Los cuidados a largo plazo en América Latina y el Caribe entran en una fase de mayor definición técnica y política con el lanzamiento de una nueva serie de sinopsis de políticas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. La iniciativa responde a una tendencia demográfica y epidemiológica que empieza a tensionar con más fuerza a los sistemas de salud y protección social de la región: una población que envejece rápidamente y un volumen creciente de personas con limitaciones funcionales que requieren apoyo sostenido para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
Según la OPS, alrededor del 14,4% de las personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe, es decir, unos 8 millones de personas, requieren actualmente cuidados a largo plazo. La organización advierte que esta proporción podría aumentar hasta el 16% para 2050, lo que anticipa una expansión de la demanda en un campo donde aún persisten brechas significativas de cobertura, financiamiento, datos y disponibilidad de personal. En este contexto, el organismo regional plantea que ya no se trata solo de reconocer el problema, sino de construir marcos operativos que permitan responder a él de manera sostenible y con enfoque de derechos.
Cuidados a largo plazo en América Latina y el Caribe enfrentan una presión creciente
La OPS define estos cuidados como el apoyo dirigido a personas que, por enfermedad crónica, discapacidad o dependencia, no pueden realizar por sí solas actividades esenciales como bañarse, vestirse, comer, usar el baño, desplazarse, utilizar el teléfono o tomar medicamentos. Esta delimitación es importante porque ubica el debate más allá de la atención médica convencional y lo conecta con la funcionalidad, la autonomía y la vida cotidiana de las personas.
Patricia Morsch, asesora regional en envejecimiento saludable de la OPS, explicó que los cuidados comprenden todas las actividades, remuneradas o no, orientadas a mantener o mejorar el funcionamiento de la persona y a compensar la pérdida temporal o permanente de sus capacidades. También precisó que, aunque esta necesidad puede surgir en cualquier etapa de la vida, su frecuencia aumenta a medida que las personas envejecen.
La organización aclara que no todas las personas con discapacidad requieren cuidados a largo plazo, pero advierte que sí está creciendo la prevalencia de limitaciones funcionales graves. Este aumento se asocia, de acuerdo con la OPS, al incremento de enfermedades no transmisibles, incluidos trastornos neurológicos y de salud mental, además del envejecimiento poblacional. La combinación de estos factores configura un escenario de presión sostenida sobre sistemas que todavía no cuentan con respuestas suficientemente integradas.
Brechas estructurales en cobertura, fuerza laboral y datos
Uno de los mensajes centrales del lanzamiento es que los sistemas actuales de cuidados a largo plazo en la región siguen siendo frágiles y fragmentados. La OPS identifica tres desafíos principales: cobertura limitada de servicios, escasez y baja valoración de la fuerza laboral y falta de datos para orientar la toma de decisiones.
La limitada cobertura significa, en la práctica, que una parte importante de las personas que requieren apoyo continuo no accede a servicios formales, o solo lo hace de manera parcial y tardía. A ello se suma la insuficiencia de trabajadores dedicados al cuidado, un problema agravado por la escasa valoración social y económica de estas labores. Este punto no es menor, porque el fortalecimiento de cualquier sistema de cuidados depende no solo de expansión institucional, sino también de contar con personal suficiente, capacitado y protegido.
La falta de información comparable y útil para la toma de decisiones añade otra barrera crítica. Sin datos sólidos sobre necesidades, oferta de servicios, perfiles de dependencia o condiciones laborales de los cuidadores, los países enfrentan mayores dificultades para planificar políticas públicas, asignar recursos y evaluar resultados.
El peso del cuidado sigue recayendo en las mujeres de la familia
La OPS subraya que cerca del 70% de los cuidados a largo plazo en la región son realizados por mujeres de la familia, muchas veces sin remuneración y sin apoyo suficiente. Este dato sitúa el problema en una dimensión que excede lo sanitario y lo conecta con desigualdad de género, pobreza de tiempo, sobrecarga física y emocional, y menor participación económica de quienes asumen el cuidado.
El planteamiento del organismo es claro: las políticas públicas no pueden enfocarse únicamente en la persona que recibe el cuidado. También deben reconocer y atender los derechos, necesidades y condiciones de quienes lo brindan, tanto en modalidades remuneradas como no remuneradas. Esta perspectiva amplía el enfoque tradicional y propone una arquitectura de cuidados que contemple al binomio persona dependiente-cuidador como parte de una misma ecuación de política social.
La pandemia de COVID-19, añade la OPS, ayudó a visibilizar la importancia de estos cuidados y abrió una ventana de oportunidad para avanzar hacia sistemas más integrados entre salud y protección social. El aprendizaje que deja esa coyuntura es que la sostenibilidad del cuidado no puede descansar exclusivamente en las familias ni resolverse solo desde la institucionalidad sanitaria.
Nuevas sinopsis de políticas buscan llevar la agenda regional a la acción concreta
La nueva serie de documentos fue diseñada para traducir la Política Regional sobre Cuidados a Largo Plazo 2025–2034 en medidas operativas que mejoren el acceso, la calidad y la equidad. En vez de plantear lineamientos generales sin aterrizaje práctico, la OPS apuesta por sinopsis de políticas que funcionen como herramientas aplicables para los países.
Los tres primeros documentos abordan temas clave. El primero se centra en los cuidados a largo plazo centrados en la persona, un enfoque que privilegia la dignidad, la autonomía y las preferencias individuales. El segundo examina los roles, derechos y necesidades de los cuidadores, tanto remunerados como no remunerados. El tercero se ocupa de la gobernanza y el financiamiento de las estructuras de cuidados a largo plazo, dos dimensiones esenciales para que cualquier reforma tenga continuidad.
Estos materiales fueron desarrollados en colaboración con la OIT y el BID, lo que añade una mirada intersectorial sobre trabajo, protección social, institucionalidad y sostenibilidad económica. Según la OPS, los documentos incluyen conceptos clave, ejemplos de países y recomendaciones prácticas para fortalecer la gobernanza, ampliar la fuerza laboral, mejorar la integración de servicios y avanzar hacia esquemas de financiamiento sostenibles.
El modelo propuesto prioriza hogares, comunidades y enfoque de derechos
Otro punto central del lanzamiento es la afirmación de que los cuidados a largo plazo no deben limitarse a instituciones. La OPS sostiene que deben brindarse principalmente en hogares y comunidades, respetando los derechos, la dignidad, la autonomía y las preferencias de las personas.
Este enfoque marca distancia frente a modelos excesivamente institucionalizados y acerca la agenda a formas de cuidado más vinculadas con el entorno cotidiano de quienes lo requieren. Para los sistemas de salud y protección social, esto implica pensar redes integradas, coordinación territorial, apoyos domiciliarios, articulación comunitaria y mecanismos de financiamiento que no dependan exclusivamente de la internación o el cuidado residencial.
El lanzamiento ocurre además en un momento políticamente relevante, a mitad de la Década del Envejecimiento Saludable de las Naciones Unidas 2021–2030, que reconoce los cuidados a largo plazo como una de sus áreas prioritarias de acción. En ese marco, la OPS busca convertir una preocupación demográfica y social en una agenda concreta de reforma.
La conclusión de Patricia Morsch resume el sentido estratégico de esta iniciativa: fortalecer estos cuidados es esencial para avanzar hacia sistemas de salud y protección social más equitativos, integrados y centrados en las personas. En una región que envejece con rapidez y donde millones de personas ya requieren apoyo sostenido para vivir con dignidad, la discusión sobre cuidados a largo plazo deja de ser periférica y se instala como una prioridad estructural de política pública.
