La Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP) hizo un llamado a priorizar la salud mental en Colombia y trasladar los avances legislativos y de política pública a resultados verificables en los territorios. La organización advirtió que la garantía del derecho no depende únicamente de ampliar el acceso, sino también de asegurar continuidad terapéutica, atención humanizada, redes suficientes, participación ciudadana y mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y control.
Colombia dispone de un marco normativo cada vez más amplio para la protección de la salud mental. Sin embargo, para la ACSP, la expedición de leyes, decretos y resoluciones no garantiza por sí misma que las personas reciban atención oportuna, integral y segura.
La asociación señaló que la salud mental debe ser entendida como una condición necesaria para ejercer otros derechos, incluidos la educación, el trabajo, la participación social y la vida familiar. Desde esa perspectiva, la respuesta institucional no debería limitarse al tratamiento de los trastornos mentales, sino incorporar promoción del bienestar, prevención, intervención sobre los determinantes sociales y reducción del estigma.
Salud mental en Colombia: las cifras que sustentan el llamado
La ACSP fundamentó su pronunciamiento en cifras oficiales citadas dentro del documento. Durante 2024, el Instituto Nacional de Salud registró 38.770 casos de intento de suicidio notificados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social informó, con corte preliminar al 30 de septiembre de 2025, 2.066 muertes por suicidio. Del total, el 79 % correspondió a hombres y el 21 % a mujeres.
La asociación planteó que estos datos deben traducirse en oportunidades efectivas de acompañamiento, prevención y atención. También alertó sobre el impacto del estigma, la discriminación y los prejuicios sobre las personas que enfrentan sufrimiento psicológico, trastornos mentales, discapacidad psicosocial, violencias o situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
El temor a ser juzgado o excluido puede retrasar la búsqueda de ayuda, profundizar el aislamiento y aumentar las barreras de acceso. En consecuencia, la organización sostuvo que la reducción del estigma no corresponde exclusivamente al sector salud, sino también a instituciones educativas, empleadores, medios de comunicación, organizaciones sociales y entidades públicas.
Un marco jurídico que exige implementación y seguimiento
La información recordó que la Ley 1616 de 2013 reconoció la salud mental como un derecho y un asunto prioritario, mientras que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reafirmó la salud como derecho fundamental.
Posteriormente, las leyes 2460 y 2518 de 2025 actualizaron y fortalecieron las obligaciones en promoción, prevención, atención integral, participación comunitaria e intersectorialidad. A este marco se sumaron el Decreto 729 de 2025, que adoptó la Política Nacional de Salud Mental 2025-2034, y la Resolución 347 de 2026, mediante la cual se establecieron lineamientos para prevenir y atender la conducta suicida a través del denominado “Código Dorado”.
La ACSP reconoció estos desarrollos, pero sostuvo que su impacto dependerá de la reglamentación oportuna, la asignación transparente de recursos, la definición de responsabilidades, el fortalecimiento del talento humano y la capacidad territorial.
La Ley 2518 de 2025, según el documento, incluyó obligaciones dirigidas a reducir barreras administrativas, evitar conductas dilatorias, asegurar la continuidad de los tratamientos y fortalecer el modelo comunitario. Para la asociación, estas disposiciones deben ser conocidas, aplicadas y vigiladas por las EPS, las IPS, las entidades territoriales y los organismos de inspección, vigilancia y control.
Acceso sin calidad no garantiza el derecho
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es que ampliar el acceso resulta insuficiente cuando la atención es tardía, fragmentada, deshumanizada o insegura.
La organización definió la calidad en salud mental a partir de elementos como oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia, integralidad, seguridad, confidencialidad, autonomía, trato digno y enfoque diferencial. También destacó la necesidad de evitar intervenciones coercitivas innecesarias y garantizar que las decisiones clínicas sean proporcionales, estén sustentadas en evidencia y queden debidamente registradas.
El comunicado se refirió a testimonios y quejas ciudadanas sobre demoras para obtener citas, dificultades de acceso a psicología, permanencias prolongadas en urgencias, interrupciones terapéuticas y condiciones institucionales que podrían no garantizar privacidad, acompañamiento familiar o ambientes adecuados.
La ACSP no presentó estas situaciones como una generalización sobre las instituciones o los profesionales. Su llamado fue a que las autoridades competentes investiguen las alertas, identifiquen riesgos y adopten acciones de mejoramiento.
En este contexto, propuso que los procesos de habilitación, auditoría e inspección superen la revisión documental y evalúen aspectos como la experiencia de los usuarios, la suficiencia del talento humano, la continuidad del cuidado, el uso seguro de medicamentos, las condiciones físicas y el manejo de crisis.
Responsabilidades para EPS, IPS y entidades territoriales
La asociación formuló recomendaciones diferenciadas para los actores del sistema. Al Ministerio de Salud y a las secretarías departamentales les solicitó publicar balances periódicos sobre la implementación de las leyes y de la Política Nacional de Salud Mental, precisando avances, brechas, metas, cronogramas, responsables y fuentes de financiación.
A la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades sanitarias territoriales les pidió intensificar la vigilancia sobre EPS e IPS, responder a las alertas ciudadanas y verificar las condiciones reales de calidad y humanización.
Para las aseguradoras y prestadores, el llamado se concentró en eliminar barreras administrativas, mantener redes accesibles, asegurar continuidad terapéutica, fortalecer la atención primaria y comunitaria y contar con rutas claras para las crisis.
Las entidades territoriales, por su parte, deberían incorporar la salud mental en sus planes de desarrollo y de salud, fortalecer centros de escucha y redes comunitarias, y adaptar las respuestas a las características rurales, urbanas, étnicas y culturales de cada población.
Participación ciudadana como indicador de calidad
El documento también planteó que la participación no debe limitarse a socializar decisiones ya adoptadas. Las personas usuarias, familias, cuidadores, asociaciones científicas, organizaciones sociales y comunidades académicas deberían intervenir en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas.
La ACSP destacó el papel de las PQRSD, las asociaciones de usuarios y las veedurías ciudadanas como fuentes de evidencia para identificar barreras y evaluar la experiencia de atención.
Ante una crisis emocional, riesgo de autolesión o riesgo para la vida, el comunicado indicó que se debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con la Línea Nacional de Salud Mental 106, presentada como gratuita, confidencial y disponible durante las 24 horas.
El mensaje central de la organización es que la salud mental debe pasar de la norma a la vida cotidiana. Para ello, Colombia deberá articular financiación, capacidad territorial, calidad asistencial, participación social y rendición de cuentas, de modo que el reconocimiento jurídico del derecho se refleje en respuestas concretas para las personas, sus familias y comunidades.
