El grupo multidisciplinario de profesionales firmantes de esta comunicación saluda y resalta las razones por las cuales el número mayoritario de senadores de la Comisión Séptima, conformado por los H. S.
- Lorena Ríos Cuellar,
- Nadia Blel Scaff,
- Miguel Angel Pinto Hernández,
- Norma Hurtado Sánchez,
- Josué Alirio Barrera,
- Honorio Henríquez Pinedo,
- Berenice Bedoya Pérez,
- José Alfredo Marín Lozano y
- Ana Paola Agudelo García,
Radicó y respaldó la ponencia negativa y solicitud de archivo de la reforma gubernamental al sistema de salud. Como bien lo señalan los senadores firmantes, esta reforma, conocida como la 339 de 2023 de Cámara y 216 de 2024 de Senado, es un proyecto regresivo frente a los derechos adquiridos por los ciudadanos.
Carece de aval fiscal; desconoce los avances en el goce efectivo del derecho a la salud; no resuelve las dificultades que el sistema de salud enfrenta; tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos financieros del sistema y le falta el consenso mayoritario de los agentes del sector.
Consideramos que, a la mayor brevedad posible, la Comisión VII de Senado debe votar sobre las ponencias radicadas. El sector salud y los ciudadanos mantenemos una creciente incertidumbre por el futuro del sistema y vemos el desafortunado deterioro que éste viene presentando hacia su colapso, por
cuenta además de la desfinanciación estructural que presenta y que no ha sido atendida, y mucho menos corregida, por el gobierno nacional.
Es importante resaltar que el gobierno nacional no ha cumplido a la fecha con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en sus Autos 2881/23 y 2882/23 dirigidas a saldar deudas atrasadas del gobierno nacional al sistema de salud y aliviar por esta vía la desfinanciación mencionada.
Consideramos que el statu quo no es la solución para atender las necesidades que hoy tiene la población en materia de salud. Se requiere mejorar la oportunidad en el acceso a los servicios de salud, asegurar una mayor calidad en la prestación de estos y avanzar, en lo que es de la competencia del sector, en la eliminación de las inequidades que existen entre las zonas urbanas y las rurales.
Para progresar hacia esos objetivos se hace necesario en primer lugar, lograr el saneamiento de todos los pasivos que existen en el sector, empezando por los del gobierno con el sistema, de tal forma que se le dé una solución definitiva a esa problemática.
Paralelo a ello, se debe corregir la desfinanciación que existe en la UPC y consolidar un mecanismo de financiación que permita la incorporación de nuevas tecnologías en salud de manera justa, digna y sostenible; no importa quien sea el pagador responsable.
También es prioritario el establecimiento de una política nacional de talento humano en salud, adecuadamente financiada, que tenga en cuenta la pertinencia en la formación, la distribución equitativa en el territorio nacional y las condiciones laborales dignas. El trabajo intersectorial, sin duda, es fundamental también.
Es necesaria la convocatoria a una amplia mesa de concertación nacional en la cual participen el gobierno, el congreso de la República y los agentes relevantes del sector, como usuarios, pacientes, académicos, aseguradores, prestadores y proveedores de insumos y medicamentos, entre otros. De las discusiones de esa mesa deberán surgir las modificaciones por vía regulatoria o de cambios de ley que se necesiten.
