La Contraloría General de la República ha confirmado que el informe sobre la gestión de los recursos de salud llevada a cabo por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en los años recientes, el cual señala presuntas irregularidades en la administración de los fondos del sistema por parte de las Entidades Prestadoras de Salud, aún está en proceso de revisión y análisis de las observaciones presentadas por diversos actores del sistema de salud.
La entidad aclaró que las reciente publicaciones relacionadas con un informe sobre el manejo de los recursos por parte de las EPS, en realidad corresponden a un informe preliminar. Asimismo, esta información a la fecha no ha sido compartida a las entidades de salud y tampoco ha ejercido su derecho a la contradicción de la información emitida, por lo cual se espera que la Contraloría emita el informe final para darlo a conocer a la opinión pública.
“Una vez concluya esa etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guías de la Contraloría, para que se tomen las medidas correspondientes, ya sean procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”, señaló la Contraloría en un comunicado oficial.
Del mismo modo, la entidad veedora destacó que en los casos en que existan los presupuestos para formular los hallazgos fiscales por pregunto detrimento patrimonial se realizarán los análisis jurídicos necesarios para así abrir los procesos de responsabilidad fiscal respectivos.
Es importante destacar que el lunes 8 de abril de 2024, se llevó a cabo una reunión entre la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, donde la Contraloría presentó lo que describió como los primeros resultados de un análisis “preliminar” de las finanzas del sistema de salud. Aunque este análisis aún no ha sido publicado, la Fiscalía anunció la formación de un equipo de fiscales y expertos para investigar a fondo el destino de los fondos en cuestión.
Este es el informe ‘preliminar’ de la Contraloría General de la República
El informe preliminar emitido por la entidad detalló que, por medio de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría, realizó un seguimiento al uso de los recursos girados por concepto de la UPC por parte de la Adres a las aseguradoras de los régimen contributivo y subsidiario, durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, basados en estados financieros de 26 EPS. Se identificó utilidades operacionales por $6.81 billones para el 2020, $3.68 billones para el 2021 y $1.08 billones para la vigencia 2022.
Según los estados financieros reportados por las EPS durante 2019 y 2020, la entidad observó que “su utilidad fue positiva para la vigencia 2020; ésto, debido a que los ingresos para estas EPS no se vieron diezmados durante el año en mención y, por el contrario, sus costos o gastos en salud no se ejecutaron al 100%, como se venía haciendo en los periodos anteriores, debido a que la disminución del gasto en salud por el confinamiento de la población durante la pandemia les favoreció”.
Entre tanto, la Contraloría analizó detalladamente el uso y destino de los recursos de la UPC y Presupuestos Máximos girados por la Adres a las EPS en la vigencia 2020. También analizó la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y variaciones patrimoniales con base en los estados financieros, certificados y radicados por las EPS en la Supersalud para los años 2019, 2020 y 2021.
Con la información suministrada por la Adres, la Supersalud, Minsalud y las EPS, se identificaros aspectos y situaciones con respecto al uso y la destinación de los recursos por parte de las EPS, evidenciando así la destinación de los mismos a actividades, bienes y servicios distintos a la atención en salud de sus afiliados. Lo anterior refiere a duplicados de carnés, cuentas por pagar a accionistas, anticipos para B&S, gastos extraordinarios, multas y sanciones y cancelación de créditos, entre otros.
Igualmente, se observó en los estados financieros cambios en las cifras de algunos costos en la prestación de los servicios y los gastos de administración entre una vigencia y otras. Como conclusión del informe preliminar de la Contraloría, halló más de $ 9.2 billones por presunto daño al patrimonio del Estado debido a los recursos de la UPC y de los Presupuestos Máximos fueron destinados a otras actividades ajenas a los servicios de salud.
Conoce aquí el informe preliminar de la Contraloría:
Este fue el pronunciamiento de ACEMI
Luego de este informe preliminar emitido por la Contraloría, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación en repuesta a dicho informe; sin embargo, CONSULTORSALUD consultó a la entidad y señaló que a la fecha aún no se ha publicado dicha investigación, porque apenas es algo que se va a revisar y a evaluar. Ante este pronunciamiento, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI, representa de las EPS del régimen contributivo, emitieron una respuesta ante esta situación manifestando que la Contraloría aún no ha concluido el informe que serviría de base para configurar un hallazgo fiscal contra las EPS.
Acemi aseguró que las empresas afiliadas disponen de la documentación que respaldaría la información proporcionada a la Superintendencia Nacional de Salud, así como los registros financieros de las cuentas maestras que detallan las transacciones del sector.
“Es de señalar que los requerimientos que ha realizado la CGR en el marco de esta actuación hacen referencia principalmente a los usos de la fracción del gasto administrativo que hace parte de la UPC y que reciben las EPS para su funcionamiento, que son objeto de aclaración y sustento”, explica Acemi en su comunicado de prensa.
De otro lado, la asociación aclaró que es fundamental destacar que las EPS cuentan con diversos mecanismos de supervisión que facilitan el seguimiento del uso de cada peso invertido. Estos incluyen la presentación regular de estados financieros a la Superintendencia Nacional de Salud, la realización del Estudio de Suficiencia para el cálculo anual de la UPC, el cumplimiento de la Circular 08 de 2020 y la utilización de la plataforma MIPRES para el gasto No PBS, que permite identificar el valor de cada servicio y su destinatario.
Además, se llevan a cabo auditorías periódicas por parte de la CGR y se mantienen registros individuales de prestación de servicios y los recursos son transferidos a través de cuentas maestras que posibilitan una plena identificación de los movimientos financieros.
Acemi hace un llamado a todos los actores del sector salud y pide mayor rigor y cautela, así como responsabilidad en los mensajes que recibe la opinión pública, con el fin de no generar confusión o temor. Y destacó que, en aras de garantizar el correcto y trasparente uso de los recursos de la salud de los colombianos, “son bienvenidas todas las actuaciones de los órganos de control con el respeto al debido proceso y al derecho a la contradicción que tienen los vigilados”.
