El pasado 5 de marzo, la bancada del gobierno radicó ponencia positiva de la reforma a la salud para el debate de la Comisión VII del Senado de la República; sin embargo, este 12 de marzo, un grupo de ocho senadores presentaron una ponencia negativa a la reforma donde recopilaron varios puntos cruciales para rechazar la iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los firmantes de esta ponencia negativa son los senadores: Lorena Ríos Cuéllar, del partido Colombia Justa Libres; Nadia Blef Scaff del partido Conservador, Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático; Miguel Ángel Pinto del partido Liberal; Berenice Bedoya, del partido ASI; José Alfredo Marín del partido Conservador y Norma Hurtado del partido de la U.
Principales errores de construcción de la reforma a la salud
El documento de 177 páginas aborda elementos claves en la construcción de la reforma que justifican la necesidad de dar archivo al proyecto de ley. Los senadores explicaron que la reforma presenta una falta de claridad en la relación entre su diagnóstico, objetivos y acciones estratégicas que podrían llevarse a cabo a través de políticas públicas implementadas mediante una ley.
Esta falta de conexión entre el diagnóstico y los aspectos concretos de la legislación denotan una ausencia de un proceso de planificación adecuado, lo que implica que la reforma no establece de manera efectiva cómo sus análisis y observaciones iniciales conducirán a acciones específicas o cambios legislativos.
Asimismo, aseguran que la crítica se centra en la desconexión entre el diagnóstico realizado sobre los problemas financieros y de acceso al sistema de salud, y las soluciones propuestas en la reforma. Aunque el diagnóstico identifica claramente problemas como el endeudamiento del sistema y las barreras de acceso en ciertas poblaciones y territorios, la reforma propone un esquema de gestión de recursos y riesgo financiero que parece contraproducente.
También argumentan que, en lugar de ofrecer soluciones para mejorar la gestión del riesgo en salud y abordar los retos identificados en la exposición de motivos, la reforma sugiere fragmentar aún más la atención, lo que podría disminuir la capacidad del sistema para gestionar eficazmente tanto el riesgo financiero como el riesgo en salud. Esta discrepancia entre el diagnóstico y las soluciones propuestas pone en duda la eficacia de la reforma para abordar los problemas fundamentales del sistema de salud.
Desconexión entre planeación y ejecución en la reforma a la salud
Esta ponencia negativa describe una serie de incongruencias entre las acciones reportadas por funcionarios del sistema de salud y los objetivos y mecanismos previstos por una reforma de salud propuesta. Resalta cómo ciertas iniciativas, que deberían ser habilitadas y respaldadas por esta reforma desde una perspectiva legal y presupuestaria, ya están en marcha de manera fragmentada y sin una alineación clara con los marcos propuestos:
- Política de Talento Humano en salud: en la reforma a la salud se menciona una política para el talento humano en salud sin un presupuesto de implementación claro ni una definición de su impacto fiscal dentro de la reforma.
- Continuidad en la atención de pacientes: existe confusión entre los funcionarios sobre cómo se garantizará esta continuidad, con diferentes entidades (CAPS, prestadores actuales, EMIT) señalados como responsables, pero sin coherencia ni claridad sobre el enfoque unificado.
- Esquemas de contratación y redes de salud: se critica que la reforma no aborda las ineficiencias del sistema actual, especialmente en lo que respecta a la contratación y configuración de redes, perpetuando las problemáticas existentes en el Sistema de Salud del Magisterio.
- Plan de desarrollo y reforma: se indica que el Ministerio de Salud ha integrado elementos en el Plan de Desarrollo que dependen de la aprobación de la reforma para su implementación, lo que plantea dudas sobre la coherencia y objetivos reales de la reforma.
- Falta de claridad y dirección: la respuesta del Ministerio de Salud sugiere que detalles críticos como las metas y cronogramas se definirán post-aprobación de la reforma, lo que sugiere que la iniciativa se presenta sin una visión clara, objetivos específicos o un plan de seguimiento establecido, generando incertidumbre sobre la efectividad práctica de las propuestas.
Alto riesgo de afectación de los principios de progresividad y no regresividad
Frente a la mejora del sistema para permitir la garantía progresiva de los derechos y su goce efectivo, los senadores señalaron que han identificado riesgos respecto al cumplimiento del principio de progresividad, inclusive en el sentido estricto de la prohibición de la no regresividad en materia de garantías al derecho.
Por ejemplo, en “ninguna parte, brinda claridad respecto al cómo garantizará que superará los resultados que el SGSSS del país ha tenido en materia de: cobertura de afiliación, incremento del acceso efectivo a servicios de salud tanto en áreas urbanas como en rurales, protección financiera de los hogares, reducción de brechas de acceso a los servicios de salud en las personas con menores recursos frente a las de mayores ingresos, acceso a servicios de mediana y alta complejidad donde el riesgo en salud es mayor y programas especializados para pacientes crónicos”.
Adicional a ello, hay serias preocupaciones en términos de su sostenibilidad financiera y alineación con principios constitucionales claves. La ausencia de un análisis de impacto fiscal detallado, junto con la falta de claridad sobre cómo se financiarán los nuevos gastos que introduce, pone en riesgo este factor y esto es crucial, ya que la reforma propone un cambio significativo en la estructura financiera del sistema de salud, manteniendo las fuentes de financiamiento existentes, pero asignándolas a nuevos usos que podrían comprometer la cobertura actual de los servicios de salud para individuos y familias.
La reforma también impone cargas adicionales a las entidades territoriales sin proporcionar una guía clara sobre los costos asociados, vulnerando el principio de autonomía territorial. Esta inclusión de nuevas responsabilidades sin un financiamiento claro ni estimaciones de impacto podría sobrecargar a las entidades territoriales, afectando su capacidad para cumplir con estas nuevas funciones de manera eficaz. La falta de sustentos técnicos confiables sobre los beneficios de la reforma y sus impactos esperados añade otra capa de preocupación, creando falsas expectativas entre la población sin un fundamento sólido que garantice mejoras en la atención de salud.
Finalmente, los senadores destacan que la reforma a la salud parece desatender el principio de no regresividad, un aspecto fundamental para asegurar que los cambios legislativos no disminuyan los derechos y servicios de salud ya adquiridos por la población.
