Durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del acceso a medicamentos en el país y urgió a una reforma profunda del sistema. “El sistema no puede depender del bolsillo del paciente ni de una tutela. Debe garantizar la entrega oportuna y completa como un derecho, no como un favor”, afirmóla defensora del Pueblo durante su intervención en la Universidad de la Costa de Barranquilla.
¿Cómo se manifiesta la crisis del acceso a medicamentos en las regiones?
La Defensoría del Pueblo alertó que la crisis de acceso a medicamentos afecta a todas las regiones del país, pero su impacto es más severo en los territorios rurales y apartados. En departamentos como Vaupés, donde la ruralidad alcanza el 70%, y en Chocó, con un 57%, los pacientes enfrentan trayectos prolongados, mayores costos de desplazamiento y una limitada presencia de gestores farmacéuticos. Estas barreras se agravan en zonas con baja conectividad digital, donde la ausencia de internet impide presentar reclamaciones o acceder a servicios de telemedicina, generando un subregistro que invisibiliza la verdadera magnitud del problema.
La desigualdad también se refleja en el peso del gasto de bolsillo sobre los hogares. En departamentos como Putumayo, Norte de Santander y Sucre, las familias destinan entre el 24% y el 27% de sus ingresos a cubrir tratamientos o comprar medicamentos, una carga económica insostenible para muchos hogares en situación de pobreza. La encuesta nacional realizada por la Defensoría del Pueblo a 3.449 personas en puntos de dispensación reveló que el 90 % no recibió o solo recibió parcialmente los medicamentos formulados, y que apenas el 48% logró resolver su solicitud en un plazo de tres meses. En consecuencia, numerosos pacientes terminan cubriendo entre el 10% y el 90% de su ingreso para no interrumpir sus tratamientos.
El informe documenta, además, las consecuencias clínicas y sociales de esta situación. Varios usuarios reportaron descompensaciones por suspensión de terapias que derivaron en hospitalizaciones o ingresos a unidades de cuidados intensivos. “No hay medicamentos. El paciente se desestabiliza, pasa a urgencias, luego a cuidados intensivos y, en muchos casos, termina en la tumba. Y eso está pasando en los departamentos”, denunció un representante de usuarios durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Eje Cafetero.
Una tendencia nacional que profundiza la inequidad
El Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE confirman que el gasto de bolsillo ha aumentado de forma constante en la última década. Según el Boletín de Gasto de Bolsillo en Salud (2014–2022), este representaba el 15,5 % del gasto total en salud en 2014, mientras que la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) estima que en 2024 llegó al 16,8 % del gasto corriente, lo que equivale a 14,5 billones de pesos.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE registró un aumento del 7,9 % en el componente de “salud y medicamentos” durante 2024, con una proyección superior al 8 % para finales de 2025, impulsado por el encarecimiento de fármacos importados y los costos logísticos asociados. Por su parte, el Banco de la República advirtió que esta tendencia “disminuye la resiliencia de los hogares ante choques económicos o de salud y eleva el riesgo de pobreza transitoria”, evidenciando que el sistema de aseguramiento traslada progresivamente más costos al paciente, debilitando la equidad en el acceso a los servicios.
En departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo, el gasto en salud ya supera el 25 % de los ingresos familiares, según la Defensoría. En estos entornos rurales, las familias deben decidir entre comprar medicamentos o cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda. “Afecta el goce de otros derechos como la alimentación, la educación y la vivienda digna”, enfatizó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz.
Brechas territoriales y causas estructurales
El informe identifica que las vulneraciones más críticas se concentran en Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, territorios marcados por la pobreza, el aislamiento geográfico y la débil capacidad institucional. “Mientras la inequidad social y económica persista, será muy difícil lograr la prestación universal efectiva de los servicios de salud”, advirtió Marín Ortiz.
La Defensoría explicó que las causas de la crisis se dividen en tres niveles:
- Financiero, por los retrasos en pagos entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
- Logístico, por las distorsiones en la cadena de distribución y la concentración del mercado en pocos operadores.
- Administrativo, por las barreras burocráticas y los cambios frecuentes de gestores que interrumpen tratamientos.
Estas deficiencias, señaló la entidad, no solo afectan el acceso a medicamentos de alto costo, sino también los de atención primaria, lo que representa una regresión del derecho a la salud.
Durante la presentación, la Defensora leyó el caso de un usuario que retrata la precariedad de la situación “Un paciente que operaron de un ojo necesitaba un colirio que no le entregaban y que valía cerca de 300.000 pesos. El paciente se hizo amigo de otro que sí pudo comprarlo y decidieron compartirlo: iba en la mañana a que le aplicaran una gota y volvía en la tarde para recibir la otra”.
Según la encuesta nacional aplicada en los puntos de dispensación, el 61 % de los pacientes que no recibieron sus medicamentos los compraron directamente; el 14 % redujo las dosis y el 9 % recurrió a remedios caseros.
Reembolsos y reforma estructural
Entre las recomendaciones más destacadas del informe está la creación de un mecanismo de reembolso directo a los pacientes que debieron comprar medicamentos no entregados. “Los usuarios no pueden seguir resolviendo con su dinero las fallas estructurales del sistema”, sostuvo Marín Ortiz, quien pidió a la ADRES y a las EPS diseñar un esquema nacional de compensación con precios de referencia mínimos y verificación territorial.
La Defensora insistió, además, en la necesidad de una reforma estructural con enfoque territorial, suficiencia presupuestaria e interoperabilidad de datos. “El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas, y en su deber de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría”, señaló.
