La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) elevó un llamado urgente ante el acelerado deterioro de la Nueva EPS, al señalar que la situación dejó de ser un asunto de gestión financiera para convertirse en un factor de impacto directo sobre pacientes que, según el gremio, enfrentan grandes dificultades para acceder a tratamientos y servicios.
El punto de partida del pronunciamiento es el comportamiento de los indicadores financieros reportados por la Contraloría General de la República. De acuerdo con esos datos, la deuda de la Nueva EPS aumentó 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones. En el mismo periodo, el patrimonio pasó de $485.209 millones (positivo, en 2022) a -$6,25 billones (marzo de 2025), un comportamiento que el ente de control calificó como una “inviabilidad estructural”.
Sobre ese trasfondo, AFIDRO advirtió que el riesgo ya recae sobre la población afiliada. En su comunicación se refiere a más de 11 millones de afiliados y, al detallar la propuesta de contingencia, precisa un universo de 11,7 millones de afiliados como base para priorizar tratamientos críticos.
En ese contexto, el presidente ejecutivo de AFIDRO, Ignacio Gaitán, sostuvo: “Lo que estamos presenciando con la Nueva EPS no es solo una crisis de balances contables, sino una crisis que pone en riesgo vidas humanas porque el sistema ha dejado de funcionar para quienes más lo necesitan. Los pacientes quedaron en medio de fracturas financieras del sistema”.
Señales operativas: embargos, presión en IPS y aumento de quejas de usuarios
AFIDRO planteó que el deterioro financiero ya tiene expresiones verificables en la operación del sistema, en especial en la relación de pago con prestadores y en el volumen de inconformidades reportadas por usuarios.
Entre los efectos visibles mencionados, el gremio destacó que se han interpuesto embargos por más de $2 billones por parte de 95 instituciones prestadoras de salud (IPS), como consecuencia de la falta de pagos. Desde la perspectiva expuesta por AFIDRO, esta dinámica compromete la atención oportuna porque tensiona el flujo de caja de los prestadores y eleva el riesgo de interrupciones en la prestación.
En paralelo, el pronunciamiento incorporó datos de la Defensoría del Pueblo: las quejas de usuarios aumentaron 107% en 2025, con 14.603 registros. Para el gremio, ese incremento funciona como señal de alerta temprana sobre barreras persistentes de acceso, particularmente cuando el paciente no logra completar su ruta terapéutica por fallas en oportunidad o continuidad.
En una segunda declaración, Gaitán vinculó el problema a fallas de flujo en la cadena de financiación y prestación: “El problema es estructural, cuando no se reconocen las verdaderas necesidades del sistema, no se hacen giros oportunos desde la ADRES como sucede con los presupuestos máximos, o cuando los agentes de la cadena están asfixiados financieramente, se evidencian barreras para acceder a los servicios de salud. Y cuando los medicamentos no llegan, son los pacientes, no las instituciones, quienes más sufren las consecuencias”.
Intervención y desempeño: el costo de los servicios superó los ingresos, según la Procuraduría
AFIDRO también citó el informe de la Procuraduría General de la Nación, enfocado en el comportamiento posterior a la intervención ordenada en abril de 2024. En ese documento, se reporta que el costo de prestación de servicios de la Nueva EPS superó sus ingresos, al describir un tránsito desde un costo equivalente al 95,6% de los ingresos en 2022 hacia un deterioro actual.
Bajo la lectura de AFIDRO, la intervención, concebida como medida de salvamento, “no ha logrado los resultados esperados” y el impacto termina concentrándose en millones de usuarios y pacientes, particularmente cuando los atrasos de pago y la incertidumbre financiera se reflejan en barreras de acceso y discontinuidad terapéutica.
Propuesta de AFIDRO: Mesa Técnica de Emergencia, recursos trazables y contingencia farmacéutica
Con el diagnóstico planteado, AFIDRO reiteró su disposición de trabajo con autoridades y actores de la cadena para una salida “técnica y viable”, y presentó un paquete de acciones con enfoque operativo:
- Convocar una Mesa Técnica de Emergencia, con participación del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la ADRES, gremios hospitalarios, asociaciones de pacientes y sector farmacéutico, para definir un cronograma de estabilización.
- Garantizar flujos directos y trazables desde la ADRES hacia prestadores y operadores farmacéuticos, evitando intermediación que retrase pagos.
- Establecer un plan de contingencia farmacéutica orientado a asegurar continuidad de tratamientos críticos para los 11,7 millones de afiliados referidos en la propuesta.
- Visibilizar la situación financiera real de la EPS y de las EPS intervenidas mediante auditorías externas y publicación de indicadores de rendimiento.
El planteamiento converge en una tesis central: la priorización debe medirse por continuidad de tratamiento y oportunidad en la entrega de medicamentos, con mecanismos de trazabilidad financiera que reduzcan incertidumbre y acorten el tiempo entre el giro y la dispensación.
En ese marco, Gaitán cerró con un llamado a decisiones inmediatas: “No podemos seguir administrando una crisis que se agrava cada mes. Necesitamos decisiones que prioricen la vida y la salud de más de 11 millones de afiliados a la Nueva EPS que no pueden seguir esperando. Se están perdiendo resultados en salud que el sistema había logrado construir por años”.
