A un año de la Sentencia 0-55 de 2022, con la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, aún existen barreras en la prestación del servicio.
La Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia) ha reportado a usuarias que se les ha limitado el derecho del servicio de aborto por parte de profesionales de la salud. Además que se han evidenciado limitaciones en la calidad de los servicios.
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Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, aseguró en un comunicado que “luego de un año es posible ver los avances que ha logrado el país en materia de autonomía reproductiva y derechos para las mujeres y personas gestantes”.
Sin embargo, Royo señala que “hay que pasar del texto a los hechos, garantizando que la Sentencia 055 de 2022 sea aplicada”. La entidad informó que desde la promulgación de la sentencia, se ha aplicado su implementación en la red de más de 53 clínicas especializadas en salud sexual y reproductiva a nivel nacional.
Profamilia registró un aumento del 65,9% en los procedimientos en este primer año, indicando que el 97.2% de los abortos realizado por la entidad se hicieron antes de la semana 16 de gestación y de estos, el 86% antes de la semana 12 y solo un 1,1% de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas.
“El compromiso de Profamilia será siempre la prestación de servicios integrales, humanizados y seguros que permitan la toma de decisiones libres e informadas, hoy lo reiteramos”, enfatizó la directora ejecutiva de Profamilia.
Asimismo, la entidad señaló que el país tiene la posibilidad de acabar con la muerte prevenible de 70 mujeres que cada año pierden la vida por abortos inseguros, así como reducir y evitar 132.000 complicaciones derivadas de este tipo de procedimientos.
Oriéntame, fundación sin ánimo de lucro, que ha trabajado por la salud y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, también ha presentado algunos datos recolectados durante el 2022 sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.
De acuerdo con esta fundación, el 33% de los procedimientos en Oriéntame se realizaron por convenio con EPS y el 93% de las solicitantes tenían menos de 12 semanas de embarazo.
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Por otra parte, la Secretaría de Salud de Bogotá explicó que se realizará una mesa intersectorial para la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco del primer año de la sentencia.
Este plan de acción intersectorial incluye espacios para para el fortalecimiento de competencias del talento humano en salud y el desarrollo de estrategias de información dirigidas a la comunidad sobre el derecho al aborto.
También, fue aprobado el Acuerdo 023 en el Concejo de Bogotá, normativa que tiene como objetivo garantizar el derecho al aborto sin barreras y promover el conocimiento y acceso a información sobre derechos y prevención de la maternidad y paternidad temprana. Con ello, la capital es una referente para otras ciudades del país en la garantía del acceso del aborto como un servicio de salud.
En ese sentido, el Gobierno Nacional incluyó la garantía del derecho de la interrupción voluntaria del embarazo en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026, esto en el marco de la formulación e implementación de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos que deberá actualizarse para los próximos 10 años.
Del mismo modo, el Ministerio de Salud y Protección Salud (Minsalud) aprobó la resolución 051 de 2023, por medio de la cual se garantiza el servicio para las mujeres migrantes en Colombia y se reconoce este derecho como un servicio esencial y urgente que nunca puede suspenderse.
Igualmente, la resolución menciona que se eliminan los copagos y cuotas moderadoras en las EPS y centros médicos. Además, se reafirma que las menores de 14 años pueden decidir autónomamente sobre un aborto, sin permiso de sus padres y aun cuando su decisión sea contraria a la de ellos.
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