La Superintendencia Nacional de Salud presentó este 30 de julio su rendición final de cuentas, con un balance centrado en la entrega de medicamentos, las auditorías a entidades vigiladas, las sanciones administrativas y la conciliación de obligaciones entre actores del sistema. La institución también reconoció como asuntos pendientes el flujo oportuno de recursos, la digitalización de sus procesos y el fortalecimiento de la vigilancia basada en riesgos.
La exposición no utilizó un único corte temporal. Algunas cifras corresponden al actual periodo presidencial; otras comprenden julio de 2025 a junio de 2026, el año 2025 o el primer semestre de 2026.
Medicamentos concentraron el balance de Supersalud
Uno de los principales ejes fue el Plan 100, creado inicialmente para realizar un centenar de visitas a dispensarios. Según la Superintendencia, la estrategia se amplió hasta superar las 1.000 inspecciones en más de 30 departamentos durante dos meses.
La institución sostuvo que en algunas visitas encontró medicamentos e insumos disponibles en los establecimientos, pese a que los usuarios habían recibido respuestas que indicaban que no había existencias. A partir de estos hallazgos, señaló que adoptó medidas de control y adelantó seguimientos a las entregas pendientes.
Entre julio de 2025 y mayo de 2026, la Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos realizó 321 acciones de inspección y vigilancia, incluidas auditorías, visitas rápidas, acompañamientos y mesas técnicas. La entidad calculó un incremento del 26 % frente al periodo anterior.
Las estrategias de entrega masiva habrían permitido gestionar 617.000 medicamentos en el país. En otro momento de la audiencia, el superintendente de salud, Daniel Quintero, mencionó más de 257.000 pendientes resueltos. La presentación no aclaró si esta última cifra corresponde a fórmulas, unidades, usuarios o casos, por lo que los dos datos no deben considerarse equivalentes ni sumarse.
La Supersalud también afirmó que disminuyeron los reclamos relacionados con la entrega de medicamentos. Sin embargo, la versión transcrita de la rendición contiene cifras diferentes sobre la magnitud de esa reducción, por lo que el porcentaje exacto requiere confirmación en el informe oficial.
Vigilancia a EPS y prestadores de servicios de salud
Para supervisar a las EPS bajo medidas especiales, la Delegatura para Entidades de Aseguramiento amplió de 30 a 46 los indicadores de seguimiento en 2026. Estos abarcan componentes técnicos, científicos, financieros, jurídicos y administrativos.
También fueron desarrolladas 48 mesas de flujo de recursos para revisar pagos, obligaciones y acuerdos de pago. Aunque la entidad señaló que estos espacios contribuyeron a la trazabilidad y al saneamiento de cartera, durante la audiencia no presentó un valor consolidado de las obligaciones efectivamente pagadas mediante estas mesas.
El superintendente indicó que durante su administración fueron reemplazados seis interventores de EPS y seis de IPS. La rendición no identificó las entidades involucradas ni detalló las causas y resultados de cada cambio.
En materia de prestación, la institución reportó 38 auditorías sobre atención materno-perinatal y 28 relacionadas con desnutrición infantil. También informó sobre 11 auditorías a reclamaciones del SOAT y cobros a la ADRES, además de 132 actuaciones en 13 departamentos.
Según el balance, esas revisiones permitieron identificar fallas en 124 IPS e imponer sanciones por más de $3.800 millones. Entre julio de 2025 y mayo de 2026 también se adoptaron 16 medidas cautelares y dos medidas sanitarias frente a situaciones que, de acuerdo con la Superintendencia, podían comprometer la vida o integridad de los pacientes.
Supersalud reportó 1.368 sanciones
La Delegatura para Investigaciones Administrativas informó la imposición de 1.368 sanciones, distribuidas en 513 amonestaciones y 855 multas. El valor asociado a estas últimas fue estimado en más de $305.000 millones.
La rendición no precisó en ese segmento el corte temporal de las 1.368 sanciones ni cuánto dinero ha sido efectivamente recaudado. Tampoco indicó qué proporción de las decisiones se encuentra ejecutoriada.
En un balance más delimitado, la delegatura reportó 693 decisiones expedidas durante 2025 y lo transcurrido de 2026, por más de $35.000 millones en primera instancia. Estas decisiones no deben sumarse automáticamente a las 1.368 sanciones, pues la presentación no aclaró si están incluidas en ese total. Además, una decisión de primera instancia puede estar sujeta a recursos y no equivale necesariamente a una sanción en firme.
Menores en riesgo vital: la exigencia pasó de 24 a ocho horas
La Superintendencia destacó la expedición de una circular que redujo de 24 a ocho horas el plazo exigido a las EPS para gestionar casos de menores de edad en riesgo vital. La rendición presentó el cambio normativo como parte de una estrategia de seguimiento directo a niños y familias.
El superintendente aseguró que, desde su llegada a la institución, no se presentaron muertes de menores atribuibles a barreras de atención. La audiencia, no obstante, no explicó el periodo exacto analizado, la metodología utilizada para clasificar los casos ni el procedimiento para establecer si una muerte estuvo relacionada con una barrera. La afirmación corresponde, por tanto, al balance de la administración y no a una evaluación independiente presentada durante el evento.
Conciliaciones y seguimiento a proyectos territoriales
Para el conjunto del actual periodo presidencial, la Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación informó la realización de más de 36.000 audiencias y la suscripción de 3.311 acuerdos conciliatorios.
En otro corte, cuyo periodo exacto no quedó delimitado en la exposición, fueron reportadas 8.897 audiencias y una movilización superior a $893.000 millones mediante acuerdos y desistimientos. Estas cifras tampoco deben sumarse a las del cuatrienio, debido a que podrían estar comprendidas dentro de ese balance general.
La movilización de recursos no significa que el dinero haya sido recuperado directamente por la Superintendencia. La función de la entidad consiste en facilitar acuerdos entre EPS, aseguradoras, hospitales, clínicas y otros actores para promover el pago de obligaciones y la depuración de cartera.
En los territorios, la institución informó que acompañó cuatro misiones del buque hospital destinado al Pacífico colombiano. También reportó un avance del 30 % en la construcción del buque hospital para la Amazonía, así como una ejecución del 98 % en infraestructura y del 80 % en dotación biomédica del Hospital de Nazareth.
La Supersalud señaló, además, que acompañó compras conjuntas en empresas sociales del Estado bajo medida especial. De acuerdo con la rendición, estos procesos involucraron más de 1.900 medicamentos, contratos superiores a $6.440 millones y ahorros estimados entre el 20 % y el 30 %. Se trata de resultados atribuidos a procesos acompañados por la entidad y no de obras o adquisiciones ejecutadas directamente por ella.
¿Qué problemas siguen abiertos para los usuarios?
Hacia el final de la audiencia, un ciudadano describió caídas del sistema en un punto de dispensación, esperas de hasta cuatro horas, medicamentos pendientes y compras asumidas con recursos propios. Aunque se trata de un testimonio individual y no de una medición nacional, la intervención evidenció el tipo de barreras que continúan motivando reclamos.
La propia Superintendencia identificó como retos la integración de sus fuentes de información, la automatización de trámites, la digitalización de expedientes y la adopción de un modelo de supervisión apoyado en analítica de datos y alertas tempranas. También planteó la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre EPS, prestadores, gestores farmacéuticos y entidades territoriales.
¿Cómo deberá demostrarse el impacto de la gestión?
La rendición mostró un volumen importante de visitas, auditorías, mesas técnicas, conciliaciones y decisiones administrativas. Sin embargo, estos indicadores describen principalmente la actividad institucional y no prueban, por sí solos, una mejora sostenida en la experiencia de los usuarios.
Para evaluar el impacto será necesario conocer cuántos medicamentos pendientes fueron entregados, cómo evolucionaron los tiempos de espera, qué porcentaje de las sanciones quedó en firme, cuánto dinero fue efectivamente pagado después de las conciliaciones y qué cambios asistenciales se produjeron tras las auditorías.
El balance deja avances reportados en capacidad de vigilancia, pero también la necesidad de publicar indicadores comparables, periodos claramente delimitados y resultados verificables sobre el acceso efectivo a los servicios de salud.
