El pasado 11 de febrero, un juez federal de Estados Unidos a las agencias gubernamentales reintegrar varias páginas web y conjuntos de datos sanitarios que fueron eliminados durante la administración de Donald Trump.
La decisión se produjo tras la demanda presentada por Doctors for America, un grupo sin ánimo de lucro que representa a más de 27.000 médicos y profesionales en formación. Éste argumentó que la eliminación de estos recursos comprometía la transparencia y restringía el acceso de médicos, investigadores y ciudadanos a información clave. El juez John Bates, del Tribunal de Distrito en Washington, concedió una orden de restricción temporal para que el Gobierno no solo restablezca estos datos sanitarios, sino que también identifique otros recursos eliminados sin una justificación clara.
El 20 de enero, Donald Trump en su primer día del segundo mandato, trajo consigo cambios en la política federal sobre el uso del término “género”, sustituyéndolo por “sexo” en documentos oficiales. Esta directriz llevó a la Oficina de Gestión de Personal (OPM) a ordenar la eliminación de programas y recursos digitales que aborden cuestiones de género en salud pública.
En respuesta, la organización alega que la decisión limita el acceso a información médica crucial. Representada por el Public Citizen Litigation Group, argumentan que esta medida no solo es restrictiva sino que perjudica directamente a médicos y profesionales de la salud que dependen de los datos sanitarios digitalizados para la toma de decisiones clínicas.
El grupo denunció casos específicos, como el de un médico en Chicago, quien perdió acceso a recursos del CDC sobre enfermedades de transmisión sexual mientras atendía un brote de clamidia en una escuela secundaria. También mencionaron a un especialista de la Escuela de Medicina de Yale, que utiliza información del CDC sobre anticoncepción y prevención de infecciones para orientar a sus pacientes.
Datos sanitarios son imprescindibles para la toma de decisiones y ejecución de políticas de salud pública
El juez federal dictaminó que la eliminación de datos sanitarios de sitios web gubernamentales está comprometiendo la efectividad de los tratamientos y la capacidad de los médicos para atender a sus pacientes. “El tiempo y esfuerzo de estos médicos son recursos valiosos y limitados, y verse obligados a invertirlos en otras tareas dificulta su labor y reduce la efectividad de los tratamientos”, señaló el magistrado en su fallo.
El caso es parte de múltiples demandas presentadas contra órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump en las primeras horas de su segundo mandato. Entre los documentos retirados se incluyen informes sobre prevención del VIH, guías del CDC sobre atención reproductiva para profesionales de la salud y un estudio de la FDA sobre diferencias de sexo en la evaluación de productos médicos.
Los demandantes aseguran que la eliminación de estos datos sanitarios ha generado retrasos en la atención de pacientes, obstáculos en la investigación médica y dificultades en la comunicación entre médicos y pacientes. La eliminación de información médica clave de sitios web gubernamentales ha generado una preocupante brecha en los datos científicos, lo que podría afectar la capacidad para monitorear y responder a brotes de enfermedades, frenar investigaciones esenciales en salud y limitar el acceso de los médicos a recursos críticos para su práctica clínica, según argumentaron los demandantes en el caso.
Sin embargo, los abogados del Gobierno defendieron la legalidad de la medida y aseguraron que las reclamaciones presentadas por Doctors for America no demuestran un daño irreparable y, por lo tanto, carecen de mérito suficiente para proceder. “Cualquiera de estos fallos es una razón suficiente para negar una medida extraordinaria”, señalaron en su respuesta oficial.
El fallo del juez John Bates subraya que la eliminación de datos sanitarios clave afecta directamente a los pacientes y puede tener un impacto severo en la atención que reciben. “Si los médicos no pueden brindar a estos individuos la atención que necesitan (y merecen) dentro del tiempo programado y muchas veces limitado, existe la posibilidad de que algunos pacientes no reciban tratamiento, incluso para condiciones graves y potencialmente mortales”, escribió en su decisión.
