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Corte Constitucional ordena crear un modelo de salud diferencial para el Vaupés

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La Corte Constitucional mediante Sentencia T-357 DE 2017, hizo un llamado de atención por la vulneración en el derecho fundamental a la salud e identidad cultural de 255 comunidades indígenas en el departamento de Vaupés; tras fallar a favor de una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Vaupés, quien denunció la ausencia de centros de salud o unidades básicas de atención y la deficiente prestación del servicio.

La Defensoría en su providencia denunció que este departamento al ser una zona especial  requiere de un tratamiento excepcional en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues, desde hace 10 años esta región solo cuenta con tres puntos de prestación de servicios de salud inscritos ante el Ministerio de Salud en los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, el resto del departamento no tiene. Sumado a esto el principal Hospital cuenta con un nivel de atención dos (2) y está a cargo de la prestación del servicio de todo el departamento. Además, tan solo la mitad de su población está afiliada al Régimen Subsidiado (Lea: Corte Constitucional examina calidad de la salud en Vaupés)

Problemas de Salud Pública y acceso

En la denuncia se cita un informe de 2015 sobre “Salud como vamos” de la Secretaria de Salud del Vaupés, que evidencia los diferentes problemas que sufre el departamento entre ellos: la baja tasa de vacunación, especialmente en los menores de edad; alto grado de infecciones respiratorias agudas (IRA); enfermedades diarreicas agudas (EDA); accidentes ofídicos indebidamente atendidos por la falta de medicamentos, y el suicidio, un problema de salud pública  que ha crecido en los últimos años.

Para la Corte Constitucional la alta diversidad cultural, la dispensación poblacional y el difícil acceso generan obstáculos para prestar un debido servicio, pero además, el diseño de la prestación es inefectivo.

 “La Sala observa que las afectaciones al derecho a la salud en el departamento de Vaupés no son menores” y añade que aunque la mayor parte de los problemas se dan en la mala comunicación entre las zonas selváticas hasta Mitú y los centro urbanos, la denuncia no se puede centrar en unos poco casos pues sería  “desconocer que las problemáticas evidenciadas en casos puntuales son una realidad presente en todo el territorio. Asimismo, asegurar la protección de casos individuales cuando es palmaria la existencia de casos similares, sería invisibilizar a personas de especial protección constitucional, por ser comunidades indígenas, que están apartadas de los centros urbanos y que deben ser tratadas de forma deferente por el juez constitucional porque tienen mayores dificultades para acceder a él y presentarle peticiones por la región apartada y de difícil acceso en la que viven”.

Por eso, como primera medida le ordena a la Gobernación de Vaupés, a la EPS Cafesalud, la Nueva EPS y Mallamas EPS, implementar, dentro de los próximos 15 días, un procedimiento específico en el cual identifiquen a todas las comunidades en donde tienen asegurados que se transportan mediante vías fluviales; garanticen la provisión o acceso a gasolina de forma permanente para que ante un evento de urgencias sea posible transportarse a Mitú de forma oportuna; y establezcan un mecanismo expedito para autorizar y garantizar el traslado de personas en urgencias mediante avioneta cuando eso es posible.

Además de garantizar que en los puestos de salud del departamento estén aprovisionados de medicamentos básicos. En los casos específicos de suicidio, en un término de dos (2) meses, de debe elaborar una política específica para abordar los problemas de salud mental tanto en prevención como en la provisión de atención oportuna en el departamento que tenga una enfoque diferencial y sea aceptable culturalmente.

Un modelo de salud diferencial para Vaupés

Dadas las condiciones geográficas y la diversidad cultural del departamento, la Corte Constitucional exhorta al Ministerio de Salud y Protección Social para que presente un proyecto de ley ante el Congreso de la República que presente alternativas que modifiquen la Ley 100 de 1993, en donde se diseñe y ejecute distintos modelos de prestación del servicio de salud en territorios con las características de Vaupés, es decir, con población indígena dispersa, que sean sostenibles financieramente y étnicamente.

Para ello, el Ministerio de Salud, la Gobernación de Vaupés y las alcaldías municipales de Mitú, Cururú y Taraira, en un término de un (1) año, deben adelantar e implementar “un proceso de concertación con las comunidades para el diseño de un modelo de cuidado de la salud con carácter intercultural en el departamento de Vaupés, que incluya la prestación de los servicios de promoción de la salud y bienestar, prevención y atención de la enfermedad y que se dirija a fortalecer el modelo de aseguramiento de dicho departamento, debido a su condición de territorio con población dispersa”.

Y puntualiza que “en el diseño del modelo de cuidado de la salud en el departamento de Vaupés, deberá considerarse la adopción de una UPC diferencial por territorios o zonas del departamento”.

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Ya arrancó el pago de deudas del ‘Acuerdo de Punto Final’

En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

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En el Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, el presidente Iván Duque encabezó el acto protocolario de inicio de los desembolsos para la implementación del ‘Acuerdo de Punto Final’, incluido en los artículos 237 y 238 del Plan Nacional de Desarrollo.

También le puede interesar: Gobierno pagará $514 mil millones de la deuda de Caprecom – Proyecto de decreto.

Tal y como anticipó CONSULTORSALUD el Acuerdo de Punto Final empezó a rodar con el pago de las deudas que contrajo la liquidada EPS Caprecom con entidades en todo el país, proceso que se había anunciado un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

La suma que ya empezó a ser pagada es de $514 mil millones, principalmente por prestación de servicios a Caprecom de tecnologías en salud no cubiertas con la Unida de Pago por Capitación (UPC).

Asimismo, se empezarán a pagar $172 mil millones de deudas reconocidas por el mecanismo de glosa transversal a través de la Adres.

Según informó el Gobierno nacional, a lo largo de todas sus fases, con el ‘Acuerdo de Punto Final’ inyectará al sistema de salud $7 billones.

¿A quiénes se les pagará?

Los recursos que este martes comenzaron a girarse para darle liquidez al sistema llegarán a 1.361 IPS (50,84%) y hospitales públicos (49,16%) de todo el país.

Los distritos y departamentos que más recibirán pagos son Bogotá ($29.582 millones), Antioquia ($23.104 millones), Valle del Cauca ($22.318 millones), Barranquilla ($13.993 millones) y Atlántico ($12.529 millones).

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Por su parte, los hospitales públicos a los que más les girarán recursos son el Hospital Departamental de Villavicencio ($9.301 millones), el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’ ($6.673 millones), el Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta, ($6.476 millones); el Hospital Universitario La Samaritana, de Bogotá, ($6.411 millones), y el Hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, ($5.065 millones).

Finalmente, las IPS a las que más les llegarán dineros son la IPS Universidad de Antioquia ($7.096 millones), Dumian Medical, de Buenaventura, ($4.614 millones); Su Vida, de Cali, ($4.075 millones); clínica Laura Daniela, de Valledupar, ($4.061 millones), y la clínica Medilaser, de Neiva, ($3.269 millones).

Otras medidas

Este Acuerdo de Punto Final viene acompañado de medidas estructurales que hacen más eficiente el gasto en salud y evitan una nueva acumulación de deudas, como la actualización del Plan de Beneficios de Salud (PBS), el control de precios de medicamentos, las compras centralizadas, la continuidad de las exclusiones, la implementación de Valores Máximos de Recobro.

Además centraliza en la Nación el pago de servicios que están por fuera de la UPC y que antes eran responsabilidad de departamentos y distritos.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

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Entrega errónea de medicamentos, entre las quejas más reportadas en hospitales

Un estudio adelantado por Constanza Cortázar, magíster en Ciencias – Farmacología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), evidenció que la entrega errónea de medicamentos está entre las quejas más reportadas en los hospitales.

La investigadora llegó a esta conclusión tras adelantar un estudio de 1.042 reportes en un hospital de alta complejidad de Bogotá.

Este estudio identificó que 18,8% de reportes o quejas (196), están relacionados con medicamentos, de los cuales 42,8% ocurrió por omisión de prescripciones o dosis.

A esto le sigue un 20,9 % que están relacionados por reacciones adversas al medicamento.

En las novedades reportadas también se evidenció que las quejas por medicamentos están asociadas con el fallo terapéutico o por error del profesional de salud.

Cortázar afirmó que además de encontrar fallas en los medicamentos, también identificó una mayor frecuencia de reportes de incidentes asociados con el cuidado, y finalmente con los dispositivos médicos.

Otros hallazgos

El grupo de medicamentos más frecuentemente involucrado en los reportes fueron los del grupo del sistema nervioso con un 30,4%.

A ellos le siguieron el grupo del sistema musculoesquelético y del sistema cardiovascular cada uno con 10,7 %.

Según este criterio, se incluyeron 41 reacciones adversas y 15 fallos terapéuticos por sospecha de calidad del medicamento, que corresponden a un 5,4 % del total de reportes y a un 28,6 % de los reportes relacionados con medicamentos.

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“Se observó que las flebitis son las reportadas con más frecuencia, con un 23,7 %, seguidas de las reacciones de hipersensibilidad con un 18,4 % y el bloqueo neuromuscular excesivo con un 13,1%”, dijo la mágister.

Asimismo precisó que el 71,4 % de los reportes estaban representados en cuasiincidentes e incidentes sin daño.

Según la magíster, 78,1% pertenece a la clase A, en las que se encuentra la flebitis, el bloqueo neuromuscular y la sobreanticoagulación, entre otras.

Entre tanto, el 21,9 % pertenece a la clase B, en la que se presentan reacciones de hipersensibilidad.

Fallas en la comunicación

Además del análisis de los reportes, la investigadora entrevistó a seis profesionales de la salud, entre auxiliares de farmacia y enfermeras, quienes reconocieron que la diferencia entre el programa de farmacovigilancia y el de seguridad del paciente no es clara.

“Aunque no está en esa área, se sabe que ellos están respaldando todo el tiempo el seguimiento de antibióticos y demás; además hay un químico a cargo, que es el encargado de la tecnovigilancia y la farmacovigilancia”, indica uno de los entrevistados.

Otro de los inconvenientes mencionados es que la comunicación entre los equipos de farmacovigilancia y seguridad del paciente con médicos o especialistas es distante.

A lo anterior se suma la falta de recurso humano para las tareas que se exigen, ya que “algunos afirman que la rotación del personal influye en el aumento y la disminución de los indicadores de infecciones y reportes”, aseguró Cortázar.

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“Una de las integrantes del programa de seguridad al paciente afirma que se hace depuración de bases de datos de las novedades varias veces, lo que sugiere que la cantidad de trabajo es alta, a veces se realiza el mismo análisis varias veces doblando la carga laboral de los profesionales”, comenta.

Para la investigadora es clave que se realice una retroalimentación a los funcionarios de las actividades derivadas de los análisis de los reportes.

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Por primera vez, Colombia cuenta con encuesta de violencia contra menores de edad

Los resultados de la Encuesta establecieron que la física es la forma más prevalente de violencia, seguida de la sexual y la emocional.

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Por primera vez, Colombia cuenta con encuesta de violencia contra menores de edad

El Ministerio de Salud, en alianza estratégica con 16 entidades, dio a conocer los resultados de la primera Encuesta de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA) que se adelanta en el país.

La encuesta midió la prevalencia y circunstancias alrededor de la violencia sexual, física y psicológica.

Este ejercicio se adelantó en personas de 18 a 24 años, que reportaron haber vivido estos fenómenos durante infancia y adolescencia.

Asimismo da un panorama de la violencia que se reporta entre aquellos de 13 a 17 años, además de los factores de riesgo, de protección y consecuencias de la violencia.

Con los resultados de la encuesta, el Gobierno tomará medidas que busquen reducir significativamente todas las formas de violencia contra los niñas y adolescentes.

violencia física, la más común

Los resultados de la Encuesta establecieron que la física es la forma más prevalente de violencia, seguida de la sexual y la emocional.

La violencia física ocurre más en hombres, sin embargo, las mujeres reportaron en mayor proporción haber faltado a la escuela como consecuencia de ella.

De igual manera, la violencia sexual es más prevalente en todas sus formas en mujeres.

Los datos de esta encuesta muestran que el porcentaje de jóvenes entre los 18 y 24 años que sufrió violencia sexual, física o psicológica antes de los 18 años fue de 40,8% en mujeres y 42,1% en hombres.

La violencia física antes de los 18 años afecta más a los hombres (37,5%) que a las mujeres (26,5%).

Entre tanto, la violencia sicológica por padres, cuidadores, parientes o adultos antes de los 18 años se ejerce más sobre mujeres(21,2%) que sobre hombres(9,5%).

Las personas que han estado expuestas a la violencia psicológica reportan más problemas de salud mental como estrés, conductas de auto daño e ideas suicidas.

Así mismo, la encuesta señala que existe elevado consumo problemático de alcohol, tanto en mayores como en menores de edad.

¿Cómo se hizo LA ENCUESTA?

El viceministro de Salud, Iván Dario González, resaltó el hecho que es la primera vez que en Colombia se realiza una encuesta de este tipo.

La encuesta se desarrolló entre agosto y noviembre de 2018 y fueron encuestados 5.218 personas en 26.526 hogares.

Los tópicos abordados por la encuesta incluyen violencia sexual, física y sicológica, así como consecuencias, factores de riesgo, contexto y perpetradores, entre otros aspectos.

Esta encuesta tuvo el apoyo técnico y metodológico del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y su financiación fue apoyada por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) y la fundación Together for Girls.

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“Los resultados de la encuesta generan una línea de base que nos ayudará a que las políticas públicas sean más eficientes para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Además, nos alineamos con la estrategia INSPIRE, para la prevención de la violencia infantil, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo González.

González sostuvo que es necesario generar entornos protectivos que contribuyan a construir un mejor futuro para los menores y acudir a los servicios sociales, incluidos los de salud para recibir atención y orientación cuando sea necesario.

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