Defensoría del Pueblo fortalece acciones del PMU en Risaralda para garantizar el derecho a la salud

La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín Ortiz, realizó en Pereira la sesión de balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) en salud, una estrategia de respuesta inmediata que desde mayo ha buscado atender las problemáticas más críticas del sistema de salud en Risaralda: desabastecimiento de medicamentos, deudas con IPS y barreras de acceso a tecnologías y servicios especializados.

Barreras críticas en el acceso a la salud en Risaralda

En cuatro reuniones de seguimiento, el PMU ha documentado persistentes dificultades en la región, entre ellas demoras en asignación de citas, entrega de medicamentos y acceso a especialistas, así como carencias en infraestructura y camas especializadas. La alta concentración de prestadores privados también limita la disponibilidad de servicios, especialmente en áreas rurales.

Según la Defensoría, Risaralda está entre las cinco regiones con mayores índices de vulneración del derecho a la salud, particularmente en la entrega de medicamentos. Una encuesta aplicada en puntos de dispensación reveló que los mayores problemas de disponibilidad afectan tratamientos para diabetes, hipertensión y salud mental, lo que incrementa el riesgo de descompensación y hospitalización.

Impacto financiero y riesgo en la continuidad de servicios

Uno de los puntos más críticos expuestos fue el crecimiento desmedido de la Nueva EPS, que ha generado un colapso en el flujo de recursos, afectando la atención en municipios rurales donde escasean puntos de dispensación. Además, la deuda con la Clínica San Rafael pone en riesgo la atención de pacientes oncológicos, pediátricos y materno/perinatales.

La Defensora del Pueblo advirtió: “Es necesario actuar ya. Esta situación está afectando la dignidad humana de los risaraldenses”, reiterando la urgencia de medidas coordinadas entre entidades nacionales, departamentales y municipales.

Compromisos institucionales y seguimiento

Durante el encuentro, se establecieron acuerdos clave para mitigar la crisis:

• Nueva EPS formalizará contratos con EDEVISA para evitar intermitencias en la entrega de medicamentos y mejorará procesos de dispensación con Discolmedics en Santa Rosa de Cabal. Además, definirá una mesa de conciliación con la Clínica San Rafael para garantizar la continuidad de servicios.
• Secretaría de Salud Departamental mantendrá reuniones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) junto con la Superintendencia de Salud, Personerías y entes de control, usando tableros de monitoreo del PMU para verificar disponibilidad de medicamentos, red de dispensadores y deudas con prestadores.
• Contraloría Regional priorizará el seguimiento a las deudas del sector salud en la Comisión de Moralización.
• Defensoría del Pueblo trasladará los hallazgos y mensajes de urgencia al PMU Nacional en salud el próximo 13 de agosto en Bogotá, donde se espera la participación de autoridades nacionales y agentes interventores de EPS.
• Las entidades se comprometieron a documentar e impulsar prácticas exitosas de empoderamiento de pacientes, incluyendo estrategias digitales y acompañamiento directo para gestionar trámites y quejas.
• Mantener y fortalecer la vigilancia ciudadana y el trabajo de las personerías en el seguimiento de vulneraciones.
• Realizar una reunión de seguimiento en un mes para evaluar avances y nuevos retos.

PMU en salud: herramienta necesaria pero insuficiente

La Defensoría reconoció que el PMU ha sido útil para abordar problemas inmediatos y coordinar respuestas interinstitucionales. Sin embargo, alertó que este mecanismo no resuelve por sí solo las fallas estructurales del sistema ni la congestión de pagos a prestadores.

El organismo insistió en que la permanencia del PMU y el fortalecimiento de la articulación institucional son esenciales para garantizar el derecho a la salud en Risaralda, con un enfoque que incluya tanto la solución de emergencias como la construcción de estrategias sostenibles.

Hacia un fortalecimiento del derecho a la salud

El balance presentado en Pereira refleja una problemática compleja donde convergen barreras de acceso, problemas financieros y fallas en la red de prestación. A pesar de los compromisos asumidos, el éxito dependerá de la capacidad de las instituciones para ejecutar acciones concretas y mantener un seguimiento continuo.

La Defensoría subrayó que la coordinación interinstitucional, el empoderamiento de los pacientes y el uso eficiente de herramientas de monitoreo son pilares para revertir la situación. El PMU se perfila como un espacio clave para articular voluntades, pero la solución definitiva requerirá reformas estructurales y financiamiento suficiente para asegurar una atención digna y oportuna.