La próxima administración tendrá que definir el rumbo de asuntos que continúan abiertos en el sistema de salud, entre ellos el pago de la deuda hospitalaria, la situación de las EPS intervenidas, el cálculo de la UPC y la distribución de las funciones del aseguramiento. A estas decisiones se suman la disponibilidad de talento humano, las metas sanitarias y la necesidad de establecer reglas para tecnologías que ya se incorporan en la atención y en la gestión institucional.
Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, presentó a las candidaturas presidenciales un decálogo con diez decisiones que considera importantes para el próximo Gobierno. La propuesta combina medidas inmediatas de estabilización financiera con definiciones de mediano y largo plazo sobre la estructura del sistema, los resultados en salud, la inteligencia artificial, la telemedicina y la sostenibilidad hospitalaria.
El decálogo no corresponde a una norma, una política adoptada ni un programa oficial de gobierno, sino a un insumo técnico que organiza cada decisión de acuerdo con su horizonte de aplicación, la evidencia recopilada por la Asociación y los indicadores con los que podría verificarse su cumplimiento. La ACHC señala que su propósito no es definir la ruta presidencial, sino poner a disposición de las candidaturas opciones sustentadas para orientar las decisiones sectoriales.
La hoja de ruta distribuye cinco medidas en los primeros 100 días, dos durante el primer año y tres a lo largo del mandato completo. La propuesta se apoya en los Siete Propósitos Sociedad, el Protocolo de Emergencia y la Ruta Lógica hacia una Salud Progresiva, tres marcos desarrollados previamente por el gremio, y también incorpora dos procesos institucionales en curso que considera parte del soporte técnico de la próxima administración.
Estas son las diez decisiones propuestas por la ACHC
Las recomendaciones abarcan la financiación, el aseguramiento, el talento humano, los resultados sanitarios y la regulación tecnológica. Cada una plantea una definición que debería adoptarse durante un momento específico del mandato y está acompañada de criterios para evaluar su aplicación.
- Consolidar un Plan Extraordinario de Liquidez para el sector prestador.
- Optimizar el giro directo de la UPC hacia hospitales y clínicas.
- Asignar fuentes fiscales específicas para la liquidez del sector prestador.
- Definir la postura del Estado frente a las EPS intervenidas y establecer un régimen de insolvencia.
- Actualizar la metodología de cálculo de la UPC y garantizar el traslado de sus incrementos.
- Crear un fondo de garantías estructural para el sector salud.
- Definir una agenda integral para el talento humano.
- Establecer la arquitectura del aseguramiento y la gestión del riesgo en salud.
- Adoptar una agenda nacional de resultados sanitarios.
- Definir un marco regulatorio para inteligencia artificial, telemedicina y sostenibilidad ambiental.
Así distribuye la ACHC las decisiones durante el mandato
| Periodo | Enfoque definido en el decálogo |
|---|---|
| Primeros 100 días | Estabilización del flujo financiero mediante cinco decisiones inmediatas |
| Primer año | Fondo de garantías sectorial y agenda integral para el talento humano |
| Mandato completo | Aseguramiento, resultados en salud y regulación tecnológica y ambiental |
| Horizontes heredados | Interoperabilidad sectorial y cumplimiento de las reglas sobre integración vertical |
La deuda hospitalaria abre la agenda de los primeros 100 días
La primera decisión plantea consolidar un Plan Extraordinario de Liquidez para el sector prestador. Las instituciones que entregaron información a la ACHC cerraron 2025 con una cartera de $25,7 billones, de los cuales $14,9 billones estaban en mora. La Asociación ubica esta medida dentro de su Protocolo de Emergencia y la presenta como la condición inicial para atender las dificultades financieras de hospitales y clínicas.
La propuesta busca reunir instrumentos que actualmente se aplican de manera parcial, entre ellos el giro directo, las líneas de Findeter y el seguimiento a la cartera. A estos mecanismos se añadirían una inyección de capital de emergencia, la reestructuración de la deuda histórica, la desinversión efectiva de reservas técnicas y la asignación de fuentes fiscales con destinación específica para las obligaciones del sector.
La evidencia presentada por el gremio señala que la concentración de cartera en mora con los prestadores se ha mantenido por encima del 50 % durante ocho años consecutivos. Además, el 91,1 % de las IPS consultadas calificó los retrasos en los pagos como una preocupación alta o crítica, mientras algunas instituciones también informaron cierres temporales de servicios previamente ampliados y ocupaciones de urgencias superiores al 200 %.
La ACHC propone medir esta decisión mediante la reducción de la cartera vencida por debajo del 45 % en un plazo de 18 meses. También plantea publicar la trazabilidad de los pagos realizados sobre la deuda histórica y documentar la recuperación de los servicios que hubieran sido cerrados o reducidos por problemas financieros.
El giro directo de la UPC subiría al 90 por ciento
La segunda decisión se concentra en el giro directo administrado por la ADRES. Aunque el mecanismo opera con un piso del 80 %, la Asociación propone elevarlo al 90 %, relacionar los recursos transferidos con la facturación de las IPS y controlar su concentración hacia redes vinculadas mediante integración vertical. La medida también busca establecer correspondencia entre los giros realizados y los servicios efectivamente prestados.
La ACHC reconoce que el giro directo representa un avance, pero señala que su funcionamiento todavía depende de las autorizaciones o postulaciones realizadas por las EPS. Esta condición mantiene, de acuerdo con la evidencia recogida por el gremio, diferencias en la asignación de los recursos y variaciones en los tiempos en que hospitales y clínicas reciben los pagos correspondientes.
La meta incluida en el decálogo es que el porcentaje efectivo transferido hacia las IPS supere el 90 % de la UPC durante los doce meses posteriores a la adopción de la medida. La evaluación también deberá mostrar una reducción de las diferencias en los tiempos de pago y un flujo constante, predecible y acorde con el nivel de facturación de cada prestador.
El IVA social aparece entre las fuentes para atender la deuda
La tercera decisión propone identificar y asignar recursos fiscales específicos para financiar la liquidez del sector prestador. La alternativa más inmediata presentada por la ACHC corresponde a los 0,5 puntos del IVA social destinados a salud, aunque la lista también incluye excedentes de la ADRES, recursos del FONSAET, regalías, líneas de cooperación e impuestos saludables.
La selección de estas fuentes dependería de su viabilidad presupuestal y de la negociación técnica con el Ministerio de Hacienda durante el nuevo Gobierno. La propuesta consiste en vincular los recursos al pago de la deuda histórica y al financiamiento de las demás medidas extraordinarias de liquidez, con mecanismos que permitan seguir su ejecución y conocer a qué obligaciones fueron destinados.
La Asociación sustenta este planteamiento en la situación financiera de las EPS sometidas a intervención y vigilancia especial. Estas entidades mantienen una mora del 65,6 % sobre una cartera de $12,6 billones, mientras el decálogo señala que la mayoría de las aseguradoras, con o sin intervención, no cumple con los indicadores de permanencia exigidos para operar en el sistema.
El resultado propuesto es que al menos una fuente fiscal quede formalizada durante el primer ciclo del Presupuesto General de la Nación. Su utilización tendría que acompañarse de un reporte público trimestral que identifique a los agentes deudores, los montos desembolsados y los recursos efectivamente transferidos a hospitales y clínicas.
¿Qué rutas plantea la ACHC para las EPS intervenidas?
La cuarta decisión pide definir la postura del Estado frente a las EPS sometidas a medidas de intervención. Las entidades intervenidas para administrar concentraban más de $12,3 billones en deuda con los prestadores a diciembre de 2025. La ACHC plantea que la próxima administración escoja una ruta para cada caso y establezca, al mismo tiempo, reglas permanentes para futuras situaciones de insolvencia.
La propuesta gremial identifica tres alternativas posibles.
- Capitalización con compromisos verificables.
- Liquidación ordenada.
- Continuidad del modelo actual de intervención.
Junto con esta definición, la Asociación propone establecer un régimen de insolvencia específico para los aseguradores en salud. Las nuevas reglas serían distintas de las utilizadas en el sistema financiero general y tendrían que señalar anticipadamente los procedimientos aplicables a una liquidación, la protección de las acreencias hospitalarias documentadas y las condiciones para mantener la atención.
La concentración de mora de las EPS intervenidas pasó del 59,1 % en junio de 2025 al 65,6 % en diciembre del mismo año. Durante esos seis meses, la deuda total aumentó en $1,4 billones y el 87,5 % de las IPS consultadas calificó como crítica la recuperación de cartera frente a entidades en liquidación.
Los primeros 100 días tendrían cinco indicadores principales
La ACHC acompaña las decisiones iniciales con resultados cuantificables que permitirían hacer seguimiento a su ejecución. Las metas se concentran en la reducción de la mora, el porcentaje de recursos transferidos directamente, la disponibilidad de fuentes fiscales, la situación financiera de las EPS intervenidas y la actualización de la información empleada para calcular la UPC.
| Decisión | Indicador incluido en el decálogo |
|---|---|
| Plan Extraordinario de Liquidez | Cartera en mora por debajo del 45 % en 18 meses |
| Giro directo | Porcentaje efectivo superior al 90 % de la UPC |
| Fuentes fiscales | Al menos una fuente formalizada en el primer ciclo presupuestal |
| EPS intervenidas | Concentración de mora inferior al 55 % en 18 meses |
| UPC | Cálculo de 2027 con información de máximo doce meses de rezago |
La UPC se calcularía con información menos rezagada
La quinta decisión plantea actualizar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación. La ACHC señala que el valor se determina actualmente con información que presenta un rezago de dos años frente a los costos reales de los servicios, por lo que propone reducir este desfase a un máximo de doce meses y fortalecer la calidad y verificabilidad de los datos empleados.
El planteamiento también incluye el traslado de los incrementos reconocidos a las EPS hacia los contratos y remuneraciones de los demás agentes. La Asociación relaciona esta medida con la necesidad de utilizar costos más transparentes y evitar que el crecimiento de la UPC permanezca únicamente en el nivel del aseguramiento sin reflejarse en las tarifas pagadas a los prestadores.
La Encuesta de Preocupaciones Directivas citada por el gremio muestra que el 85,7 % de las IPS considera el ajuste de la UPC una preocupación alta. Al mismo tiempo, el 82,1 % califica como crítica la falta de traslado de esos incrementos a las tarifas reconocidas por los servicios contratados con hospitales y clínicas.
La meta es que la UPC de 2027 se calcule con información cuyo rezago no supere los doce meses y cuente con una auditoría independiente. La ACHC también incorpora como resultado verificable la existencia de garantías para que los incrementos aprobados se reflejen en las tarifas y remuneraciones pactadas con las IPS.
Un fondo de garantías respaldaría las acreencias hospitalarias
La sexta decisión, prevista para el primer año, consiste en crear un fondo de garantías estructural para el sector salud. La propuesta busca respaldar el pago de las acreencias hospitalarias cuando una EPS entre en liquidación, ya sea durante la próxima administración o en años posteriores, y es presentada por la ACHC como una protección para la red prestadora frente al riesgo financiero de sus pagadores.
La Asociación aclara que no se trataría de un mecanismo destinado a rescatar aseguradoras. Su finalidad sería garantizar que hospitales y clínicas públicas, privadas y mixtas puedan continuar prestando servicios mientras se resuelve la salida de una entidad, para lo cual el fondo tendría que contar con recursos protegidos y cubrir obligaciones hospitalarias debidamente documentadas.
El esquema propuesto incorpora una financiación blindada, un protocolo de activación, mecanismos de control y un régimen de vigilancia. También exige procedimientos que puedan repetirse ante futuras liquidaciones, de modo que la aplicación del fondo no dependa de decisiones improvisadas o de reglas diseñadas después de iniciado cada proceso.
La ACHC plantea que el instrumento se encuentre operativo y sea aplicado, al menos, en una liquidación bajo el nuevo régimen. El cumplimiento se verificaría mediante la cobertura efectiva de las acreencias hospitalarias, la existencia de protocolos replicables y el funcionamiento de mecanismos de control que aseguren el uso de los recursos para la finalidad prevista.
El talento humano tendría una agenda integral
La séptima decisión propone construir una política intersectorial para el talento humano en salud. La agenda abarcaría la formación, la distribución territorial, la retención, las condiciones laborales y la planificación de la fuerza de trabajo, y su desarrollo requeriría la participación de los ministerios de Salud, Educación y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, las universidades y los gremios profesionales.
Colombia registra 24,77 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a 45 en el grupo de países con mejores resultados utilizado por la ACHC como referencia. La diferencia es mayor en enfermería, donde el país reporta 15,13 profesionales por cada 10.000 habitantes, mientras las naciones comparadas alcanzan 118 en el mismo indicador.
Entre los factores vinculados con esta situación aparecen los bajos salarios, la migración hacia mercados que ofrecen mejores condiciones, el agotamiento laboral, la falta de incentivos y una baja tasa de graduados en campos relacionados con la salud. La Asociación también incorpora las diferencias territoriales y las dificultades de retención como componentes de la agenda.
La encuesta citada muestra que el 62,2 % de las IPS percibe una reducción en la disponibilidad de médicos para contratar. En enfermería, la proporción llega al 49,3 %, mientras la escasez de profesionales clínicos especializados afecta al 50 % de las instituciones consultadas, por lo que la ACHC propone medir la dotación, la permanencia, la migración y el cierre de brechas entre áreas urbanas y rurales.
La ACHC propone definir la arquitectura del aseguramiento
La octava decisión está prevista para el mandato completo y plantea definir la arquitectura del aseguramiento y la asignación de la gestión del riesgo en salud. La Asociación sostiene que la discusión no debe limitarse a la permanencia o eliminación de las EPS, sino identificar qué componentes requieren una transformación y qué entidad asumirá cada función técnica.
La propuesta diferencia la gestión del riesgo financiero de la gestión del riesgo en salud. Esta última comprende la coordinación de redes, los modelos de gestión clínica, el seguimiento poblacional y la articulación territorial, por lo que la ACHC considera necesario asignar expresamente estas responsabilidades cuando se redefina el manejo de los recursos.
La hoja técnica contempla una ADRES 2.0 que actuaría como acumulador de recursos, riesgos e información. A su lado funcionarían entidades administradoras reguladas que conservarían tareas de coordinación, verificación, auditoría y logística, pero sin tener la administración total de los recursos del sistema.
La definición tendría que adoptarse por vía legislativa durante los primeros dos años del mandato e identificar al responsable de la gestión del riesgo, su financiación y las funciones que conservaría cada actor. La ACHC también propone poner en operación un modelo territorial piloto y medir localmente el acceso, la continuidad y la coordinación de los servicios.
Una agenda nacional mediría resultados sanitarios
La novena decisión propone establecer una agenda nacional de resultados en salud con metas verificables y rendición de cuentas territorial. La Asociación señala que el sistema recopila abundante información financiera y administrativa, pero carece de una agenda explícita que convierta los resultados sanitarios en objetivos de política con responsables y plazos definidos.
Entre los indicadores mencionados aparecen la mortalidad evitable, la cobertura efectiva de inmunización, la carga de enfermedad prevenible y la esperanza de vida saludable. La propuesta también incluye la mortalidad neonatal, la mortalidad materna y los fallecimientos en menores de cinco años, con datos desagregados para identificar las diferencias territoriales.
La ACHC plantea adoptar al menos diez indicadores durante el primer año de Gobierno. Cada uno tendría una meta cuantificada, un responsable institucional y un sistema público de reporte semestral, mientras la medición también debería permitir seguir la trayectoria de las metas relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 y establecer si disminuyen las brechas entre territorios.
El Índice Compuesto de Resultados en Salud de 2026 elaborado por la Asociación asigna a Colombia un puntaje de 82,95 y la ubica en un grupo de desempeño alto. Sin embargo, su desagregación identifica diferencias frente a países comparables en vacunación DPT3, mortalidad neonatal, mortalidad materna y mortalidad en menores de cinco años.
Inteligencia artificial, telemedicina y sostenibilidad tendrían un marco propio
La décima decisión plantea crear un marco regulatorio para la inteligencia artificial, la telemedicina y la sostenibilidad ambiental hospitalaria. En el componente tecnológico, la ACHC propone estándares de validación clínica, reglas de gobernanza de datos sanitarios, responsabilidades medicolegales y mecanismos tarifarios para los servicios prestados a distancia.
La agenda ambiental incluye eficiencia energética, gestión de residuos y reducción de la huella de carbono. La Asociación relaciona estas acciones con los compromisos climáticos del país y con la posibilidad de reducir costos operativos en hospitales y clínicas durante un horizonte de cinco a diez años, por lo que ambas materias son presentadas como infraestructura sectorial de largo plazo.
El 35,7 % de las IPS consultadas identifica la inteligencia artificial como una preocupación, proporción que llega al 45 % en las instituciones públicas y al 31,4 % en las privadas. La telemedicina alcanza el 33,9 %, la inversión en eficiencia energética registra el 44,6 % y los costos relacionados con la gestión de residuos hospitalarios llegan al 30,4 %.
La ACHC propone que el marco para inteligencia artificial y telemedicina esté publicado y operativo durante los primeros 30 meses. También plantea contar con cinco aplicaciones de IA validadas clínicamente, cobertura tarifaria sostenible para la telemedicina y una política sectorial de sostenibilidad hospitalaria con una línea de financiación verde.
Dos procesos institucionales deberían conservar continuidad
Además de las diez decisiones, el decálogo incluye dos procesos que ya están en marcha y cuya continuidad considera necesaria. El primero corresponde a la consolidación de un sistema único de información e interoperabilidad que articule la historia clínica electrónica, la facturación electrónica, los RIPS, el formato FT003, el RUAF y las fuentes territoriales.
La Asociación propone organizar estos sistemas bajo una arquitectura común con estándares verificables de calidad del dato. La transición debería tener plazos diferenciados, soporte técnico para los prestadores públicos y de mediana complejidad, y una reducción de la carga de reporte mediante la integración de las fuentes, en lugar de crear nuevos requerimientos paralelos.
El 48,2 % de las IPS consultadas considera que la implementación de la historia clínica y la facturación electrónica constituye una preocupación alta o crítica. A su vez, el 60,7 % señala la carga administrativa asociada a los reportes, cifras que la ACHC utiliza para describir las dificultades de adaptación y las diferencias de capacidad entre instituciones.
El segundo proceso es el cumplimiento de la Circular 015 sobre integración vertical. La Asociación considera que la regulación ya existe y que la tarea pendiente es fortalecer su aplicación mediante capacidad sancionatoria, reportes públicos y trazabilidad de los giros hacia redes vinculadas, además de avanzar en la reglamentación de los gastos de administración de las EPS.
De esta manera, el decálogo deja una idea clara sobre la ruta que propone la ACHC, la cual comienza por recuperar el flujo de recursos, continúa con medidas orientadas a proteger a hospitales y clínicas y avanza hacia cambios de fondo en el aseguramiento, el talento humano, los resultados en salud y la regulación tecnológica. Su puesta en marcha, sin embargo, dependerá de decisiones presupuestales, ajustes normativos y acuerdos entre varias entidades del Estado, por lo que el verdadero reto estará en convertir esas recomendaciones en medidas coordinadas y verificables a lo largo del próximo mandato.
Descargue aquí el documento completo de la ACHC:
