La congresista Victoria Sandino Simanca radicó ante el Senado el pasado 23 de julio un proyecto de ley que busca establecer medidas que erradiquen las barreras existentes para que la población acceda a anticonceptivos y educación sexual a través del sistema de salud colombiano. Este objetivo se quiere alcanzar mediante un enfoque de derechos de género y diferenciales que garanticen el derecho a la salud y amplíen la oferta de servicios anticonceptivos en el país.
En este sentido, la primera disposición del documento es que las citas médicas para solicitar y acceder a métodos anticonceptivos, de Información, Prevención, Diagnóstico-Detección y Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual para hombres y mujeres serán de carácter prioritario. Por lo tanto, los actores del sistema de salud implementarán mecanismos que garanticen el respeto pleno del derecho fundamental a la salud, el principio de libre elección y adaptabilidad, empleando los criterios científicos y los principios de autonomía, accesibilidad, universalidad y equidad.
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Así mismo, si esta ley llegara a sancionarse, el Ministerio de Salud tendría seis meses para establecer los lineamientos técnicos dirigidos a desarrollar un programa de formación sobre anticoncepción y la vivencia de la sexualidad segura con enfoque de derechos, de género y diferencial, que se impartirá a los profesionales y funcionarios del sector salud que deberá contener al menos los siguientes criterios:
- Las asesorías brindadas por los profesionales y funcionarios deberán fomentar el trato humanizado, respetuoso, sin discriminación, por sexo, raza, edad, orientación sexual, identidad de género o diagnósticos médicos pre-existentes, que responda a criterios médicos y científicos y provea información objetiva para la toma de decisiones libre e informada.
- Actualización de variables en los sistemas de información del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a las necesidades de adaptabilidad respecto del servicio de orientación y atención de la anticoncepción y de la vivencia de la sexualidad segura. Priorizando variables que identifiquen, reconozcan y reafirmen grupos discriminados.
- Avances, métodos, herramientas, medicamentos, tratamientos, y procedimientos médico-científicos, que den respuesta a las necesidades en anticoncepción y sexualidad segura, garantizando una oferta actualizada a la realidad de los grupos poblacionales diferenciales.
- Se debe dar a conocer la amplia gama de anticonceptivos que cubre el Plan de Beneficios en Salud (PBS) para orientar acertadamente en el método que más favorezca a quien consulta.
- Deberá incluirse en la formación a los funcionarios y funcionarias la Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud o la normatividad que la modifique o complemente.
Acceso a métodos anticonceptivos en todo el país
Para que todos los territorios tengan acceso a los métodos anticonceptivos, el Ministerio de Salud deberá generar medidas especiales para las zonas más apartadas basadas en el índice de la necesidades de planificación familiar, haciendo énfasis en la corresponsabilidad que debe existir entre hombres y mujeres en materia de anticoncepción,
priorizando los territorios donde se presente mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual y a los grupos poblacionales más vulnerables, para ello deberá tener en cuenta como mínimo:
- Gestionar la conformación institucional de promotores y promotoras juveniles para grupos poblacionales priorizados, con el fin de apoyar brigadas de información comunitarias sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
- Fortalecer la participación, empoderamiento y construcción de redes de apoyo y grupos de trabajo sobre problemáticas y necesidades diferenciales de Salud Sexual y Reproductiva, que promuevan los métodos anticonceptivos y de planificación familiar con el propósito de lograr una sexualidad segura, para grupos poblacionales vulnerables y sujetos de especial protección.
- Coordinar con las entidades que corresponda la simplificación de los procedimientos administrativos para este tipo de servicios en los lugares más apartados del país.
- Coordinar con las entidades que corresponda el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de salud, priorizando los niveles de atención primaria en salud.
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Por último el proyecto busca dar acceso prioritario a los sujetos de especial protección, personas en condición de vulnerabilidad, personas en proceso de reincorporación, así como los adolescentes, personas afrocolombianas, indígenas, personas en situación de discapacidad, víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia sexual, población LGTBI y migrantes.
Recordemos, que este proyecto ya se había radicado el año pasado en el senado y fue repartida a la comisión séptima el 31 de julio de 2020, posteriormente, el 30 de septiembre del 2020 fue aprobado en la Comisión. Sin embargo, por vencimiento de términos el proyecto fue archivado.
