La E.S.E. Universitaria del Atlántico (E.S.E. UNA), creada para gestionar los servicios de salud en el departamento bajo un modelo centralizado, enfrenta su peor crisis financiera. Deudas superiores a $200 mil millones, contratos a largo plazo con operadores privados y una deficiente administración de los recursos públicos han generado un escenario de colapso inminente.
Una auditoría de la Superintendencia de Salud reveló déficits operativos alarmantes y una red hospitalaria que no ha podido sostener su funcionamiento. Mientras los trabajadores denuncian falta de pagos y las unidades médicas comienzan a cerrar, las investigaciones por presuntas irregularidades avanzan en la Fiscalía General y la Procuraduría.
La advertencia de la Superintendencia y el colapso financiero
Desde 2023, la Superintendencia de Salud había identificado pérdidas operacionales por $48.293 millones, ingresos insuficientes para cubrir los costos médicos y contratos que comprometían el presupuesto hasta 2037.
El modelo centralizado absorbió cuatro hospitales independientes (Cari Alta Complejidad, Cari Salud Mental, Niño Jesús y Juan Domínguez Soledad) y concentró su administración en un único ente, lo que generó dificultades para competir con más de 80 entidades de salud en el departamento.
Contratos cuestionados
La auditoría expuso una red de contrataciones millonarias con operadores privados, que han sido señaladas por falta de transparencia y favorecimiento de terceros. Entre los contratos más destacados se encuentran:
Unidad de Cuidados Intensivos: $354 mil millones adjudicados a la UT UCI Pediátrica y Neonatal.
Servicios Farmacéuticos: $241 mil millones asignados a UT Servicios Farmacéuticos del S & D.
Laboratorio Clínico: $85.563 millones con UT E.S.E. UNA.
Alimentación: $173 mil millones entregados a Servicios de Alimentos N.P. Imágenes Diagnósticas: $303 mil millones gestionados por Sociedades Ayudas Diagnósticas del Atlántico.
El abogado Alfonso Camerano Fuentes cuestionó estos contratos y su impacto en la crisis hospitalaria, señalando que los operadores privados obtienen el 70% u 80% de las ganancias, mientras los hospitales públicos solo reciben un 20%, lo que agrava la crisis económica.
Impacto de la crisis de la E.S.E UNA en los trabajadores y pacientes
La crisis de la E.S.E. UNA no solo es un problema administrativo, sino que tiene graves consecuencias en la atención médica y en la estabilidad laboral del personal sanitario.
Trabajadores sin pago: Profesionales de la salud han denunciado retrasos de varios meses en sus salarios.
Cierre de unidades médicas: La falta de recursos ha generado el colapso de servicios esenciales.
Déficit de insumos médicos: Se reportan faltantes de medicamentos e insumos básicos en distintos hospitales del Atlántico.
Investigaciones en curso y próximos pasos
Intervención de organismos de control: La Fiscalía y la Procuraduría han iniciado investigaciones por presuntas irregularidades en la gestión financiera de la E.S.E. UNA.
Revisión de contratos: Se evaluará la legalidad de los desembolsos anticipados que comprometen los recursos públicos hasta 2037.
Plan de contingencia: El Consejo Directivo del FOMAG ha aprobado medidas para intentar estabilizar el sistema hospitalario, incluyendo auditorías y un nuevo tarifario para garantizar la contratación adecuada de servicios.
Debate político: Se espera que el gerente actual, Pablo De La Cruz, responda ante la Asamblea Departamental por el estado financiero de la entidad.
¿Un modelo fallido desde su concepción?
Expertos en salud y política han cuestionado si la E.S.E. UNA fue concebida para fracasar. El diputado Alfredo Varela señaló que el modelo favorece excesivamente a los operadores privados y debilitó la red pública hospitalaria.
Mientras el Gobernador Eduardo Verano insiste en que el sistema está en análisis y sugiere fortalecer los hospitales con tecnología y nuevos recursos, la crisis sigue sin una solución concreta.
La pregunta es: ¿Quién responderá por los 200 mil millones de pesos en deuda y por el colapso del sistema de salud en el Atlántico?
