La salud migrante y cáncer quedó bajo una nueva exigencia constitucional con la Sentencia T-089-26, en la que la Corte Constitucional protegió los derechos de una mujer migrante de 42 años a quien se le negaron exámenes y atención médica especializada para confirmar y tratar un posible cáncer de cuello uterino.
La Sala Décima de Revisión ordenó activar rutas claras, responsabilidades definidas y mecanismos de coordinación efectiva para atender a personas migrantes con enfermedades graves. El fallo señala que la falta de regularización migratoria o afiliación al sistema no puede impedir el acceso a servicios de salud cuando existe una condición médica grave o catastrófica.
La decisión involucra al Hospital Regional de la Orinoquía, al Departamento de Casanare, al Ministerio de Salud y Protección Social, a las autoridades territoriales y a los organismos de control. También fue remitida a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación.
¿Qué ordena la Sentencia T-089-26 sobre la atención a población migrante?
La Corte Constitucional revisó el caso de una mujer migrante que acudió en dos oportunidades al Hospital Regional de la Orinoquía por diferentes síntomas y hallazgos clínicos. De acuerdo con el fallo, los médicos identificaron una lesión en el cuello del útero con sospecha de cáncer y ordenaron estudios diagnósticos prioritarios, además de seguimiento especializado.
Sin embargo, los servicios no fueron autorizados debido a su situación migratoria irregular. La atención ofrecida se limitó a la atención inicial de urgencias, bajo el argumento de que la paciente no contaba con regularización migratoria ni afiliación al sistema de salud.
La Sala Décima de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, concluyó que esa negativa vulneró los derechos de la accionante a la salud, al diagnóstico, a la integridad personal y a la vida digna.
El alto tribunal indicó que las personas migrantes, incluso en situación irregular, tienen protección constitucional reforzada cuando enfrentan enfermedades graves o catastróficas. En estos casos, la atención no puede limitarse a estabilizar una urgencia, sino que debe incluir los servicios necesarios para lograr un diagnóstico oportuno y garantizar la continuidad del tratamiento.
La Corte advierte barreras en la atención de enfermedades graves
La Sala señaló que el caso evidencia fallas estructurales de articulación entre las entidades del sistema de salud. Estas fallas se reflejan en barreras administrativas, falta de coordinación y ausencia de rutas claras para la atención de población migrante.
El pronunciamiento precisa que, en enfermedades catastróficas como el cáncer, no basta con que existan normas generales sobre atención en salud para población migrante. La Corte sostuvo que la garantía constitucional exige rutas claras de atención, responsabilidades definidas, criterios médicos de priorización, mecanismos de remisión y seguimiento, así como reglas ciertas de financiación.
Según la decisión, cuando esas condiciones no existen, las normas pueden quedar solo en el papel. La consecuencia es una atención fragmentada, inestable y sin continuidad, contraria a los principios de integralidad y continuidad en el acceso a los servicios de salud.
El fallo también enfatizó que la sospecha de cáncer exige una respuesta estatal integral, sensible y libre de discriminación. Para la Corte, la condición migratoria no puede convertirse en una barrera para exámenes diagnósticos, valoraciones especializadas o tratamientos requeridos por criterio médico.
Las órdenes comprometen al hospital, Casanare y MinSalud
La Corte ordenó al Hospital Regional de la Orinoquía y al Departamento de Casanare garantizar el diagnóstico integral, las valoraciones especializadas y los servicios médicos requeridos por la accionante. Esta instrucción busca asegurar que la paciente acceda a la atención necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico y recibir manejo médico oportuno.
El fallo también dispuso medidas para que el Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades territoriales fortalezcan los protocolos, rutas y mecanismos de coordinación para atender a la población migrante. La orden hace énfasis en los casos de enfermedades catastróficas como el cáncer.
Los puntos que deberán reforzarse incluyen
- Rutas claras de atención para población migrante con enfermedades graves.
- Responsabilidades definidas entre hospitales, departamentos y autoridades sanitarias.
- Criterios médicos de priorización en casos de sospecha de cáncer.
- Mecanismos de remisión, seguimiento y continuidad asistencial.
- Reglas de financiación que permitan garantizar la prestación de servicios.
La sentencia fue remitida a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 para la coordinación correspondiente. Además, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deberán hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas.
El enfoque interseccional orienta la respuesta estatal
La Corte Constitucional destacó que, en el caso de mujeres migrantes, pueden confluir diferentes factores de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran el desarraigo, la falta de ingresos, la ausencia de redes de apoyo y las barreras para acceder a servicios básicos como la atención en salud.
La Sala indicó que estas condiciones se agravan cuando existe una enfermedad catastrófica o un diagnóstico de sospecha de cáncer. Por esa razón, el fallo ordena que la respuesta estatal tenga un enfoque interseccional, es decir, que tenga en cuenta las distintas condiciones sociales, económicas y personales que pueden afectar el acceso efectivo a la salud.
La decisión también reitera que el derecho a la salud no puede entenderse únicamente como acceso a una atención inicial. En los casos de enfermedades graves, la garantía del derecho incluye diagnóstico, tratamiento, seguimiento y continuidad en la prestación de servicios.
Con esta sentencia, la Corte Constitucional fija nuevas obligaciones para la articulación entre el sistema de salud y las autoridades territoriales en la atención de personas migrantes. El fallo deja establecido que la atención de enfermedades graves o catastróficas debe estar respaldada por rutas operativas claras, coordinación institucional y mecanismos de seguimiento que eviten la interrupción de los servicios médicos.
