y el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos por el paciente.

¿Cuál es la metodología que Afidro propone para evitar que se diluya en medio de la regulación el estímulo a la innovación? 

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la salud consiste en garantizarles a los colombianos  el derecho a la mejor salud posible, eso incluye, por supuesto, el derecho a acceder a los mejores productos innovadores. Nosotros creemos que un sistema bien regulado con fuentes de financiaciones sólidas y estables, donde no haya corrupción y redundancias y con adecuados mecanismos de vigilancia y control, debería permitir el acceso de los colombianos a productos innovadores.

Hemos discrepado de la posición del gobierno en el sentido de que es la innovación la culpable del desangre del sistema. Ese énfasis deja de lado el análisis de los servicios innecesarios, el fraude, los costos administrativos excesivos, la ineficiencia en la prestación de los servicios y las oportunidades pérdidas de prevención (un niño no vacunado a tiempo, por ejemplo). Además, con la política de control de precios existentes, las críticas a los altos precios de los medicamentos en el fondo son una autocrítica del gobierno así mismo.

¿Cómo entiende Afidro el modelo de compras centralizadas? ¿Cuáles serían sus efectos positivos y negativos?

Tanto el modelo de negociaciones centralizadas como el de compras centralizadas se han ido abriendo paso en el mundo y en la región, Afidro lo considera un mecanismo legitimo siempre y cuando sean muy transparentes sus reglas, que no afecten la competencia ni discriminen a los distintos oferentes y, sobretodo, no afecten la autonomía médica. La compra centralizada no puede ser de tal magnitud que restringa las opciones de prescripción de los médicos.

¿Cómo le parece la metodología de regulación propuesta por las universidades Nacional y de los Andes para determinar el precio de los medicamentos basado en el aporte terapéutico?

Lo que es importante es: Primero, que la definición de ese aporte terapéutico a través de la evaluación tecnológica se haga con toda transparencia, con los más altos niveles técnicos, y ojala usando un análisis multicriterio para determinar el valor de cada producto.

En segundo lugar, es que pronto será necesario establecer porqué debe el gobierno fijar el precio de los medicamentos, cuando tenemos unas aseguradoras privadas que son las que deben gestionar el riesgo, pero ese es un debate sistémico que el país está en mora de dar.

En tercer lugar, nuestra verdadera discrepancia es en que los resultados de esa evaluación tecnológica sea un condicionamiento para que el producto respectivo obtenga su registro sanitario, esa es una política pública que la propia Corte Constitucional ha reconocido que puede vulnerar el derecho de los colombianos a la mejor salud posible. 

¿Le ganó Afidro la batalla al Ministro de salud al lograr que se limitará la declaración de interés público de medicamentos, al tener que consultarla con un comité del alto nivel gubernamental?

Nunca hemos participado en ninguna batalla contra nadie. Desde hace muchos años existen normas internacionales aplicables en Colombia que regulan las llamadas licencias obligatorias, es decir, las licencias que por obligación, ordenada por el Estado, el titular de una patente debe darle a un tercero para que explote el producto patentado sin la aquiescencia de aquel. Antes de expedir una licencia obligatoria, la respectiva oficina de patentes debe constatar que el ministro del ramo (sea salud, agricultura, defensa, TI) ha declarado, previamente, que respecto de ese producto patentado se predica una razón de interés público que justificaría “romper” la patente que legítimamente, por unos años, lo protege de competencia.

De modo que, para llegar a ese momento tan delicado y tan excepcional, es muy importante que la declaratoria de interés público este plenamente justificada; episodios recientes demuestran que un ministerio cualquiera, sea el de salud o cualquier otro ministerio que regule sectores donde existan patentes, puede tener un entendimiento de lo que es el interés público incompleto o parcializado, y eso genera mucha incertidumbre entre las empresas innovadoras de todo tipo.

Contrario a la premisa de su pregunta, el decreto recientemente expedido no le pone “límites” a ningún ministro en materia de declaratorias de interés público. Lo único que hace es establecer, que antes de proceder, consulte la opinión no vinculante de sus colegas de Planeación y comercio, para evaluar las implicaciones que tendría la declaratoria frente a la política económica general y la política de propiedad intelectual.  

Es decir, que Afidro no está de acuerdo con la declaratoria de interés pública que hizo el Ministerio de Salud al medicamento Glivec, o cree que el procedimiento no fue el adecuado.

El Ministerio aplicó el procedimiento que existía, pero ese procedimiento no contemplaba las salvaguardias sensatas que el nuevo decreto ahora contempla. El problema con Glivec no fue procedimental, fue sustancial. Cuando se profiere una Declaratoria de Interés Público, la pregunta no es “¿es este producto de interés público?”, porque todos los medicamentos en alguna medida lo son; la pregunta es “¿el hecho de que este producto esté patentado afecta el interés público?”. Creemos que en ese caso, tratándose de un producto bajo control de precios, incluido en el POS, y cuya patente estaba a punto de expirar, la respuesta a esa segunda pregunta era negativa.

 Hay medicamentos que entran al país y que tienen un alto costo para el sistema ¿Afidro cuál cree que es la solución para que esos medicamentos que requieren los pacientes, como en el caso de los de Hepatitis C, se puedan regular pero que no afecten tanto a las patentes como al sistema?

En general nuestra posición es que la política de precios no tiene por qué depender de afectaciones a la propiedad intelectual, se puede hacer una política de precios transparente, predecible, metódica, que gradualmente va incorporando nuevos productos al control, sin necesidad de afectar la confianza en las patentes. 

Mire usted que en los próximos días el gobierno va a incorporar aproximadamente tres mil nuevos productos al control de precios y, la discusión sobre si las patentes son válidas o no, o si se debe expedir o no una licencia obligatoria, no aparecen por ninguna parte, no es necesaria, el gobierno no requiere acudir a desconocer las protecciones de la propiedad intelectual para hacer un control de precios eficaz.

¿La vía abreviada de comparabilidad no es un camino apropiado para mejorar la competencia en Colombia?

No. Supone la entrada al país de productos biotecnológicos que de por si son de gran complejidad y riesgo, sin que para ese producto específico se hayan realizado estudios clínicos sobre humanos. Los estándares internacionales actualmente vigentes exigen como mínimo la existencia de esos estudios clínicos, y por lo tanto creemos que no se puede promover a la brava una competencia que genere semejante nivel de riesgo frente a la calidad de esos productos.

¿Entonces qué opinión tiene ustedes frente al Decreto 1782 de 2014 sobre medicamentos biotecnológicos?

Nosotros creemos que en general ese es un decreto razonable en cuanto a que regula el registro sanitario de productos biotecnológicos, pero –y el pero aquí es muy importante-, tiene un artículo, el noveno, que justamente es la vía abreviada de comparabilidad, que genera gran preocupación por su impacto a la salud y por eso lo hemos demandado ante el Consejo de Estado.

¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas se espera que lleguen al país en los próximos meses y años?

Hay muchos avances en todas las áreas terapéuticas que tiene que ver con la salud humana, pero le mencionó tres donde el desarrollo es realmente impresionante. Uno, en el tema oncológico, a través de las inmunoterapias; dos, en el tema de enfermedades huérfanas gracias a los avances de la biología genética y molecular y; tres, en el tema de Hepatitis C ha ocurrido una auténtica revolución.

¿Cuál es el precio de estas tecnologías?  Y ¿Cuáles son los resultados esperados de las mismas?

El precio variará según si el producto entra o no al control de precios, si está o no patentado, y cuál va a ser el resultado de la respectiva evaluación tecnológica, pero lo que estamos seguros es que los colombianos tienen derecho a esos productos y la industria apoyará al gobierno en cualquier medida que le permita a los colombianos acceder a ellos.  

¿No se afecta la sostenibilidad financiera del sistema de salud, si no se hace una adecuada regulación al precio de estas tecnologías?

Nosotros estamos convencidos empíricamente que la innovación en medicamentos no es el problema financiero del sistema de salud, los medicamentos en total representan solo el 11% del gasto total del sistema, productos innovadores quizás no represente más del 3 o 4%.

Un sistema de salud donde la UPC sea suficiente, el rol de las EPS esté claro, y no haya redundancias, ni corrupción, ni politiquería, permitiría alcanzar la meta de darle salud digna y básica a todos los colombianos.

¿Qué impacto ha tenido la liquidación de  Saludcoop en el gremio?

Saludcoop era una entidad sistémica, por su tamaño y presencia nacional tenía ramificaciones en todas las esquinas del país y en todos los rincones del sistema de salud. Su liquidación por supuesto produjo un impacto enorme, pero entendiendo que quizás no había otra alternativa está bien que se haya procedido como en efecto se ha hecho con toda la transparencia en su proceso de liquidación.

Nos preocupa un poco más la situación de Cafesalud que es una EPS vigente y su capacidad de cumplimiento se ha visto sumamente deteriorada en los últimos meses.

¿Se han tomado medidas frente a esta liquidación o están esperando cómo proceda el gobierno?

Como gremio no podemos tomar decisiones colectivas que involucren a todos nuestros afiliados, pero si hemos estamos muy atentos a la evolución del proceso y hemos hecho observaciones respetuosas al gobierno y a las autoridades que están liderando el tema para garantizar que la liquidación de Saludcoop se haga con total transparencia, esperamos que la suerte final de Cafesalud garantice que se paguen las deudas que tiene la EPS con sus proveedores, y sobre todo, se garantice la continuidad en la prestación del servicio a los pacientes.

(Después de realizada la entrevista, se conoció el resultado del proceso de venta de Cafesalud. Frente a ese resultado, nos declaramos en alerta moderadamente optimista)

¿Cómo ve el próximo funcionamiento de ADRES (el banco de la salud)? ¿Qué beneficios y oportunidades puede traer al sistema de salud?

El país estaba en mora de formalizar y darle solidez jurídica al Fosyga, y la creación del ADRES va a permitir una mayor claridad en cuanto a los derechos y obligaciones de cada uno de los agentes del sistema. En el papel lo veo como algo muy positivo, pues es uno de los mejores avances de los últimos años en el sistema de salud.

En una rendición de cuentas del gremio de las farmacéuticas asociadas a Afidro. ¿Cuáles cree Ud. que son los logros alcanzados en materia de cobertura, acceso, y efectividad? y ¿sobre qué patologías especialmente está impactando positivamente el gremio de Afidro a los colombianos?

Todas nuestras compañías impactan en todas las patologías que afectan la salud de los colombianos, desde los productos dermatológicos y oftalmológicos hasta los más avanzados productos para el cáncer, nuestros afiliados atienden e innovan en todas las ramas.

Afidro como organización se siente orgullosa de promover el derecho de los colombianos a acceder a los productos de mejor calidad posible, en un ambiente de sana y feroz competencia, con respeto a la propiedad intelectual y, sobretodo, siempre con los pacientes como prioridad.

¿Qué viene para Afidro en el inmediato futuro?

A raíz de nuestro aniversario número 60, elaboramos un plan estratégico en el que vamos a trabajar para fortalecer en Colombia la cultura y el respeto a la innovación tecnológica en todos los frentes, y vamos a establecer una capacidad interna para ayudarle al gobierno a pensar en mejoras estructurales al sistema de salud en beneficios de todos los colombianos.

¿Qué tipo de mejoras estructurales tienen pensadas?

Las que resulten de los estudios, de los análisis y las reflexiones que vamos a liderar, pero muchas de ellas pasan, por ejemplo, por el tema de las fuentes de financiación del sistema, el papel de las EPS, la eficiencia en el acceso y el fortalecimiento del control. 

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Entrevista

Dr. Jaime Calderón Herrera- Director IETS

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CONSULTORSALUD en entrevista con el Dr. Jaime Calderón Herrera, nombrado hace poco como Director Ejecutivo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS, quien nos habló de los retos que tiene frente a la institución, como del papel del IETS en el proceso de exclusiones que viene adelantando el Ministerio de Salud, los avances en la implementación del artículo 72 del Plan de Desarrollo sobre la regulación en el precio de los medicamentos, entre otros temas.

Usted acaba de ser nombrado como Director Ejecutivo del IETS, y se dice que está es la primera vez que a la dirección del instituto llega un médico con enfoque clínico, cuéntenos ¿cuáles son los principales retos que tiene dentro de la entidad y los objetivos que tiene trazados a futuro?

El principal objetivo es el fortalecimiento y el sostenimiento en la calidad en todo lo que nosotros hagamos, siempre van a haber oportunidades de mejora, y requerimos que haya un mayor conocimiento de lo que hace el instituto, que genere legitimidad desde la construcción de caminos de confianza, insumo este, indispensable en el sistema de salud. En nuestro caso debemos proveer evaluaciones de absoluto rigor científico y metodológico que contribuyan con el proceso de transparencia, que informe la toma de una decisión de entrada y la inclusión o exclusión de una tecnología. Vale la pena aclarar que nuestro concepto o recomendación no es vinculante.

Desde que se creó el Instituto en el año 2012,  su enfoque ha sido la evaluación de las tecnologías en salud basadas en la evidencia científica, desde entonces se crean guías y protocolos sobre medicamentos, dispositivos, procedimientos y tratamientos, ¿Cuántos centros de evaluación tiene el instituto? y ¿Cómo es el proceso investigativo?

Inicialmente el IETS contribuyó con el Ministerio de Salud y Protección Social en la elaboración del Manual de criterios de priorización de las tecnologías a evaluar. Una vez hecho esto, el instituto se ha dedicado a construir, a referenciar y a optimizar los cuatro manuales metodológicos con los cuales actúa.

Estos  manuales, tienen varias fases que se sustentan en metodologías referenciadas por agencias internacionales de Europa, de Estados Unidos y de Australia, que nos han permitido generar unos manuales metodológicos, que son referenciados, a su vez, por otras agencias similares en el mundo, que tienen procesos de participación y procesos de síntesis de evidencia. Esa síntesis de evidencia tiene maneras de evaluarse y de graduarse, de poder filtrar cuáles son más robustas y cuáles más débiles; inclusive se puede mirar cuáles son los pasos para poder resolver el tema de lagunas de evidencia.

Los procesos de participación empiezan desde el mismo momento en que se hace la pregunta base sobre la cual se va a generar todo el proceso de evaluación, son procesos donde la información está disponible para los grupos de interés, de tal manera que puedan allegar evidencia que consideren adecuada; para que posteriormente nosotros la evaluemos. Entre estos públicos se encuentran la industria farmacéutica, pacientes, ciudadanos, usuarios y académicos. Dentro de este mismo proceso, hay un grupo desarrollador donde también están los expertos clínicos, expertos metodológicos y expertos en evidencia que hacen un informe preliminar, que tiene difusión entre los grupos de interés, quienes en ese momento pueden igualmente hacer observaciones o adicionar información que crean relevante.

Una vez se ha desarrollado todo este proceso, nosotros entonces producimos el informe final, y ese informe es la respuesta a la solicitud que nos haya hecho el Ministerio de Salud y Protección Social para una o para varias tecnologías en salud. El MINSALUD también  tiene sus propios procesos, que incluyen la participación de sociedades científicas, de grupos de expertos, de grupos de pacientes, etc.

Dentro de sus propios procesos, nuestro insumo es un insumo de discusión de esos mecanismos de participación, y al final, el ministerio que es el tomador de la decisión, es quien toma la decisión final teniendo en cuenta todos estos elementos.

Una vez se tienen las guías de práctica clínica y la evaluación de tecnologías sanitarias ¿Cómo es el proceso de implementación en todos los actores del sistema? ¿Ustedes además de hacer un acompañamiento, hacen un seguimiento de lo que se dice allí se cumpla?

Una cosa son la evaluaciones de tecnologías y otra las guías de práctica clínica, de hecho, hay procesos transversales a todo, bajo subdirecciones independientes al interior del Instituto y con grupos de trabajo específicos para cada una de estas actividades. 

Sumado a estos dos grupos, hay una tercera subdirección que es la de implantación y diseminación, que busca que lo que hagamos tenga un resultado final en la adopción de la guías y en la implementación de las mismas. Este es un proceso para facilitar que estas evaluaciones o las decisiones que ha tomado el ministerio, tengan aceptación y comprensión.

En la medida en la que se ha venido conociendo el IETS,  han habido instituciones y entes territoriales que nos están buscando para cubrir sus necesidades en esta materia, y lo estamos desarrollando de manera creciente, pero sin cubrir aún todas las necesidades del país en términos de nuestro apoyo para la implementación de guías.

El consejo  directivo del IETS lo conforman el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas  ¿Cómo funciona el trabajo colaborativo entre todas las entidades que lo conforman?

El IETS es una corporación mixta de mayoría estatal,  eso quiere decir, que las cuatro entidades estatales, más las dos privadas, conforman el consejo directivo que es donde trazan las políticas generales y la estrategia.

Entonces, se nos ha encargado inicialmente por decreto del ministerio de la evaluación de las tecnologías, que terminan siendo nominadas dentro de los procesos y los tiempos que el ministerio ha definido para la nominación de tecnologías a excluir, conforme a lo que está previsto por la Ley Estatutaria.

Nuestra articulación con la agencia regulatoria INVIMA, la hacemos especialmente para propósitos del artículo 72 de la Ley del Plan de Desarrollo. Por supuesto que tenemos un dialogo con el Instituto Nacional de Salud, con Colciencias ha sido un poco menos fluido, con Ascofame y con las sociedades científicas es con quienes hemos trabajado de manera más permanente, la ACSC contribuye a nuestros procesos mediante expertos clínicos que participan en los grupos desarrolladores de las evaluaciones y de las guías de práctica clínica.  

Ha sido un trabajo articulador que se ha venido desarrollando, pero que todavía tiene un espacio muy grande para consolidar y fortalecer.

En este momento el sistema de salud inicia un nuevo plan de exclusiones, en el que el IETS realizará un papel fundamental dentro del análisis “Técnico-Científico” de las tecnologías y procedimientos que serán excluidos ¿Cuéntenos un poco como se llevará a cabo ese proceso?

Cualquier ciudadano, cualquier entidad e inclusive el gobierno pueden nominar tecnologías que consideren que son riesgosas, que son inefectivas o que hay alternativas terapéuticas que tienen igual o mejor eficacia, efectividad o seguridad. 

Una vez nominadas, existe el primer paso en el cual el IETS hace la evaluación técnico – científica  de los criterios por los cuales fue nominada la tecnología. Luego de evaluados, se le remite nuevamente al ministerio, quien inicia todo el proceso que prevé la Ley Estatutaria en términos de participación y transparencia para generar la decisión final de la exclusión.

Nuestro concepto no es vinculante, es un insumo más que tiene el tomador de la decisión, después de un proceso de participación público y abierto, que le permita al final tomar la decisión de excluirlo o no, eventualmente puede ser que una tecnología nominada para la exclusión, termine excluida, como puede suceder también que hayan tecnologías que no hayan sido nominadas y que merezcan hacer parte de las exclusiones.

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que recibió 66 nominaciones de exclusiones para que reciban un análisis técnico – científico ¿más o menos cuánto tiempo se espera que demore ese análisis? Y ¿Quiénes harán parte de ese grupo analista?

El IETS es un evaluador, y da un concepto, una recomendación. Es un insumo de varios que se van a producir dentro del proceso que estableció la Ley Estatutaria para las exclusiones.

Para el caso de las exclusiones evaluamos técnicamente el criterio por el cual fue nominada la tecnología, para lo cual, tenemos un plazo de 45 días calendario prorrogable en un lapso de tiempo de 10 días. Para este análisis, se conforman equipos multidisciplinarios con los siguientes perfiles: epidemiólogos clínicos, expertos temáticos y químicos farmacéuticos.

En el proceso para la regulación del precio de los medicamentos, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que el IETS sería la entidad encargada de realizar la evaluación del registro sanitario de los medicamentos y dispositivos médicos para que a partir de esa evaluación el Ministerio fije el precio, se espera que en mayo se regule el precio de 3000 medicamentos ¿Qué ha pasado con esa evaluación?

Lo que establece la ley es que una vez se haga la solicitud de ingreso de una nueva tecnología al país, de una manera simultánea y concurrente con el Invima, que es la agencia reguladora que da el registro, al mismo tiempo el IETS se encarga de hacer la evaluación de valor terapéutico.

Una vez evaluado ese valor terapéutico, si esta en las categorías de mucho más valor o igual valor, la agencia reguladora da un registro inicial, cuando se hace esa valoración, el producto entra en un proceso de mercadeo y posteriormente de difusión e implantación, entonces, nosotros trabajaremos para la agencia reguladora y para el Ministerio, haciendo la  evaluación de tecnología sanitaria que comprende: evaluación de efectividad y seguridad, evaluación económica y posiblemente la evaluación de impacto del presupuesto; como un insumo entre otros con los cuales el tomador de la decisión establecerá el precio.

¿El IETS ya viene adelantando el proceso de evaluación?

Tenemos un estudio piloto del cual esperamos tener una propuesta metodológica estandarizada que permita la articulación efectiva entre el Ministerio de Salud y Protección Social, el Invima y el IETS. Cabe resaltar, que esta metodología contempla la evaluación del valor terapéutico a partir del uso del análisis multicriterio. Esperamos que el estudio piloto finalice en el mes de agosto y a partir de allí se inicie su implementación.

El Ministerio tiene varios elementos para la fijación de precios, en referenciación regional, con la OCDE, compra centralizada, y las evaluaciones de tecnologías del IETS.

En este caso del Plan de Desarrollo, los insumos que nos pidan tampoco son vinculantes.

El IETS entre sus ramas de investigación tiene un centro para el análisis de impacto presupuestal ¿Cómo funciona y de qué manera interviene en la regulación del precio de algunas tecnologías o procedimientos?

Es otro análisis completamente técnico, con una metodología universalmente aceptada, teniendo en cuenta particularidades del contexto colombiano, y es también otro insumo técnico para la toma de decisiones.  Nosotros elaboramos procesos de evaluación económica con absoluto rigor técnico y con adiciones que nos permitan contextualizarlos en Colombia. Esos análisis los puede pedir tanto el Ministerio de Salud y Protección Social como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cuanto  al registro de medicamentos y dispositivos médicos de uso por fuera del registro sanitario (off label), que deben ser evaluados por el IETS para determinar un segundo uso.

En el proceso de medicamentos off label, se utiliza una metodología de referenciación internacional de agencias de vigilancia como la FDA y la Agencia Europea de Regulación de Medicamentos y se identifican alarmas del uso de estas tecnologías en indicaciones no autorizadas por la entidad regulatoria y posteriormente se hace una clasificación de riesgo a partir de esas alarmas.

Trabajamos a solicitud de evaluaciones determinadas, no por nuestra propia iniciativa, es importante señalar que no hacemos evaluaciones para la industria farmacéutica ni para la industria de dispositivos.

 

Por:Laura Suárez

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