La Defensoría del Pueblo se pronunció este miércoles 1 de noviembre sobre la crisis de salud que enfrenta Sanitas EPS. Esta intervención se produce luego de que el pasado 30 de octubre la dispensadora de medicamentos Cruz Verde, por medio de un comunicado de prensa, notificara la suspensión del suministro de medicamentos y dispositivos NO incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los usuarios de la EPS.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, le solicitó tanto a la EPS Sanitas, Cruz Verde y las autoridades correspondientes como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia de Salud y los ministerios de Salud y Hacienda, concertar soluciones que no afecten el derecho a la salud de los usuarios que requieren el suministro de medicamentos.
“Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos en ninguna circunstancia”, señala el Defensor del Pueblo.
Este llamado a la concertación entre los diferentes sectores del sistema de la salud se da para poner sobre la mesa las cifras del sector y así lograr una liquidez oportuna para evitar y a la vez superar este tipo de afectaciones a los usuarios.
Del mismo modo, Camargo exhorta a la Superintendencia Nacional de Salud y demás autoridades del sector a estar disponibles las 24 horas del día para evitar la vulneración al derecho de la salud de los afiliados de dicha EPS, e invita a los ministerios de Hacienda y Salud y Protección Social a adoptar las medidas necesarias que permitan la entrega y el flujo de recursos que requieren las aseguradoras para cumplir con la entrega de los fármacos, especialmente, lo que no están financiados con Unidad de Pago por Capitación.
Un llamado al diálogo y la concertación
En respuesta a la crisis actual que enfrenta la EPS Sanitas, la Defensoría del Pueblo también insiste en la necesidad de que los 5.697.649 afiliados a la EPS Sanitas les sea garantizada la atención de salud en condiciones de integralidad y continuidad, en especial a los 102.173 usuarios que requieren el suministro de medicamentos a través de los presupuestos máximos.
A pesar de que una de las responsabilidades de la EPS Sanitas es adelantar planes de contingencias para la atención óptima de sus afiliados, la Defensoría denotan fallas estructurales en la política de medicamentos y servicios de tecnología. Por ello, Camargo insiste al INVIMA para que ajuste y agilice los trámites correspondientes en medicamentos y dispositivos NO PBS, tanto para la importación como para la producción nacional.
Cabe mencionar que el Estado es quien está a cargo de la financiación de las tecnologías NO PBS, por lo que es indispensable dar garantía de pago por parte de Gobierno Nacional para que se permita reanudar el suministro de medicamento a los usuarios de la EPS.
