La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) activó la Red de Controladores del Sector Salud ante embargos que superan los $2,6 billones sobre recursos del sistema, una situación que, según la entidad, compromete la destinación específica de dineros públicos esenciales para garantizar la continuidad y la oportunidad en la atención a los usuarios. La medida fue anunciada junto con la remisión de un informe técnico a las instancias competentes para proteger estos recursos y evitar impactos en la prestación de los servicios de salud.
La Red de Controladores del Sector Salud, regulada por la Resolución 002246 de 2020, articula a entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y las superintendencias de Sociedades, Financiera, Industria y Comercio, Subsidio Familiar y Economía Solidaria, entre otras. Su función es coordinar acciones estratégicas y preventivas frente a riesgos que puedan afectar los recursos públicos del sistema de salud.
En este caso, la Supersalud solicitó la adopción de medidas urgentes frente a los embargos detectados sobre recursos administrados por distintas EPS. La entidad sostuvo que el objetivo es proteger la destinación de estos dineros, asegurar su disponibilidad y evitar afectaciones en la continuidad y calidad de la atención a los afiliados. Bajo el principio de colaboración armónica entre entidades estatales, el informe técnico fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen posibles afectaciones al derecho fundamental a la salud y definan las acciones que consideren pertinentes dentro de sus competencias.
La mayor carga de embargos se concentra en EPS intervenidas
Con corte al 22 de enero de 2026, la Superintendencia identificó embargos en EPS con medidas de intervención forzosa administrativa por más de $2,6 billones. De ese total, Nueva EPS concentra cerca de $2,1 billones, lo que la convierte en la entidad con la mayor afectación reportada dentro del informe técnico. Le siguen Coosalud EPS, con aproximadamente $341 mil millones, y Asmet Salud, con $137 mil millones.
El reporte también incluye a Cajacopi EPS, actualmente Proteger EPS y bajo vigilancia especial, con embargos por $43 mil millones. En la misma relación aparece Emssanar EPS, con cerca de $39 mil millones. Para la Superintendencia, estos montos muestran una presión significativa sobre recursos que, por su naturaleza pública, deben mantenerse disponibles exclusivamente para financiar la prestación de servicios de salud.
A este panorama se suman 36 embargos adicionales en EPS sin medidas de intervención administrativa, que en conjunto superan los $32 mil millones. En ese grupo, Mallamas EPS-I concentra $15.052 millones, Capital Salud EPS registra $8.750 millones y Compensar EPS reporta $7.478 millones. También figuran Sanitas, con $752 millones, y Salud Total EPS, con $540 millones.
El informe técnico además evidenció una mayor concentración de estos procesos en los departamentos de Caquetá y Huila, así como en Bogotá. La Supersalud también identificó la participación recurrente de algunos demandantes en múltiples casos, un elemento que quedó consignado en la documentación remitida a las autoridades competentes.
¿Qué efectos advierte la Supersalud sobre la prestación de servicios?
La Supersalud reiteró que la afectación de los recursos del sistema compromete de manera directa la prestación de los servicios de salud. La entidad recordó que estos dineros tienen naturaleza pública y una destinación específica, por lo que resultan esenciales para garantizar la continuidad y oportunidad en la atención de los usuarios en todo el territorio nacional.
Según la alerta emitida por la entidad, el impacto de los embargos puede traducirse en retrasos en los pagos a prestadores, aumento de quejas y acciones judiciales, así como mayores riesgos para la operación de las EPS. También advirtió que esta situación puede afectar la entrega de tecnologías en salud y generar dificultades adicionales en el funcionamiento regular del sistema.
Asimismo, el ente de control subrayó que la salud es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que su garantía depende de condiciones institucionales, administrativas y financieras adecuadas. En ese sentido, insistió en que cualquier afectación sobre los recursos del sistema puede comprometer la capacidad de respuesta de los aseguradores y, en consecuencia, la atención efectiva a los afiliados.
Frente a este escenario, la entidad aseguró que mantiene seguimiento permanente a la situación y reiteró que los recursos del sistema son inembargables y no hacen parte del patrimonio de las EPS. Por esa razón, insistió en que deben destinarse exclusivamente a la prestación de los servicios de salud, como condición necesaria para proteger el derecho fundamental de los usuarios y preservar la estabilidad operativa del sistema.
