La Defensoría del Pueblo presentó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 un diagnóstico sobre el comportamiento reciente de las tutelas relacionadas con el derecho a la salud. El mensaje central del informe y del pronunciamiento institucional es que la tutela dejó de operar como un mecanismo excepcional y continúa consolidándose como una de las principales rutas para reclamar atención, medicamentos y tratamientos.
De acuerdo con las cifras, en 2024 se registraron más de 265.000 tutelas en salud y en 2025 la cifra subió a cerca de 312.500, lo que equivale a un incremento de aproximadamente 47.500 casos, es decir, 17,92%. Además, hoy estas acciones representan el 34% del total de tutelas presentadas en Colombia. Para la Defensoría, este comportamiento confirma que persisten barreras estructurales en el acceso efectivo al derecho a la salud.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, sostuvo que la tutela sigue siendo una herramienta fundamental de protección, pero advirtió que su uso masivo refleja problemas de capacidad de respuesta, de oportunidad y de continuidad en la atención. En esa misma línea, planteó la necesidad de avanzar en una reforma que preserve los logros del sistema, pero que enfrente sus desafíos con una transición responsable.
¿Qué están reclamando los pacientes a través de las tutelas?
El informe reseña que las tutelas no se concentran en prestaciones extraordinarias, sino en fallas básicas del sistema relacionadas con oportunidad, integralidad y continuidad de la atención. Las citas con especialistas encabezan los hechos invocados con 71.455 tutelas, equivalentes al 26,4 %. Les siguen medicamentos con 63.943 casos, transporte y viáticos con 57.718, hospitalización con 53.317, tratamiento integral con 47.313 y cirugías con 44.653. También aparecen demoras y negaciones explícitas, insumos médicos y terapias de rehabilitación.
Uno de los hallazgos más significativos es la alta tasa de concesión. La Defensoría reporta que el 74,3% de estas tutelas fue concedido, lo que implica que en casi tres de cada cuatro casos los jueces consideraron procedentes las pretensiones de los accionantes. En transporte la tasa de concesión llegó al 83,0%, en insumos médicos al 82,6% y en tratamiento integral al 82,1%. La lectura institucional es clara: el sistema judicial está corrigiendo de manera reiterada fallas que no deberían resolverse por esta vía.
Ese comportamiento refuerza la tesis de que, para miles de personas, la tutela continúa siendo el principal y en muchos casos el único mecanismo para acceder oportunamente a servicios y medicamentos. La judicialización, bajo esta perspectiva, no aparece como un fenómeno marginal, sino como una evidencia de que los mecanismos ordinarios siguen sin absorber una parte importante de la demanda efectiva en salud.
Enfermedades complejas, pobreza y desigualdad territorial
En el componente clínico, las enfermedades del sistema circulatorio lideran las tutelas con 12,2% de los diagnósticos analizados. Luego aparecen las enfermedades osteomusculares con 9,9%, las del sistema nervioso con 8,5% y las endocrinas con 8,0%. La hipertensión arterial es el diagnóstico más frecuente. El informe también identifica una presencia relevante de trastornos mentales, entre ellos ansiedad, autismo infantil y episodios depresivos.
La Defensoría advierte, además, que las patologías de mayor complejidad están sobrerrepresentadas en las tutelas. Neoplasias, afecciones neurológicas graves y epilepsias severas muestran barreras de acceso más altas frente a su frecuencia en la población atendida por el sistema. El costo mediano de los diagnósticos mencionados en estas acciones judiciales es 20% superior al de la atención general, lo que sugiere un sesgo hacia condiciones más costosas y complejas, aunque el propio informe aclara que este hallazgo debe confirmarse con análisis posteriores.
En el plano territorial, el documento identifica una alta concentración de la judicialización en ciertos departamentos y ciudades. Antioquia lidera con 55.705 tutelas, equivalente al 20,5% del total nacional, seguida de Valle del Cauca con 27.971 y Bogotá D. C. con 26.372. En el nivel municipal, Medellín encabeza el volumen absoluto, seguida por Bogotá y Cali.
Sin embargo, el análisis cambia cuando se observan las tasas por población. San Andrés, Providencia y Santa Catalina presenta una tasa de 193,8 tutelas por cada 10.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional de 51,7. También sobresalen Caldas, Arauca, Risaralda y Norte de Santander. En contraste, Huila y Bolívar registran las tasas más bajas.
Más allá de la distribución geográfica, uno de los hallazgos de mayor peso es la relación inversa entre pobreza y judicialización. Vichada, La Guajira y Chocó, departamentos con altos niveles de pobreza multidimensional, presentan algunas de las tasas más bajas de tutela. Para la Defensoría, esto no debe interpretarse como mejor funcionamiento del sistema, sino como una doble exclusión: barreras para acceder tanto a los servicios de salud como a la justicia.
EPS, sujetos de especial protección y señales de alarma
El análisis por aseguradores también muestra diferencias marcadas. Nueva EPS lidera en volumen absoluto con 63.176 tutelas, el 23,3% del total, mientras Savia Salud presenta una tasa de 118,8 por cada 10.000 afiliados, 2,6 veces el promedio del sistema. El INPEC registra la tasa más alta, con 203,5 por 10.000, y Famisanar, incluyendo las tutelas que vinculan a Cafam y Colsubsidio, supera más del doble del promedio. La Defensoría sostiene que estas diferencias no se explican por la complejidad clínica de las poblaciones, sino por barreras organizacionales y administrativas.
El informe también resalta la vulnerabilidad de los sujetos de especial protección constitucional. El 39,57% de las tutelas en salud corresponde a este grupo. Dentro de esa proporción se encuentran personas con discapacidad con 15,37%, adultos mayores con 24,65% y personas con enfermedad grave con 35,30%. A ello se suma la situación de las personas privadas de la libertad, que presentan las tasas más altas de judicialización, lo que evidencia graves fallas de atención en el sistema penitenciario.
Una presión creciente sobre la política pública
La conclusión de la Defensoría es que la tutela se consolidó como la principal vía de acceso al derecho a la salud y dejó de ser un mecanismo excepcional. En ese sentido, lo que revelan las cifras no es una coyuntura aislada, sino un patrón asociado a problemas de financiamiento, gestión, acceso y desigualdad territorial. Por ello, el llamado institucional apunta a una reforma estructural que reduzca la judicialización, fortalezca los mecanismos administrativos de reclamación y garantice una respuesta oportuna a las necesidades de la población.
Consulte y descargue el Informe de Tutelas en Salud:
