La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer el 22 de noviembre la intervención administrativa a Coosalud EPS, la quinta más grande del país con 3,2 millones de afiliados, debido a graves fallas en la prestación de servicios que han puesto en riesgo el derecho a la salud de millones de usuarios. Esta medida se enmarca en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión eficiente de los recursos del sistema de salud, y coincide con el anuncio de auditorías forenses que se aplicarán a todas las EPS intervenidas.
Alcance de las auditorías forenses, transparencia y rendición de cuentas
En respuesta a la situación, una de las primeras acciones de la intervención será la implementación de auditorías forenses a todas las EPS intervenidas. Estas auditorías buscan esclarecer la situación financiera y operativa de las entidades de salud mediante la verificación detallada de cada pago realizado en los últimos cinco años. Mauricio Camaro Fuentes, el agente interventor designado para Coosalud, estará encargado de esta delicada tarea.
La auditoría forense propuesta se centrará en la trazabilidad de los recursos de las EPS, utilizando la base de datos contable para rastrear el destino de cada pago. Los auditores analizarán cada asiento contable, verificando detalles como la fecha, monto, cuenta de destino, descripción y número de soporte, con el objetivo de asegurar la legitimidad de cada giro financiero. Se buscará determinar quién hizo el pago, cuándo se realizó, de dónde provino, y cuáles fueron las razones y responsabilidades relacionadas con ese pago.
Investigación detallada y prevención de irregularidades
La auditoría también verificará si los soportes fiscales son adecuados, si el beneficiario fue habilitado correctamente, y si hubo provisión previa de costos. Además, se revisará la organización y accesibilidad de la documentación, así como el cumplimiento de las normas contables y tributarias, incluyendo la legislación antilavado de dinero. En cuanto al análisis de calidad del servicio, se evaluará la relación entre los recursos gastados y los resultados obtenidos, utilizando indicadores como las tasas de mortalidad, la satisfacción del paciente y la eficiencia en la prestación de servicios.
Este proceso también incluirá entrevistas con personal clave y partes interesadas para obtener información adicional, y la comparación de los montos pagados con los precios de mercado. De esta manera, se busca identificar patrones, anomalías o posibles irregularidades en el manejo de recursos. La auditoría no implicará la paralización de los servicios de salud, y deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
Corrupción y presuntas confabulaciones
Esta intervención ocurre semanas después de que la Supersalud alertara sobre un posible caso de corrupción relacionado con cuatro EPS, incluidas Coosalud, SOS, Asmet Salud y Emssanar. En particular, la Superintendencia denunció la presunta intervención del médico Mario Andrés Urán en la administración de los recursos de salud, señalando una “presunta confabulación” para direccionar contratos hacia las mismas IPS.
A esta situación se suma el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien señaló públicamente que se había identificado el desvío de recursos de la Nación a paraísos fiscales a través de Coosalud desde 2020. Aunque dejó la decisión final de intervención en manos del Superintendente, este hecho pone en evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con firmeza para evitar el uso indebido de los recursos públicos.
Nuevas medidas para saneamiento y control
Además de las auditorías forenses, Rubiano anunció la implementación de “semáforos de control”, una herramienta basada en la gestión de datos que permitirá realizar evaluaciones semanales de las EPS. Con esto, se busca asegurar que las entidades de salud cumplan con aspectos clave como la cobertura, la contratación de redes de servicios y la gestión de las PQR. Este seguimiento constante permitirá tomar decisiones correctivas de manera oportuna, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud en el país.
Asimismo, el Superintendente destacó la importancia de fortalecer el primer nivel de atención y garantizar que los recursos se gestionen de manera transparente y eficiente. En este sentido, Rubiano fue enfático al señalar que las EPS deben ser sometidas a una auditoría permanente, y que cualquier funcionario involucrado en malas prácticas debe ser removido de inmediato. “Desde la Superintendencia se trabajará con firmeza y empatía para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos, asegurando el uso adecuado de los recursos públicos que son esenciales para la calidad de la atención en salud”, puntualizó Rubiano.
En este contexto, resulta relevante mencionar el papel del proyecto ciudadano #dondeestálaplata.com, que ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los estados financieros de la Nueva EPS, otra de las entidades en intervención. Este proyecto ha confirmado que la Nueva EPS se encuentra en quiebra desde al menos 2019, señalando irregularidades como el manejo indebido de anticipos y la manipulación de cuentas por cobrar. Estos hallazgos subrayan la importancia de las auditorías y del monitoreo constante en el sector para garantizar la sostenibilidad financiera y la transparencia en la gestión de los recursos.
Nuevas intervenciones en el sistema de salud
La intervención de Coosalud EPS marca un punto de inflexión en el sistema de salud colombiano, poniendo de manifiesto la necesidad de una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. Las medidas adoptadas por la Supersalud buscan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como fortalecer la atención en salud a través de una red de IPS de calidad.
A medida que las auditorías forenses avancen, se espera que la intervención en Coosalud y otras EPS contribuya a sanear el sistema de salud, eliminando las malas prácticas y garantizando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Con el liderazgo de Helver Giovanni Rubiano, la Supersalud busca devolverles la confianza a los ciudadanos en su derecho a la salud, un derecho que debe ser protegido con transparencia, eficiencia y firmeza.
