La Contraloría General de la República ha arrojado luz sobre las inconformidades persistentes de los usuarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, revelando un panorama crítico en la prestación de servicios médicos durante el periodo 2018-2022.
En un estudio exhaustivo, la Delegada de Salud de la CGR ha identificado que la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada es la queja más frecuente, con un 38% de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) presentadas ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Además, se han constatado sanciones económicas a EAPB como Medimás, Saludvida y Comfacundi, que han desencadenado un uso indebido de recursos del sistema de salud para sufragar dichas multas, generando un impacto adverso en la atención y calidad de vida de los usuarios.
Este análisis crítico plantea la urgencia de fortalecer la capacidad gerencial de las EPS y de establecer un riguroso seguimiento por parte de las entidades de vigilancia y control para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana.
La Contraloría General de la República (CGR) ha llevado a cabo una exhaustiva revisión de las inconformidades presentadas por los usuarios de 31 Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante el período comprendido entre 2018 y 2022, ofreciendo una visión detallada de los desafíos enfrentados por el sistema de salud en Colombia.
El análisis se ha centrado en evaluar la gestión de 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, incluyendo 5 EPS indígenas. La demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada ha emergido como la queja más recurrente, representando el 38% de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) presentadas ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Durante el lapso analizado, la entidad regulatoria recibió un total de 4.436.032 PQRD, de las cuales 1.690.128 estaban relacionadas con “riesgo de vida”, indicando situaciones en las que la atención médica inmediata era crucial para preservar la vida o integridad del paciente.
Las principales reclamaciones de los usuarios se centran en la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguidas de retrasos en la autorización y entrega de medicamentos. La revisión de informes de la Defensoría del Pueblo ha revelado que, entre 2018 y 2021, se presentaron 483.866 tutelas relacionadas con el derecho a la salud, con un 72.5% de concesiones en primera instancia.
En cuanto a las sanciones, la CGR ha identificado ocho sanciones económicas emitidas a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) – Medimás, Saludvida y Comfacundi – por un total de $6.642.848.730. Sin embargo, el análisis revela un uso indebido de recursos del sistema de salud, ya que estas entidades han sufragado las multas con fondos destinados originalmente a la prestación de servicios de salud. Durante el período de 2018 a 2021, la Contraloría ha constituido 152 hallazgos con incidencia fiscal a 20 EAPB, totalizando $26.301.001.979, por incurrir en el pago de multas con recursos del Sistema de Salud, lo que constituye una violación a la normatividad vigente.
Como resultado de este estudio, se destaca la necesidad urgente de fortalecer la capacidad gerencial de las EPS, asegurando el cumplimiento de la normativa, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios, y la adecuada administración de los recursos del sistema para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana. Este análisis crítico subraya la importancia de una revisión profunda y continua por parte de las entidades de vigilancia y control para corregir deficiencias y garantizar un sistema de salud eficiente y orientado al bienestar de los ciudadanos.
Solicitud de renuncia al Contralor delegado de la salud, Oscar Cadena
El vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha solicitado la renuncia del contralor delegado para el sector de la Salud, Óscar Cadena, debido a posibles conflictos de interés.
Esta decisión se basa en el hecho de que el hermano de Cadena es uno de los aspirantes más opcionados para la presidencia de la Nueva EPS, generando preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones imparciales en relación con esta entidad.
Cadena ocupaba el cargo de contralor delegado para el sector de la Salud desde hace aproximadamente un año, llegando en el período de Carlos Hernán Rodríguez, cuyos actos fueron declarados nulos por el Consejo de Estado.
La solicitud de renuncia se produce en medio de revelaciones de graves inconsistencias en los recursos manejados por las EPS, particularmente la Nueva EPS, que registró una facturación de $2.3 billones en 2022 y giró $3.8 billones, dejando $1.5 billones sin justificar, según informó Zuluaga.
