Tras la decisión de la Superintendencia de salud de intervenir por un año a la EPS Sanitas, la segunda entidad de salud más grande del país, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – Acemi, gremio que reúne a las principales EPS del país, rechazó la medida de intervención forzosa a esta entidad que tiene 5.7 millones de afiliados, muchos de ellos, pacientes de alto costo.
En el comunicado, Acemi mencionó que, durante los últimos 30 años, desde su fundación, Sanitas EPS ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia. Una labor que se ha reflejado en el reconocimiento constante en la atención a los usuarios, lo cual ha sido corroborado por diversas encuestas de evaluación de servicios de las EPS y los premios de la Cuenta de Alto Costo, que evalúa el rendimiento de las aseguradoras en el manejo de enfermedades principales.
De esta manera, la medida de la Supersalud se da en medio de una discusión política de la reforma a la salud y de su posible hundimiento, así como de las múltiples solicitudes al gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector y que no han tenido soluciones efectivas por parte del gobierno. Pero en su lugar y sin resolver los problemas financieros estructurales del sector, el gobierno intervino a Sanitas, que esto se suma a intervención de Famisanar hace unos meses, sin que esto responda como una solución a los problemas del sector salud y sí colapse en la atención de millones de usuarios.
Acemi reitera un llamado al Gobierno para atender las necesidades del sistema de salud
“Las medidas de intervención sobre los buenos agentesno mejoran la salud de las personas. Los trabajadores de la salud y sus familias, así como los usuarios afectados, asumen la incertidumbre y el riesgo de estos procesos, que no tienen ningún antecedente exitoso en mejora de indicadores y desempeño en general. El impacto sobre prestadores y proveedores ahonda la crisis y deteriora rápidamente los niveles de atención a la población afiliada”, explicó Acemi.
Igualmente, la agremiación reitera el llamado al gobierno nacional para que de manera urgente pueda atender las necesidades que tienen el sistema de salud y así promover una verdadera conversación de los cambios requeridos. Esto a su vez ayuda a reconocer la importancia de todos los actores del sistema, sus roles y sus responsabilidades, así como la fuerte necesidad de una articulación armónica público privado en todos los ámbitos sociales y económicos del país.
“Las decisiones que se tomen o dejen de tomar en lo que refiere al sistema de salud se reflejan en vidas humanas, son difícilmente reversibles y ocasionan daños a las personas, a las empresas y al bienestar general de la sociedad, afectando indefectiblemente su progreso”, dijo Acemi en su comunicado.
Así fue la intervención de la Supersalud a la EPS Sanitas
El martes 2 de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas, tomando posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional tras evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de los usuarios.
El Superintendente Luis Carlos Leal ordenó esta intervención forzosa por el término de un año y destacó que “la información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizadas por la Supersalud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”.
Cabe mencionar que, con corte a diciembre de 2023, la Supersalud evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversión de reserva técnica. De acuerdo con la veeduría realizada por la Supersalud, esta EPS ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedores de servicios y tecnologías en salud y este no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.
Entre tanto, a diciembre de 2023, las deudas de esta entidad de salud con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, lo cual ha puesto en riesgo no solo la prestación de los servicios a sus afiliados, sino a todos los usuarios de las redes acreedoras.
Ante este panorama, el Gobierno se convertiría en el mayor operador de EPS, teniendo así a su cargo la salud de 26 millones de colombianos. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), con corte a enero de 2024, las EPS que están siendo intervenidas son Famisanar, Emmsanar, Savia Salud y Asmet Salud, teniendo en total de 7.994.247 afiliados. Ahora, a esta lista se suma la EPS Sanitas que cuenta con 5,7 millones de afiliados.
