La definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, establecida en la resolución 2717 de 2024, ha generado preocupación en el sector salud. Un grupo de 19 exministros ha advertido que la metodología empleada por el Gobierno Nacional podría estar en desacuerdo con los criterios técnicos y legales establecidos por la Corte Constitucional, lo que pone en duda la sostenibilidad del sistema.
“La resolución 2717 de 2024 comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública, eficiencia en el gasto público, y además incurrió en falsa motivación”.
Según los exfuncionarios, este ajuste podría derivar en una insuficiencia de recursos para la atención de los pacientes, afectando la calidad y disponibilidad de los servicios de salud en el país. Además, resaltaron la importancia de que la UPC sea fijada con base en criterios técnicos robustos que garanticen la estabilidad financiera del sector.
“La insuficiencia de recursos afecta la capacidad del sistema para atender a los pacientes de manera oportuna, deteriora la calidad de los servicios, general barreras de acceso y pone en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud para tratar sus enfermedades. Retrasos en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y falta de atención especializada son solo algunas de las consecuencias de negar los recursos necesarios para la salud de la población”, destacan en el comunicado.
Según los exministros, el adecuado financiamiento del sector salud es un mandato constitucional y legal que debe basarse en datos precisos sobre los costos y necesidades del sistema. Sin este análisis riguroso, el acceso a la salud y la calidad de la atención podrían verse gravemente afectados, perjudicando a millones de ciudadanos.
No es con informes sesgados y sin sustento ni metodología técnica, que demuestran el desconocimiento de las funciones, responsabilidades, competencias y capacidades del ministerio de Salud o de la ADRES, como se pueden tomar decisiones tan complejas y con tanto impacto para la ciudadanía.
De acuerdo con su análisis, una UPC insuficiente para 2025 tendrá consecuencias como el deterioro de la calidad de los servicios, dificultades en la disponibilidad de medicamentos, tiempos de espera más largos y la posible reducción de la cobertura en algunas regiones. Estas fallas pueden generar una crisis en la atención médica y un mayor riesgo para la población más vulnerable.
Los exministros también expresaron su inquietud por el debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio de Salud. Advirtieron que la disminución de expertos en la entidad podría comprometer la toma de decisiones basada en evidencia, afectando la capacidad del país para responder a los retos estructurales del sistema de salud.
“El debilitamiento de la estructura técnica del Ministerio plantea interrogantes críticos sobre la idoneidad de las decisiones que se han adoptado respecto a la suficiencia de la UPC en el último tiempo y, en consecuencia, sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, subrayan.
Convocatoria de la mesa técnica para evaluar la UPC no cumple con los criterios de la Corte Constitucional:
Los exministros de Salud manifestaron su preocupación respecto a la convocatoria de la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según indicaron, dicha convocatoria no cumple con los criterios de representatividad establecidos en el Auto 007 de 2025.
En su pronunciamiento, advirtieron que, si no existe una voluntad real de realizar un análisis técnico riguroso y transparente, será incierto cómo se garantizará que los recursos asignados sean suficientes para responder a las necesidades de la población y cumplir con los mandatos constitucionales.
Asimismo, los exfuncionarios rechazaron las declaraciones del presidente de la República y de otros altos funcionarios del Gobierno Nacional, a quienes acusaron de recurrir a expresiones injuriosas y ofensivas contra senadores, pacientes, profesionales de la medicina y exfuncionarios del sector. Según señalaron, estas afirmaciones reflejan la insuficiencia de argumentos técnicos y democráticos por parte del Gobierno y desvían el debate de la rigurosidad que debe caracterizar la discusión sobre la materialización del derecho a la salud en el país.
