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ABC de la Nueva Habilitacion de las EPS

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Conozca aquí el ABC DE LA NUEVA HABILITACIÓN que tendrán que cumplir las Empresas Promotoras de Salud EPS y las entidades adaptadas al sistema, a través de un decreto (este es el borrador), que define los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento, las condiciones de habilitación y las condiciones de permanencia que deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud –EPS– y las entidades adaptadas al sistema, responsables de la operación del aseguramiento en salud.

Las condiciones de que trata el presente decreto serán exigibles para la autorización y permanencia de las EPS.

 

En el caso de las Entidades Adaptadas las condiciones de autorización, habilitación y permanencia establecidas en el presente decreto serán empleadas en los procesos de evaluación de la autorización de funcionamiento y revocatoria de la misma por parte del gobierno nacional.

 

Ámbito territorial para la autorización de funcionamiento

 

corresponde al conjunto de departamentos, distritos y municipios de categoría especial según la definición del artículo 6 de la Ley 617 de 2000, para los cuales se otorgará la autorización de funcionamiento específica para la operación del aseguramiento en salud por parte de las entidades promotoras de salud.

 

Gestión Integral del Riesgo en Salud –GIRS–

 

Es una estrategia para anticiparse y prevenir eventos de interés en salud pública, enfermedades y traumatismos, y una vez estos han ocurrido, detectarlos y tratarlos precozmente para impedir o acortar su evolución y consecuencias a nivel individual, colectivo y en los diferentes entornos de la población afiliada. Una adecuada gestión incluye la acción coordinada con actores sectoriales y extrasectoriales que permita identificar y controlar los determinantes en salud y los factores de riesgo que inciden en su aparición y desenlace, la clasificación adecuada de las personas afectadas, así como el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y efectivas para eliminar, disminuir o mitigar sus efectos en la salud.

 

Representación del afiliado.

 

Es la facultad de actuar en representación del afiliado ante los demás actores del sistema, en busca de lograr para este una atención en salud asequible, oportuna, pertinente, segura y continua. Las acciones individuales derivadas de esta facultad deben articularse con la gestión de los riesgos en salud de la población afiliada, el uso racional de los recursos disponibles y el mejoramiento de los resultados poblacionales en salud. La representación del afiliado ante el prestador y los demás actores del sistema se ejercerá sin perjuicio de la autonomía del usuario.

 

Condiciones para la autorización de funcionamiento.

 

Sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia establecidas en el Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique, sustituya o adicione, las entidades que deseen obtener la autorización de funcionamiento deberán soportar la capacidad técnico-administrativa, tecnológica y científica con la que contarán al momento de su entrada en operación:

1)     Estudios de capacidad técnico-administrativa

2)     Estudios de capacidad tecnológica y científica

3)     Caracterización de la población que se pretende asegurar, en la cual se analicen, como mínimo los siguientes aspectos:

a)      Estructura demográfica.

b)     Distribución urbana y rural.

c)      Riesgos y estado de salud en términos de morbilidad y mortalidad.

d)     Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales

4)     Estudio de mercado que contenga como mínimo:

a)      Estimación de la población que pretende afiliar por municipio y los métodos utilizados en la estimación.

b)     Distribución geográfica y etárea esperada de la población a afiliar en el ámbito territorial de autorización solicitado, con detalle por municipio, identificando la población en zonas dispersas, rurales y urbanas.

c)      Estimado de las actividades requeridas de prevención y promoción de la salud para dar cumplimiento a los estándares de atención y rutas integrales que se encuentren definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

d)     Estimado de acuerdo con el plan de beneficios del tipo y volumen de servicios esperado para los primeros tres años, discriminado por composición etárea, acorde con los estándares de atención en salud y rutas integrales que se encuentren definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

e)     Documento con el análisis de las condiciones de competencia y de mercado que se presentan al interior del ámbito territorial de su solicitud.

f)       Estrategias para la promoción de la afiliación en las entidades territoriales de su solicitud para la conformación de su perfil de riesgo

5)     Descripción de la estructura del gobierno organizacional

6)     Cumplimiento de las condiciones de capital mínimo y patrimonio adecuado establecidas en el Decreto 2702 de 2014.

7)     El estudio de factibilidad que permita establecer la viabilidad financiera de la entidad y el presupuesto proyectado para el primer año de operación.

8)     La información adicional que requiera la Superintendencia Nacional de Salud para asegurar el cumplimiento de los requisitos anteriores y otros previstos en las disposiciones legales.

 

Las entidades que, al momento de expedición del presente decreto, tengan en trámite la solicitud de autorización de funcionamiento, no estarán obligadas al cumplimiento de requisitos diferentes a los establecidos al momento de presentación de la solicitud. Una vez otorgada la autorización de funcionamiento, la entidad deberá cumplir con las condiciones de habilitación y permanencia establecidas por el presente decreto en los mismos plazos que aplican para todas las entidades con autorización vigente.

 

Vigencia y renovación y revocatoria de la autorización de funcionamiento.

 

La autorización de funcionamiento tendrá una vigencia inicial de un (1) año para nuevas entidades y de cinco (5) años para entidades con autorización de funcionamiento o habilitación vigente, contados a partir de la expedición o renovación del certificado de autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, quien una vez cumplido este plazo realizará una evaluación de las condiciones de habilitación y permanencia de la entidad.

 

Condiciones para la operación.

 

Dentro de las condiciones para lo operación puede leerse:

 

1)     Plataforma tecnológica que deberá facilitar la conexión remota con las diferentes oficinas y puntos de atención en el país, a través de canales de comunicación que permitan mantener actualizada diariamente la información necesaria para la operación del aseguramiento en salud.

2)     Sistema de verificación en línea del registro de la población afiliada.

3)     Sistema de información que permita la verificación periódica del estado de salud de los afiliados y la gestión individual de los riesgos en salud.

4)     Sistema de información que permita el registro, seguimiento y evaluación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud y demás proveedores que apoyan la gestión de la entidad.

5)     Sistema que permita la radicación en línea por parte de los proveedores, de las facturas correspondientes a los servicios realizados por los prestadores de servicios.

6)     Relación de los acuerdos de voluntades con entidades prestadoras de servicios y grupos profesionales de salud que hacen parte de la red integral de servicios y descripción del alcance de los mismos.

7)     Procesos y herramientas para facilitar a los afiliados la asignación de citas, la autorización integral de servicios, la referencia y contrarreferencia y el reconocimiento de las prestaciones económicas a cargo del SGSSS.

8)     La adopción de la Política de Atención Integral en Salud –PAIS– y la adaptación del Modelo Integral de Atención en Salud –MIAS– acorde con las características de su población afiliada y el ámbito territorial en el cual se encuentre autorizado, de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

9)     La identificación, análisis y clasificación del riesgo de cada afiliado.

10)  La conformación de grupos de riesgo que incluya como mínimo los priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y los establecidos en los planes territoriales de salud en donde se encuentren sus afiliados.

11)  La aplicación de las Rutas Integrales de Atención en Salud –RIAS-

 

PROHIBICION

 

Se entiende prohibida toda clase de práctica que genere mecanismos de intermediación entre las EPS y los prestadores de servicios de salud, esto es, la contratación que realice una EPS con una institución o persona natural o jurídica para que esta se encargue a su vez de coordinar la red de prestadores de servicios o de subcontratarla, trasladándole los costos de administración, y reduciendo el pago que por salud debe reconocer a quienes conforman la red de prestadores de servicios de salud de la EPS. La práctica evidenciada de estos mecanismos de intermediación

constituye causal de suspensión o revocatoria de la autorización de funcionamiento según lo establezca la Superintendencia Nacional de Salud.

 

Operación Territorial

 

El Ministerio de Salud y Protección Social definirá los estándares, criterios y procedimientos para la operación territorial del aseguramiento, previniendo la selección de riesgos, la concentración de los mismos y facilitando la movilidad entre regímenes y la portabilidad en el territorio nacional.

 

Información al afiliado.

 

Las entidades deberán informar al afiliado de forma permanente:

a)      La carta de derechos y deberes de los afiliados y usuarios de servicios.

b)     Los contenidos del plan de beneficios.

c)      Los procedimientos para la afiliación al sistema y el reporte de novedades.

d)     La red integral de prestadores de servicios de salud que tiene habilitada en el departamento o distrito y su componente complementario por fuera de la entidad territorial.

e)     El componente primario de atención al cual puede asistir.

f)       La red de servicios para su atención de urgencias.

g)      El valor de las cuotas moderadoras y copagos para los diferentes servicios en los que aplica y las exclusiones de pago vigentes.

h)     Los procedimientos disponibles para solicitar, autorizar y garantizar la atención en salud.

i)       La definición de grupos de riesgo, junto con la oferta y contenido de programas para la gestión de los mismos.

 

Gobierno Organizacional

 

Es el conjunto de normas, procedimientos y órganos internos mediante los cuales se dirige y controla la gestión de las entidades de que trata el presente decreto, bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado o de un grupo empresarial, con o sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica.

El gobierno organizacional provee un marco que define derechos y responsabilidades, en el que interactúan los órganos de gobierno de una entidad, entre los que se destacan el máximo órgano social, el órgano de administración o dirección, el órgano de control y los diferentes grupos de interés.

 

El Ministerio de Salud y Protección Social determinará en los doce (12) meses contados a partir de la expedición del presente decreto, las condiciones técnico-administrativas, tecnológicas o científicas de operación que también representan condiciones de permanencia en el sistema para las entidades responsables del aseguramiento en salud y cuyo incumplimiento dará origen a procesos de seguimiento, intervención, sancionatorios o de revocatoria de la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

 

Adquisición de Entidades

 

La adquisición de EPS se regirá por las normas relativas a la adquisición de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo establecido en la parte III del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras”, capítulo III. Los procesos de adquisición deberán ser autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud.

De igual forma las inversiones que las entidades autorizadas realicen directa o indirectamente en otras entidades autorizadas, requerirán un aval previo por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual reglamentará los mecanismos e información requerida para solicitar dicho concepto.

 

Transformación, fusión, y escisión u otras formas de reorganización institucional.

 

Los procesos de reorganización de las entidades mencionadas en el artículo 2.5.2.1.3.2 requerirán autorización de la Superintendencia Nacional de Salud La transformación, fusión y escisión de las entidades de las que trata el decreto, se regirán por las normas relativas a la conversión y escisión de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo establecido en la parte III del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras”, capítulo IV. Lons procesos de conversión y escisión deberán ser autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud La Superintendencia Nacional de salud evaluará la documentación presentada, y verificará el cumplimiento de las condiciones mínimas de capacidad técnico administrativa, financiera, tecnológica y científica de la entidad o entidades resultantes del proceso de reorganización institucional, necesarias para la permanencia en el sistema.

 

Cesión de activos, pasivos, cartera y contratos.

 

La cesión de activos, pasivos, cartera y contratos de entidades responsables del aseguramiento se regirá por las normas relativas a cesión de activos, pasivos y contratos de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con lo establecido en la parte III del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, “Normas relativas al funcionamiento de las instituciones financieras”, capítulo V. Los procesos de cesión de activos, pasivos y contratos deberán ser autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo. La Superintendencia Nacional de Salud definirá los reglamentos para la cesión de activos, pasivos, cartera y contratos por parte de las entidades de las que trata el artículo 2.5.2.1.3.2 del presente decreto, acorde con los lineamientos que el Ministerio de Salud y Protección Social establezca para tal fin.

 

Transición.

 

El Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud dispondrán de un plazo de hasta doce (12) meses a partir de la fecha de expedición del presente decreto para especificar y reglamentar las condiciones de habilitación y las condiciones para la revocatoria de la autorización de funcionamiento.

 

Observaciones

 

Las observaciones y comentarios serán recibidos desde el 22 de agosto hasta el 31 de agosto de 2016 en el correo electró[email protected]  o en la línea telefónica PBX (+571) 330 5000 Ext. 1518

Documentos adjuntos

Este artículo tiene documentos adjuntos que podrá descargar para ampliar su información:

Actualidad

Colombia regula el trabajo en casa: ¿qué debe saber sobre la Ley 2088?

El Senado de la República aprobó en debate el proyecto de ley que busca regular el trabajo en casa. En él se establece esta figura como una modalidad laboral y no como forma de contratación. La Ley 2088 fue sancionada por el Congreso de la República el 12 de mayo.

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El pasado 12 de mayo, el Congreso de la República sancionó la Ley N° 2088 con la que se expiden los lineamientos para el trabajo en casa. De acuerdo con la normativa, esta modalidad habilita al servidor público o privado para desempeñar sus actividades laborales en espacios distintos al habitual, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo.

Las normativa para el trabajo en casa no solo aplica para profesiones o actividades que funcionen con las nuevas tecnologías. La ley se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la empresa o entidad. La modalidad ha sido aoptada por numerosas empresas a raíz de la pandemia, para evitar una interrupción temporal o definitiva en los servicios que preste. Antes de la aprobación del Congreso, el proyecto de ley 352/20S–429/20C recibió el visto bueno del Senado de la República en marzo, tras realizar varios ajustes a las propuestas que pretendían regular esta forma de trabajo. Cabe resaltar que actualmente un gran número de personas continúa laborando en estos términos.

El aspecto más importante de la ley del trabajo en casa es la diferenciación del teletrabajo. De esta manera, el teletrabajo se entenderá como el trabajo que vincula y necesita medios tecnológicos para su ejecución, mientras que el trabajo en casa será concebido como una medida ocasional, temporal y excepcional, en el que la tecnología no será el único recurso a tener en cuenta.

Al respecto, el ministro del trabajo, Ángel Custudio Cabrera mencionó ante el Senado que las condiciones para el teletrabajo y el trabajo en casa son distintas: en el primer caso, éste deberá quedar estipulado en el contrato de vinculación laboral; en el segundo, la medida deberá quedar registrada por escrito desde la fecha de implementación. De igual forma manifestó que el 93% de las personas realizan labores domésticas durante su jornada de trabajo, por ello se deben tener en cuenta nuevas medidas para conciliar el ámbito personal y laboral.

“No se cambia la naturaleza de la relación o el contrato laboral que tengan las partes. Esto significa que todo lo que existe en el código sustantivo del trabajo frente a los derechos laborales se conserva en su totalidad. Esta norma no toca ningún trabajo del código sustantivo del trabajo”, comentó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera al hablar del trabajo en casa.

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Estos son los puntos fuertes de la implementación del trabajo en casa

Desde el proyecto de ley -cuya siguiente fase es la espera de la conciliación para la sanción final-, se especifica que el trabajo en casa no es una nueva modalidad de contratación. Sin embargo, se habilita como figura de transición y el teletrabajo. Adicionalmente a ello, se debe prestar atención a los siguientes aspectos:

  • La jornada laboral máxima será de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Las horas extra no podrán superar las 2 horas diarias y las 12 horas semanales.
  • Los trabajadores deberán realizar sus labores en el horario pactado en el contrato. No deberá tener sobrecargas adicionales para el trabajo en casa. Será el empleador quién decida cómo medir el desempeño de sus colaboradores, cumplimiento de metas, así como el mecanismo para el reporte y/o resultados de éstas.
  • Los trabajadores contarán con las mismas garantías pactadas al comienzo de la relación laboral: jornada laboral, pago de horas extras, pago de recargo nocturno, dominical o festivo. Asimismo, la asignación salarial y el pago de prestaciones sociales se mantendrán iguales a lo establecido en la contratación en la modalidad presencial.
  • Se establece el derecho a la desconexión laboral. Los trabajadores y servidores públicos podrán “disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral”.
  • Los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y les reconozcan el auxilio de transporte, tendrán un auxilio de conectividad durante el tiempo de trabajo en casa. Estos auxilios no son acumulables.
  • La medida de trabajo en casa podrá habilitarse hasta por 3 meses o hasta el término pactado por las partes, en caso de que persistan las condiciones ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo hasta que desaparezcan.
  • Durante el tiempo que se presten los servicios o actividades bajo la habilitación del trabajo en casa el servidor público o trabajador del sector privado continuará amparado por las acciones de promoción y prevención, así como de las prestaciones económicas y asistenciales, en materia de riesgos laborales.
  • Además de ello, la ARL a la que se encuentre afiliado el empleador, deberá promover programas que permitan garantizar condiciones de salud física y mental, así como la seguridad en el trabajo, para lo cual los empleadores deberán comunicar y actualizar ante la Administradora de Riesgos Laborales los datos del trabajador y en aquellos casos en que sea necesaria la prestación del servicio o el desarrollo de actividades en un lugar diferente al inicialmente pactado en la relación laboral.

Sumado a esto, la medida establece que los empleadores no podrán realizar ningún requerimiento o formular órdenes fuera de la jornada laboral. Para garantizar que la normativa se cumpla, se designó al Ministerio del Trabajo para realizar la inspección, vigilancia y control en el desarrollo de las actividades reguladas con esta nueva ley.

Consulte aquí el documento con las disposiciones del trabajo en casa:

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Proponen ajustes al valor del reconocimiento y pago de vacunas covid

El Ministerio de Salud ha presentado un proyecto de resolución en el que presenta ajustes en la metodología que define el valor del reconocimiento y otros procesos necesarios para su pago

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proponen ajustes valor de reconocimiento y pago vacunas covid

El Ministerio de Salud y Protección Social ha presentado un proyecto de resolución, en el que se realizan modificaciones a las Resoluciones 166 y 508. Los cambios propuestos buscan aclarar los criterios para el reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna, así como garantizar los mecanismos que permitan el cargue de la información por parte de las entidades responsables de pago.

Cuando se expidió la Resolución 166 de 2021, se reglamentó y describió la metodología que se usaría en el territorio nacional para la determinación de los valores a reconocer tanto a los prestadores de servicios de salud, por los costos asociados al agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, como a las entidades responsables del aseguramiento en salud, por los costos asociados al proceso de validación que debe adelantarse por la vacuna aplicada para efectos del pago y apoyo para que los prestadores cumplan con la obligación del agendamiento.

Al revisar nuevamente lo propuesto, se modificaron algunos aspectos. En la Resolución 508 se presentó el procedimiento de validación de las vacunas (por parte de las entidades responsables) y se estipuló el procedimiento de reconocimiento de las vacunas aplicadas al Talento Humano en Salud.

Sin embargo, distintos actores sectoriales han identificado necesidades que no fueron consideradas en las normas anteriores: la observación post vacuna -considerado como un proceso que comprende un reconocimiento adicional a los prestadores de servicios de salud- por lo que se requiere mayor claridad en la validación que deben hacer los distintos participantes del Plan Nacional de Vacunación. De igual forma es importante precisar el alcance de las tácticas de vacunación a ser realizadas por parte de los prestadores de servicios de salud y que serán objeto de reconocimiento y pago de conformidad a las tarifas determinadas por la normatividad vigente.

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Este sería el cambio al valor de reconocimiento y pago

Para el cálculo de los costos del proceso de agendamiento y aplicación de la vacuna, se partió de establecer la conformación requerida de un equipo de vacunación y sus estándares de rendimiento por estrategia. Desde el Ministerio de Salud se tienen presentas las diferencias presentes en el territorio nacional en relación con la disponibilidad del recurso humano, la accesibilidad del territorio, la oferta de insumos, entre otros. Además de ello, se plantearon los siguientes rendimientos por vacunador/día: a) Estrategia intramural: 40 dosis al día, b) Estrategia extramural urbano: 20 dosis al día y c) Estrategia extramural rural disperso: 10 dosis al día.

Con relación a los costos de la gestión de verificación, control y validación que deben realizar las EAPB y demás entidades que hagan sus veces, se consideró un total de dosis para este seguimiento de 62.469.298 ejecutable en 365 días calendario entre 143 entidades. Se tiene presente que algunas vacunas requieren dos dosis, mientras que otras son monodosis para completar el esquema. También se consideró una frecuencia de 15 llamadas por hora y dedicación diaria de 8 horas.

El costo estimado por el agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 que se reconocerá a los prestadores de servicios de salud es diferencial según la región y estrategia utilizada. De igual forma, en el proyecto de resolución se indica que los costos definidos por agendamiento y aplicación de la dosis, ya contemplan el valor de la observación post vacuna, por tanto, no deben ser facturados de manera independiente.

valores unitarios reconocimiento y pago
valor unitario reconocimiento y pago 2

Con respecto al costo estimado por la gestión de verificación y apoyo a los prestadores, así como la validación por vacuna aplicada y gestión de las certificaciones que se reconocerá a los las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de los regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las entidades territoriales departamentales y distritales (estas últimas solo con respecto a la población no afiliada que tengan a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias de vacunación definidos por ellos) es el mismo valor para todas las regiones.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de los costos asociados al agendamiento y a la aplicación de la vacuna a los prestadores de salud, se les reconocerán los costos asociados al agendamiento y aplicación de la vacuna en función a las dosis suministradas durante el mes, previa validación de las entidades responsables del aseguramiento en salud, los administradores de regímenes especiales y de excepción en salud, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y los departamentos y distritos, respecto de la población no afiliada que tenga a cargo o para la población que estando afiliada sea objeto de estrategias de vacunación definidos por esta en coordinación con las entidades responsables del aseguramiento.

Para conocer con más detalles las modificaciones a los procesos reglamentados para estos reconocimientos, consulte el proyecto de resolución haciendo clic en el botón “Descargar”.

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Inician los planes piloto de vacunación de la población de regímenes de excepción

El Ministerio de Salud dio vía libre a la implementación de modelos piloto para la vacunación contra el Covid-19 de la población de los regímenes de excepción.

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Inician los planes piloto de vacunación de la población de regímenes de excepción

Con la resolución 588 de 2021 el Ministerio de Salud dio vía libre a la implementación de modelos piloto para la vacunación contra el Covid-19 de la población de los regímenes de excepción y algunas poblaciones especiales. Específicamente serán inmunizados:

  • Los agentes educativos, madres y padres comunitarias vinculados a los servicios de primera infancia identificados por el ICBF.
  • Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, secundaria y educación media.
  • El personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de formación de las fuerzas militares.
  • El personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en proceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas de formación de la Policía Nacional de Colombia.
  • El personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo logístico y administrativo.

Para la ejecución de estos modelos piloto se asignarán vacunas contra el Covid-19 según disponibilidad, hasta completar el 10% de la población incluida en cada uno de los pilotos hasta entregar 10.000 dosis a cada grupo priorizado, lo que pase primero.

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Las dosis serán entregadas a: Sanidad militar de las Fuerzas Militares y de la Policía, a los agentes que operan el régimen de excepción del magisterio y a la Fiscalía General de la Nación, quienes deben garantizar la aplicación de la vacuna en los prestadores y demás entidades habilitadas para la vacunación. El costo de los servicios de vacunación para estas poblaciones será cubierto por el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME.

De otro lado, los biológicos para inmunizar a las madres y padres comunitarios del ICBF se asignarán mediante el procedimiento establecido para el resto de habitantes del territorio nacional.

Finalmente, para la implementación de los pilotos, los responsables definidos por el Ministerio de Defensa, Educación, el ICBF y la Fiscalía General de la Nación deberán instalar una mesa de coordinación con delegados del Minsalud para la planificación, ejecución y seguimiento de tales modelos.

Estas entidades serán las encargadas de reportar al Ministerio de Salud las bases de datos de las personas objeto de la vacunación, de acuerdo con la estructura que se establezca. Del mismo modo, deberán presentar la microplanificación del modelo piloto, el listado de instituciones vacunadoras y la coordinación para la vacunación del personal

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