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Así será el saneamiento de deudas NO PBS en el régimen Contributivo

Gobierno fijó criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen contributivo.

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Así será el saneamiento de deudas NO PBS en el régimen Contributivo

Mediante el decreto 521 de 2020 se fijó una muy importante decisión para el sistema de salud colombiano, se trata de los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen contributivo, prestados hasta antes del 25 de mayo de 2019, es decir, dicho mecanismo de saneamiento corresponden a las facturas, o documento equivalente, y sus anexos  que no han sido pagadas total o parcialmente por la ADRES y que aún se encuentren registradas en sus estados financieros, incluidas las siguientes:

RECOBROS DE LA ADRES

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¿Qué entidades pueden participar del saneamiento?

Así mismo, cabe indicar que las disposiciones previstas en el presente documento aplican al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud, a las entidades recobrantes, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y a los proveedores de servicios y tecnologías en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Presentación del proceso de auditoria

Por otra parte, el Ministerio de Salud a dispuesto que la ADRES será la encargada de reconocer los recobros ordenados por los fallos de tutela en los que  se ordene explícitamente servicios excluidos o servicios sociales complementarios.

En consecuencia, el Banco de la Salud, también  hará público en su página web, en un plazo máximo de tres (3) meses, las especificaciones técnicas y operativas para adelantar el proceso de saneamiento de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC de los afiliados al  régimen  contributivo, así como el manual y los plazos para la realización de la auditoría, la metodología y los resultados, los formatos y anexos técnicos que se adopten para este proceso y las tablas de referencia de los servicios y tecnologías.

Plazos para las EPS

Cabe mencionar que una vez publicados los documentos por la ADRES, las EPS contarán con diez (10) días hábiles para realizar comentarios en caso de tenerlos, así mismo durante este término se realizarán los ajustes pertinentes por la entidad.

Proceso de reconocimiento y pago de recobros

En cuanto al proceso de reconocimiento y pago de los recobros por servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC de los afiliados al régimen contributivo, la norma dispone que las entidades recobrantes que se encuentren interesadas en someter sus recobros al proceso de saneamiento deberán aportar, antes de la presentación de las facturas o documento equivalente, una carta de interés en la que, como mínimo, manifiesten su voluntad de presentarse al proceso, indicando:

  • El número de facturas o documentos equivalentes a presentar.
  • Cantidad de las facturas o documentos equivalentes que se encuentran inmersas en procesos judiciales.
  • El valor sobre el que se pretende el reconocimiento y pago.
  • La ADRES podrá definir la estructura de la manifestación de interés facturas o documentos equivalentes que se presenten al proceso.

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Presentación de las facturas

No obstante, las entidades recobrantes deberán presentar al proceso de saneamiento definitivo, las facturas o documentos equivalentes con sus soportes, en la estructura y forma de presentación que defina la ADRES, aportando los medios de prueba que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

De igual forma, es preciso indicar que la ADRES definirá el cronograma para la presentación de las facturas y documentos equivalentes objeto del saneamiento, estableciendo criterios para priorizar su presentación, con base en las características de los recobros, valor de la deuda reportada por las entidades recobrantes y el estado de los indicadores financieros y de solvencia de estas, que deberá ser certificado por la Superintendencia Nacional de Salud en un plazo no mayor a un (1) mes. De no presentarse la información en el plazo definido, la ADRES utilizará el último informe publicado por dicha superintendencia.

Requisitos para su reconocimiento y pago

En esta misma línea el Minsalud indicó que para poder determinar  la procedencia  del reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo, se adelantara el proceso de auditoría que permita verificar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos  así:

REQUISITOS DE SANEAMIENTO ADRES

Auditoria de los servicios y tecnologías no financiados con recursos de la UPC

El documento también menciona que la ADRES tendrá total  autonomía para contratar terceros y adelantar  todo  o parte del proceso de auditoría de los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo que se sometan al proceso de saneamiento previsto en  el decreto 521 de 2020, aplicando los siguientes criterios de  verificación contemplados en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Criterios de verificación

Estos serán los criterios que tendrá presente la ADRES al momento de realizar el proceso de auditoría:

  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha del último resultado de auditoria de cualquiera de los mecanismos previstos por la ADRES  y la fecha de presentación para el saneamiento definitivo, los recobros se entienden prescritos.
  • En caso de que no exista resultado de auditoria por parte de la ADRES, y hayan transcurrido más de diez (10) años entre la fecha de prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente y la presentación del recobro para el saneamiento objeto del presente decreto, la misma se entiende prescrita.

Para los servicios y tecnologías en salud prestados con posterioridad a la expedición de la Ley 1753 de 2015:

  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha del ultimo resultado de auditoria de cualquiera de los mecanismos previstos por la ADRES y la fecha  de presentación para el saneamiento definitivo, los recobros se entienden prescritos.
  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha de prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente y la  fecha de la presentación de la solicitud del recobro ante la ADRES, los recobros se entienden prescritos.

Monto a reconocer y pagar por los servicios y tecnologías objeto de saneamiento

Otro aspectos importan de este documento es que el monto a reconocer por los servicios y tecnologías  objeto de saneamiento será el de menor valor, decir, entre el Valor Máximo de Recobro y el precio regulado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, De igual manera, cuando no se cuente con ninguno de los dos criterios mencionados, se reconocerá el menor valor entre el valor recobrado y el valor facturado.

En todo caso, el valor a pagar tendrá en cuenta los comparadores administrativos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los casos que haya lugar.

Así mismo, no podrán ser reconocidos aquellos items que hayan sido pagados con recursos del Estado; tampoco aquellos incluidos en actas de conciliación suscritas entre la entidad recobrante y el FOSYGA, la ADRES o entidad territorial, según sea el caso, en las que se haya aceptado la negación del pago; ni aquellos que, habiendo sido objeto de demandas, hayan sido negados mediante fallo ejecutoriado.

“En ningún caso, habrá lugar al reconocimiento y pago de intereses sobre los servicios y tecnologías en salud objeto de saneamiento”. Menciona el documento.

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Disposición de recursos

Otro aspecto que también indica este Decreto es el referente al reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago a las entidades recobrantes, el cual se hará publico mediante resolución expedida por el Director General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha resolución reconocerá como deuda  pública y ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión de títulos de Tesorería TES Clase B, o mediante una combinación de los dos.

La expedición del acto administrativo y el pago de las sumas reconocidas se llevará  a cabo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de la certificación allegada por la ADRES respecto al valor reconocido por parte de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual dispondrá la apropiación de los recursos para proceder al pago de los reconocido por este mecanismo.

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Procedimiento de Pago

Una vez expedida la resolución de reconocimiento y orden de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público — Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional- realizara el registro de la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la ADRES.

En caso de que el pago se realice con recursos provenientes de una  emisión de Títulos  de Tesoreria TES Clase B, la disposición de recursos se hará de conformidad con el mecanismo que determine la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la cual en ningún caso generará efecto presupuestal.

Giro de los recursos a las entidades en proceso de liquidación

Los giros se efectuarán por parte de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la ADRES, quien los girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado en los términos del articulo

18 del presente decreto. El giro a los beneficiarios Io realizara la ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Las EPS que presenten diferencias entre el valor reconocido y el valor radicado a través del mecanismo de saneamiento previsto en este decreto, por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC, descontando el deterioro de sus cuentas por cobrar, contarán con un plazo de tres (3) años contados a partir de la firma del contrato de transacción para amortizar tal diferencia. Este plazo será adicional al contemplado en los artículos 2.5.2.2.1.12 y 2.5.2.2.1.17 del Decreto 780 de 2016 para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia de las EPS.

La Superintendencia Nacional de Salud impartirá las instrucciones necesarias para la debida aplicación, medición y control de las condiciones y plazos definidos para la amortización de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC Los recobros por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC prestados antes de la expedición de la Ley 1753 de 2015, que no sean incluidos  en un contrato de transacción, ni “estén a la fecha radicados ante la ADRES para surtir el proceso de auditoría, así como aquellos que se encuentren prescritos en los términos de la precitada ley, deberán ser castigados en los estados financieros en un plazo no mayor a un (1) año.

Reporte de la información

Finalmente, La Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de facilitar la verificación de la depuración de los estados financieros, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de este decreto, cargará at sistema de información para el presente proceso de saneamiento, dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, la totalidad de la información que, a partir de diciembre de 2018, Ie haya sido reportada por las entidades recobrantes e IPS en cumplimiento de Io dispuesto por la Circular 016 del 2016.

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Cambiarán los datos y la validación del RIPS – Proyecto de resolución

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución.

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Cambiarán los datos y la validación del RIPS

Los datos que deben reportar los diferentes integrantes del sistema de salud en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas cambiarán según un nuevo proyecto de resolución expedido por el Ministerio de Salud, a estos cambios se suman otras modificaciones a las reglas de validación que se le aplica al Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS-.

Recordemos, que el RIPS es el conjunto de datos que el SGSSS requiere para los procesos de dirección regulación y control, cuya estructura se ha estandarizado para todos los actores que deben emitir este registro. Estos además funcionan como soporte de cobro de la factura de venta de los servicios en tecnologías en salud.

Las fuentes de datos sobre la prestación individual de servicios y tecnologías de salud son las historias clínicas de los pacientes y las facturas de venta de servicios y tecnologías de salud. En este sentido todas las entidades que realicen RIPS deben utilizar los mismos datos básicos que se refieren a la transacción, al servicio y al valor facturado:

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  1. Datos relativos a la transacción
  2. Datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados:
    • Datos de identificación de usuarios
    • Datos de las consultas
    • Datos de los procedimientos
    • Datos de la urgencia con observación
    • Datos de hospitalización
    • Datos de recién nacidos
    • Datos de otros servicios
    • Datos de medicamentos

Todas las entidades están obligadas a reportar los RIPS de todas las atenciones de salud realizadas y deberán enviarlos como soporte de la factura electrónica de venta de las mismas a la entidad responsable de pago, con las especificaciones definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En este sentido, esta es una fuente de información autorizada para los procesos de prestación de servicios de salud y su facturación, por tanto deben ser consistentes con la factura de venta y los soportes que se adhieran a esta. La estructura del RIPS (modificada y descargable al final del artículo) debe ser incorporada en todos los procesos de información.

Los obligados a reportar deberán enviar los RIPS al Ministerio de Salud para la validación de los datos. Una vez superada la validación, el Ministerio acreditará la validación de RIPS con destino a las partes y dispondrá en el repositorio institucional los RIPS con validación previa a las entidades responsables de pago (ERP). El Ministerio de Salud establecerá el mecanismo tecnológico para la validación única de los datos y la entrega del resultado de la misma.

Las reglas únicas de validación según las cuales se evaluarán las condiciones de calidad y cobertura de la información reportada se definen en el Anexo Técnico de esta resolución y los lineamientos técnicos serán dispuestos en la página institucional del Ministerio de Salud

Las entidades responsables de pago no podrán usar reglas de validación diferentes o adicionales a las definidas por el Ministerio de Salud y su incumplimiento dará lugar a las sanciones por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control.

Cuando se realicen notas crédito, notas débito y demás instrumentos electrónicos a la factura electrónica de venta, los RIPS deberán actualizarse conforme a dichos documentos, debiendo enviarse por parte de los obligados a reportar los archivos RIPS que los soportan, los cuales surtirán el proceso de validación previa y disposición en el repositorio institucional.

Cabe mencionar, que las entidades responsables de pago no podrán solicitar a los obligados a reportar, datos adicionales en el registro en RIPS a los definidos en esta Resolución, ni estadísticas o reportes consolidados que puedan ser obtenidos a partir de éstos.

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Procesos informáticos en los prestadores de servicios de salud

Los prestadores de servicios de salud son responsables de los siguientes procesos informáticos:

  • En la actualización de datos, deben:
    • Estandarizar las formas de registro manual o automatizado, que incluyan los contenidos y la estructura definida en la presente resolución;
    • Hacer el registro de los datos simultáneamente con la prestación del servicio de salud, y
    • Garantizar la confiabilidad, calidad, oportunidad y validez de los datos.
  • En la validación de los datos, previo a su transferencia, deben verificar la consistencia de éstos, en cuanto a los valores que asumen las variables y referencia cruzada de las mismas.
  • En la transferencia de datos al Minsalud deben enviar los datos en los respectivos archivos que soportan la factura electrónica de venta.

El reporte de la información debe enviarse al ministerio a través de la Plataforma de Integración de Datos PISUS del SISPRO de acuerdo a las especificaciones que determine el Ministerio de Salud.

Documento adjunto

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Estos serían los requisitos para la adquisición de vacunas por privados

El Ministerio de Salud en un proyecto de resolución ha presentado los posibles requisitos que deberán cumplir las compañías del sector privado interesadas en vincularse al PNV

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Requisitos adquisicion vacunas por privados

El Ministerio de Salud ya cuenta con un proyecto de resolución, cuyo propósito es establecer los requisitos de adquisición e importación de vacunas contra el Sars-Cov-2 por parte de privados. Es importante tener en cuenta que desde hace algunas semanas, este ha sido un tema de conversación entre el gobierno nacional y los representantes del sector privado para que éstos últimos puedan unirse a la estrategia de inmunización del país.

La normativa ha sido planteada fundamentalmente como una forma de apoyo al Plan Nacional de Vacunación y así lograr la superación de la pandemia. Sin embargo, dentro de la normativa propuesta para los privados, se ha establecido que no se podrán utilizar la capacidad operativa de los prestadores de servicios de salud -destinada al PNV- sino que deberán usar una red ampliada y alterna a la ya existente. De igual forma, se mantendrá la gratuidad en la vacunación; es decir, el proceso de inmunización deberá efectuarse a costo cero para los beneficiarios de la aplicación.

Adicional a ello, antes de comenzar con la inmunización por parte de privados, se deberá tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos para la inmunización. Los lugares deberán estar habilitados por las secretarías de salud departamentales, distritales o las entidades que hagas sus veces. Asimismo, los departamentos y distritos serán los encargados de vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento,así como los requisitos para su distribución y aplicación.

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Estas son las condiciones para que los privados importen vacunas

Las personas de derecho privado podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano vacunas anticovid bajo el cumplimiento de los siguientes parámetros:

  • Las vacunas objeto de importación deben contarcon una Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1787 de 2020.
  • Garantizar la aplicación de las vacunas importadas en prestadores de servicios desalud o en espacios diferentes a estos, que tenga el servicio de vacunación habilitado. En el respectivo acuerdo con el prestador de servicios autorizado o la entidad autorizada, deberá dejarse constancia acerca de que la aplicación de las respectivas vacunas no afectará la ejecución del Plan Nacional de Vacunación-PNV.
  • Garantizar las condiciones necesarias para la conservación de las vacunas.
  • Contar con una póliza todo riesgo sobre el producto adquirido que cubra los biológicos durante el tiempo que el agente de derecho privado tenga la custodia del mismo.
  • Garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vacuna.
  • Asumir no solamente los costos de la importación y de los biológicos, sino también los costos de la aplicación y las responsabilidades derivadas de la misma.
  • Garantizar el diligenciamiento previo e individual del consentimiento informado definido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
  • Establecer el procedimiento, registrar y asumir los costos del registro, de las personas vacunadas con los biológicos importados, en la plataforma PAIWEB 2.0.
  • Radicar en el Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Vacunación que seguirá con las vacunas adquiridas.

¿Y qué sucede con los privados en caso de reacciones adversas?

Según lo establecido por el Ministerio de Salud en este proyecto de resolución, las personas de derecho privado que negocien y adquieran vacunas contra el Covid-19 con recursos de naturaleza privada, serán directos responsables por los términos de la negociación y por los compromisos que se adquieran producto de la misma.

Finalmente y en cuánto a los precios de adquisición de vacunas, las empresas del sector privado deberán tener en cuenta que el artículo 88 de la Ley 1438 de 2011 -modificado por el artículo 71 de la Ley 1753 de 2015- establece que los precios resultantes de las negociaciones centralizadas serán obligatorios para los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos de servicios de salud y éstos no podrán negociarlos a precios superiores a los establecidos.

Consulte el documento con el proyecto de resolución haciendo clic en el botón “Descargar”.

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¿Bajo qué parámetros se podrá adquirir el 10% del capital o patrimonio de una EPS?

El Ministerio de Salud estableció los parámetros y los criterios para identificar los beneficiarios de la adquisición del 10% o más del patrimonio de una EPS.

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¿Quién y bajo qué parámetros se podrá adquirir el 10% del capital o patrimonio de una EPS

El Ministerio de Salud establecerá los criterios generales y las pautas orientativas para la Superintendencia Nacional de Salud para definir e identificar a los beneficiarios (nacionales o internacionales) de la adquisición del 10% o más del patrimonio o capital de una EPS.

Recordemos, que la apropiación de este porcentaje estaba previamente contemplado en la Ley 1955 de 2019 que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Allí se determina que toda persona jurídica o natural que esté interesada en la adquisición de dicho porcentaje deberá ser autorizado por la SNS, previa verificación de los parámetros, que en este proyecto de resolución el Ministerio de Salud está estableciendo.

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¿Beneficiario real de la transferencia?

Según el documento el beneficiario real de la transferencia es cualquier persona natural o grupo de personas naturales que, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquiera otra manera, tenga respecto de una acción, cuota, parte de interés o participación o derecho de una sociedad o de cualquier otra forma de organización o asociación la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes, o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen.

Estas personas deberán (según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI—) revelar a la Superintendencia Nacional de Salud la información de los beneficiarios reales de manera clara, suficiente, adecuada, precisa y actualizada, sin lugar a opacidad o ambigüedad.

Posteriormente, y con base en la información presentada en la solicitud, en el informe de la EPS sobre la debida diligencia y en la información adicional que se requiera, la Supersalud verificará la identidad del beneficiario de la adquisición.

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Criterios para identificar el beneficiario real de la adquisición de patrimonio de una EPS

La Superintendencia Nacional de Salud aplicará los siguientes criterios que, de manera orientativa, se establecen para identificar al beneficiario real:

  1. Tendrá en cuenta que el beneficiario real de una entidad o estructura jurídica solamente puede ser una o varias personas naturales.
  2. Si el adquirente es una persona natural, deberá establecer si esta actúa en nombre propio.
  3. Identificará a los individuos que tengan el control sobre las decisiones en la elección de directivas o representantes, y sobre el sentido de los derechos patrimoniales y políticos
  4. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 256 de 2021, podrá solicitar certificación suscrita por el representante legal de la sociedad sobre la titularidad de las acciones nominativas, la cual se entenderá emitida bajo la gravedad del juramento.
  5. Cuando, de acuerdo con los criterios que anteceden, no se pueda identificar ninguna persona natural como beneficiaria real, se debe verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior.
  6. Cuando al acto de adquisición involucra una estructura corporativa en la que existen empresas entre el adquirente y el beneficiario real, y cuando existen estructuras complejas.
  7. Cuando entre quien realiza la adquisición y el beneficiario real medien vehículos operativos o estructuras jurídicas como cooperativas, fondos de empleados, fundaciones, organizaciones no gubernamentales.
  8. Entenderá que una persona natural o jurídica, o una unión temporal, consorcio u otra forma de asociación es vinculada a una sociedad o a una entidad promotora de salud cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:
    1. Tenga la capacidad de designar al representante legal o a un miembro de junta directiva o a un funcionario de alto nivel directivo de la sociedad o de la entidad promotora de salud; o es dueña de instrumentos de deuda convertibles en acciones, o cuenta con el 5% o más de la participación directa o indirectamente en esta.
    2. Cuando la entidad promotora de salud tiene la capacidad de designar un miembro de junta directiva o un funcionario de alto nivel directivo o representante legal de la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación, o es dueña de instrumentos de deuda convertibles en acciones de la persona jurídica; o cuenta con el 5% o más de la participación directa o indirectamente en la persona jurídica, unión temporal, consorcio u otra forma de asociación.
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