Por: Sofia Rios Oliveros, Claudia Rodriguez, Maria Jose Tapias. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Subdirección de Determinantes en Salud.
Para millones de hogares en Colombia, la pregunta cotidiana no es qué comer, sino si es posible comer bien. En un contexto marcado por la inflación alimentaria, ingresos limitados y persistentes desigualdades territoriales, el acceso a una alimentación saludable continúa siendo una de las expresiones más claras de la inequidad social. Comer sano no depende únicamente del conocimiento nutricional ni de decisiones individuales, sino de condiciones estructurales como el ingreso disponible, el tiempo para la preparación de alimentos, la oferta territorial y el funcionamiento del sistema alimentario.
Bogotá no es ajena a esta realidad. La ciudad ha logrado avances importantes en la reducción de las formas más críticas de inseguridad alimentaria, como lo evidencian los indicadores recientes y el impacto de una acción pública sostenida. Sin embargo, estos logros conviven con brechas persistentes en el acceso efectivo a una alimentación saludable. Reconocer lo avanzado, sin perder de vista lo pendiente, es fundamental para comprender el verdadero alcance del desafío que enfrenta hoy la política pública alimentaria.
Desde una perspectiva técnica, un plato de comida saludable es aquel que cubre de manera suficiente y equilibrada los requerimientos de macronutrientes y micronutrientes necesarios para el adecuado funcionamiento del organismo, evitando excesos o déficits que afecten la salud. Esta definición, ampliamente aceptada desde el campo de la nutrición, resulta necesaria pero insuficiente si no se analiza a la luz de las condiciones reales de acceso. La distancia entre lo que se recomienda consumir y lo que efectivamente pueden adquirir los hogares es hoy uno de los principales retos de la salud pública.
En Colombia, la Guía de Alimentación para la Población Colombiana Basada en Biodiversidad y Alimentación Real, elaborada en 2025 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad de Antioquia, constituye un avance relevante al reconocer la diversidad cultural, territorial y biológica del país. Este enfoque permite comprender que no existe un único “plato saludable”, sino múltiples formas de alimentarse bien según el contexto. No obstante, incluso con este reconocimiento, el acceso continúa condicionado por el costo de los alimentos y su disponibilidad real en los territorios, lo que limita la materialización cotidiana de estas recomendaciones.
La magnitud del desafío es global. Para 2024, el 31,9 % de la población mundial no tuvo acceso a una alimentación saludable. África concentra una parte significativa de esta problemática, con una tendencia al aumento sostenido, mientras que Asia ha mostrado una reducción progresiva en los últimos años. Estas diferencias regionales confirman que el acceso a una alimentación saludable no es un resultado automático del crecimiento económico, sino el efecto de políticas públicas que abordan de manera estructural los determinantes del sistema alimentario.
El costo de una alimentación saludable es uno de los indicadores más elocuentes de esta realidad. En 2024, el promedio mundial se ubicó en 4,5 dólares por persona por día en términos de paridad de poder adquisitivo. En Colombia, este valor fue de 4,7 dólares diarios, siendo superior al global. En la práctica, esto significa que cualquier persona con ingresos inferiores a ese umbral enfrenta serias limitaciones para alimentarse de manera adecuada. Cerca de 19,1 millones de personas no lograron acceder a una alimentación saludable durante ese año. Aunque se observa una leve mejora frente a 2023, la magnitud del problema sigue revelando una brecha estructural que no puede ser minimizada.
La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), desarrollada por la FAO, permite comprender esta problemática desde la vivencia cotidiana de los hogares. En 2024, la prevalencia de inseguridad alimentaria grave en Colombia fue del 5,0 %, con variaciones territoriales significativas. En Bogotá, esta prevalencia se redujo del 4,7 % en 2023 al 2,8 % en 2024, lo que refleja avances importantes en la garantía del acceso más crítico a los alimentos y da cuenta del impacto de las políticas sociales implementadas en la ciudad.
El Índice de Seguridad Alimentaria para Bogotá (ISAB) complementa este análisis. Con un puntaje de 76,8 en 2023, el índice evidencia un sistema alimentario funcionalmente eficiente, con altos niveles de cumplimiento en disponibilidad y en acceso y consumo. Al mismo tiempo, pone en evidencia desequilibrios estructurales relevantes en dimensiones estratégicas como la sostenibilidad ambiental y la calidad e inocuidad de los alimentos, lo que plantea la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Estos resultados positivos están estrechamente asociados al esfuerzo del Distrito. Programas como el Plan de Alimentación Escolar, los comedores comunitarios, los servicios de alimentación dirigidos a poblaciones con mayor vulneración social y económica, las transferencias y bonos alimentarios, así como las estrategias de fortalecimiento de la comercialización local y los Mercados Campesinos Bogotanos, han permitido ampliar la cobertura y mitigar las formas más severas de inseguridad alimentaria. A ello se suma el Plan Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional (PDEAN), liderado por la Secretaría Distrital de Salud, que desde 2024 promueve prácticas alimentarias saludables, entornos protectores y decisiones informadas a lo largo del curso de vida.
Sin embargo, la evidencia muestra que la existencia de programas, por sí sola, no elimina las barreras estructurales. La Encuesta Multipropósito revela que los hogares que reportan haber dejado de consumir una alimentación saludable por falta de dinero se concentran principalmente en localidades del sur de la ciudad, como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, así como en zonas con alta población flotante y actividad comercial. Esta distribución territorial confirma que la inseguridad alimentaria sigue estrechamente ligada a las desigualdades socioeconómicas y a las condiciones de vida de los hogares.
A estas brechas se suman factores culturales, de tiempo y de género. En muchos territorios persisten patrones de consumo basados principalmente en cereales, raíces y tubérculos, con un bajo consumo de frutas y verduras, lo que puede estar indicando una ingesta limitada y poco diversa de fuentes de proteína vegetal o animal. Además, la responsabilidad de la compra, la preparación de alimentos y el cuidado recae de manera desproporcionada en las mujeres. Las jornadas laborales extensas, la doble carga de trabajo remunerado y no remunerado, y la limitada oferta cercana de alimentos frescos restringen la posibilidad de planear y preparar comidas saludables. En este contexto, el consumo de alimentos ultraprocesados se convierte en una respuesta frecuente, no por preferencia, sino por razones de costo, disponibilidad y tiempo, aun cuando sus efectos sobre la salud son ampliamente conocidos.
Las implicaciones de esta realidad trascienden el ámbito individual. Una alimentación inadecuada incrementa el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, así como de malnutrición por déficit o exceso, generando una carga creciente para los sistemas de salud. Desde una perspectiva de salud pública, garantizar una nutrición adecuada no es solo una intervención social, sino una inversión estratégica con impactos sostenidos en bienestar, productividad y equidad.
En este escenario, el acceso a un plato de comida saludable se configura como un desafío estructural que exige políticas intersectoriales sostenidas, capaces de articular ingresos dignos, educación alimentaria, oferta territorial, sostenibilidad ambiental y regulación del mercado de alimentos. Los avances alcanzados en Bogotá muestran que es posible incidir positivamente en esta problemática; el reto ahora es consolidarlos y profundizarlos para cerrar las brechas que persisten. Comer bien no debería depender del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. Convertir la alimentación saludable en un derecho plenamente realizable es una tarea colectiva que requiere continuidad, decisión política y una mirada de largo plazo.
Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor y no comprometen la línea editorial de CONSULTORSALUD.
