Gobierno establece proceso de reintegro de recursos apropiados o sin justa causa al SGSSS
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Gobierno establece proceso de reintegro de recursos apropiados o sin justa causa al SGSSS

A través de un proyecto de resolución el ministerio de salud y Protección Social busca establecer el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS apropiados o reconocidos sin justa causa.

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REINTEGRO DE RECURSOS EN SALUD

A través de un proyecto de resolución el ministerio de salud y Protección Social busca establecer el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS – apropiados o reconocidos sin justa causa.

El documento aplica para los procedimientos que se iniciaron a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1949 de 2019, siempre y cuando estén en curso; asimismo, para aquellos que no hubieran  sido recibidos por la Superintendencia Nacional de Salud y los que se inicien a partir de la entrada en vigencia  de la normativa.

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Inicio del procedimiento

Adicionalmente, el proyecto también plantea que el Ministerio de Salud, la ADRES  y las entidades territoriales al momento de detectar una presunta apropiación o reconocimiento sin justa causa de los recursos del SGSSS deben iniciar de forma inmediata el procedimiento de reintegro en relación con los recursos que cada una administre.

De igual manera, Cuando la presunta apropiación o reconocimiento corresponda a recursos que administra y reconoce la ADRES pero que son propiedad de las entidades territoriales, estas deberán consultar con dicha Administradora si estos recursos ya fueron incluidos en un procedimiento de reintegro o si fueron objeto de reintegro; en caso contrario, remitirán a la ADRES la documentación que contenga el hallazgo junto con los registros identificados, o ítems de recobros o reclamaciones, para que esta lleve a cabo el procedimiento de reintegro establecido.

Plazo para la respuesta a la solicitud de aclaración

Según el documento, la persona natural o jurídica requerida, contará con un término máximo de cuarenta (40) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, para presentar la respuesta a la solicitud de aclaración en medio físico, óptico o electrónico, en el formato, estructura y conforme a las especificaciones técnicas y operativas que señale la entidad que esté adelantando el procedimiento de reintegro de los recursos. 

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Elaboración de informe

De igual manera, el Minsalud indica que en un término máximo de cuarenta (40) días hábiles contados desde la recepción de la respuesta a la solicitud de aclaración o del vencimiento del término para la respuesta, la entidad que esté adelantando el procedimiento de reintegro determinará, conforme a criterios técnicos, si se presentó apropiación o reconocimiento sin justa causa de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y elaborará un informe en el que se expondrán las razones que sustentan el resultado del análisis, el que deberá contener, entre otras los siguientes elementos:

  • La relación de los registros identificados como hallazgo en la auditoría y su estado actual, identificando aquellos que configuran la apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los recursos, y adicionalmente, para el caso de recobros y reclamaciones, los números de ítems asociados a la radicación de las solicitudes.
  • El valor de los recursos a reintegrar y reintegrados, detallando el valor por concepto de capital, la actualización al IPC y la fecha de corte.
  • La determinación del valor a reintegrar junto con la actualización de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculada desde la fecha en la cual se produjo la apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los recursos, hasta la fecha del reintegro efectivo de los mismos o de no realizarse, hasta la fecha de corte establecida para la elaboración del informe. En este último caso, deberá efectuarse el recalculo de los valores a la fecha del reintegro.
  • La especificación del proceso de liquidación y reconocimiento presuntamente afectado por la apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los recursos, cuando aplique.
  • En el caso de entidades distintas a la ADRES se deberá indicar la destinación de los recursos transferidos, su fuente de financiación, la destinación para la que fue girada, la fecha de giro, las vigencias fiscales en las que debió haberse ejecutado el recurso, cuando aplique y las razones que justifiquen si hubo o no apropiación sin justa causa de estos.

No obstante, cuando, como resultado del análisis, se identifiquen registros frente a los cuales la entidad del régimen especial o de excepción reportó que no cuentan con afiliación activa en dicho régimen, pero al revisar la tabla de referencia se encuentran activos, la ADRES remitirá a dicha entidad la relación de los registros que presentan esta condición, con el fin de que hagan los ajustes a que haya lugar en los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. En este evento y sin perjuicio del resultado de la solicitud, el término para la elaboración del informe podrá ampliarse a diez (10) días hábiles. 

Reintegro de los recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

En consecuencia, en cualquier etapa del procedimiento de reintegro, y hasta un (1) mes después de la firmeza del acto administrativo definitivo que ordene el reintegro de los recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, el deudor podrá acogerse a alguna de las siguientes opciones, cuando aplique:

  1. Consignar el valor objeto de reintegro en la cuenta bancaria que para el efecto disponga la entidad que esté adelantando el procedimiento, junto con la actualización de acuerdo con la variación del IPC, desde el momento en que existió la apropiación o reconocimiento sin justa causa, hasta la fecha del reintegro efectivo de los mismos.
  2. Solicitar que se realice el descuento de las sumas a reintegrar, de los recursos que le llegare a reconocer la ADRES por concepto de:
  • El proceso de compensación y los demás recursos del régimen contributivo.
  • El pago de solicitudes por servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC. 
  • La liquidación mensual de afiliados.
  • El pago de reclamaciones por atenciones en salud e indemnizaciones originados en accidentes de tránsito, que involucren vehículos no identificados o no asegurados con póliza SOAT, eventos catastróficos o terroristas.
  • Los demás recursos del aseguramiento en salud, prestaciones económicas, procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, devolución de ingresos por mayor recaudo, entre otros.
  • Tratándose de la ADRES, el deudor podrá solicitar que los recursos a reintegrar se le descuenten hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales de la misma cuantía, que no podrán ser inferiores a 2.000 UVT. En el evento que el deudor se encuentre en medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en ningún caso, el plazo para el descuento podrá ser superior a doce (12) cuotas mensuales. El deudor informará el valor que se descontará mensualmente, de acuerdo con las cuotas mensuales solicitadas, y autorizará el descuento programado, para lo cual deberá tener en cuenta los valores que históricamente se le hayan reconocido en el proceso señalado por el mismo.

Parámetros del acuerdo de pago

Por otra parte, sin perjuicio de los reglamentos internos de cartera de cada una de las entidades que adelanten el procedimiento previsto, el deudor que acepte reintegrar la totalidad de los recursos apropiados o reconocidos sin justa causa con la suscripción de un acuerdo de pago, deberá tener en cuenta que el mismo estará sujeto a los siguientes parámetros:

Persona Natural 

Rango de UVTPorcentaje cuota inicialNúmero máximo de cuotas mensuales
Mayor a 1 y menor o igual a 100 5%13
Mayor a 100 y menor o igual a 300 5%24
Mayor a 300 y menor o igual a 1.000 4%36
Mayor a 1.000 y menor o igual a 5.000 3%48
Mayor a 5.000 3%60

Persona Jurídica 

Rango de UVTPorcentaje cuota inicialNúmero máximo de cuotas mensuales
Mayor a 10.000 y menor o igual a 20.0005%13
Rango de UVTPorcentaje cuota inicialNúmero máximo de cuotas mensuales
Mayor a 20.000 y menor o igual a 60.0005%24
Mayor a 60.000 y menor o igual a 300.0005%36
Mayor a 300.000 y menor o igual a 900.0005%48
Mayor a 900.000 5%60

Cabe mencionar que los acuerdos de pago contemplarán la actualización por IPC y condición de pago de intereses moratorios liquidados a la tasa establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, cuando no se realice el pago oportuno de los periodos pactados en ellos.

Solicitud de reintegro por parte de las EPS del régimen subsidiado, contributivo y EOC

Finalmente,  las EPS del régimen subsidiado podrán presentar ante la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud, solicitud de conciliación, con el fin de lograr el reintegro del valor de los servicios y tecnologías prestados a un afiliado, por el cual una EPS del régimen contributivo o EOC haya recibido el reconocimiento de UPC.

 Asimismo, la conciliación se surtirá en los términos y condiciones establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud. El acta de conciliación deberá contener el detalle de los servicios, tecnologías, el valor que fue conciliado por las respectivas entidades, su forma de pago y las fechas en las que éste se hará efectivo, sin que el plazo para realizarlo pueda exceder de treinta (30) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de conciliación.

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¿Qué estableció la Ley 1355 de 2009 o Ley de obesidad en Colombia?

Hace más de 12 años se promulgó la ley de obesidad en Colombia durante el segundo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez.

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¿Qué estableció la Ley 1355 de 2019 o Ley de obesidad en Colombia

Hace más de 12 años se promulgó la Ley 1355 o ley de obesidad en Colombia durante el segundo el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, cuando ejercía como ministro de protección social, Diego Palacio Betancourt.

En esta ley se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención teniendo en cuenta que en ese momento ( y también ahora) aumentaban considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos.

Con base en esta premisa, el Estado se compromete a través de sus diferentes ministerios a promover políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de actividad física dirigidas a favorecer ambientes saludables y seguros para el desarrollo de las mismas. Estas políticas se complementarían con estrategias de comunicación, educación e información.

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Con el fin de mitigar el impacto de la obesidad en el país, la ley establece que los diferentes sectores de la sociedad impulsarán una alimentación balanceada y saludable en la población colombiana, a través de las siguientes acciones:

  • Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan alimentos para el consumo de los estudiantes deberán garantizar la disponibilidad de frutas y verduras.
  • Los centros educativos públicos y privados del país deberán adoptar un programa de educación alimentaria siguiendo los lineamientos y guías que desarrollen el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para promover una alimentación balanceada y saludable, de acuerdo con las características culturales de las diferentes regiones de Colombia.
  • El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, deberá establecer mecanismos para fomentar la producción y comercialización de frutas y verduras, con participación de los entes territoriales, la empresa privada y los gremios de la producción agrícola.

Así mismo, para promover la actividad física el ministerio de educación y las instituciones educativas promoverán el incremento y calidad de las clases de educación física con personal idóneo y adecuadamente formado, en los niveles de educación inicial, básica y media vocacional. También señala que el ministerio de protección social reglamentará mecanismos para que las empresas del país promuevan durante la jornada laboral pausas activas para sus empleados con apoyo de las ARL.

Regulación en grasas trans y grasas saturadas

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social y del INVIMA, reglamentará y controlará los contenidos, y requisitos de las grasas trans y grasas saturadas en todos los alimentos, con el fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a éstas, para lo cual contará con un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley.

Etiquetado

Otro importante punto de esta ley menciona que para mejorar el conocimiento que tiene la población en general referente a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores de alimentos entregarán la información en el etiquetado de acuerdo a la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social. Es preciso decir, que la regulación del etiquetado de alimentos en el país hasta ahora está en proceso y se espera que en la parte frontal de los alimentos poco saludables aparezcan advertencias.

En la expedición de esta reglamentación, el Ministerio será cuidadoso de ofrecer un periodo de transición que permita que los pequeños productores puedan adecuarse a esta obligación.

Por otro lado, la ley contempló la creación a través del Invima de una sala especializada, dirigida a regular, vigilar y controlar la publicidad de los alimentos y bebidas, con criterios de agilidad y eficiencia operativa en su funcionamiento, buscando la protección de la salud en los usuarios y en especial de la primera infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta lo establecido por la OMS con respecto a la comercialización de alimentos en población infantil.

Respecto a los productos para bajar de peso

Los productos estéticos o para consumo humano que se comercialicen con el propósito de reducir el peso corporal deberán indicar claramente en su etiqueta y comerciales que el uso de los mismos no suprime la práctica de actividad física y una alimentación saludable.

Finalmente, el documento establece el 24 de septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso y su correspondiente semana como la semana de hábitos de vida saludable.

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Esta es la distribución de vacunas COVAX

En este artículo de CONSULTORSALUD conozca las disposiciones del gobierno para la distribución de la primera entrega de vacunas COVAX en el país

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distribucion de vacunas covax colombia(1)

El Ministerio de Salud dio a conocer cómo serán distribuidas las vacunas recibidas por parte del mecanismo COVAX. Según las disposiciones del gobierno, las 117.000 dosis que llegaron al país serán priorizadas para vacunar al talento humano en todos los departamentos. La asignación de vacunas se realiza mediante la fórmula única dispuesto por el gobierno para tal fin y se presenta en la Resolución 267.

“Es muy importante reconocer que esta llegada de vacunas a través de Covax, nos da un espaldarazo muy importante a la posición que Colombia ha adoptado de apoyar siempre los mecanismos multilaterales. Esto viene desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI, ya que es un mecanismo idóneo y equitativo para tener el mejor acceso a vacunas”, precisó el ministro de salud, Dr. Fernando Ruiz.

Desde el Minsalud también se solicitó a los entes territoriales, EPS e IPS revisar la normativa para ceñirse a lo estipulado y evitar cualquier inconveniente asociado a la distribución. Al ser vacunas Pfizer – BioNTech, las condiciones de almacenamiento y refrigeración son muy estrictas: los preparados deben permanecer en temperaturas inferiores a los 70 grados centígrados y deben aplicarse en un lapso de 6 días.

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Distribución por ente territorial

Según la Resolución 267, Bogotá D.C. es el territorio que mayor número de dosis recibirá: 39.918. Le siguen Antioquia con 15.060 y Valle del Cauca con 10.410. En esta tabla presentamos los 10 entes territoriales a las que les asignaron más dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech:

Ente territorialDosis asignadas
Bogotá D.C.39.918
Antioquia15.060
Valle del Cauca10.410
Barranquilla – Secretaría de Salud7.950
Santander5.700
Cartagena de Indias3.852
Norte de Santander3.048
Córdoba2.808
Cundinamarca2.754
Nariño2.520

Acceda a la Resolución 267 y conozca la asignación completa para cada departamento en el archivo adjunto. Para visualizarlo haga clic en el botón “Descargar”.

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Se extiende la emergencia sanitaria hasta el 1° de junio – Decreto 206 de 2021

Con el Decreto 206 de 2021 el Gobierno Nacional extiende la emergencia sanitaria desde hoy hasta el próximo 1° de junio.

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Se extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo- Decreto 206 de 2021

Con el Decreto 206 de 2021 el Gobierno Nacional extiende la emergencia sanitaria desde hoy hasta el próximo 1° de junio, es decir durante tres meses más, durante este tiempo se establece una fase de Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación Económica Segura.

Teniendo en cuenta esto, el Decreto ordena que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad y decomportamiento del ciudadano en el espacio público para la disminución del contagio expedidos por el Ministerio de Salud. Del mismo modo, deben acatar las instrucciones encaminadas a evitar la propagación del Covid-19 que emitan otros ministerios o entidades competentes.

De otro lado, el documento menciona que los alcaldes en los municipios de alta afectación por Covid-19 podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia, estas acciones están sujetas a la autorización del Ministerio del Interior y el concepto previo del Ministerio de Salud.

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¿Qué pasará con los municipios con alta ocupación UCI?

El decreto establece que cuando un municipio presente un nivel de ocupación UCI entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 % o mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia, el Ministerio de Salud enviará al Ministerio del Interior un reporte que especifique las medidas que se adoptarán en el municipio y las actividades que estarán permitidas de acuerdo a los niveles de ocupación. El Ministerio del Interior podrá solicitar al alcalde la implementación de medidas especiales u ordenar el cierre de ciertas actividades.

Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de UCI oscile entre e1 51% y el 69% podrán implementar medidas especiales, previa autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud, si presentan una Variación negativa en el comportamiento de la pandemia. Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de unidades de cuidados intensivos sea igualo inferior al 50%, no podrán adoptar medidas adicionales.

Cabe mencionar, que en caso de que se implemente nuevamente medida de pico y cédula no se incluirán hoteles, ni establecimientos de la industria gastronómica.

Informe de las medidas

En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada afectación del Coronavirus o con ocupación de UCI igual o inferior al 50% no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

Sin embargo, los alcaldes de estos municipios podrán realizar aislamiento selectivo de hogares con personas con casos positivos, con sintomatología o en estudio.

Actividades no permitidas

En ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

  1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud.
  2. Discotecas y lugares de baile.
  3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o domicilios.

Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud para el control de la pandemia. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa

Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares.

Cierre de Fronteras

Finalmente, el Decreto ordena cerrar los pasos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de marzo de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2021.

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades:

  1. Emergencia humanitaria.
  2. El transporte de carga y mercancía.
  3. Caso fortuito o fuerza mayor.
  4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.

Los alcaldes y gobernadores que no cumplan con lo dispuesto en esta norma estarán sujetos a las sanciones a las que haya lugar.

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