Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia resaltó la importancia que adquiere la dignidad humana al momento de evaluar las solicitudes de traslado laboral de docentes motivadas por razones de salud mental. A través de la Sala Cuarta de Revisión, la Corte analizó dos acciones de tutela interpuestas por profesores que enfrentan problemas de salud mental y requieren traslados laborales para proteger su bienestar y el de sus familias.
En ambos casos, los accionantes reclamaron vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades educativas responsables de autorizar sus traslados, argumentando que no se tomaron en cuenta de manera suficiente sus particulares condiciones médicas y familiares.
En el primero de los casos, el docente solicitó su traslado debido a serias afectaciones psicológicas, tanto personales como familiares, respaldadas por documentación clínica. La entidad educativa rechazó la solicitud justificando motivos de seguridad, sin considerar adecuadamente las circunstancias personales, familiares y de salud mental demostradas por el docente.
La Corte Constitucional reprochó esta situación al señalar que la respuesta negativa del traslado fue insuficiente, pues se centró únicamente en razones de seguridad y no abordó integralmente los aspectos de salud y bienestar familiar del accionante. La Corte destacó que la entidad educativa tiene la obligación de evaluar todas las circunstancias expuestas, especialmente cuando existen pruebas médicas que evidencian la gravedad del impacto psicológico. Por lo anterior, ordenó resolver nuevamente la solicitud, contemplando las historias clínicas y considerando adicionalmente las condiciones propias de los territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Derechos fundamentales vulnerados: Corte ordena respetar traslados docentes por razones de salud mental
En el segundo caso, la entidad educativa justificó la negativa al traslado por la supuesta falta de plazas disponibles, ignorando las recomendaciones médicas y la delicada situación de salud mental del docente. La Corte encontró que la entidad vulneró los principios de buena fe, celeridad y dignidad humana, enfatizando que estos principios deben regir toda decisión administrativa sobre traslados, particularmente cuando involucran problemas de salud.
“La dignidad humana adquiere especial relevancia en situaciones en que los docentes solicitan traslados por razones de salud mental“, destacó la Corte en su fallo. Añadió además que “el docente debe ser tratado con el respeto y la consideración que merece su situación, atendiendo cada faceta de la dignidad: la autonomía, que se ve afectada cuando la demora en las decisiones impide que el docente tome medidas inmediatas para mejorar su salud; la igualdad, porque se deben valorar adecuadamente las circunstancias particulares de quienes solicitan traslados; y finalmente la integridad personal, que se compromete cuando se ignoran las condiciones médicas y familiares”.
De esta manera, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades educativas resolver de manera integral y con celeridad las solicitudes de traslado, tomando especialmente en consideración las recomendaciones médicas orientadas a salvaguardar el bienestar integral y la salud mental de los docentes, garantizando así la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
