El Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto para actualizar el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, instrumento utilizado para evaluar las consecuencias de enfermedades y accidentes sobre la capacidad laboral de las personas. La propuesta incorpora la Clasificación Internacional de Enfermedades en su undécima revisión (CIE-11), adopta un enfoque biopsicosocial y establece criterios para fundamentar los dictámenes, determinar la fecha de estructuración de la invalidez y garantizar una valoración integral.
El documento, propone sustituir el marco establecido mediante el Decreto 1507 de 2014. Sin embargo, corresponde a un proyecto normativo que todavía no contiene número de decreto ni fecha de expedición, por lo que sus disposiciones no deben interpretarse como normas vigentes.
Nuevo Manual de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral incorporaría la CIE-11
La actualización propuesta busca armonizar los criterios de calificación con la CIE-11 y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El proyecto señala que la evaluación debe considerar tanto las deficiencias físicas y mentales como las limitaciones en las actividades, las restricciones en la participación y la interacción de la persona con su entorno.
Asimismo, incorpora expresamente la condición de salud posterior a COVID-19 entre las actualizaciones que justifican la adopción de la CIE-11. El enfoque biopsicosocial reconoce que personas con una misma deficiencia pueden experimentar distintos niveles de dificultad, dependiendo de sus condiciones personales, familiares, sociales y ambientales. Esta orientación amplía la perspectiva de la valoración al considerar el funcionamiento humano y no exclusivamente el diagnóstico clínico.
Calificación integral y nuevas definiciones para evaluar la invalidez
El proyecto incorpora definiciones relacionadas con capacidad laboral, capacidad ocupacional, desempeño, funcionamiento, rehabilitación y mejoría médica máxima.
También mantiene una distinción entre la incapacidad permanente parcial y la invalidez:
| Concepto | Definición prevista |
|---|---|
| Incapacidad permanente parcial | Disminución definitiva de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 5 % e inferior al 50 %. |
| Invalidez | Pérdida de capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50 %. |
| Mejoría médica máxima | Condición en la que se alcanza el mayor grado de recuperación funcional esperado y las secuelas se consideran estables. |
| Fecha de estructuración | Momento en que la persona alcanza determinado porcentaje de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. |
El texto establece que las entidades calificadoras deberán sustentar sus decisiones en fundamentos de hecho, jurídicos y técnico-científicos. Además, dispone que los dictámenes respeten las garantías del debido proceso y contradicción, de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones aplicables.
Enfermedades crónicas y congénitas tendrían criterios específicos de valoración
Uno de los aspectos relevantes del proyecto corresponde a la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. La propuesta establece que esta fecha deberá determinarse mediante una valoración integral respaldada por historia clínica, exámenes, ayudas diagnósticas y otros elementos técnicos.
En enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, la fecha de estructuración no podrá establecerse automáticamente a partir del nacimiento, el diagnóstico o la aparición de los primeros síntomas. En estos casos, deberá considerarse la evolución de la enfermedad y la capacidad laboral residual, conforme a los criterios jurisprudenciales citados en el documento.
Este planteamiento busca reconocer las circunstancias de personas que, pese a presentar una condición de salud, mantienen durante determinado tiempo la posibilidad de desarrollar actividades productivas. La propuesta también contempla que, cuando no exista suficiente historia clínica, puedan utilizarse otros medios de valoración científica idóneos, siempre que la decisión esté debidamente motivada.
Alcance del manual y diferencias frente a la certificación de discapacidad
El artículo 2 plantea una aplicación general a los habitantes del territorio nacional, independientemente de su vinculación laboral, ocupación, edad, origen de la condición de salud o afiliación a la seguridad social.
No obstante, contempla excepciones para determinados regímenes, incluidos miembros uniformados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, trabajadores de Ecopetrol y afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El proyecto también diferencia expresamente la calificación de pérdida de capacidad laboral de la certificación de discapacidad.
Esta última continuará regulada por la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social o las disposiciones que la modifiquen o sustituyan. Por tanto, el nuevo manual no reemplazaría los procedimientos destinados a obtener certificados de discapacidad para acceder a beneficios o programas establecidos en la legislación.
¿Qué implicaciones tendría el nuevo manual para las entidades calificadoras y los profesionales de salud?
La eventual adopción del manual exigiría aplicar criterios técnicos orientados a una evaluación integral, con especial atención a la documentación clínica, la evolución funcional y la justificación de los dictámenes.
El artículo 5 también propone que, cuando una patología no esté expresamente contemplada y no pueda homologarse directamente, se utilicen criterios del manual aplicables a condiciones clínicamente equivalentes, siempre que exista suficiente justificación científica.
Podrán consultarse instrumentos científicos nacionales e internacionales como apoyo, pero estos no podrán modificar las tablas, porcentajes ni criterios obligatorios del manual. Para médicos evaluadores, especialistas en medicina laboral, equipos de rehabilitación y juntas de calificación, estas disposiciones representarían un marco de referencia para fundamentar las decisiones técnicas.
Consulta y descarga el proyecto de decreto aquí:
