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Modifican criterios para el saneamiento definitivo de cuentas de recobro de servicios no UPC

El ministerio de salud emitió un proyecto de resolución con el que modificará parcialmente la resolución 618 de 2020.

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Modifican criterios para el saneamiento definitivo de las cuentas de recobro de servicios no UPC

El ministerio de salud emitió un proyecto de resolución con el que modificará parcialmente la resolución 618 de 2020, con el que se reglamentaron los criterios para el saneamiento definitivo de las cuentas de recobro relacionadas con los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo.

En este sentido, Para verificar que los servicios y tecnologías no financiados con la UPC se prestaron a quienes les asistía el derecho se verificarán las siguientes condiciones:

  • Que el usuario se encontraba activo, en período de protección laboral o suspendido en la entidad recobrante. Para el efecto, se consultará el histórico de la Base de Datos Única de Afiliados BDUA y las tablas de evolución del documento, para la fecha de prestación del servicio o tecnología objeto de saneamiento.
  • Que el usuario se encontraba en estado fallecido o en estado cancelado, hasta veinticuatro (24) horas después de la fecha de prestación del servicio. Para el efecto se consultará la base de datos de la Registraduría Nacional de Estado Civil (RNEC) o en el Registro Único de Afiliados Nacimientos y Defunciones (RUAF ND).

La ADRES validará los estados de afiliación, de acuerdo con la información disponible en la BDUA, en las tablas de evolución del documento y en el RUAF ND, que le disponga el Ministerio de Salud.

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De otro lado, en el evento excepcional en que el usuario al que se le prestó el servicio no se encuentre en las bases anteriormente señaladas, la ADRES verificará la existencia o la identificación de la persona a través de otros documentos en los que se acredite que a dicho usuario se le prestó el servicio o la tecnología recobrada.

En todo caso, las causales por las cuales para la fecha de o prestación del servicio el afiliado no se encontraba en estado activo, suspendido o en periodo de protección laboral corresponde a: i) fallos de tutela que obligan a una entidad recobrante a prestar el servicio o tecnología a un usuario que no se encuentra afiliado con dicha entidad o; ii) fallos de tutela que obligan a una entidad recobrante a prestar el servicio o tecnología a un usuario con una entidad del régimen exceptuado o especial o; iii) servicios o tecnologías que corresponden a menores fallecidos con documento CN.

EN caso de que exista otra causal, la entidad recobrante deberá remitir la información a la ADRES para que esta evalúe la viabilidad de adicionar otras causales a las ya establecidas.

Pruebas para presentar cuentas de servicios no financiados con cargo a UPC ordenados por autoridad judicial

Para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiado con cargo a la UPC del Régimen Contributivo prestados en cumplimiento de una orden judicial, se tendrá en cuenta:

Si el servicio o tecnología fue prestado con anterioridad al 1 de abril de 2017, la entidad recobrante deberá presentar copia completa y legible del fallo de la autoridad judicial que dio origen a la prestación del servicio o tecnología en salud o de las actuaciones que evidencien la orden judicial. Cuando se trate de recobros con glosa parcial, la entidad recobrante deberá indicar el número del radicado bajo el cual se aportó el fallo que soportó la prestación. Este mismo medio de prueba se requerirá para los servicios complementarios.

Si la providencia judicial ordena un tratamiento integral, adicional a la copia completa y legible del fallo de tutela, deberá aportar el Formato de integralidad generado en vigencia de la Nota Externa 201433200179423 del 24 de julio de 2014 o el formato para el trámite de exclusiones que defina la ADRES.

Cuando se trate de servicios de cuidador con continuidad, la entidad recobrante deberá suministrar y acreditar las condiciones para este tipo de prestación, definidas en la Resolución 1885 de 2018.

Cuando se trate de servicios o tecnologías excluidas de la financiación con recursos de la salud, suministrados en cumplimiento de una providencia judicial que ordena el tratamiento o manejo integral de un diagnóstico o del usuario, el representante legal de la entidad recobrante deberá declarar, en el formato de trámite de exclusiones que defina la ADRES, como mínimo la concurrencia de los siguientes criterios:

  1. Que el servicio o tecnología se suministró para mejorar las condiciones de salud del paciente.
  2. Que de la historia clínica o algún concepto de los profesionales de la salud se pudo inferir la necesidad de suministrar el servicio o tecnología
  3. Que existe una clara correlación entre el diagnóstico y el servicio o tecnología excluido
  4. Que el servicio o tecnología excluida no tuvo como finalidad principal un propósito suntuario, estético o cosmético.
  5. Que el servicio o tecnología excluido no podía ser sustituido por uno que si se encontrara financiado por los recursos de la salud.

Acreditación de servicios prestados a usuarios con enfermedades huérfanas

Cuando se trate de servicios o tecnologías en salud que hayan sido suministrados a pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas, la entidad recobrante deberá aportar los soportes en los que se evidencie documentalmente que el paciente padecía o padece la enfermedad huérfana, tales como resultados de pruebas diagnósticas, resúmenes de historia clínica, actas o reportes de junta de profesionales de salud y criterios clínicos declarados por uno o más médicos tratantes, según aplique.

Los documentos señalados anteriormente, deberán corresponder con las definiciones nosológicas aceptadas por la comunidad científica y los antecedentes registrados en la historia y otros registros clínicos y paraclínicos del paciente.

La información presentada en los documentos deberá garantizar la consistencia y coherencia respecto a la enfermedad huérfana – rara del usuario y por lo tanto deberá dar cumplimiento con los criterios de calidad, oportunidad, veracidad, confiabilidad y transparencia necesarias para adelantar el proceso de reconocimiento ante la ADRES.

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¿Cómo se atenderán los partos de las migrantes no aseguradas?

Con el pago de paquetes a las Empresas Sociales del Estado se atenderán los partos de las mujeres migrantes, dependiendo el tipo de parto que tengan.

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¿Cómo se atenderán los partos de las migrantes no aseguradas

El Ministerio de Salud publicó los criterios que se tendrán en cuenta para atender los partos de las mujeres migrantes venezolanas y los recursos de donde se financiará la atención de las gestantes no afiliadas teniendo en cuenta el proyecto en curso “Fortalecimiento de la Atención en Salud de la Población Migrante no Asegurada Nacional”.

Estas directrices deberán ser acogidas por los departamentos y distritos que, a través de las Empresas Sociales del Estado, brinden atenciones de urgencias a mujeres venezolanas migrantes no aseguradas que demandan servicios de partos vaginales y cesáreas. Es decir, que los recursos del proyecto anteriormente mencionado estarán destinados al pago de paquetes de servicios de atención del parto de esta población que se atienda en ESE.

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Paquetes de atención de partos

Específicamente, habrán dos paquetes de servicios:

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  1. Paquete de atención del parto vaginal: 1,8 SMLMV
  2. Paquete de atención del parto por cesárea (segmentaria transversal o corporal): 2,8 SMLMV

En los paquetes de servicios se incluye la atención inicial por urgencias, consulta prequirúrgica y preanestésica, práctica de los exámenes de apoyo diagnóstico que los protocolos exigen como soporte para la valoración del paciente, la realización de la intervención o procedimiento, atención intrahospitalaria con todos sus componentes y los controles postquirúrgicos ambulatorios incluidos los medicamentos e insumos necesarios durante el proceso de recuperación, así mismo incluye la valoración del recién nacido.

No obstante, las atenciones y tecnologías en salud adicionales que se generen por complicaciones que pudieran presentarse durante la atención del parto, no se entienden objeto de cobertura de estos recursos.

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Criterios de asignación de los recursos

Los recursos se asignarán a los Departamentos y Distritos, que cumplan con los siguientes criterios

  • Departamentos y Distritos que, durante dos vigencias completas previas a la asignación de los recursos, hayan atendido en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de su jurisdicción un número determinado de partos y cesáreas de gestantes migrantes venezolanas no aseguradas.
  • Departamentos y Distritos que cumplan con el primer criterio, que hayan recibido facturación por atención de urgencias a migrantes venezolanos no asegurados y que hayan efectuado pagos de la facturación recibida con recursos de la Nación y/o del Departamento o Distrito.
  • Departamentos y Distritos que cumplan con el primer criterio y que sean frontera con Venezuela.

Sin embargo, el Comité asesor para la asignación de recursos – CAAR definirá las reglas y condiciones para la aplicación de los criterios aquí definidos. Para cada proceso de asignación que se adelante se deberá contar con la aprobación del Comité , el cual estará conformado de la siguiente manera:

  1. El (la) Viceministro (a) de Salud Pública y Prestación de Servicios o su delegado,
    quien lo presidirá.
  2. El (la) Secretario (a) General o su delegado.
  3. El (la) Jefe de la Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres o su delegado.
  4. El (la) Director (a) de Prestación de Servicios y Atención Primaria o su delegado
  5. El (la) Director (a) de Financiamiento Sectorial o su delegado.
  6. El (la) Director (a) de la Oficina de Promoción Social o su delegado.

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Res. 996 de 2021: nueva asignación de plazas para el SSO

El Ministerio de Salud autorizó la apertura de más de 300 plazas para que el talento humano en salud cumpla con el servicio social obligatorio – SSO.

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Res. 996 asignacion plazas servicio social SSO

La cuarta asignación de plazas para que el talento humano realice su servicio social obligatorio – SSO ya ha sido definida. Por medio de la resolución 996 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la normativa y el número de puestos que deberán ser ocupados para reforzar la atención en salud durante la emergencia sanitaria por covid-19.

En este documento, el ministerio se refiere al aumento de casos experimentado durante mayo y junio, aludiendo a este hecho como a la tercera ola covid; situación de la que se ha derivado una alta demanda de servicios, la ocupación UCI y la necesidad de contar con un mayor número de profesionales capacitados para prestar atención oportuna a los individuos que lo requieran. Además de lo anterior, en la resolución se aclara que esta nueva asignación se considera como un protocolo excepcional, puesto que el talento humano exonerado en los procesos de asignación anteriores podía hacerlo en esta oportunidad.

Tras el análisis desarrollado por las autoridades de salud, se autorizó la asignación de las siguientes plazas, de acuerdo con el reporte presentado por la Dirección del Desarrollo del Talento Humano en Salud que opera en todo el territorio nacional:

  • 350 plazas en medicina
  • 350 plazas en enfermería
  • 65 plazas en bacteriología

La resolución también recuerda a los profesionales que deberá cumplirse el servicio social obligatorio – SSO mediante vinculación con una institución pública o privada en la que se haya creado el puesto al que aplicó. Por otra parte, también se menciona que el SSO podrán prestarlo todos aquellos que no hayan cumplido aún con el requisito, que no se encuentren habilitados y que deseen hacerlo en esta asignación.

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¿Cómo será el proceso de apertura de plazas del SSO?

Las plazas autorizadas por el Ministerio de Salud necesitan la solicitud de su apertura o aprobación, requisito que deberá ser presentado por las IPS a la secretaría de salud departamental, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá o la entidad que haga sus veces. El plazo máximo para presentar el requisito será el 30 de julio de 2021.

Luego de ello, se deberá informar al Ministerio de Salud sobre la provisión de plazas desde el aplicativo para el servicio social obligatorio – SSO. La información deberá ser entregada por las secretarías de salud departamentales, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá o las entidades que hagan sus veces hasta el 10 de agosto de 2021.

Consulte la Resolución 996 de 2021 haciendo clic en el botón “Descargar”:

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Gobierno establece requisitos para alianzas estratégicas de vacunas covid-19

Se conocieron los ajustes actualizados por el gobierno nacional para la regulación de las alianzas estratégicas y los requisitos para la compra de vacunas por medio de este mecanismo.

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Requisitos alianzas estrategicas vacunas covid-19

Desde la máxima autoridad de salud en Colombia se publicó el Decreto 740 de 2021, documento en el que se describen y establecen algunos cambios al Decreto 660 de 2021, normativa que regula las alianzas estratégicas que pueden surgir dentro del contexto de la pandemia, como por ejemplo, la adquisición de vacunas. Los ajustes regirán para el ámbito de aplicación de estos convenios, los beneficiarios de los mismos, los aportes, entre otros.

En las modificaciones parciales al decreto, se conoció que la norma aplicará para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID 19 y a las personas jurídicas de derecho privado. De igual forma se aplicará para las personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado que se encuentren interesadas en el establecimiento de alianzas para apoyar la inmunización contra covid-19 en el territorio nacional.

Cuando se trate de la creación de una alianza estratégica focalizada a mitigar la pandemia, el Decreto 740 establece que las partes interesadas podrán aportar recursos para la obtención de vacunas contra el COVID-19, por parte del Gobierno Nacional, mediante convenios prioritarios con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD. Cabe resaltar que las alianzas estratégicas prioritarias se formalizarán por la UNGRD por intermedio de convenios con personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado.

Al momento de establecer el convenio, la normativa establece que los interesados deberán indicar de forma expresa el fabricante de vacunas con el que debe realizarse el acuerdo de suministro. Asimismo, se deberán establecer como mínimo los siguientes puntos:

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  • Las vacunas respecto las cuales verse el convenio, las cuales deberán contar con Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia otorgada por el INVIMA.
  • Las reglas de distribución de las dosis una vez sean importadas al territorio colombiano.
  • La entrega de los aportes de los que trata el presente Decreto.
  • La obligación de las personas jurídicas de derecho privado o de las personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado firmantes, de cubrir todos los costos asociados a las vacunas, entre otros, el valor por dosis, su transporte, almacenamiento, administración y disposición final.
  • Las reglas en materia de asignación de riesgos.

Cuando se realicen acuerdos para la adquisición de vacunas, éstas serán entregadas a las partes que conforman la alianza estratégica por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID-19. Según el Decreto 740 de 2021, los beneficiarios serán las personas que se hayan decidido por las partes que suscribieron el convenio, bajo la normativa establecida por el Ministerio de Salud.

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Responsabilidades y obligaciones para las alianzas estratégicas

De acuerdo con el Gobierno Nacional, las alianzas estratégicas que tengan como propósito la adquisición de vacunas contra covid-19 deberán realizar un aporte económico adicional al costo de estos biológicos. Estos montos se destinarán a cubrir las obligaciones derivadas de los contratos de adquisición de vacunas y las contingencias descritas en la Ley 2064 de 2020. La norma no establece un valor único para las partes pero indica que debe ser establecido dentro de cada convenio.

Los recursos comprometidos en las respectivas alianzas estratégicas serán girados al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID-19.

“Como garantía de la disponibilidad de recursos para solicitar la oferta al laboratorio fabricante y estimar la cantidad de dosis demandadas, la UNGRD podrá requerir, entre otros mecanismos que resulten aplicables, que los recursos a ser girados al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID 19, tanto para cubrir el costo de las dosis como para el aporte establecido, se pongan a disposición del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Subcuenta para la Mitigación de Emergencias – COVID 19 en un patrimonio autónomo irrevocable“, indica el texto.

En cuanto a los eventos adversos que estén relacionados con la vacunación covid-19, éstos deberán reportarse de acuerdo con las normas vigentes impuestas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, al momento de su notificación deberá mencionarse que se presentó en el marco de una alianza estratégica. Además de todo lo anterior, se creará un comité de seguimiento cuya labor será verificar la aplicación de las vacunas contra el covid-19 que se adquieran en estas condiciones.

La vigilancia de las vacunas contra covid-19 que sean adquiridas por medio de alianzas estratégicas estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces.

Consulte este proyecto de modificación al Decreto 60 de 2021 aquí:

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