El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) amplió las facultades del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) para autorizar contrataciones directas de entidades privadas supervisoras en proyectos desarrollados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La medida, establecida en la Resolución Ministerial N.º 1012-2026/MINSA, fechada el 10 de noviembre de 2026, busca facilitar la continuidad de las inversiones sanitarias cuando se resuelven contratos de supervisión durante su ejecución.
La disposición modifica el marco de delegación de competencias vigente para el año fiscal 2026 y permite que la Coordinación General del PRONIS autorice estas contrataciones y apruebe las especificaciones técnicas y económicas correspondientes, conforme a las condiciones establecidas en la legislación peruana. El cambio responde a la necesidad de contar con mecanismos de gestión oportunos frente a situaciones contractuales que puedan comprometer el desarrollo de los proyectos de infraestructura sanitaria.
Minsa incorpora nuevas facultades al PRONIS para proyectos de Obras por Impuestos
La Resolución Ministerial N.º 1012-2026/MINSA modifica el numeral 13.4 del artículo 13 de la Resolución Ministerial N.º 984-2025/MINSA, mediante la incorporación del literal aa), que establece una nueva atribución para la Coordinación General del PRONIS en materia de Obras por Impuestos.
La modificación comprende dos competencias específicas: autorizar la contratación directa de una entidad privada supervisora y aprobar las especificaciones técnicas y económicas que regirán dicha contratación. Estas atribuciones se incorporan a las facultades delegadas durante el año fiscal 2026 y deberán ejercerse conforme a la Ley N.º 29230 y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF.
La resolución se sustenta en la normativa que regula la delegación de competencias administrativas dentro de las entidades públicas y en las disposiciones que permiten gestionar inversiones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Su alcance se concentra en la contratación de servicios de supervisión y no constituye una autorización para adjudicar directamente nuevas obras de infraestructura hospitalaria.
Contratación directa de supervisores estará sujeta a condiciones técnicas y legales
La modificación se articula con el artículo 122 del Reglamento de la Ley N.º 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 038-2026-EF, que regula la contratación directa de entidades privadas supervisoras cuando se resuelve un contrato de supervisión durante la fase de ejecución de una inversión.
Según el numeral 122.1, esta contratación requiere sustento técnico y legal previo, así como una resolución de autorización que apruebe las especificaciones técnicas y económicas aplicables. De esta manera, la contratación directa constituye un procedimiento previsto para una situación contractual específica y no una excepción general a los procesos de selección.
El reglamento también establece una secuencia de actuaciones administrativas:
- Invitación a supervisoras: dentro de los cinco días siguientes a la autorización, el funcionario responsable debe invitar a una o más entidades privadas supervisoras a presentar sus ofertas.
- Presentación de propuestas: la entidad invitada presenta su propuesta a los dos días de recibida la invitación, conforme a las condiciones establecidas.
- Evaluación: el funcionario encargado dispone de hasta dos días desde la recepción de la propuesta para verificar los requisitos legales, técnicos y económicos.
- Formalización: si la evaluación resulta favorable, procede la suscripción del contrato, previa verificación de que la entidad supervisora no se encuentre impedida para participar.
Las especificaciones técnicas y económicas deben ser iguales o superiores a las previstas en las bases integradas del proceso de selección original. Además, el reglamento mantiene la responsabilidad del titular de la entidad pública y de los funcionarios que intervienen en el procedimiento.
PRONIS fortalece sus competencias en la gestión de inversiones de infraestructura sanitaria
El Programa Nacional de Inversiones en Salud es una entidad adscrita al Ministerio de Salud que tiene entre sus funciones formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión sanitaria de diferentes niveles de complejidad en el territorio peruano.
Su ámbito de actuación también comprende la asistencia técnica a gobiernos regionales, gobiernos locales y órganos del Minsa durante las etapas de preinversión e inversión, además de la gestión y supervisión de obligaciones contractuales correspondientes a proyectos desarrollados mediante asociaciones público-privadas y Obras por Impuestos.
En los considerandos de la nueva resolución, el Ministerio señala que PRONIS solicitó la delegación de la facultad prevista en el artículo 122.1 del reglamento, con el propósito de optimizar la gestión de las inversiones a su cargo y disponer de capacidad de respuesta inmediata y oportuna.
La solicitud fue sustentada mediante el Oficio N.º 2613-2026-MINSA/PRONIS-CG y el Informe N.º 24-2026-MINSA/PRONIS-UAJ-KYPY, documentos mencionados en la resolución. Desde la perspectiva administrativa, la medida permite que la Coordinación General del programa asuma directamente decisiones de autorización en los casos contemplados por el reglamento, dentro de los límites de la delegación recibida.
Esto resulta relevante para la gestión contractual, puesto que la supervisión constituye un componente de control técnico y seguimiento de las obligaciones asociadas a la ejecución de inversiones públicas.
¿Cómo busca la medida reducir el riesgo de paralización de inversiones en salud?
La continuidad de los proyectos de infraestructura sanitaria depende, entre otros factores, de la capacidad institucional para atender contingencias contractuales que surjan durante su ejecución. Entre estas situaciones se encuentra la resolución de los contratos de supervisión, que obliga a adoptar decisiones para asegurar la continuidad del seguimiento técnico de las inversiones.
La Resolución Ministerial N.º 1012-2026/MINSA introduce una competencia administrativa orientada precisamente a facilitar la respuesta ante ese escenario. El Ministerio argumenta que la delegación permitirá mitigar riesgos de paralización durante la fase de ejecución y contribuirá a mantener la continuidad de los proyectos de inversión en salud.
No obstante, el efecto de la disposición debe interpretarse dentro de sus límites. La resolución no elimina las exigencias de sustento técnico y legal, ni modifica las obligaciones de evaluación, verificación y contratación previstas en el reglamento.
Tampoco acredita que se hayan reactivado proyectos específicos como consecuencia de la medida. Su alcance inmediato es habilitar a la Coordinación General del PRONIS para ejercer una facultad que puede utilizarse cuando concurran las condiciones legales correspondientes.
¿Qué cambia para los proyectos de salud durante 2026?
Con la modificación normativa, la Coordinación General del PRONIS contará, durante el año fiscal 2026, con una atribución expresa para autorizar la contratación directa de entidades privadas supervisoras en los supuestos establecidos en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N.º 29230.
La disposición también establece que el programa deberá ser notificado para su cumplimiento y difusión. Asimismo, encarga a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General del Ministerio de Salud publicar la resolución en la sede digital institucional en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
El documento no identifica hospitales, establecimientos sanitarios, montos de inversión ni contratos de supervisión específicos que vayan a ser objeto de este procedimiento. Por tanto, su aplicación concreta dependerá de las situaciones contractuales que se presenten y de las decisiones administrativas que adopte PRONIS en ejercicio de la facultad delegada.
El seguimiento a esas decisiones permitirá establecer en qué inversiones se utiliza el mecanismo, cuáles son las entidades supervisoras contratadas y si las actuaciones contribuyen efectivamente a preservar la continuidad de los proyectos de infraestructura sanitaria.
