El pasado 16 de octubre de 2024, profesionales de la salud, trabajadores y diversas organizaciones del sector se reunieron en Bogotá para hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional ante la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. En medio de una situación que amenaza con colapsar, presentaron una serie de consideraciones y exigencias para garantizar los derechos de los pacientes y los trabajadores del sector, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y exigir una respuesta eficaz e inmediata de las autoridades.
Uno de los principales reclamos es el respeto pleno e inmediato de las disposiciones de la Ley 1751 de 2015, conocida como la Ley Estatutaria de Salud. Esta ley consagra la salud como un derecho fundamental y establece la participación de los diferentes actores del sistema. Sin embargo, los firmantes del documento destacan que, en medio de las discusiones sobre la crisis del sistema de salud y las propuestas de reforma, el derecho a la participación no ha sido garantizado como debería.
En este contexto, los actores del sector han instado al gobierno a crear espacios efectivos de participación que incluyan a profesionales, trabajadores y pacientes, como lo estipula el Artículo 12 de la Ley 1751. Esto permitiría que las decisiones sobre la reforma al sistema de salud se tomen teniendo en cuenta las voces de quienes se ven directamente afectados.
Crisis financiera y estructural del sistema
Otro punto crítico que se abordó durante la reunión es la crisis financiera y estructural que atraviesa el sistema de salud colombiano. Las deudas crecientes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, han puesto en riesgo la continuidad y calidad de los servicios de salud. A esto se suma un déficit considerable en el talento humano en salud, lo que genera graves barreras de acceso para los pacientes.
Los representantes del sector solicitan a los coordinadores ponentes del Proyecto de Ley 312 que aborden estas problemáticas de manera prioritaria. La acumulación de las ponencias debe considerar la precariedad de los trabajadores de salud y la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema.
Desabastecimiento de medicamentos y deficiencias en la atención
La situación de desabastecimiento de medicamentos y suministros también es una preocupación urgente. Los pacientes enfrentan dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan debido a la entrega inoportuna de los mismos por parte de los gestores farmacéuticos. Además, la falta de insumos y el cierre de servicios en diversas áreas han agravado la calidad y oportunidad de la atención.
Frente a este escenario, se ha destacado la importancia de implementar y reglamentar la Ley 2836 de 2024, que busca abordar algunos de estos problemas. Sin embargo, la falta de acción eficaz por parte del Gobierno para hacer cumplir estas normativas ha contribuido a profundizar la crisis.
Condiciones laborales de los trabajadores de salud
Los trabajadores y profesionales de la salud han denunciado las condiciones laborales cada vez más precarias en las que deben desempeñarse. Estas condiciones incluyen atrasos en el pago de salarios y honorarios, sobrecarga laboral, y la explotación por parte de empresas que realizan tercerización de servicios. Además, los despidos injustificados y la terminación de contratos sin justificación adecuada generan inestabilidad e incertidumbre para los trabajadores del sector.
En este sentido, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno una intervención decidida y eficaz para mejorar las condiciones laborales del personal de salud y garantizar una formación adecuada del talento humano en todas las áreas. Solo así se podrá asegurar una atención de calidad para los pacientes y la sostenibilidad del sistema.
Necesidad de recursos para enfrentar la crisis
Uno de los puntos más enfáticos de la declaración es la exigencia de recursos suficientes para hacer frente a la crisis financiera del sistema de salud. Los representantes del sector aseguran que los recursos que actualmente reciben los prestadores públicos y privados son insuficientes, y que son los pacientes quienes están pagando las consecuencias con su salud, integridad física e incluso con sus vidas.
El llamado al Gobierno es claro: revisar la crisis financiera de manera objetiva y sin prejuicios, y buscar los recursos necesarios para solucionar o, al menos, atenuar significativamente la situación. Repetir que los recursos son suficientes sin evidencia alguna o culpar exclusivamente a la corrupción no es suficiente para enfrentar el problema.
El Congreso de la República tiene un papel fundamental en la construcción de una reforma efectiva al sistema de salud. Las organizaciones firmantes instan a los congresistas a escuchar a todos los actores del sistema y garantizar que las propuestas de reforma se acumulen y se analicen a fondo, evitando que el proceso sea una mera formalidad. Es necesario un alto grado de compromiso para identificar las mejores alternativas y construir un sistema de salud que verdaderamente responda a las necesidades del país.
Finalmente, las organizaciones del sector salud se han declarado en alerta permanente y han decidido actuar de manera unificada para defender el derecho a la salud y al trabajo digno. Se ha creado un mecanismo de acción conjunta, así como un canal único de información para dar a conocer todos los aspectos que afectan negativamente a pacientes y trabajadores del sector.
