La propuesta de salud de Claudia López parte de una premisa central, el sistema no solo requiere una reforma normativa, sino una intervención temprana sobre sus fallas operativas más visibles. La radiografía que plantea su programa habla de atención fragmentada, demoras en tratamientos, filas para medicamentos, inequidad territorial y pérdida de confianza entre pacientes, prestadores, academia y Estado. La pregunta de fondo es qué tendría que pasar en los primeros 100 días de un eventual gobierno para que esas propuestas se traduzcan en hechos verificables.
La experiencia en Bogotá como antecedente de gestión pública
La gestión de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá (2020-2024) es un antecedente relevante para leer su propuesta nacional de salud, especialmente porque su mandato inició con una crisis sanitaria inesperada. La crisis sanitaria del Covid-19 forzó al gobierno a centrar sus primeros meses en la salud y la reactivación económica. En este contexto, destacó por su liderazgo temprano al decretar cuarentenas y cerrar aeropuertos de manera independiente, adelantándose a las decisiones del gobierno nacional.
Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de cuestionamientos. Los críticos señalaron su carácter conflictivo y sus desencuentros con el Gobierno Nacional como puntos débiles. Además, la percepción de inseguridad, el caos en la movilidad y el lento progreso de las obras de infraestructura (especialmente el Metro) generaron descontento notable frente a las promesas iniciales.
Para un eventual gobierno nacional, este antecedente deja una lección directa. La propuesta en salud no solo requeriría diseño técnico, sino coordinación institucional, comunicación cuidadosa, ejecución verificable y resultados tempranos que reduzcan la distancia entre los indicadores de gestión y la percepción ciudadana.
Radiografía del sistema que combina cobertura amplia y acceso deteriorado
Colombia llega a 2026 con una contradicción estructural en salud. El país conserva una cobertura de aseguramiento alta, pero esa afiliación no siempre se traduce en acceso efectivo, oportunidad clínica ni continuidad terapéutica. El propio programa de Claudia López reconoce que el sistema de salud colombiano, creado hace 35 años, muestra agotamiento pese a haber logrado una cobertura casi universal. La dificultad ya no está únicamente en estar afiliado, sino en recibir atención, medicamentos y tratamientos sin barreras.
Ese diagnóstico coincide con señales recientes del sistema. La Defensoría del Pueblo reportó que las tutelas en salud pasaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, y que actualmente el 34 % de las tutelas en Colombia buscan proteger este derecho. Este dato confirma que una parte relevante de los ciudadanos sigue acudiendo a la justicia para obtener servicios, medicamentos o tratamientos que deberían resolverse por la vía administrativa y clínica.
La presión financiera también es evidente. Según la ADRES, en febrero de 2026 el giro por UPC a las EPS ya superaba los $8 billones mensuales, y de la UPC reconocida en ese mes se giraron directamente $6,52 billones a 3.732 clínicas, hospitales y proveedores de servicios y tecnologías en salud. Esta magnitud muestra que el problema no se reduce a la existencia de recursos, sino a su suficiencia, oportunidad, trazabilidad, auditoría y capacidad para sostener redes de atención sin interrupciones.
El punto de partida de Claudia López: resolver la crisis inmediata y reconstruir confianza
El programa de Claudia López plantea actuar en dos frentes: resolver la crisis actual y construir un nuevo sistema de salud que responda a la realidad demográfica futura. En esa formulación, la prioridad inicial no sería desmontar de forma abrupta el sistema, sino ordenar sus flujos, recuperar la oportunidad del servicio y reconstruir confianza entre los actores.
La propuesta identifica tres fallas críticas que deberían marcar la agenda de los primeros 100 días:
- Fragmentación de la atención, que obliga al paciente a transitar entre autorizaciones, redes dispersas y respuestas administrativas.
- Demoras en tratamientos y medicamentos, que deterioran la continuidad clínica y aumentan la judicialización.
- Brechas territoriales, especialmente en zonas rurales, centros poblados y poblaciones excluidas.
Por eso, los primeros 100 días no deberían entenderse como el inicio de una gran reforma abstracta, sino como una fase de choque para garantizar continuidad asistencial, transparencia financiera y reglas mínimas de operación.
Primeros 30 días: mando operativo para tratamientos, medicamentos y pagos críticos
El primer mes tendría que concentrarse en una medida concreta: instalar un mecanismo nacional de seguimiento operativo sobre tres frentes sensibles del sistema: medicamentos pendientes, tratamientos interrumpidos y pagos críticos a redes prestadoras.
El programa señala como prioridad recuperar el sistema de salud resolviendo su parálisis financiera para garantizar que tratamientos y medicamentos lleguen a tiempo y sin filas. Esta frase, llevada a una agenda de gobierno, exigiría una línea base pública sobre los puntos donde se concentran las interrupciones de atención, las demoras en dispensación y las obligaciones pendientes con prestadores.
En términos prácticos, los primeros 30 días deberían dejar resultados verificables:
- Identificación de medicamentos y tratamientos con mayor riesgo de interrupción.
- Priorización de pacientes con enfermedades crónicas, alto costo, discapacidad, salud mental y adultos mayores.
- Publicación de un tablero de seguimiento sobre tiempos de entrega, autorizaciones y respuesta de redes.
- Revisión de pagos críticos a hospitales, clínicas y proveedores estratégicos.
- Definición de responsables institucionales por cada ruta de solución.
Este primer bloque no reemplaza la reforma estructural, pero sí permitiría mostrar capacidad de gestión. En salud, la gobernabilidad comienza por resolver lo urgente: que el paciente no pierda su tratamiento, que el medicamento llegue y que la red pueda seguir prestando servicios.
Días 31 a 60: auditoría pública, límites a la integración vertical y reglas de pago
El segundo momento debería traducir la promesa de control público en instrumentos administrativos concretos. El programa plantea gestoras y prestadoras con límites y controles a la integración vertical, además de regencia y auditoría pública rigurosa y transparente. También propone tablas de precios unificadas por servicios, regiones y poblaciones, con mecanismos de pago contra auditoría tecnológica.
Durante esta fase, el gobierno tendría que avanzar en tres decisiones:
- Definir reglas de auditoría pública sobre pagos y prestación.
Esto implica separar lo que debe pagarse con oportunidad de lo que requiere revisión técnica, evitando que la auditoría se convierta en una nueva barrera de acceso. - Establecer criterios de control a la integración vertical.
El objetivo sería evitar que la concentración entre aseguramiento, prestación y dispensación afecte la libre elección, la transparencia contractual o la calidad del servicio. - Construir una metodología inicial para precios y pagos diferenciales.
Las tablas unificadas por servicios, regiones y poblaciones tendrían que reconocer que no cuesta lo mismo prestar servicios en una capital que en una zona rural dispersa.
Este punto es clave para los tomadores de decisiones. Si no hay reglas claras de pago, auditoría y contratación, cualquier reforma puede terminar aumentando la incertidumbre de prestadores, proveedores y pacientes.
Días 61 a 100: información interoperable y planes explícitos para ordenar la atención
El programa de Claudia López también plantea implementar un sistema de información unificado, público, interoperable y transparente, centrado en el paciente. Su objetivo sería gobernar con evidencia, reducir costos, autorizaciones y tiempos de espera, aumentar eficiencia y cerrar espacios a la corrupción.
En los primeros 100 días, ese sistema difícilmente podría estar plenamente desplegado, pero sí debería iniciar con una arquitectura mínima de implementación. Esto significa definir qué datos serán obligatorios, quién los reporta, cómo se validan y qué información será pública para seguimiento ciudadano e institucional.
Un primer avance realista debería incluir:
- Tablero nacional de oportunidad en citas, medicamentos y tratamientos.
- Identificación de redes prestadoras por territorio.
- Seguimiento a autorizaciones, negaciones y tiempos de respuesta.
- Priorización de interoperabilidad para pacientes con enfermedades crónicas y alto riesgo.
- Indicadores de equidad territorial, no solo de producción de servicios.
En paralelo, el programa propone un nuevo estudio actuarial que refleje la realidad demográfica, epidemiológica y cultural de la población. Este estudio debería convertirse en uno de los primeros encargos técnicos del gobierno, porque de allí dependería la construcción de planes de beneficios explícitos que incorporen salud mental, discapacidad y envejecimiento como prioridades de atención.
Atención primaria y cuidado como respuesta territorial
La propuesta no limita la salud a la atención médica individual. La articula con un Sistema Nacional de Salud y Cuidado que acompañe a las personas durante todo el ciclo vital, integrando salud física, salud mental, prevención, cuidado familiar, discapacidad y envejecimiento.
En los primeros 100 días, esta visión debería aterrizarse en territorios priorizados. No se trataría de anunciar una cobertura nacional inmediata, sino de seleccionar zonas con mayores barreras de acceso y activar rutas integrales de atención primaria, salud mental, cuidado y medicamentos.
El cambio urgente estaría en pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva. Eso supone que los equipos territoriales no esperen al paciente cuando ya está descompensado, sino que identifiquen riesgos, hagan seguimiento activo, coordinen servicios y reduzcan el tránsito innecesario por urgencias, tutelas o autorizaciones repetidas.
Medicamentos y tratamientos: el indicador que más rápido puede medir confianza
El acceso a medicamentos aparece como uno de los puntos más sensibles del diagnóstico. La Defensoría del Pueblo ha alertado por una crisis de acceso a medicamentos y reportó 107.000 quejas entre 2022 y 2025 relacionadas con esta problemática; para 2024 recibió 35.000 quejas vinculadas al derecho a la salud, con un aumento del 32 %.
Por eso, una agenda de 100 días debería tener un indicador visible: reducción de tiempos de entrega y continuidad de tratamientos priorizados. Para el ciudadano, la reforma no se mide inicialmente en decretos, sino en si logra recibir el medicamento, continuar su terapia y obtener respuesta sin acudir a una tutela.
¿Qué debería quedar cumplido al día 100?
Al cierre de los primeros 100 días, una implementación coherente con el programa debería dejar resultados concretos:
- Una línea base nacional sobre demoras, medicamentos pendientes y tratamientos interrumpidos.
- Un mecanismo público de seguimiento a oportunidad, autorizaciones y dispensación.
- Reglas iniciales de auditoría pública sobre pagos, contratación y prestación.
- Priorización de territorios con mayores brechas de acceso.
- Inicio formal del estudio actuarial para planes de beneficios explícitos.
- Diseño operativo del sistema de información público, interoperable y centrado en el paciente.
- Rutas de atención primaria y cuidado en territorios seleccionados.
El programa de Claudia López plantea una transformación centrada en ordenar el sistema, recuperar confianza, mejorar la oportunidad de la atención y cerrar brechas territoriales. La viabilidad de esa propuesta dependería, en buena medida, de que los primeros 100 días no se concentren solo en anuncios normativos, sino en decisiones operativas que impacten los puntos donde hoy se expresa la crisis: medicamentos, tratamientos, pagos, información, auditoría y acceso territorial.
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