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Fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra exgobernador de Sucre por ‘Cartel de Enfermos Mentales’

La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra, por el detrimento al patrimonio público que se dio que se dio con el llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.

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Fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra exgobernador de Sucre por 'Cartel de Enfermos Mentales'

La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por $2.723 millones contra el exgobernador de Sucre, Julio César Guerra, por el detrimento al patrimonio público en salud que se dio que se dio con el  llamado “Cartel de los Enfermos Mentales”.

Guerra ordenó (con recursos del Sistema General de Participaciones) pagos de servicios no prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.

Entre esos servicios estaban la supuesta internación y atención de pacientes ficticios (población pobre no asegurada) con trastornos del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

La Contraloría consideró que Guerra incurrió en conducta gravemente culposa, faltando a su deber de garantizar administración y debida utilización de recursos para la salud.

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De esta manera, consideró la Contraloría, el exgobernador ocasionó el desmedro de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para la atención en salud de la Población Pobre no asegurada, al ordenar el pago de bienes y servicios de salud, que no fueron efectivamente prestados por la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevo Amaneceres de Sucre.

Nunca existió la atención de urgencias que esta IPS aseguró haber realizado y lo que se determinó por parte de la Contraloría es que lo único que perseguía la misma era obtener de manera fraudulenta el pago de unos servicios que nunca prestó y facturó con documentación adulterada.

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Para la Contraloría, ese hecho se concretó gracias a la deficiente gestión fiscal del exgobernador, en asocio con las omisivas conductas de sus subalternos y contratistas de la Secretaria de Salud Departamental, “quienes de manera negligente no ejercieron de manera adecuada las funciones que les correspondía respecto de esta actividad”, dice el ente de control.

Responsables Fiscales

El fallo con responsabilidad fiscal cobija también a dos exsecretarios de Salud Departamental:

  • Nayibe del Carmen Padilla
  • Efraín de Jesús Suárez

Igualmente, el fallo con responsabilidad fiscal afecta también a los siguientes funcionarios y contratistas de la Gobernación de Sucre:

  • Samir Gregorio Serpa en su condición de Líder del Programa de Auditoria de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre. 
  • Oswaldo Marcial Contreras, Auditor del Grupo de Auditoria de la Secretaría Departamental de Salud de Sucre.
  • Samuel Enrique Palencia, Auditor adscrito a la Secretaría de Salud del Departamento de Sucre. 
  • Jorge Alberto Ramírez, Auditor Médico adscrito a la Secretaría de Salud Departamental.
  • Nadin Alí Farak, Auditor de Cuentas de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre.
  • Ana Silveria Vergara, Profesional Especializado de la Secretaría de Salud Departamental.

Finalmente, se falló con responsabilidad fiscal contra la Clínica De Rehabilitación Nuevos Amaneceres De Sucre S.A.S, y a Ernesto González Ospino, propietario y representante legal de esta IPS.

Las irregularidades de este proceso de responsabilidad fiscal se detectaron durante una auditoría que practicó la Contraloría durante la vigencia 2015.

Testimonios contundentes

Dos testimonios recogidos por la Contraloría sirvieron de base para probar el montaje que se realizó en el denominado “Cartel de los Enfermos Mentales”.

Inicialmente, la Gerente del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes del Municipio de Corozal, Eugenia Díaz Hernández, expidió certificaciones en donde afirma que esta Empresa Social del Estado no prestó la atención inicial de urgencia, ni remitió para valoración o internación psiquiátrica a las personas que relacionó ante la Secretaria de Salud la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre.

La gerente precisó que tampoco expidió las hojas de remisión, ni las supuestas ordenes de hospitalización, que se adjuntaron a las facturas presentadas.

Algunas de esas personas sí fueron atendidas en el Hospital, pero por causas diferentes a la farmacodepencia.

Fueron atendidos por dolor abdominal, embarazo, cefalea crónica, consultas por ginecología y por ortopedia, dolor toráxico, traumatismos múltiples, consulta externa, apendicetomía, cesárea, dengue, dolor en el pecho, herida en un dedo, fractura antebrazo, ecografía abdominal, fiebre y parto, pero ninguno fue remitido para atención psiquiátrica.

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Por su parte, el Médico General y Psiquiatra Gustavo Zambrano, quien aparece firmando la atención de enfermos mentales, manifestó no haber trabajado en la Clínica.

El médico aseguró que jamás trabajó en la IPS, además su firma ni sello son los que aparecen en Historias Clínicas anexas a facturación presentada.

Así fue el fraude

El representante legal y propietario de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre, Ernesto Bladimir González Ospino, reconoció ante la Contraloría que pagó dinero para que le habilitaran a la IPS Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre para prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria.

Aseguró también que Samuel Palencia, funcionario de la Secretaría de Salud de Sucre en el área de auditoría, le pidió el favor que contratara al médico psiquiatra Arnovis Banda.quien tenía estudios en Argentina, pero no había homologado el título y como no tenía sello, el doctor Banda los atendía y él falsificaba la firma del psiquiatra Zambrano, con el objetivo de presentarlas para pago en la Secretaría de Salud.

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Indicó también que Samuel Palencia (auditor adscrito a la Secretaría de Salud) sabía que el doctor Zambrano no trabajaba en la IPS.

Sin embargo y a pesar de saber esto, le ayudaba para lograr que lo auditaran sin cumplir con los requisitos exigidos.

El dueño de la Clínica dijo que como los funcionarios de la Secretaría de Salud no realizaban las verificaciones de pacientes, él presentaba facturas sin revisiones de cédulas.

El dueño tampoco determinaba si pacientes tenían o no EPS o EPSS.

Sostuvo además que las ordenes de servicio las firmaba Samir Serpa, Líder del Programa de Auditoria de la Secretaria de Salud Departamental de Sucre.

Una clínica de garaje

La Contraloría concluyó que la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre era una clínica de garaje, creada solo para desfalcar recursos del Sistema.

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Determinó igualmente que dicha IPS no contaba con la suficiencia patrimonial, financiera administrativas y operativas para prestar servicios de atención psiquiátrica y rehabilitación en farmacodependencia intrahospitalaria.

Lo anterior debido a que su capital social era de $1.000.000, que no alcanzaban ni para pagarle el sueldo a los empleados que manifestaba tener.

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Corte Constitucional: “EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente”

La Corte Constitucional recordó a las EPS que es su deber tener una red de atención integral para entregar los servicios y tecnologías que requiera el paciente en medio de la pandemia.

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Corte Constitucional EPS deben entregar los medicamentos en el municipio que resida el paciente

La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-195-21 reiteró que las EPS deben contar con la disponibilidad de infraestructura y tecnologías necesarias para la atención integral en salud cuando el usuario lo requiera. Esto quiere decir que es un deber de los aseguradores garantizar una red de prestación de servicios completa en el lugar que resida el afiliado.

Este pronunciamiento de la corte se debe a un reciente fallo de tutela en el que un paciente solicitó a su EPS entregar los medicamentos que necesita para tratar su hipertensión y diabetes en su residencia en el municipio de Sandoná Nariño, ya que su condición de salud y la pandemia le impiden desplazarse a la ciudad de Pasto para reclamarlos allí.

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Al respecto, la EPS explicó que reconoce la condición de vulnerabilidad al contagio de este paciente, por lo que está de acuerdo con que el usuario no se exponga al virus, sin embargo, argumentó que puede delegar el reclamo de los fármacos a otra personas que no tenga restricción.

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Pese a la respuesta de la aseguradora, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas no reconoció estos argumentos y no encontró razones válidas para que algunos medicamentos se entreguen en Sandoná y otros en Pasto y aseveró que es una negligencia que no debe soportar el afiliado.

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¿Qué ordenó la corte constitucional?

Exigir a los pacientes adelantar trámites administrativos o esfuerzos materiales que resulten incompatibles con las normas relacionadas con la emergencia sanitaria, como el traslado de un municipio hacia otro para reclamar medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, constituye una barrera para el goce efectivo del derecho a la salud, pues de aquellos depende la vida e integridad de los usuarios que deben obedecer las medidas preventivas de distanciamiento individual responsable, en aras de salvaguardar su salud y bienestar”, sentencia la Corte.

Con base en esta premisa, la corte constitucional determinó que la entrega de los medicamentos para un solo afiliado en dos municipios diferentes atenta contra el derecho a la salud de los pacientes y constituye además una barrera al acceso a los servicios médicos, lo que resulta injustificable. La falla es aún más grave si se tiene en cuenta que autoridades sanitarias mundiales como la OMS y la OPS han ordenado acatar las medidas para mitigar el riesgo de contagio del Covid-19, especialmente en aquellas personas con enfermedades crónicas.

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El fallo da 48 horas a la EPS para que entregue los medicamentos que necesita el paciente ( insulina asparta, jardiance empagliflozina, tiras reactivas para glucometría y lancetas estériles glucoquick,) en el municipio de Sandoná y además deberá asegurarse que el paciente reciba los medicamentos de manera periódica en su residencia según lo indique el médico tratante, mientras se mantenga vigente la declaración de emergencia sanitaria en el marco de la pandemia por Covid-19.

Finalmente, la Asociación Médica Sindical Colombiana -ASMEDAS explicó que este fallo es muy importante debido a que “identifica un problema consistente en que, a raíz de las alertas rojas hospitalarias decretadas por la pandemia del Covid-19, muchos programas, incluidos los de enfermedades crónicas y ambulatorias, fueron suspendidos y las EPS no realizaron planes de emergencia para garantizar la atención en casa o teletrabajo a esos pacientes”.

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IPS de Córdoba y Sucre logran acuerdos por $52.000 millones

En nueva jornada de conciliación de la Superintendencia Nacional de Salud se lograron acuerdos entre EPS e IPS por más de $52.000 millones para el mejoramiento de las operaciones.

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Mas de 52.000 millones IPS Cordoba Sucre. Foto-Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una importante jornada de conciliación en la que se logró asegurar recursos por 52.347 millones de pesos para IPS de Córdoba y Sucre. De acuerdo con el ente vigilador, se trata de uno de los “balances más exitosos de este año”. Vale la pena recordar que en estos espacios se facilita la aclaración de cuentas, se optimizan procesos de auditoría y se plantean nuevas estrategias para la depuración de cartera.

Como indica la entidad, la jornada de conciliación para las IPS de Córdoba y Sucre se llevó a cabo de forma presencial en el Hospital San Jerónimo de Montería. En esta reunión participaron 13 Empresas Sociales del Estado (ESE) y 17 Instituciones Prestadoras de Salud privadas de ambos departamentos que evidenciaron pagos bajo la figura de desistimiento, por 37.800 millones de pesos y se establecieron acuerdos de conciliación por 14.500 millones de pesos. A su vez, la Superintendencia posibilitó además otros $1.400 millones en acuerdos de depuración de cartera.

“Esta es una de las muchas actividades lideradas por la Superintendencia con las que buscamos la sostenibilidad financiera, la operatividad y el funcionamiento de clínicas y hospitales públicos, para lograr una mejor prestación de los servicios de salud a los usuarios”, señaló Ivhon Adriana Flórez, superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación.

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Supersalud inicio búsqueda de recursos para IPS de Caldas

Desde el pasado 19 de julio, la Supersalud comenzó la búsqueda de recursos para clínicas y hospitales en Caldas a través de mesas de flujos de recursos. En esta oportunidad, la entidad seleccionó IPS de alta y mediana complejidad que ven afectadas sus operaciones por la falta de pago de las empresas promotoras de salud.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud que harán parte de este proceso son:  Avidanti, Oncólogos del Occidente, Medicina intensiva del Tolima, Clínica Versalles, Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Caja de Compensación Familiar de Caldas, CMS Colombia, Hospital General San Isidro, ESE Hospital San Félix, de La Dorada; Hospital Departamental Felipe Suárez, Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio y Hospital San Marcos.

En relación con las EPS que fueron llamadas por la Supersalud para estas mesas de flujo de recursos son Medimás, Asmet Salud, Nueva EPS, SOS, Ecoopsos, AIC, Pijaos y Mallamas. También se solicitó la presencia de las Direcciones de Sanidad Militar y de la Policía Nacional. En años anteriores, la Superintendencia Nacional de Salud logró acuerdos por 38.000 millones de pesos. Se espera que la búsqueda de recursos culmine con resultados positivos para las clínicas y hospitales de este departamento el día de hoy.

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Unificación de la vacunación en el país, ¿sí o no?

El Ministerio de Salud logró la meta de 24 millones de dosis aplicadas. Ahora se contempla acelerar la vacunación para todos los grupos poblacionales

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unificacion plan de vacunacion Colombia PNV si o no

El Ministerio de Salud contempla unificar las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra covid-19, gracias a los avances de la inmunización en el país. Así se ha conocido a través de diferentes entrevistas a reconocidos medios de comunicación en la que se ha hablado de agosto como el mes en el que podría arrancar esta alternativa.

Lo cierto es que esta medida ya rige en algunos municipios, principalmente aquellos que cuenten con una población máxima de 50.000 habitantes y que estén ubicados en zonas de difícil acceso. Actualmente, se contempla la unificación en el departamento del Chocó, ya que se presentan retrasos importantes en la vacunación: “No vamos bien en Chocó. Tenemos vacunas disponibles, pero, incluso, hay gente que no se está aplicando la segunda dosis. Es importante completar el esquema y por eso mi mensaje es: si ya se le venció el tiempo igual vaya. Necesitamos que las personas se apliquen la segunda dosis para que el esquema de protección sea más prolongado”, explicó el Dr. Luis Alexander Moscoso, viceministro de salud.

La información también fue confirmada por el Dr. Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, quién afirmó que “Es una medida que se está contemplando, se está revisando en función de los biológicos y también en función del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación. Pero sí, esos son de los puntos que se están revisando en este momento”

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Según las estadísticas de las autoridades de salud, hasta el 20 de julio se habían aplicado un poco más de 24 millones de dosis, siendo 13’444.225 correspondientes a primeras dosis y 8’654.550 a segundas dosis. En cuanto a los esquemas completos, se cuentan 10’556.284, equivalentes al 20% de colombianos. A pesar de ello, la unificación solicitada por varios funcionarios -entre los que se encuentra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López- resulta inviable en el momento actual.

Pero como indicó a Radio Nacional , el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, Colombia todavía no tiene disponible la totalidad de dosis adquiridas. “Permitir la apertura para todas las edades, cuando no tenemos la disponibilidad total de las vacunas, sería generar una expectativa para tener que decirle a la población que no hay biológicos. Tenemos que ser responsables, y por eso es que vamos abriendo progresivamente de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas” , señaló.

De forma positiva destacó la apertura progresiva de nuevos grupos poblacionales para que éstos accedan a la vacunación que sigue siendo gratuita en todas las etapas. De acuerdo con Bermont, cada semana se abren espacios para nuevos quinquenios; aunque sigue estando sujeto a la disponibilidad de biológicos con los que se cuente en el país.

Datos importantes sobre la vacunación en Colombia:

Si bien se logró la meta propuesta de las 24 millones de dosis, se espera que a finales de este mes se llegue a la aplicación de 25 millones. Para el 21 de julio, Bermont aseguró que se cuenta con cinco millones de dosis distribuidas de la siguiente manera: dos millones son para primeras dosis y tres millones para completar el esquema. De unificarse el Plan Nacional de Vacunación, se generaría una escasez de biológicos que no se podría solventar con agilidad.

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De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al miércoles 21 de julio este es el total de dosis recibidas de cada biológico. Cabe anotar que en este conteo no se incluyen las dosis adquiridas por parte del sector privado:

vacunas recibidas

De acuerdo con las estadísticas actualizadas del Ministerio de Salud, el porcentaje de inmunización para los grupos etarios priorizados inicialmente es el siguiente:

  • 92,4 % de la población de 80 años y más
  • 83 % de 75-79 años
  • 82 % de 70-74 años
  • 77,4 % de 65-69 años
  • 72,9 % de 60-64 años

Desde la autoridad sanitaria se hizo un llamado para que las personas entre 50 y 59 años acceda a la vacunación, ya que solo se ha logrado la inmunización del 60% de este grupo poblacional. En relación con las proyecciones del Gobierno Nacional, se espera que más de 35 millones de colombianos estén vacunados hacia el final del año.

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