Así será el saneamiento de deudas NO PBS en el régimen Contributivo
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Así será el saneamiento de deudas NO PBS en el régimen Contributivo

Gobierno fijó criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen contributivo.

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Así será el saneamiento de deudas NO PBS en el régimen Contributivo

Mediante el decreto 521 de 2020 se fijó una muy importante decisión para el sistema de salud colombiano, se trata de los criterios para la estructuración, operación y seguimiento del saneamiento definitivo de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC del régimen contributivo, prestados hasta antes del 25 de mayo de 2019, es decir, dicho mecanismo de saneamiento corresponden a las facturas, o documento equivalente, y sus anexos  que no han sido pagadas total o parcialmente por la ADRES y que aún se encuentren registradas en sus estados financieros, incluidas las siguientes:

RECOBROS DE LA ADRES

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¿Qué entidades pueden participar del saneamiento?

Así mismo, cabe indicar que las disposiciones previstas en el presente documento aplican al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud, a las entidades recobrantes, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y a los proveedores de servicios y tecnologías en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Presentación del proceso de auditoria

Por otra parte, el Ministerio de Salud a dispuesto que la ADRES será la encargada de reconocer los recobros ordenados por los fallos de tutela en los que  se ordene explícitamente servicios excluidos o servicios sociales complementarios.

En consecuencia, el Banco de la Salud, también  hará público en su página web, en un plazo máximo de tres (3) meses, las especificaciones técnicas y operativas para adelantar el proceso de saneamiento de las cuentas por servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC de los afiliados al  régimen  contributivo, así como el manual y los plazos para la realización de la auditoría, la metodología y los resultados, los formatos y anexos técnicos que se adopten para este proceso y las tablas de referencia de los servicios y tecnologías.

Plazos para las EPS

Cabe mencionar que una vez publicados los documentos por la ADRES, las EPS contarán con diez (10) días hábiles para realizar comentarios en caso de tenerlos, así mismo durante este término se realizarán los ajustes pertinentes por la entidad.

Proceso de reconocimiento y pago de recobros

En cuanto al proceso de reconocimiento y pago de los recobros por servicios y tecnologías no financiadas con recursos de la UPC de los afiliados al régimen contributivo, la norma dispone que las entidades recobrantes que se encuentren interesadas en someter sus recobros al proceso de saneamiento deberán aportar, antes de la presentación de las facturas o documento equivalente, una carta de interés en la que, como mínimo, manifiesten su voluntad de presentarse al proceso, indicando:

  • El número de facturas o documentos equivalentes a presentar.
  • Cantidad de las facturas o documentos equivalentes que se encuentran inmersas en procesos judiciales.
  • El valor sobre el que se pretende el reconocimiento y pago.
  • La ADRES podrá definir la estructura de la manifestación de interés facturas o documentos equivalentes que se presenten al proceso.

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Presentación de las facturas

No obstante, las entidades recobrantes deberán presentar al proceso de saneamiento definitivo, las facturas o documentos equivalentes con sus soportes, en la estructura y forma de presentación que defina la ADRES, aportando los medios de prueba que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.

De igual forma, es preciso indicar que la ADRES definirá el cronograma para la presentación de las facturas y documentos equivalentes objeto del saneamiento, estableciendo criterios para priorizar su presentación, con base en las características de los recobros, valor de la deuda reportada por las entidades recobrantes y el estado de los indicadores financieros y de solvencia de estas, que deberá ser certificado por la Superintendencia Nacional de Salud en un plazo no mayor a un (1) mes. De no presentarse la información en el plazo definido, la ADRES utilizará el último informe publicado por dicha superintendencia.

Requisitos para su reconocimiento y pago

En esta misma línea el Minsalud indicó que para poder determinar  la procedencia  del reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo, se adelantara el proceso de auditoría que permita verificar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos  así:

REQUISITOS DE SANEAMIENTO ADRES

Auditoria de los servicios y tecnologías no financiados con recursos de la UPC

El documento también menciona que la ADRES tendrá total  autonomía para contratar terceros y adelantar  todo  o parte del proceso de auditoría de los servicios y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC del régimen contributivo que se sometan al proceso de saneamiento previsto en  el decreto 521 de 2020, aplicando los siguientes criterios de  verificación contemplados en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Criterios de verificación

Estos serán los criterios que tendrá presente la ADRES al momento de realizar el proceso de auditoría:

  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha del último resultado de auditoria de cualquiera de los mecanismos previstos por la ADRES  y la fecha de presentación para el saneamiento definitivo, los recobros se entienden prescritos.
  • En caso de que no exista resultado de auditoria por parte de la ADRES, y hayan transcurrido más de diez (10) años entre la fecha de prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente y la presentación del recobro para el saneamiento objeto del presente decreto, la misma se entiende prescrita.

Para los servicios y tecnologías en salud prestados con posterioridad a la expedición de la Ley 1753 de 2015:

  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha del ultimo resultado de auditoria de cualquiera de los mecanismos previstos por la ADRES y la fecha  de presentación para el saneamiento definitivo, los recobros se entienden prescritos.
  • Cuando hayan transcurrido más de tres (3) años entre la fecha de prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente y la  fecha de la presentación de la solicitud del recobro ante la ADRES, los recobros se entienden prescritos.

Monto a reconocer y pagar por los servicios y tecnologías objeto de saneamiento

Otro aspectos importan de este documento es que el monto a reconocer por los servicios y tecnologías  objeto de saneamiento será el de menor valor, decir, entre el Valor Máximo de Recobro y el precio regulado por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, De igual manera, cuando no se cuente con ninguno de los dos criterios mencionados, se reconocerá el menor valor entre el valor recobrado y el valor facturado.

En todo caso, el valor a pagar tendrá en cuenta los comparadores administrativos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en los casos que haya lugar.

Así mismo, no podrán ser reconocidos aquellos items que hayan sido pagados con recursos del Estado; tampoco aquellos incluidos en actas de conciliación suscritas entre la entidad recobrante y el FOSYGA, la ADRES o entidad territorial, según sea el caso, en las que se haya aceptado la negación del pago; ni aquellos que, habiendo sido objeto de demandas, hayan sido negados mediante fallo ejecutoriado.

“En ningún caso, habrá lugar al reconocimiento y pago de intereses sobre los servicios y tecnologías en salud objeto de saneamiento”. Menciona el documento.

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Disposición de recursos

Otro aspecto que también indica este Decreto es el referente al reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago a las entidades recobrantes, el cual se hará publico mediante resolución expedida por el Director General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dicha resolución reconocerá como deuda  pública y ordenará el pago de las obligaciones, bien sea con cargo al rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación, mediante la emisión de títulos de Tesorería TES Clase B, o mediante una combinación de los dos.

La expedición del acto administrativo y el pago de las sumas reconocidas se llevará  a cabo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de la certificación allegada por la ADRES respecto al valor reconocido por parte de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual dispondrá la apropiación de los recursos para proceder al pago de los reconocido por este mecanismo.

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Procedimiento de Pago

Una vez expedida la resolución de reconocimiento y orden de pago, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público — Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional- realizara el registro de la operación presupuestal de servicio de deuda en el SIIF Nación a favor de la ADRES.

En caso de que el pago se realice con recursos provenientes de una  emisión de Títulos  de Tesoreria TES Clase B, la disposición de recursos se hará de conformidad con el mecanismo que determine la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la cual en ningún caso generará efecto presupuestal.

Giro de los recursos a las entidades en proceso de liquidación

Los giros se efectuarán por parte de la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la ADRES, quien los girará a los beneficiarios que las entidades recobrantes hayan señalado en los términos del articulo

18 del presente decreto. El giro a los beneficiarios Io realizara la ADRES una vez aprobadas las modificaciones presupuestales y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los recursos.

Las EPS que presenten diferencias entre el valor reconocido y el valor radicado a través del mecanismo de saneamiento previsto en este decreto, por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC, descontando el deterioro de sus cuentas por cobrar, contarán con un plazo de tres (3) años contados a partir de la firma del contrato de transacción para amortizar tal diferencia. Este plazo será adicional al contemplado en los artículos 2.5.2.2.1.12 y 2.5.2.2.1.17 del Decreto 780 de 2016 para el cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia de las EPS.

La Superintendencia Nacional de Salud impartirá las instrucciones necesarias para la debida aplicación, medición y control de las condiciones y plazos definidos para la amortización de las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC Los recobros por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC prestados antes de la expedición de la Ley 1753 de 2015, que no sean incluidos  en un contrato de transacción, ni “estén a la fecha radicados ante la ADRES para surtir el proceso de auditoría, así como aquellos que se encuentren prescritos en los términos de la precitada ley, deberán ser castigados en los estados financieros en un plazo no mayor a un (1) año.

Reporte de la información

Finalmente, La Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de facilitar la verificación de la depuración de los estados financieros, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de este decreto, cargará at sistema de información para el presente proceso de saneamiento, dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social, la totalidad de la información que, a partir de diciembre de 2018, Ie haya sido reportada por las entidades recobrantes e IPS en cumplimiento de Io dispuesto por la Circular 016 del 2016.

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Conozca el procedimiento para determinar incapacidad o perdida de la capacidad laboral

El Ministerio de salud especificó el procedimiento para determinar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional en primera oportunidad.

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Conozca el procedimiento para determinar incapacidad o perdida de la capacidad laboral

El ministerio de salud emitió un nuevo documento con el cual se establece el procedimiento para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente, calificar la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez, la fecha de su estructuración y de revisión del estado de invalidez, con el fin de determinar el derecho al reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas contempladas en el Sistema de Seguridad Social Integral.

Es preciso mencionar, que según el documento las entidades que pueden calificar en primera oportunidad la incapacidad laboral o cualquiera de sus derivados son: las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, las Entidades Promotoras de Salud – EPS y las demás entidades obligadas a compensar – EOC, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, cuando no están cubiertas por una compañía de seguro que asegure el riesgo de invalidez y muerte.

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causalidad de la enfermedad y pérdida da la capacidad laboral

Determinar la causalidad de la enfermedad se entiende como el procedimiento pericial en salud, técnico científico y jurídico mediante el cual las entidades especificadas establecen la relación de causalidad de la enfermedad o el accidente sufrido, cuyo resultado determinará la entidad responsable del reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales.

De otro lado, la calificación de la pérdida de capacidad laboral es un procedimiento pericial en salud, técnico científico, mediante el cual se califica la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez y la fecha de su estructuración, como consecuencia de una enfermedad, accidente o de ambas.

Cabe resaltar ,que el procedimiento para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente o la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, es gratuito; por lo tanto, su trámite no causará costo alguno para el solicitante.

¿Cuándo se debe iniciar el procedimiento de calificación por primera vez?

La causalidad de enfermedad o pérdida de la capacidad laboral se debe realizar en los eventos señalados a continuación:

  1. Cuando exista concepto desfavorable de rehabilitación, tanto para aquellos eventos de origen común, como laboral.
  2. Cuando al afiliado se le certifique el alcance de la Mejoría Médica Máxima (MMM) y sea expedido en el formato de certificación, tratamiento y/o proceso de rehabilitación concluido, expedido por el Ministerio de Salud.
  3. Cuando el afiliado termine el proceso de rehabilitación funcional y, en todo caso, antes de superar los quinientos cuarenta (540) días de incapacidad.
  4. En las demás situaciones que, el profesional de la salud que esté calificando el evento, considere procedente

La norma, además especifica que todo tratamiento y/o proceso de rehabilitación concluido deberá estar certificado y suscrito por el médico tratante o el equipo de rehabilitación de la EPS o de la ARL, según corresponda, conforme al formato que para tal efecto establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. El tratamiento y/o proceso de rehabilitación podrá continuar después de la calificación o dictamen de calificación, según criterio médico.

Competencia

La competencia para determinar en primera oportunidad el origen de la enfermedad o el accidente, calificar la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, el grado de invalidez y la fecha de su estructuración, así como revisar el estado de invalidez, se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:

  1. Cuando el accidente o la enfermedad haya sido determinado por la EPS como de origen común, corresponderá a la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la persona a calificar, o la Junta Regional de Calificación de Invalidez cuando sea la entidad de orden nacional o territorial y sus descentralizadas que tenga a su cargo el pago de la pensión.
  2. Cuando el accidente o enfermedad haya sido determinado por la ARL como de origen laboral, corresponderá a la ARL a la cual se encontraba afiliado el trabajador al momento de la ocurrencia del evento, o a la cual estuvo afiliado por última vez, en caso de desvinculación laboral.
  3. Cuando se requiera acreditar la calidad de beneficiario, de que trata el literal d) del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 218 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 1º de la Ley 1204 de 2008, corresponderá a la EPS a la que la persona se encuentre afiliada.

Obligaciones de las IPS

  1. Informar por medio físico o electrónico a la EPS y a la ARL dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la atención de la persona, acerca del presunto accidente de trabajo o presunta enfermedad laboral.
  2. Suministrar al equipo calificador los documentos concernientes al estado de salud de la persona a calificar.
  3. Realizar las pruebas clínicas y paraclínicas complementarias y las valoraciones ordenadas por las entidades competentes para calificar en primera oportunidad, necesarias para emitir el dictamen, de acuerdo al Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral u Ocupacional.

Obligación de la persona a calificar

  1. Autorizar a las entidades determinadas el acceso a la historia clínica.
  2. Suministrar al equipo calificador la historia clínica, el resumen de la historia clínica ocupacional, el registro de incapacidades y demás documentos que obren en su poder.
  3. Asistir a las valoraciones, exámenes y controles solicitados por las entidades que califican en primera oportunidad; así como a los tratamientos de rehabilitación ordenados.
  4. Realizarse los procedimientos y atender las recomendaciones de salud ordenados y necesarios para su rehabilitación funcional.
  5. Informar al empleador o contratante la enfermedad o accidente de origen común, o el accidente de trabajo o la enfermedad laboral detectada.

Procedimiento para la calificación en primera oportunidad

El procedimiento de calificación en primera oportunidad se inicia mediante solicitud presentada en medio físico o electrónico ante la EPS a la cual se encuentre afiliado, o ante la ARL, según corresponda, en el formato que para tal fin establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. La solicitud podrá ser presentada por:

  1. La persona a calificar, sus beneficiarios en caso de muerte o invalidez o su representante.
  2. El empleador o contratante.
  3. El médico tratante
  4. Las entidades competentes para calificar en primera oportunidad
  5. Por solicitud o requerimiento de una autoridad judicial o administrativa.
  6. Por solicitud de un agente oficioso.

Una vez radicada la solicitud, la entidad calificadora deberá informar este hecho, por escrito a las restantes entidades competentes, quienes no podrán adelantar ningún procedimiento, hasta tanto la EPS o la ARL determine el origen de la enfermedad o el accidente. Determinado el origen, se continuará conforme con las reglas y competencia previstas.

El equipo calificador, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud, requerirá los documentos previstos, por medio físico o electrónico, así como las valoraciones o exámenes adicionales que, conforme al Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral u Ocupacional, se hayan practicado, los que deberán ser remitidos por los responsables, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de tal requerimiento.

Para determinar el origen del accidente o la enfermedad, el médico del equipo calificador determinará bajo su criterio la necesidad de realizar la valoración presencial de la persona a calificar, en el marco de la autorregulación, la ética y la racionalidad de la evidencia científica.

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En caso de accidente, la EPS o ARL deberá determinar el origen dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. Cuando se requiera la práctica de pruebas o evaluaciones médicas complementarias, dicho plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por diez (10) días hábiles más, sin que en ningún caso la determinación del origen se profiera pasados veinte (20) días hábiles.

En caso de enfermedad, la EPS o ARL deberá determinar el origen dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. Cuando se requiera practicar pruebas o evaluaciones médicas complementarias, este plazo podrá ser prorrogado, por una sola vez, hasta por diez (10) días hábiles, sin que en ningún caso la determinación del origen se profiera pasados cuarenta (40) días hábiles.

Una vez determinado el origen del accidente o la enfermedad, la entidad que realizó dicho procedimiento dará traslado de la documentación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la entidad responsable de realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Para calificar la pérdida de capacidad laboral u ocupacional, será obligatorio el examen físico presencial de la persona, si el equipo calificador así lo considera necesario.

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Colombia regula fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual

Con el Decreto 039 de 2021 Colombia reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en el país.

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fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual

Con el Decreto 039 de 2021 Colombia reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable en el país, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVI D-19.

Asimismo, con este documento el Gobierno Nacional tiene como objetivo que todas las personas cumpla con los protocolos de bioseguridad y comportamiento en el espacio público para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las actividades cotidianas.

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De igual manera,  los alcaldes en los municipios de alta afectación, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del Coronavirus COVID 19.

Medidas de orden público en municipios con alta ocupación de UCI y aislamiento selectivo

El documento también expone que cuando un municipio presente un nivel de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos -UCI- entre el 70 y 79%, entre el 80% y 89 % o mayor al 90%, o una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior un informe que contenga las medidas específicas y las actividades que estarán permitidas en estos municipios de acuerdo a los niveles de ocupación de UCI o la variación negativa en el comportamiento de la pandemia.

En este sentido, los alcaldes de los municipios cuya ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- oscile entre el 51 % y el 69% podrán implementar medidas especiales, previa autorización del Ministerio del Interior y concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social, esto siempre y cuando se presente una variación negativa en el comportamiento de la pandemia Coronavirus COVID-19.

“Los alcaldes de los municipios cuya ocupación de unidades de cuidados intensivos -UCI- sea igualo inferior al 50%, no podrán adoptar medidas diferentes a las que se establecen en el artículo 6 del decreto 039 de 2021” indica el documento.

No obstante, los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica, y parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.

Medidas emitidas por alcaldes y gobernadores

En los municipios sin afectación, de baja afectación y moderada por COVID-19 o con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- igual o inferior al 50% no podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y comunicadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta entidad.

Actividades no permitidas

De igual manera, el Decreto 039 de 2021 indica que, en ningún municipio del territorio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales:

  1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
  2. .Discotecas y lugares de baile.
  3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.

Sin embargo, los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar al Ministerio del Interior autorización para la implementación de planes piloto en:

  • establecimientos y locales comerciales que presten servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embriagantes dentro del establecimiento o local.
  •  para la realización de ferias empresariales, ferias ganaderas y eventos siempre y cuando se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeraciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de estas actividades, La autorización que imparta el Ministerio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministerio de Salud y Protección Social.

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Teletrabajo y trabajo en casa

Por otra parte, el documento hace mención a que durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.

Cierre de Fronteras

Finalmente, este documento también aborda el cerrar los pasos, terrestres y fluviales de la frontera con la República de Panamá, República de Ecuador, República del Perú, República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 16 de enero de 2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de marzo de 2021.

Sin embargo, se exceptuarán del cierre de frontera, las siguientes actividades:

  1. Emergencia humanitaria.
  2. El transporte de carga y mercancía.
  3. Caso fortuito o fuerza mayor.
  4. La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales y municipales competentes.
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Este es el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud publicó el documento con el que se da a conocer oficialmente el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

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Este es el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Colombia

El Ministerio de Salud emitió el proyecto de Decreto con el cual reglamenta el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, en este documento se establece el objetivo del plan, la población objeto. los criterios de priorización, las fases y la ruta que se debe seguir para la aplicación de la vacuna, así como las responsabilidades de cada actor del sistema en la cadena de aplicación y el procedimiento para el pago del costo de la aplicación a los prestadores de servicios de salud.

El proyecto señala que el objetivo general del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, es contribuir con la generación de la inmunidad rebaño en Colombia, propendiendo, en un primer momento, por la reducción de la mortalidad grave y la mortalidad específica por COVID-19, luego por la disminución de la incidencia de casos graves y la protección de la población que tiene alta exposición al virus y culminando con la reducción del contagio en la población general hasta suprimir la epidemia.

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Población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19

De acuerdo con la evidencia disponible, la población objetivo del Plan Nacional de Vacunación son los habitantes del territorio nacional de 16 años de edad en adelante, excluyendo mujeres en gestación. Las personas de 15 años de edad o menos y las mujeres en gestación sólo serán objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, hasta tanto la evidencia sobre seguridad y eficacia esté disponible para esta población.

Priorización de la población y fases para la aplicación de la vacuna

La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la mortalidad específica por COVID – 19, reducir la incidencia de casos graves de COVID – 19 y proteger al talento humano en salud que constituye la primera línea de atención del COVID – 19. Esta fase tendrá las siguientes etapas:

ETAPA 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de las personas de 80 años de edad y más.
  • Al 100% de los siguientes trabajadores de la salud:
    • El personal que trabaja en los servicios de urgencia, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo, de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de tercer y cuarto nivel de atención y que se enlista a continuación:
    • Personal de medicina y enfermería (profesionales y auxiliares).
    • Médicos residentes e internos.
    • Profesionales de salud en servicio social obligatorio.
    • Personal de las áreas de atención para sintomáticos respiratorios.
    • Personal de laboratorio clínico (únicamente el personal que toma y manipula muestras para COVID-19) y técnicos de radiología.
    • Personal de terapia respiratoria.
    • Personal que opera las ambulancias.
    • Personal permanente de servicios hospitalarios de las áreas que atienden el COVID-19
    • Técnicos y personal de la salud que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
  • Personal encargado de realizar las acciones de salud pública:
    • Vacunadores
    • Personal que realice intervenciones en campo ante un caso de COVID-19
    • Equipos de vigilancia epidemiológica de los entes territoriales que realicen actividades extramurales relacionadas con la vigilancia epidemiológica.
  • Al 100% del personal administrativo que labore dentro de los servicios de urgencia, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo de las instituciones prestadoras de servicios de salud de segundo, tercer y cuarto nivel de atención, que se enlista a continuación:
    • Personal de servicios generales.
    • Personal administrativo y de facturación
    • Personal de vigilancia y celaduría
    • Personal de alimentación encargado de la distribución de alimentos en el área intrahospitalaria.

ETAPA 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de la población entre los 60 y los 79 años de edad.
  • Al 100% de los trabajadores de la salud y del personal de apoyo de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud de cualquier nivel de atención y que laboren en cualquiera de los servicios que estas presten.

ETAPA 3: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de los agentes educativos comunitarios (madres y padres comunitarios) identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y de los docentes de prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.
  • Al 100% de la población que tenga entre 16 y 59 años de edad y presenten una de las siguientes comorbilidades o condiciones:
    • Enfermedades hipertensivas (I10-I15)
    • Diabetes (E 10 – E 14)
    • Insuficiencia renal (N17-N19)
    • VIH (B20-B24)
    • Tumores (C00-D48)
    • Tuberculosis (A15-A19
    • EPOC (J44)
    • ASMA (J45)
    • Obesidad (E65-E68)

La segunda fase que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el contagio, iniciando con la protección de quienes protegen, de quienes realizan ocupaciones que incrementan el riesgo de transmisión y la prevención de brotes en contextos de hacinamiento, todo con el propósito de reducir la incidencia general de casos. Esta fase tendrá las siguientes etapas:

ETAPA 4: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva:

  • Al 100% de cuidadores de niños y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
  • Personal de las Fuerzas Militares
  • Personal de la Policía Nacional
  • Bomberos
  • Socorristas de la Cruz Roja
  • Socorristas de la Defensa Civil
  • Población privada de la libertad que estén cumpliendo su condena o medida de aseguramiento en institución carcelaria.
  • Guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
  • Personas en situación de calle identificadas por las alcaldías municipales.
  • Personal de las funerarios, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres.

ETAPA 5: En esta etapa se vacunarán a las personas mayores de 16 años sin comorbilidades y mujeres no gestantes que no se encuentren en las poblaciones a vacunar en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el orden de aplicación comenzando con los adultos entre 50 y 59 años, hasta llegar a los jóvenes y adolescentes.

Es preciso mencionar, que el tipo de relación laboral o contractual que tengan el personal priorizado con las diferentes instituciones, NO es un factor a tener en cuenta al momento de establecer la priorización.

Así mismo, si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o más etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor prontitud la vacuna contra el COVID-19.

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Identificación de la población a vacunar

El Ministerio de Salud identificará las personas a vacunar en cada etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con los grupos poblacionales priorizados en el presente decreto y conformará la base de datos maestra de vacunación con base en la información contenida en las bases de datos oficiales con las que cuente.

En caso de que el Ministerio disponga de las bases de datos de otras entidades que se requieran para la conformación de la Base de Datos Maestra de Vacunación, ese Ministerio informará a las fuentes de datos el uso de las mismas y su utilización para los fines relacionados con la vacunación contra el COVID-19.

Postulación de personas no incluidas en los listados de personas priorizada

Los usuarios que no se encuentren identificados dentro de los grupos poblacionales priorizados, publicados en la plataforma que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, y que consideren tener alguna de las comorbilidades o condiciones que dan lugar a la priorización, deberán presentar postulación ante la entidad responsable de su aseguramiento (Entidad Promotora de Salud u operador de algún régimen especial o de excepción), a través del mecanismo que defina dicho Ministerio, el cual será divulgado en su página web.

La entidad responsable del aseguramiento deberá emplear el mecanismo que resulte más expedito en cada caso para corroborar la información del postulante, bien sea la asignación prioritaria de una cita para valoración médica, o la revisión de la información registrada en la historia clínica del paciente y evaluada por un médico adscrito a la EPS. La conclusión a la que llegue el médico que realiza la valoración del postulante no puede ser variada por la entidad responsable del aseguramiento en salud, en virtud de la autonomía médica.

Una vez obtenido el resultado de la verificación, la entidad responsable del aseguramiento en salud lo reportará de manera inmediata al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de los mecanismos tecnológicos que este establezca para tal fin. Asimismo, informará dicho resultado al postulante. La entidad responsable del aseguramiento contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación, para realizar el reporte al Ministerio de Salud y Protección Social. No obstante, si la valoración del usuario amerita la realización de consultas especializadas o exámenes, el resultado de su condición o comorbilidad, deberá reportarse en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación de la postulación.

En caso de que el reporte indique que el postulante tiene la comorbilidad o condición que da lugar a la priorización, el Ministerio de Salud y Protección Social procederá a incluirlo de manera inmediata en la base de datos de la población priorizada.

Para lo prestadores que deben gestionar la vacunación

El Ministerio de Salud y Protección Social identificará y enlistará los prestadores de servicios de salud que cumplen con las condiciones señaladas en el presente decreto para gestionar la vacunación y entregará esa información a las entidades responsables del aseguramiento en salud y a las secretarías de salud departamentales o distritales o a la entidad que haga sus veces, según corresponda, para que verifiquen si están dentro de su red de prestadores y se adelanten las acciones correspondientes para garantizar la vacunación de su población asegurada

Agendamiento de citas para la vacunación

Una vez recibidos los listados de parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud o de las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, según corresponda, los prestadores de servicios de salud iniciarán con el proceso de agendamiento de citas, empezando por la población priorizada en cada etapa.

Para el agendamiento de citas, los prestadores de servicios de salud deben hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de contactar a la persona y programar la cita evitando aglomeraciones en los puntos de vacunación, asimismo, deben habilitar líneas de atención para que las personas que han consultado la plataforma MIVACUNA COVID-19 y no han sido contactadas para otorgarles la cita, puedan comunicarse para programarla.

Una vez contactada la persona a vacunar, la institución prestadora de servicios de salud debe informarle que la vacunación es voluntaria y, por tanto, preguntarle si desea vacunarse. Si la respuesta es afirmativa agendará la cita para adelantar el procedimiento de vacunación. Si la respuesta es negativa se dejará registro de esa información, y se le indicará a la persona que no perderá su derecho de vacunarse cuando manifiesta libre y autónomamente su voluntad en ese sentido, adicionalmente, se le señalará que para estos efectos podrá solicitar ante la entidad responsable de su aseguramiento la inclusión los listados de priorización. También se le recomendará acceder al formato de consentimiento informado, publicado en plataforma MIVACUNA COVID-19

Aplicación de la vacuna contra el COVID-19

Toda persona a la que se le haya asignado una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 debe presentarse en la fecha y hora asignada. La institución prestadora de servicios de salud, previo a la aplicación de la vacuna, debe:

  • Verificar que la persona se encuentre en la fase, etapa y cita asignada
  • Entregar a la persona que se va a vacunar información sobre la vacuna, indicaciones de cuidado y eventos adversos esperados.
  • Entregar el formato del consentimiento informado, en caso en que esta no lo lleve, explicarle su contenido, esperar que la persona lo lea y lo entienda, atender cualquier inquietud que tenga al respecto y pedir que lo firme.

Una vez aplicada la vacuna, la institución prestadora de servicios de salud debe agendar la cita
para la aplicación de la segunda dosis, si esta se requiere.

PAGO DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA APLICACIÓN DE LA VACUNA

Los costos asociados a la aplicación de las vacunas contra el COVID19 se financiarán con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME a través de la subcuenta COVID de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se reconocerá a los prestadores de servicios de salud los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19; y a las entidades responsables del aseguramiento en salud los costos asociados, por un lado, al proceso de verificación y apoyo para que las primeras cumplan con su obligación de agendamiento y, por otro, al proceso de validación que deba adelantarse por vacuna aplicada, para efectos del pago por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El Ministerio de Salud y Protección Social, establecerá la metodología para determinar el valor a reconocer y lo fijará mediante acto administrativo.

Procedimiento de reconocimiento y pago

El pago de los costos descritos en el artículo anterior, se realizará en dos etapas a saber:

  • un anticipo
  • un giro complementario de acuerdo a las dosis aplicadas.

El pago anticipo será solicitado a la Subcuenta COVID de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD, por las entidades responsables del aseguramiento en salud y las entidades territoriales departamentales, distritales o municipales, esta últimas solo con respecto a la población no afiliada que tengan a cargo, en los formatos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. El valor a girar corresponderá al 50% de lo que resulte de multiplicar el costo fijado por dicho Ministerio, por el número de vacunas que constituya la meta de vacunación de cada institución prestadora de servicios de salud de la etapa correspondiente y cuya aplicación sea intramural. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre –UNGRD hará giro directo a cada institución prestadora de servicios de salud.

Finalmente, la norma expone las condiciones de los prestadores de servicios de salud para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 se aplicarán exclusivamente en las instalaciones de los prestadores de servicios de salud que:

  • Cuenten con los servicios de vacunación habilitados.
  • Dispongan de un área exclusiva para la vacunación contra el COVID-19.
  • Tengan personal capacitado y suficiente para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con la población priorizada en cada etapa.
  • Cuenten con los insumos requeridos para el proceso de vacunación contra el COVID19.
  • Garanticen el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento y transporte (cadena de frío) de las vacunas con instrumentos debidamente calibrados.

La vacunación podrá llevarse a cabo en instalaciones diferentes a las instituciones prestadoras de servicios de salud siempre y cuando cumplan con las condiciones para poder atender los posibles eventos adversos asociados a la vacunación. En todo caso, estos sitios deberán estar a cargo de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitados para prestar servicios de vacunación.

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