El Ministerio de Hacienda y Crédito Público propone modificar las reglas que permiten financiar los aumentos de las pensiones de salario mínimo cuando superan la inflación, tras identificar que los cambios adoptados en 2025 podrían elevar el costo de las rentas vitalicias. El proyecto de decreto plantea recuperar un cálculo basado en la productividad, establecer dos alternativas de pago a las aseguradoras y ajustar las condiciones para acceder al mecanismo de cobertura en Colombia.
Los cambios sustituirían las disposiciones del Decreto 1833 de 2016, modificadas por el Decreto 1485 de 2025. Según la memoria justificativa del 10 de noviembre de 2026, los análisis realizados por el Ministerio advierten que la metodología adoptada en 2025 podría incrementar el capital necesario para financiar pensiones equivalentes a un salario mínimo, con posibles efectos sobre la oferta de rentas vitalicias y el seguro previsional.
¿Por qué el aumento del salario mínimo influye en el costo de las pensiones?
En Colombia, las pensiones equivalentes a un salario mínimo aumentan cada año en el mismo porcentaje en que se incrementa ese salario. En cambio, las pensiones superiores al mínimo se reajustan, por regla general, según la inflación registrada durante el año anterior. Cuando el salario mínimo aumenta más que los precios, se genera una diferencia conocida como deslizamiento del salario mínimo, que debe tenerse en cuenta para financiar determinadas obligaciones pensionales.
Esta diferencia es relevante para las pensiones de renta vitalicia, una modalidad en la que una compañía de seguros recibe los recursos destinados a financiar la pensión y asume el pago de las mesadas al pensionado o a sus beneficiarios. Para cumplir ese compromiso, la aseguradora calcula cuánto dinero necesitará durante los años siguientes, considerando los incrementos futuros de la pensión y las obligaciones establecidas en la póliza.
Si el salario mínimo aumenta por encima de lo previsto al contratar la renta vitalicia, los recursos calculados inicialmente pueden resultar insuficientes para respaldar las obligaciones futuras. Para cubrir ese riesgo existe un mecanismo mediante el cual la Nación reconoce determinados valores a las aseguradoras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la regulación. La modificación se concentraría en la forma de calcular y financiar esa cobertura, sin cambiar la regla legal que determina el aumento anual de las pensiones equivalentes a un salario mínimo.
Hacienda propone volver al cálculo basado en la productividad
El principal cambio consiste en recuperar el crecimiento de la productividad como referencia para estimar los incrementos futuros de las pensiones de renta vitalicia. Las aseguradoras utilizarían el promedio del crecimiento real anual de la productividad de los diez años anteriores a la emisión de cada renta, con un resultado que no podría ser inferior a cero. La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda informaría este porcentaje durante los primeros quince días hábiles de cada año.
Las compañías utilizarían ese valor para proyectar las mesadas y calcular los recursos que deben mantener disponibles para cumplir sus obligaciones con los pensionados. Esta modificación responde a una revisión de las reglas introducidas por el Decreto 1485 de 2025. De acuerdo con la memoria justificativa, incorporar un componente asociado con la inflación al cálculo de la cobertura podría aumentar considerablemente el capital necesario para financiar pensiones de salario mínimo mediante rentas vitalicias.
El Ministerio señala que ese mayor costo podría afectar el acceso a esta modalidad pensional y generar presiones sobre el seguro previsional, relacionado con determinadas pensiones de invalidez y sobrevivencia. El retorno a un cálculo basado en la productividad busca atender estas dificultades identificadas en los análisis técnicos, manteniendo un parámetro de referencia para estimar los recursos que deben respaldar los pagos futuros de las pensiones cubiertas.
Dos alternativas para pagar la cobertura a las aseguradoras
Cuando el incremento del salario mínimo, descontada la inflación, supere el porcentaje utilizado para proyectar las obligaciones de una renta vitalicia, se generaría una cobertura positiva. En esos casos, la Nación podría reconocer los recursos correspondientes mediante dos modalidades de pago, de acuerdo con el cálculo aplicable a cada renta y las condiciones financieras previstas para el mecanismo:
- Pago de los recursos necesarios para las obligaciones futuras: El Ministerio de Hacienda reconocería a la aseguradora el valor adicional calculado para respaldar las mesadas que deberá pagar durante los años siguientes.
- Pago de la diferencia anual y constitución de una reserva: La Nación pagaría el valor correspondiente a la diferencia de las mesadas del año y mantendría una reserva para respaldar las obligaciones futuras relacionadas con esa cobertura.
La Oficina de Bonos Pensionales definiría cuál alternativa aplicar, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el plan financiero aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). Cuando se adopte la segunda modalidad, el pago anual a las aseguradoras tendría que realizarse a más tardar el 30 de junio de cada año. La reserva correspondiente estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y sería administrada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
También se contemplan los casos en que la diferencia calculada sea igual a cero o resulte negativa. Dependiendo de la modalidad utilizada, estas situaciones no generarían pagos entre las partes, darían lugar a ajustes de las reservas o implicarían la devolución de recursos por parte de las aseguradoras al Ministerio. Su tratamiento dependería de la forma en que se haya reconocido previamente la cobertura y de las condiciones establecidas para calcular las obligaciones futuras.
La cobertura se aplicaría a pensiones equivalentes a un salario mínimo
El mecanismo estaría dirigido a las pensiones de renta vitalicia inmediata y diferida que cumplan las condiciones de inscripción. En estas modalidades, una compañía de seguros asume el pago de la pensión desde el inicio o a partir del momento establecido para comenzar a reconocer las mesadas. Aunque sería posible inscribir rentas vitalicias con mesadas cercanas al salario mínimo y de hasta dos salarios mínimos, la cobertura solamente se reconocería cuando la pensión alcance un valor equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.
También quedarían excluidas las rentas vitalicias cuyos titulares hayan ejercido el derecho a excedentes de libre disponibilidad previsto en la Ley 100 de 1993. Las aseguradoras continuarían siendo responsables del pago total de las mesadas conforme a las condiciones de cada póliza. De esta manera, la cobertura financiera operaría entre la Nación y las compañías de seguros, sin reemplazar la obligación que estas mantienen frente a los pensionados y sus beneficiarios.
Nuevos procedimientos y plazos para registrar las rentas vitalicias
Las compañías de seguros tendrían que seguir un procedimiento de inscripción ante la Oficina de Bonos Pensionales para solicitar el reconocimiento de la cobertura. Esta dependencia verificaría la documentación presentada y determinaría cuáles rentas vitalicias cumplen los requisitos establecidos. El procedimiento también permitiría mantener actualizada la información relacionada con los contratos y las condiciones de las pensiones que forman parte del mecanismo.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Inscripción anual: las aseguradoras contarían con los primeros veinte días hábiles de cada año para realizar el procedimiento, conforme a la apertura del proceso.
- Documentación: las compañías deberían presentar los contratos correspondientes y las proyecciones de las mesadas que recibirán los pensionados o sus beneficiarios.
- Evaluación: la Oficina de Bonos Pensionales tendría hasta veinte días hábiles después del cierre de la inscripción para informar cuáles rentas fueron aceptadas y cuáles rechazadas.
- Actualización de información: las aseguradoras tendrían que reportar novedades relacionadas con las pensiones inscritas, incluidos fallecimientos y coberturas pagadas que no hayan sido utilizadas.
Se permitiría corregir determinadas solicitudes rechazadas dentro de los plazos establecidos. La Oficina de Bonos Pensionales también podría verificar la vigencia de las rentas vitalicias mediante información de las aseguradoras, la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades públicas. Estas verificaciones formarían parte de los controles necesarios para mantener actualizada la información utilizada en el reconocimiento de las coberturas.
Las compañías responderían por la calidad y actualización de los datos reportados. Asimismo, se establecerían procedimientos para recuperar recursos cuando se hayan reconocido coberturas sobre pensiones extinguidas o se presenten situaciones que obliguen a efectuar devoluciones. Las disposiciones también contemplan el reconocimiento de intereses en determinados casos y las responsabilidades de las aseguradoras frente al Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Qué cambios se plantean para las rentas vitalicias contratadas en 2026?
Las reglas transitorias contemplan condiciones especiales para determinadas pensiones expedidas durante 2026, debido a las diferencias que podrían presentarse entre el parámetro adoptado en 2025 y el que se busca restablecer. Estas disposiciones distinguen las pensiones derivadas del seguro previsional de las rentas vitalicias de vejez y establecen cómo podrían aplicarse los cambios a contratos expedidos durante ese período.
Para las pensiones de invalidez y sobrevivencia financiadas mediante el seguro previsional, cuando existan diferencias entre los parámetros utilizados para calcular los recursos de financiación y la renta vitalicia, deberá acreditarse el traslado de la totalidad de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual a la aseguradora. El pago de la prima tendría que reflejarse en las mejores condiciones para los pensionados y sus beneficiarios, conforme a las condiciones establecidas para estas rentas.
En determinadas rentas vitalicias de vejez contratadas bajo el Decreto 1485 de 2025, las aseguradoras podrían acordar ajustes contractuales con el tomador de la póliza hasta el 31 de diciembre de 2026. Estas modificaciones tendrían que respetar los derechos adquiridos y no podrían establecer condiciones desfavorables para los pensionados o sus beneficiarios. También se contempla un plazo especial, hasta esa misma fecha, para volver a preinscribir determinadas rentas que hayan sido modificadas.
La Superintendencia Financiera de Colombia podría realizar verificaciones posteriores sobre el traslado de recursos, el cálculo de las pólizas y la información entregada a los pensionados. Estas actuaciones permitirían revisar las condiciones aplicadas en las rentas vitalicias sujetas al régimen transitorio, incluidos los valores reconocidos y los datos suministrados a los beneficiarios durante el proceso de contratación o modificación de las pólizas.
¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas reglas de cobertura pensional?
Los cambios comenzarían a regir al día siguiente de la publicación del decreto definitivo, si llega a expedirse. Por ahora, las medidas descritas no modifican las disposiciones vigentes sobre el mecanismo de cobertura de las rentas vitalicias. Su eventual aplicación dependería de la expedición de la norma y de las condiciones que finalmente se establezcan para las aseguradoras y las pensiones comprendidas en su ámbito de aplicación.
Además, el Ministerio de Hacienda tendría que remitir anualmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales una proyección de los costos del mecanismo por cada punto de aumento del salario mínimo que supere la inflación. Esta información permitiría conocer las estimaciones fiscales relacionadas con la cobertura y los recursos que podrían requerirse para atender las obligaciones contempladas en el mecanismo.
De aprobarse, las nuevas reglas sustituirían las disposiciones del Decreto 1833 de 2016 sobre el deslizamiento del salario mínimo. Los cambios se concentrarían en el cálculo de la cobertura, los pagos entre la Nación y las aseguradoras y las condiciones de inscripción de las rentas vitalicias, sin modificar la regla legal que determina el reajuste anual de las pensiones equivalentes a un salario mínimo.
Descargue aquí el proyecto de decreto completo:
