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Garantías de prestación de servicio de IPS intervenidas o liquidadas – Resolución 5158 de 2015

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El Ministerio de Salud y Protección Social modifica el artículo 15 de la Resolución 2003 de 2014, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y la prestación de servicios de salud, en caso de cierre de servicios de una IPS o cuando se adoptan medidas de intervención forzosa administrativa para liquidar o para administrar por parte de la SuperSalud o de la Entidad Territorial.

La Resolución 2003 de 2014 define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de servicios dentro del Sistema Obligatorio de Garantías de la Calidad de la Atención de Salud del SGSSS, y el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

El artículo 15 de dicha Resolución, prevé como garantía en la prestación de los servicios de salud cuando se cierre uno o varios servicios de una IPS por el incumplimiento de las condiciones de habilitación y sea el único prestador de dichos servicios en una zona de influencia, que la entidad departamental o distrital de salud en conjunto con la IPS y las entidades responsables del pago, de elaborar en forma inmediata un plan que permita la reubicación y la prestación del servicio de los pacientes.

La  Resolución 5158 de 2015 adiciona un inciso al artículo 15 de la Resolución 2003 de 2014, para la prestación del servicio en caso de que de las IPS sean intervenidas, cerradas o liquidadas por parte de la SuperSalud.

“El prestador que asuma los servicios en el mismo domicilio y sede deberá efectuar el procedimiento de inscripción establecido en el artículo 6 de la presente resolución (2003 de 2014), y habilitar los servicios que vaya a continuar prestando, ante la respectiva entidad departamental o distrital de salud.

Dicho procedimiento de inscripción se realizará siempre y cuando las entidades responsables del pago que requieran dichos servicios en su red para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, comuniquen por escrito la necesidad de los mismos a la respectiva entidad departamental o distrital de salud.

Una vez cumplido lo anterior, la entidad departamental o distrital de salud procederá a realizar las actividades de los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.6 y parágrafo del artículo 7 de la presente resolución (2003 de 2014).

Se considera inscrito el prestador que cumpla el anterior procedimiento, momento a partir del cual podrá ofertar y prestar los servicios de salud correspondientes y requerirá únicamente visita de verificación de las condiciones de habilitación por la entidad departamental o distrital de salud, la cual se efectuará dentro los seis (6) meses siguientes a la radicación del formulario de inscripción del prestador”

La Resolución 5158 de 2015 entra en vigencia a partir de su publicación.

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No se considera adecuada tenencia de mascota en el trabajo: Concepto Minsalud

Visto desde el punto higiénico – sanitario, no se considera adecuada la tenencia de un perro en un recinto cerrado”, fue la respuesta del Minsalud ante la consulta de un funcionario sobre la pertinencia de que una mascota acompañe al puesto de trabajo.

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“Visto desde el punto higiénico – sanitario, no se considera adecuada la tenencia de un perro en un recinto cerrado”, fue la respuesta del Minsalud ante la consulta de un funcionario sobre la pertinencia de que una mascota acompañe al puesto de trabajo.

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El concepto da respuesta alos cuestionamientos sobre “la pertinencia de que una mascota pueda acompañar a un servidor público a su puesto de trabajo”.

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¿Qué dice el concepto?

Primero recordó el memorando emitido por la Dirección de Promoción y Prevención de Minsalud en el que emite un concepto técnico frente a este tema.

Este memorando tiene en cuenta los perjuicios tanto para la persona como para el animal.

“Visto desde el punto higiénico – sanitario, no se considera adecuada la tenencia de un perro en un recinto cerrado, por un periodo de tiempo que vulnera los derechos y libertades de los animales, cuando las condiciones de abrigo, descanso, alimentación y recreación, no son las indicadas para la especie”, dice el memorando.

Tener la mascota en el trabajo, dice el concepto, podría generar cuadros de ansiedad, agresividad y depresión, que terminan en patologías comportamentales del animal.

La situación anteriormente descrita podría estipularse como maltrato.

De otra parte, el hecho de que un animal permanezca en contacto con personas de manera permanente, en donde el ambiente no reúna las condiciones de salubridad y saneamiento adecuado, puede generar enfermedades tanto en personas como en la mascota.

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“Se puede detonar la presencia de enfermedades zoonóticas (transmitidas de los animales al hombre) y antropozoonóticas (transmitidas del hombre a los animales), lo cual requiere de un amplio conocimiento para la atención de situaciones generadas por este tipo de convivencia”, dice el concepto.

En ese sentido, el Ministerio recuerda que con la normativa existente en materia de protección animal podría violar los derechos del animal.

“Si es propietario del animal no da cumplimiento a estas normas, estaría violando los derechos del perro, al mantenerlo en extensas jornadas laborales, en un ambiente que no reúne las características adecuadas de convivencia, bienestar y protección”, dice el concepto.

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Congreso dejó hundir el proyecto de ley contra la ‘Comida Chatarra’

El proyecto de Ley 214 de 2018, conocido como la ‘Ley de Comida Chatarra’ no alcanzó a pasar el primer debate y se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara por falta de trámite.

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Congreso dejó hundir el proyecto de ley contra la 'Comida Chatarra'

El proyecto de Ley 214 de 2018, conocido como la ‘Ley de Comida Chatarra’ no alcanzó a pasar el primer debate y se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara por falta de trámite.

Este proyecto, que busca incluir sellos frontales de advertencia en productos altos en azúcar y sodio, se hundió sin que se alcanzara siquiera una votación.

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Inicialmente, el proyecto de ley se votaría el 12 de junio, pero ese día el presidente de la Comisión, Jairo Cristancho, levantó la sesión porque Jesús Santrich estaba en la corporación para tomar su curul en la Cámara de Representantes.

El pasado miércoles, cuando se reprogramó el debate, nuevamente se levantó la sesión sin votación, otra vez por un enfrentamiento entre Santrich y Cristancho.

Cabe recordar que el año pasado este proyecto de ley ya se había hundido en el Congreso.

Sobre el nuevo revés al proyecto de ley, el representante Mauricio Toro aseguró que se dio por falta de voluntad y dilaciones en la Comisión.

“Hicimos todo lo posible por salvar la Ley Comida Chatarra. Hoy era la última oportunidad pero algunos prefirieron atacarme durante casi 3 horas por lo que escribo en mis redes sociales, en vez de discutir sobre la salud de nuestra infancia. Finalmente el proyecto se hundió”, dijo Toro

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Sin embargo el representante anticipó que el próximo 20 de julio volverán a presentar el proyecto de Ley.

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Red papaz vs. andi

Durante las últimas semanas, la Corporación Red Papaz adelantó un plantón y envío de cartas a congresistas para que agendaran y votaran el proyecto.

El plantón adelantado frente al Congreso, por padres de familia, se hizo de manera pacífica y pidiendo pensar en la salud de los menores.

Sin embargo, simultáneo a esto, la ANDI y sus Cámaras de Industrias de Alimentos y Bebidas, mediante un comunicado, rechazaron las acciones de Red Papaz.

“Rechazamos las acciones de intimidación y hostigamiento que los otros interesados en el proyecto de ejercen sobre los Representantes a la Cámara”, comunicó la ANDI.

Una vez hundido el proyecto, desde Red Papaz lamentaron la falta de voluntad para sacarlo adelante.

“El 94% de los padres y madres encuestados reduciría el consumo de productos ultraprocesados por parte de sus hijos si tuvieran sellos frontales de advertencia”, dijo Carolina Piñeros, directora de Red Papaz.

Piñeros recordó que este tipo de etiquetado ya fue aprobado en países como Perú, Uruguay y Chile.

¿Que dice el proyecto de ley?

La ley de ‘Comida Chatarra’ indicaba que el Estado Colombiano, en aras de proteger el derecho a la información de los consumidores, debe adoptar medidas para que el etiquetado de los productos contenga información clara, completa, veras y a la vez que advierta sobre los riesgos que pueden representar dichos productos.

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“Las advertencias sanitarias propuestas en este proyecto de ley, son la forma de respetar, proteger y garantizar el derecho a la información de la población colombiana, con relación a los productos comestibles que se ofertan en el país”, dice el proyecto de ley que podrá encontrar adjunto al final de este artículo.

Así las cosas, el proyecto de ley buscaba suministrar herramientas para que el consumo resulte informado, de manera tal que se genere la consecución de hábitos saludables y de conciencia en el autocuidado.

En ese sentido, se pedía alertar del contenido de los productos por medio de un símbolo octagonal de fondo color negro y borde color blanco, y en su interior el texto “ALTO EN”, seguido de: “SODIO”, “AZUCARES”, y/o “GRASAS SATURADAS” en uno o más símbolos independientes, según corresponda.

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¿Qué dice el PND sobre la Historia Clínica Electrónica?

El artículo 246 del Plan Nacional de Desarrollo nombra en un par de párrafos la interoperabilidad de la historia clínica y cómo avanzaría el país para su implementación.

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¿Qué dice el PND sobre la Historia Clínica Electrónica?

La Historia Clínica Electrónica es una tema del que se habla desde hace varios años en el país, sin embargo, los avances en ese sentido han sido pocos y aislados, por tal razón era mucha la expectativa de lo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) reglamentara en ese sentido.

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El artículo 246 del PND nombra en un par de párrafos la interoperabilidad de la historia clínica y cómo avanzaría el país para su implementación.

“Mecanismo electrónico”

Este artículo indica que “el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará un mecanismo electrónico que desarrolle la interoperabilidad de la historia clínica”.

Según dice el articulado, dicho mecanismo deberá garantizar que todos los prestadores de servicios de salud públicos y privados, y demás personas naturales o jurídicas que se relacionen con la atención en salud, compartan los datos vitales definidos por el Gobierno nacional para dar continuidad a la atención en salud.

El mecanismo electrónico de interoperabilidad garantizará la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de los datos.

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Además, dice el artículo, deberá utilizar las técnicas necesarias que minimicen el riesgo a la suplantación, alteración, pérdida de confidencialidad.

Asimismo el mecanismo debe evitar cualquier acceso indebido o no autorizado a la historia clínica.

Sin embargo aún no se nombran los mecanismos, ni datos, ni reglamentación que den una hoja de ruta clara para la aplicación de la interoperabilidad.

El principal avance es que a partir de la entrada en vigencia del PND hace un par de semanas, el Gobierno nacional deberá en un término de doce (12) meses adoptar la reglamentación que estime necesaria para el desarrollo del artículo 246 sobre la interoperabilidad de la historia clínica.

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Proyecto de ley sobre el tema

Cabe recordar que en el Senado ya se radicó el Proyecto de Ley 233 de 2019 que pretende racionalizar trámites en el sector salud mediante la creación de la historia clínica electrónica.

El proyecto se radicó el pasado 28 de febrero por los senadores Carlos Motoa y Juan Fernando Reyes, con el objetivo de superar deficiencias en el sistema de salud.

Con la norma, se busca contar con una historia clínica unificada para evitar que cada IPS cuente con una diferente, sin secuencia ni hilo conductor.

Asimismo, busca evitar la desinformación de los procedimientos que se hayan realizado a un paciente cuando llega a una IPS por primera vez.

Esto debido a que no se conocen las patologías relevantes que permitan un manejo adecuado del diagnóstico, tratamiento y medicación.

De igual manera, con esta iniciativa se busca evitar la pérdida de la historia clínica debido a que actualmente el 46% se encuentran en formato papel, lo que aumenta los riesgos de corrupción y la ineficiencia en la prestación de los servicios.

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