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Condicionada Operacion con Terceros en las ESE

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La Sentencia C-171 de 2012, pese a declarar exequible el articulo 59 de la Ley 1438, que autoriza el desarrollo de las funciones de las Empresas Sociales del Estado a traves de terceros, lo condiciona. Conozca aqui la sintesis de la sentencia y el analisis de uno de nuestros consultores sobre la tercerizacion de los servicios de salud.
 
NORMA ACUSADA
 
LEY 1438 DE 2011, ARTÍCULO 59. OPERACIÓN CON TERCEROS. Las Empresas Sociales del Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad.
 
RESOLUCIÓN (EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA / CON MÁS TINTES DE INQUEXIBILIDAD QUE OTRA COSA)
DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos especializados
 
 
 
ANALISIS DE LA SENTENCIA
 

 
Doctor Julio Mario Orozco
 
 
 
RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
 
1.Si bien el Congreso tiene competencias para crear nuevas instituciones como las ESE que son entidades especiales de carácter descentralizado con autonomía propia tanto administrativa, técnica y financiera y puede usar esas facultades para permitirles la operación a través de terceros, esas facultades no pueden ir en contra de principios y derechos constitucionales como el derecho a un trabajo digno y a la creación de empleos públicos.En este sentido, la organización de los servicios de salud, de manera descentralizada, es una materia que compete al Legislador, quien goza de un amplio margen discrecionalidad para  orientar la prestación del servicio público de salud, bajo los principios de eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, así como para determinar, la forma como se organizarán y funcionarán las Empresas Sociales del Estado, de manera que puede fijar los requisitos para su creación, estructura, órganos de dirección, ejecución y control, transformación, régimen contractual y disciplinario, categorización y causales de disolución y liquidación; no obstante lo cual dicha facultad se encuentra limitada por el respeto a las diversas cláusulas de derechos fundamentales. las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 25, 26, 39, 40 num.7, 48 y 49, 53 y 54, 55 y 56, 60, 64, los artículos 122 y 125, y los artículos 215, 334 y 336 de la Carta Política, conllevan un menor margen de libertad configurativa para el Legislador, en cuanto debe respetar condiciones laborales mínimas, así como la garantía de unas condiciones mínimas del contrato de trabajo con el fin de evitar los posibles abusos de poder y garantizar la efectividad de la dignidad y de la justicia y en todo caso respetar los derechos mínimos y básicos de los trabajadores, y por tanto “no tiene autonomía para confundir las relaciones de trabajo o para ocultar la realidad de los vínculos laborales.
 
2. La aplicación del artículo 59 de la Ley 1438 sin ningún límite se encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes.
 
3. Se entiende entonces que las Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados.
 
4. La Corte se ha pronunciado respecto del modelo de concurrencia privada para la prestación del servicio de salud, en condiciones de libre competencia, establecido en la Constitución de 1991, reiterando “la posibilidad de que los particulares concurran en la prestación del servicio de salud no es incompatible con su carácter de interés público y su finalidad eminentemente social, pese a que se trata de sujetos que actúan motivados por intereses privados, que también gozan de la protección de la Constitución.Pero el ejercicio de la libertad económica y de la libre competencia en materia de salud, tiene claros límites constitucionales que se derivan del carácter fundamental de este derecho y de la competencia y responsabilidad del Estado en la vigilancia y control sobre esta prestación, de manera que la libre competencia en el ámbito de la salud “sólo puede darse dentro del ámbito que el legislador haya previsto para el efecto, y respetando los límites fijados por las rigurosas condiciones de regulación, vigilancia y control que se derivan de la responsabilidad constitucional que el Estado tiene en este sector social. Dicha intervención es mucho más intensa precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestación de los servicios públicos concurran los particulares.”
 
5. La jurisprudencia de la Corte Constitucional protege en especial la vinculación laboral con el Estado, el ingreso y ascenso a los cargos públicos en carrera administrativa, la permanencia y el retiro de la función pública en los cargos de carrera está regida por el principio de estabilidad en el empleo, el desempeño de funciones públicas mediante el empleo público que debe aparecer en las respectivas plantas de personal de las entidades públicas y el cargo público remunerado con funciones detalladas en la ley y el reglamento, consagración en la planta de personal y partida presupuestal que prevea sus emolumentos. El respeto de estas reglas, que constituyen criterios imperativos, limitan no solo al Legislador en su labor de regulación legal de la materia, sino también a las autoridades administrativas en relación con la vinculación, permanencia y retiro del servicio público de conformidad con la Constitución Política.
 
6. La Corte ha sostenido que la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal. En consecuencia obliga a los empleadores del sector privado y público a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios sean utilizados como formas de intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización como regla general y establece prohibiciones específicas para la protección del derecho al trabajo y la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma.
 
7. Por último la Corte afirma categóricamente que la protección del derecho al trabajo y la relación laboral, la especial protección de la vinculación laboral con el Estado y los derechos de los servidores públicos, así como la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, obliga tanto a los particulares o empleadores del sector privado, como a todas las autoridades públicas o empleadores del sector público, a respetar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos estatales de prestación de servicios sean utilizadas como formas de intermediación laboral, de deslaboralización, o de tercerización como regla general, de manera que deben ser obligados a responder jurídica y socialmente por la burla de la relación laboral. A este respecto, ha mencionado que corresponde tanto a los jueces, pero también a los empleadores, como a los órganos de control y a los entes del sector público como el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Economía Solidaria, velar por la efectividad de las normas que protegen los derechos laborales de los trabajadores, de manera que se garantice la protección de la relación laboral y se evite la burla de los derechos derivados de la misma.
 
 
CONSECUENCIAS GENERALES
 
1. – Cuando una ESE entrega un servicio a un operador privado, el personal que contrata dicho operador pierde la oportunidad de tener un empleo público.
2. – Todo operador, sea público o privado, en lo sucesivo (en caso de que se pueda entregar en operación un servicio de modo que cumpla los requisitos de la sentencia), deberá vincular en planta todo el personal que ejerza funciones permanentes, sin importar si es misional o no (la sentencia no distingue).
 
 
CONSECUENCIAS PARA LAS E.S.E. QUE PRETENDEN TERCERIZAR SERVICIOS CON OPERADORES EXTERNOS
 
Estas son las recomendaciones para los casos en los que las ESE quieran contratar un operador de un servicio que habilite la ESE, no el operador.
 
1. Deben demostrar que no pueden prestar dicho servicio con el personal de planta que actualmente tiene
2. Debe demostrar que no cuenta con el personal especializado para el ejercicio de tales funciones y prestación de tal servicio
3. No debe permitir que el modelo de operación se constituya en un mecanismo de burla a los derechos laborales por lo tanto debe exigir que el personal que el operador contrate se vincule en planta con todas sus prestaciones y con seguridad social integral.
4. Preferiblemente se deben seleccionar operadores de carácter público y éstos estarían obligados a crear los empleos públicos necesarios para el ejercicio de funciones permanentes. De esa manera no se vulneraría el derecho a la creación de nuevos empleos públicos.
 
 
OTRAS OPCIONES
 
1. Entregar la infraestructura y/o la dotación en calidad de arriendo de modo que el Operador habilite los servicios. Se establecería un canon de arrendamiento compuesto por dos partes: una parte sería fija (0,5 al 1% del valor del edificio) y otra variable que correspondería a un porcentaje de la facturación. En la práctica sería lo mismo pero no se hablaría de OPERADOR EXTERNO PARA NADA. Sería un simple contrato de arriendo de carácter especial. Obviamente el arrendatario deberá habilitar los servicios. Mediante esta modalidad no se puede afirmar que se les quitó a los trabajadores la posibilidad de contar con un empleo público. Obviamente el arrendatario deberá vincular en planta a sus trabajadores que ejerzan funciones permanentes.
 
2. Cuando el operador sea otra E.S.E. de mayor complejidad se podría suscribir un convenio de asociación y sí podría hablarse de un modelo de OPERADOR EXTERNO, pero para dar cumplimiento a la sentencia, la ESE que opera el servicio deberá crear los empleos públicos en su planta para aquellas funciones permanentes. (Nota que la corte no habla en la sentencia de funciones misionales permanentes sino de FUNCIONES PERMANENTES, es decir que aún las funciones NO misionales, si son permanentes, deberán adjudicarse mediante la creación de un empleo público.)
 
DEFINITIVAMENTE CUANDO SE TRATE DE ENTIDADES PRIVADAS SIEMPRE EXISTIRÁ EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C 171 DE 2012 POR CUANTO LOS TRABAJADORES PUDIERAN ARGUMENTAR QUE SE LES NEGÓ LA POSIBILIDAD DE HABER SIDO EMPLEADOS PÚBLICOS.
 
 
¿QUÉ PASA CON LAS IPS PRIVADAS?
 
La sentencia menciona en muchas ocasiones que aún los prestadores de servicios de salud privados, están sujetos a una vigilancia especial del estado por tratarse la salud de un servicio público y por tanto les son aplicables los mismos principios. Por ende, sobre ellos pesan las siguientes obligaciones:
1. Todo personal que ejerza funciones PERMANENTES, AÚN LOS NO MISIONALES, deberán estar vinculados en planta (al respecto ver Sentencia C-614-09 prohibición de contratos de prestación de servicios)
2. Cuando una IPS privada quiera tercerizar algún servicio les son aplicables los mismos principios y obligaciones delineadas en la Sentencia C-171 de 2012.
 
 
¿QUÉ IMPACTO TIENE LA SENTENCIA SOBRE LOS QUE YA SON OPERADORES?
 
En el caso de que una entidad se encuentre operando servicios de una E.S.E. en la actualidad y su personal permanente se encuentre vinculado por contrato de prestación de servicios, corre un alto riesgo de que se le venga una avalancha de demandas por quedar tipificado un contrato realidad. La ESE que entregó en operación el servicio puede ser llamada a responder solidariamente en la demanda por considerarse que ésta debió crear los empleos públicos.Lo mejor para ellos sería vincular en planta todo el personal que ejerza funciones permanentes, sean misionales o no.
 
 
¿UN ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL?
 
La Corte es enfática al decir que ya existe reiteración de jurisprudencia en cuanto a este asunto y que no obstante PERSISTE LA VULNERACIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES sobre todo en el sector salud con el tema de la vinculación del personal a través de terceros como Cooperativas de Trabajo Asociado, Empresas de Servicios Temporales, operadores externos bajo muchas figuras jurídicas de contratación en las que en realidad se tipifica una INTERMEDIACIÓN LABORAR.
 
El “estado de cosas inconstitucional”, no se refiere específicamente a un solo caso o a una norma específica. Se trata de una situación compleja que comprende un conjunto de circunstancias que la constituyen, la complican y la agravan. La concepción jurisprudencial sobre el estado de cosas inconstitucional ha evolucionado desde que la Corte Constitucional, lo declaró por primera vez en 1997 (Sent. T-227/97). La Corte se ha referido por lo menos SIETE veces al “estado de cosas inconstitucional”, Se trata de varias situaciones distintas, incluso menos graves como 1)la de los desplazados por la violencia (Sentencia t 068 de 2010),2) la omisión de incluir algunos docentes cotizantes al Fondo Prestacional del Magisterio; 3) la violación de derechos procesales a sindicados detenidos; 4) la falta de un sistema de seguridad social para sindicados y reclusos; 5) La mora en el pago de mesadas pensionales; 6) la falta de protección para los defensores de derechos humanos; 7) la omisión de una convocatoria concurso para empleados notariales
 
Cuando se presenta vulneración reiterativa de derechos constitucionales la Corte CONMINA a los organismos de vigilancia y control a tomar las medidas necesarias para proteger el estado social de derecho. En este caso la Sentencia imparte ÓRDENES al Ministerio del Trabajo a la Contraloría y a la Procuraduría para que tomen las medidas necesarias para corregir la situación, por lo que debemos esperar que se aperturen investigaciones en todo el país. Si la corte declara el estado de cosas inconstitucional, de persistir la vulneración de derechos el Congreso deberá pronunciarse mediante una LEY ACLARATORIA y los decretos reglamentarios que delimiten el alcance del artículo 59 de la Ley 59 de 2011 deberán ser explícitos y taxativos en cuanto a lo que está prohibido y lo que eventualmente sería permitido. OJO, Si el congreso tramita una LEY ACLARATORIA al tenor de esta sentencia y lo hace con el pleno lleno de los requisitos de este tipo de ley, la nueva interpretación tendría efectos retroactivos, por lo que aplicaría a los contratos de operadores externos que ya habían sido firmados después de la promulgación de la Ley 1438 de 2011.
 
 
Descargue: Sentencia C-171 de 2012 condicionada operacion con terceros en ESE
 
 

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Minsalud asignó responsabilidades para control sanitario de vuelos humanitarios

Con la Resolución 433 de 2021, el Ministerio de Salud definió las responsabilidades que corresponden a las entidades de control sanitario de vuelos humanitarios para evitar la transmisión del Sars-Cov-2

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Resolucion 433 2021 responsabilidades control vuelos humanitarios

El Ministerio de Salud y Protección Social modificó la Resolución 300 de 2021 que establece las condiciones para los vuelos humanitarios provenientes de Bogotá a Leticia y viceversa con la Resolución 433 de 2021. Sin embargo, teniendo en cuenta las medidas sanitarias adoptadas y la aplicación de 32.274 vacunas en Leticia y Puerto Nariño (con corte al 27 de marzo), se ha registrado una disminución considerable en la velocidad de contagio y se ha observado la generación de la inmunidad colectiva que se busca con la inmunización.

En la actualización de esta normativa, se tomó la decisión de derogar la Resolución 093 de 2021, en la que se estipulaban medidas preventivas y control sanitario de los pasajeros que llegaran por vía aérea. A pesar de que se exigían acciones específicas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y a los viajeros, desde el Ministerio de Salud se han establecido responsabilidades más concretas a distintas entidades relacionadas con el tránsito de pasajeros. El principal objetivo de las nuevas medidas es mantener un estricto control de bioseguridad para reducir la posibilidad de transmisión y contagio del covid-19.

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¿En qué consisten las nuevas responsabilidades?

La Resolución 433 de 2021 modifica los artículos 5 y 6 en los que se determinaban las acciones ya mencionadas en este artículo. A partir de la fecha de expedición, se integra a las entidades responsables del aseguramiento, secretarías de salud y el CCNR para monitorear el estado de salud de los viajeros. Sin embargo, a éstos se les tomará prueba de detección PCR. Las labores correspondientes a la evaluación de las medidas de aislamiento, monitoreo, rastreo y reporte se asignaron de la siguiente manera:

Entidades de aseguramiento

Las entidades de aseguramiento deberán tomar la segunda prueba PCR a los 7 días de llegada a Bogotá, bien sea en esta misma ciudad o en el municipio que se encuentren en este momento. También les corresponde realizar la lectura de los resultados. Además también están encargadas de realizar el seguimiento estricto del estado de salud de los viajeros y del cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias establecidas; de realizar el rastreo, aislamiento y toma de muestra de contactos, de acuerdo con las responsabilidades del Decreto 1374 de 2020 ante casos sospechosos o confirmados.

Secretarías de Salud municipales o distritales

Estas entidades están encargadas de tomar la segunda prueba a los pasajeros no asegurados al sistema de salud,  incluyendo los  extranjeros no  asegurados,  que se encuentren en su jurisdicción, a los 7 dies de llegada de los viajeros a Bogotá y realizar su lectura. A su vez, deberán informar oportunamente el resultado de las pruebas a cada viajero.

De igual modo, deberán verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes y designar un lugar para el aislamiento de aquellos viajeros que su segunda prueba resulte positiva y aislarlos por catorce (14) días desde la fecha de la toma de la prueba. Como ocurre con las entidades de aseguramiento, las secretarías de salud también están obligadas a realizar el rastreo, aislamiento, y toma de muestra de contactos, ante casos sospechosos y  confirmados de acuerdo con las responsabilidades del Decreto 1374 de 2020.

Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR)

Al CCNR se le han asignado las siguientes responsabilidades: monitorear los síntomas desde el tercer día de llegada a Bogotá de los pasajeros y cada tercer día hasta completar 15 días, prescripción temprana  de  aislamiento  al  viajero  que  presente síntomas o que sea detectado como caso sospechoso o confirmado, reporte y rastreo de contactos del viajero que presente síntomas o sea detectado como caso sospechoso o confirmado.

Adicional a ello, debe reportar de manera inmediata al Centro Nacional de Enlace, la detección de viajeros procedentes de Leticia con síntomas o que sean casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

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Conozca las responsabilidades adicionales para la Secretaría Distrital de Salud y viajeros

La Secretaría Distrital de Salud es la entidad con mayor responsabilidad, si se examina la Resolución 433 de 2021. De acuerdo con la normativa, algunas de sus labores más importantes para el control de los viajeros son:

  • Tomar la prueba PCR a todos los pasajeros, incluyendo a los extranjeros no asegurados en las primeras 24 horas del arribo a la ciudad y realizar su lectura. Informar de su resultado oportunamente.
  • Coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de la medida de aislamiento por parte de los pasajeros, en el lugar designado, hasta que se les informe el resultado de la primera prueba. Practicar una segunda prueba PCR a los 7 días de llegada a la capital del país.
  • Evaluar, junto con el Ministerio de Salud , la medida sanitaria preventiva de aislamiento para cada pasajero así:
    • Si el resultado de la prueba tomada a las 24 horas de la llegada es negativa, podrá autorizarse que el viajero se desplace a su lugar de residencia.
    • Si el resultado de la prueba tomada a las 24 horas de la llegada del pasajero es positiva, deberá realizar aislamiento de 14 días en el hotel designado, no pudiendo realizar ninguna conexión, teniendo que permanecer en la ciudad de Bogotá.
    • Si el resultado de la prueba tomada a los 7 días posteriores a la llegada es positiva, deberá continuar en el lugar designado por esa secretaría  hasta completar  los  catorce (14)  días  de aislamiento desde la fecha de toma de la prueba.
  • Garantizar  el  bienestar psicosocial  de  los  viajeros  durante  el aislamiento  en  el  hotel,  especialmente  de  los  niños,  niñas y adolescentes, mediante actividades en ambientes controlados y con distanciamiento físico de esparcimiento y actividad física dentro del hotel, en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

En cuanto a los viajeros, el Ministerio de Salud solicita mantener las medidas de bioseguridad ya conocidas, recalcando la importancia de guardar aislamiento preventivo en casa, reduciendo al máximo los contactos con otras personas entre los 5 a 7 días antes de la fecha programada del vuelo humanitario y abstenerse de tomar el vuelo si tuvo una prueba PCR positiva en los 14 días previos al viaje.

Para conocer la Resolución 433 de 2021 con más detalles haga clic aquí:

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RIPS – Cambiarán los datos y su validación

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución.

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Cambiarán los datos y la validación del RIPS

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución expedido por el Ministerio de Salud, a estos cambios se suman otras modificaciones a las reglas de validación que se le aplica al Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS-.

Recordemos, que los RIPS son el conjunto de datos que el SGSSS requiere para los procesos de dirección regulación y control, cuya estructura se ha estandarizado para todos los actores que deben emitir este registro. Estos además funcionan como soporte de cobro de la factura de venta de los servicios en tecnologías en salud.

Las fuentes de datos sobre la prestación individual de servicios y tecnologías de salud son las historias clínicas de los pacientes y las facturas de venta de servicios y tecnologías de salud. En este sentido todas las entidades que realicen RIPS deben utilizar los mismos datos básicos que se refieren a la transacción, al servicio y al valor facturado:

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  1. Datos relativos a la transacción
  2. Datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados:
    • Datos de identificación de usuarios
    • Datos de las consultas
    • Datos de los procedimientos
    • Datos de la urgencia con observación
    • Datos de hospitalización
    • Datos de recién nacidos
    • Datos de otros servicios
    • Datos de medicamentos

Todas las entidades están obligadas a reportar los RIPS de todas las atenciones de salud realizadas y deberán enviarlos como soporte de la factura electrónica de venta de las mismas a la entidad responsable de pago, con las especificaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En este sentido, esta es una fuente de información autorizada para los procesos de prestación de servicios de salud y su facturación, por tanto deben ser consistentes con la factura de venta y los soportes que se adhieran a esta. La estructura del RIPS (modificada y descargable al final del artículo) debe ser incorporada en todos los procesos de información.

Los obligados a reportar deberán enviar los RIPS al Ministerio de Salud para la validación de los datos. Una vez superada la validación, el Ministerio acreditará la validación de RIPS con destino a las partes y dispondrá en el repositorio institucional los RIPS con validación previa a las entidades responsables de pago (ERP). El Ministerio de Salud establecerá el mecanismo tecnológico para la validación única de los datos y la entrega del resultado de la misma.

Las reglas únicas de validación según las cuales se evaluarán las condiciones de calidad y cobertura de la información reportada se definen en el Anexo Técnico de esta resolución y los lineamientos técnicos serán dispuestos en la página institucional del Ministerio de Salud

Las entidades responsables de pago no podrán usar reglas de validación diferentes o adicionales a las definidas por el Ministerio de Salud y su incumplimiento dará lugar a las sanciones por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control.

Cuando se realicen notas crédito, notas débito y demás instrumentos electrónicos a la factura electrónica de venta, los RIPS deberán actualizarse conforme a dichos documentos, debiendo enviarse por parte de los obligados a reportar los archivos RIPS que los soportan, los cuales surtirán el proceso de validación previa y disposición en el repositorio institucional.

Cabe mencionar, que las entidades responsables de pago no podrán solicitar a los obligados a reportar, datos adicionales en el registro en RIPS a los definidos en esta Resolución, ni estadísticas o reportes consolidados que puedan ser obtenidos a partir de éstos.

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Procesos informáticos en los prestadores de servicios de salud

Los prestadores de servicios de salud son responsables de los siguientes procesos informáticos:

  • En la actualización de datos, deben:
    • Estandarizar las formas de registro manual o automatizado, que incluyan los contenidos y la estructura definida en la presente resolución;
    • Hacer el registro de los datos simultáneamente con la prestación del servicio de salud, y
    • Garantizar la confiabilidad, calidad, oportunidad y validez de los datos.
  • En la validación de los datos, previo a su transferencia, deben verificar la consistencia de éstos, en cuanto a los valores que asumen las variables y referencia cruzada de las mismas.
  • En la transferencia de datos al Minsalud deben enviar los datos en los respectivos archivos que soportan la factura electrónica de venta.

El reporte de la información debe enviarse al ministerio a través de la Plataforma de Integración de Datos PISUS del SISPRO de acuerdo a las especificaciones que determine el Ministerio de Salud.

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Estos serían los requisitos para la adquisición de vacunas por privados

El Ministerio de Salud en un proyecto de resolución ha presentado los posibles requisitos que deberán cumplir las compañías del sector privado interesadas en vincularse al PNV

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Requisitos adquisicion vacunas por privados

El Ministerio de Salud ya cuenta con un proyecto de resolución, cuyo propósito es establecer los requisitos de adquisición e importación de vacunas contra el Sars-Cov-2 por parte de privados. Es importante tener en cuenta que desde hace algunas semanas, este ha sido un tema de conversación entre el gobierno nacional y los representantes del sector privado para que éstos últimos puedan unirse a la estrategia de inmunización del país.

La normativa ha sido planteada fundamentalmente como una forma de apoyo al Plan Nacional de Vacunación y así lograr la superación de la pandemia. Sin embargo, dentro de la normativa propuesta para los privados, se ha establecido que no se podrán utilizar la capacidad operativa de los prestadores de servicios de salud -destinada al PNV- sino que deberán usar una red ampliada y alterna a la ya existente. De igual forma, se mantendrá la gratuidad en la vacunación; es decir, el proceso de inmunización deberá efectuarse a costo cero para los beneficiarios de la aplicación.

Adicional a ello, antes de comenzar con la inmunización por parte de privados, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos para la inmunización. Los lugares deberán estar habilitados por las secretarías de salud departamentales, distritales o las entidades que hagas sus veces. Asimismo, los departamentos y distritos serán los encargados de vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento,así como los requisitos para su distribución y aplicación.

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Estas son las condiciones para que los privados importen vacunas

Las personas de derecho privado podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano vacunas anticovid bajo el cumplimiento de los siguientes parámetros:

  • Las vacunas objeto de importación deben contarcon una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1787 de 2020.
  • Garantizar la aplicación de las vacunas importadas en prestadores de servicios desalud o en espacios diferentes a estos, que tenga el servicio de vacunación habilitado. En el respectivo acuerdo con el prestador de servicios autorizado o la entidad autorizada, deberá dejarse constancia acerca de que la aplicación de las respectivas vacunas no afectará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación-PNV.
  • Garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas.
  • Contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo.
  • Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vacuna.
  • Asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma.
  • Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Establecer el procedimiento, registrar y asumir los costos del registro, de las personas vacunadas con los biológicos importados, en la plataforma PAIWEB 2.0.
  • Radicar en el Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Vacunación que seguirá con las vacunas adquiridas.

¿Y qué sucede con los privados en caso de reacciones adversas?

Según lo establecido por el Ministerio de Salud en este proyecto de resolución, las personas de derecho privado que negocien y adquieran vacunas contra el Covid-19 con recursos de naturaleza privada, serán directos responsables por los términos de la negociación y por los compromisos que se adquieran producto de la misma.

Finalmente y en cuánto a los precios de adquisición de vacunas, las empresas del sector privado deberán tener en cuenta que el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011 -modificado por el artículo 71 de la Ley 1753 de 2015- establece que los precios resultantes de las negociaciones centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos de servicios de salud y éstos no podrán negociarlos a precios superiores a los establecidos.

Consulte el documento con el proyecto de resolución haciendo clic en el botón “Descargar”.

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