Deudas a prestadores son una realidad estructural del sistema de salud colombiano: Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que las deudas a prestadores de servicios de salud alcanzan los 12,8 billones de pesos a junio de 2025, según lo reportado por 28 EPS. Este panorama, revelado en el marco del informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), confirma la naturaleza sistémica del problema financiero en el modelo de aseguramiento colombiano, donde las diferencias entre lo reportado por EPS e IPS siguen siendo un obstáculo para la transparencia y el flujo de recursos.

Deudas reconocidas por EPS frente a cuentas por cobrar de IPS

De acuerdo con la Superintendencia, la cifra de 12,8 billones de pesos corresponde únicamente a obligaciones ya facturadas, reconocidas y pendientes de pago por parte de las EPS en sus estados financieros, excluyendo a la Nueva EPS, que aún no ha reportado información a la fecha.

El superintendente Giovanny Rubiano García aclaró que mientras las EPS contabilizan las deudas reconocidas, las IPS registran sus cuentas por cobrar en estados financieros como deuda cierta, sin que estas hayan sido auditadas. Al respecto afirmó: “las diferencias entre lo reportado como deudas por parte de las EPS a los prestadores, y lo reportado como cuentas por cobrar por parte de las IPS es una constante histórica del actual modelo de salud”.

El caso de la Nueva EPS y el impacto en el sistema

El problema se agrava con la situación de la Nueva EPS, principal deudor y pagador del sistema. Según Rubiano, esta entidad tiene más de 11 billones de pesos en anticipos por servicios prestados y pagados, que aún no han sido aplicados ni registrados contablemente.

El funcionario subrayó que la Superintendencia acompaña a esta EPS en el reconocimiento y depuración de sus facturas represadas, proceso clave para clarificar el estado real de su cartera y garantizar la continuidad de los pagos a prestadores.

Estrategias de la Supersalud: auditorías y conciliaciones

La Superintendencia destacó la implementación de auditorías a la facturación, auditorías forenses y seguimiento a flujos de recursos con el fin de identificar la trazabilidad del dinero en salud. Estas medidas, por primera vez aplicadas de manera sistemática, buscan corregir la opacidad financiera que ha caracterizado al modelo.

Adicionalmente, se mantienen activas las mesas técnicas de flujo de recursos, encuentros con entidades territoriales y jornadas de conciliación a través de la Delegatura de Función Jurisdiccional, orientadas a depurar cartera y promover acuerdos de pago.

EPS intervenidas y concentración de las deudas a prestadores

El informe revela que 227 IPS agremiadas en la ACHC reportan deudas concentradas en EPS bajo medida de la Superintendencia, las cuales administran cerca del 60 % de la población afiliada al sistema de salud.

El superintendente advirtió que estas EPS han mostrado incumplimientos en habilitadores financieros, como la inversión de reservas técnicas. En particular, mencionó que Nueva EPS y Coosalud presentaron estados financieros que no reflejaban su realidad contable.

Rubiano insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y dar mayor claridad a las cifras, equiparando la exigencia al nivel de sectores como el financiero. Subrayó la importancia de que las EPS regularicen los giros corrientes, legalicen los pagos pendientes y aceleren la depuración de cartera.

El llamado del ente de control se extiende también al sector prestador, que debe garantizar consistencia en sus reportes y participar activamente en los procesos de conciliación.

La persistencia de una deuda tan elevada pone en evidencia las limitaciones estructurales del modelo de aseguramiento. La concentración de obligaciones en pocas EPS y las discrepancias contables entre aseguradores y prestadores dificultan la estabilidad financiera de clínicas y hospitales, impactando la capacidad de respuesta del sistema.

El seguimiento realizado por la Superintendencia confirma que la problemática de cartera no es coyuntural, sino sistémica, y que requiere soluciones estructurales que garanticen un flujo oportuno de recursos y un marco de rendición de cuentas más estricto.